24 de agosto: a 18 años de la masacre de Jacinto Vera

En Agosto de 1994, el gobierno de Lacalle llevaba ya más de dos años manteniendo como prisioneros a tres vascos acusados de pertenecer a ETA (Josu Goitia, Mikel Ibañez y Luis Mari Lizarralde), que estaban entonces haciendo huelga de hambre y de sed con la intención de impedir su inminente extradición. El gobierno hispano presionaba fuertemente para que los vascos fuesen enviados a España, mandando más de 500 patrulleros como obsequio para la policía uruguaya y préstamos blandos al gobierno uruguayo a pagar en 30 años. Pero los vascos se encontraron rodeados de solidaridad: el día 24 al menos cuatro mil personas se concentraron en los alrededores del Hospital Filtro (donde estaban internados) para impedir su extradición, ya que estaban amparados en el derecho constitucional de “asilo”. El PIT-CNT fue una de las organizaciones convocantes.

El gobierno ejecutó entonces un brutal operativo policial, encabezado por el en aquel momento ministro del interior, Ángel María Gianola. Cientos de personas resistieron al ataque de la policía, pero a fuerza de metralla de balas desde motos y autos, Lacalle cumplió con el pedido del franquista Verdi. Los manifestantes intentaron dispersarse, pero fueron cercados por la policía. Como resultado, hirieron de bala a más de 22 personas y asesinaron a Fernando Morroni y Roberto Facal. Uno de los heridos de bala resultó con muerte cerebral: el estudiante del IPA Carlos Alejandro Font, de 18 años. Otro de los heridos fue Esteban Massa, un enfermero que asistió a los heridos y por ello fue salvajemente agredido con cinco balazos por la espalda.

Gianola intentó atribuir los incidentes a infiltrados armados entre los manifestantes y culpó incluso a supuestas amenazas de atentados en el aeropuerto internacional de Carrasco con motivo de la llegada del avión en el que serían trasladados los tres vascos. Tales declaraciones fueron cuestionadas por casi todo el pueblo uruguayo, y las peticiones de dimisión del ministro resultaron abrumadoras.

En ese contexto, el Ejecutivo uruguayo ordenó el cierre durante 48 horas de las dos únicas emisoras de radio que estaban desarrollando una labor de investigación para precisar el número de fallecidos y sus identidades: CX44 Panamericana y CX36 Centenario. Con estas emisoras censuradas, se hizo difícil la labor de verificación de las identidades de fallecidos y desaparecidos, a lo que se sumaron las amenazas y presiones ejercidas desde medios policiales e informativos para intentar que los muertos que pudieran ir apareciendo no constaran como caídos en los enfrentamientos.

En diciembre de 2002, la Embajada española en Uruguay impuso la Gran Cruz de Isabel la Católica al ex ministro Gianola. En la ceremonia de condecoración participó el ex presidente Luis Alberto Lacalle y el dirigente del Partido Popular y ex ministro del interior Jaime Mayor Oreja, para quien agosto de 1994 supuso «un antes y un después» en las relaciones entre ambos estados. El homenajeado afirmó que su labor se limitó a «cumplir con un deber cívico y constitucional».

Hasta el día de hoy los responsables de aquel crimen de estado siguen impunes. ¿Quiénes los encubren?

¡Por verdad y justicia!
¡Condena de los culpables!
¡Porque seguimos peleando por un mundo nuevo!
¡Arriba los que luchan!

Comisión de Prensa y Propaganda de ADES-Montevideo