1º de Mayo: Los constructores del FONASA quieren trasladarlo a la educación pública

Una moda que nos incomoda

En cierta forma, la huelga docente de 2013 dio el impulso definitivo, para que los defensores de la educación privada lanzaran una campaña política- esencialmente desarrollada a través de los medios de comunicación-, para presentar la “privatización masiva” como “solución” única e infalible para la catastrófica situación de la educación pública estatal. Para la clase capitalista la privatización de la educación ofrece múltiples ventajas al tiempo de cumplir importantes objetivos. A modo de ejemplo: en los colegios privados las normas laborales se flexibilizan tanto como la legislación lo permite – y frecuentemente aún más-, además la gestión empresarial del colegio selecciona – y purga – el cuerpo docente, no encontrando mayores dificultades para liquidar la libertad de cátedra y los derechos sindicales básicos de sus trabajadores (muchos resaltan como una virtud de los colegios y liceos privados, que en ellos los profesores no “hacen paro”). Por otra parte, el “colegio” también permite el control y la orientación de la currícula y el pasaje de grado, por parte de los propietarios de la institución, además de la conveniente selección y/o expulsión de estudiantes.

Por eso no sorprende la masificación mediática del discurso en defensa de la educación privada y sus ventajas, que se ha transformado en una moda-negocio de gran difusión, que contó con un sitio de privilegio en los discursos electorales del año pasado y que se debate con insistencia en las tertulias y programas de radio y TV. Crear un centro educativo privado aparece como un proyecto empresarial rentabley que aspira – razonablemente- a contar con apoyo estatal. De hecho, el segundo gobierno Vázquez se plantea como un objetivo estratégico la aceleración del proceso de privatización educativa iniciado en nuestro país en los años 90 y que el gobierno electo intenta completar en el período 2015 – 2020. Simultáneamente que desprestigian la educación estatal, los “expertos” en educación, los jerarcas y parlamentarios de todos los pelos y los opinólogos de turno, se esfuerzan por confirmar el triunfo rotundo de la educación privada, ejemplificada en proyectos tales como los liceos Jubilar e Impulso. Así por ejemplo, lo hace María Julia Muñoz, ministra de educación designada por Vázquez, que sueña con que los “liceos públicos sean iguales al Jubilar”. El “éxito” de las empresas educativas se presenta como hecho irrefutable que demuestra la caducidad de la educación dirigida por el Estado, a la que se acusa de anacrónica y sometida la voluntad de los sindicatos, que para colmo responden a la ultra izquierda. Sin embargo estos discursos pasan por alto que el “éxito” de la educación privada se fundamenta en lucrar con la generosa exoneración impositiva que el Estado le concede, en la selección y expulsión de estudiantes, en la manipulación de la exigencia académica y la represión política y académica de los docentes.

La educación como servicio y negocio

Tan profundo ha calado esta campaña, que la propia burocracia sindical ha sentido la necesidad de peregrinar detrás de la privatización, anunciando la próxima puesta en marcha del liceo de la FOEB, iniciativa que desconoce las resoluciones del mismísimo PIT CNT que – por lo menos formalmente- llama a defender la educación pública estatal. Que Richard Read y sus socios no están dispuestos a luchar en defensa de la educación estatal lo comprobamos ampliamente en 2013, cuando se colocaron junto al gobierno e hicieron todo lo humanamente posible para aislar y llevar a la derrota el conflicto docente .Ahora, que se suban al carro de la privatización parece un exceso, incluso para Read, salvo por el hecho que su propuesta de “liceo FOEB” empalma perfecta con el voucher educativo propuesto por Vázquez y el proyecto de montar durante su mandato un FONASA Educativo, que transforme drene el presupuesto público hacia agentes educativos privados, tal y como ocurre hoy con la salud, obra de su primer gobierno y con María Muñoz de ministra. La base conceptual del FONASA es que tanto la salud como la educación son servicios, que indistintamente pueden ser ofrecidos – vendidos – a la población por agentes privados o públicos. Estos agentes pugnan – en pie de igualdad – por atraer “clientes” que utilicen su servicio a cambio de un pago mensual que el Estado vuelca a la institución, lo mismo si se trata de un hospital de ASSE, una mutualista privada, de un centro educativo de ANEP, del Jubilar del Opus Dei o del liceo regenteado por el bueno de Read. Ahora se entiende mejor la propuesta del dirigente de la FOEB, que con su idea adelanta el apoyo político a la instalación de un FONASA Educativo que complete y perfeccione el planteo del voucher al tiempo de liquidar definitivamente la educación pública y estatal.

La educación pública la defiende el pueblo

Cabe recordar que la burocracia sindical –con el dirigente de la FUS Jorge Bermúdez a la cabeza- ha sido un defensor acérrimo del FONASA y un socio de la ministra Muñoz en su implantación, seguramente la posición de Read es un adelanto de la actitud que muchos dirigentes del PIT CNT asumirán cuando este proyecto se ponga en marcha en la educación, eso le veremos en el futuro cercano con mayor claridad.

Lo que es claro ahora mismo, es que los sindicatos de la ANEP y hasta el propio PIT CNT tienen pronunciamientos contra la privatización educativa, un recurso que hará retroceder la educación uruguaya a los tiempos pre-varelianos, repitiendo los mismos problemas y límites que la aquejaban en ese momento, especialmente su mercantilización, que transformará a la educación en una mercancía disponible solo para aquellos que puedan pagarla, un excelente negocio para los empresarios de la educación y callejón sin salida para las familias trabajadoras. El proyecto de un FONASA educativo es antidemocrático y antipopular, un movimiento de los capitalistas que debe ser combatido por el pueblo trabajador y sus organizaciones, contraponiendo al modelo privatizador el de una educación popular basada en la autonomía técnica y financiera de la ANEP y un presupuesto no menor al 6% del PIB para la ANEP y la UDELAR.

Agrupación Primero de Mayo