A propósito de las PPP: “Globalización, mercantilización y privatización de la educación”. Por Julio Moreira

Para compañías comerciales y financieras y fondos de capital privado de todo el mundo, la educación pública es un “mercado emergente”, devenido en atractiva cartera de inversiones en el marco del “neoliberalismo”.

En su versión “clásica”, que se inicia en los 70 en América Latina (Chile, Uruguay, Argentina) y en los 80 en los países desarrollados (Thatcher, Reagan), la política neoliberal reducía al máximo posible el gasto estatal en políticas sociales (vivienda, salud, educación). En Uruguay, su ejemplo extremo lo constituyó la ley de empresas públicas, aprobada el 13 de setiembre de 1990, bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle. La misma autorizaba a varias empresas públicas a asociarse con privados (Antel, Pluna, Administración Nacional de Puertos), destruía la empresa pesquera estatal (ILPE) y suprimía monopolios estatales (seguros, alcoholes). El 13 de diciembre de 1992 dicha ley fue derogada mediante plebiscito, con 1.293.016 votos que rechazaban la privatización, contra 489.302 votos que la respaldaban.

La gran recesión que se disparó en 2007-2008 al explotar la burbuja inmobiliaria en EEUU, se convirtió en una de las mayores depresiones económicas mundiales en la era capitalista, superior -según algunos entendidos- a la vivida durante el crack económico de 1929. La respuesta de los centros de poder económico mundial a la crisis ha sido una suerte de profundización de las medidas neoliberales, pero dentro de un encuadre general que no es exactamente el mismo.

Atendiendo a la referida recesión, el proyecto conservador de los últimos diez años ha sido una suerte de “neogerencialismo”, en el que se aumentan los recursos estatales para políticas sociales, pero bajo modalidades que favorecen al capital. En Uruguay, la implementación de estas políticas recayó sobre los gobiernos “progresistas”. Los más claros ejemplos son la exoneración de impuestos de hasta 83% a las donaciones de empresas a instituciones educativas (Ley 18.083 del 27 de diciembre de 2006), el desvío de recursos públicos al sistema de salud privada (Ley 18.131 del 18 de mayo de 2007), las exoneraciones tributarias a la inversión privada en viviendas de interés social (Ley 18.795 del 17 de agosto de 2011) y el uso del Estado para garantizar renta al sector privado mediante la modalidad de participación público-privada (Ley 19.355 del 19 de diciembre de 2015).

Las referidas leyes, muchas de ellas similares en su contenido a medidas adoptadas en dictadura y en los noventa, conforman una estructura impositiva y jurídica que reduce las regulaciones estatales sobre los servicios públicos. Su aprobación muestra que los gobiernos han cedido a las presiones de un abanico de organizaciones y grupos de interés multinacionales (especialmente la Organización Mundial de Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  y el Banco Mundial) que promueven procesos de reforma pública.

En América Latina, el Banco Mundial y la OCDE son los principales promotores de la privatización de la educación. El Banco Mundial ofrece una plataforma de información sobre inversiones educativas (conocida como EdInvest) y, a través de su brazo comercial (la Corporación Financiera Internacional), ofrece apoyo monetario a las compañías interesadas en comenzar o expandir sus actividades en los mercados de servicios educativos públicos, especialmente en lo que refiere a:

  • Promoción de empresas y proyectos educativos con “fines de lucro”.
  • Financiamiento de préstamos estudiantiles y acreditaciones
  • Desarrollo de tecnologías educativas.

La OCDE también proporciona un andamiaje discursivo para la privatización de los servicios educativos públicos a través de la noción de “contestabilidad”, término que se refiere a la incorporación de proveedores alternativos de servicios educativos públicos. Ese es el encuadre en el que se inscriben varios centros educativos uruguayos: Jubilar, Impulso, Liceo Católico del Cerro, Providencia, Francisco, Espigas y Ánima.

En realidad, es insignificante la inversión directa en educación de los grupos multinacionales que promueven los procesos privatizadores. A modo de ejemplo, durante la década de 1990 el Banco Mundial contribuyó solamente en un 0,5% del gasto público global en educación. Sin embargo, su influencia es extrema, y se viabiliza, además de mediante el apoyo financiero a los emprendimientos privados y condicionamientos de deuda a los gobiernos nacionales, a través de asesorías técnicas, informes e instancias de capacitación a los mandos de la educación.

A su vez, existen numerosas fundaciones (think tanks), en general vinculadas a partidos políticos y/o grupos de presión, que promueven políticas de mercado haciendo lobby a favor de la privatización. Las de mayor peso a nivel mundial son John Templeton Foundation, Cato Institute y Milton & Rose D. Friedman Foundation. En Uruguay destaca el caso de Eduy 21.

La función de los think tanks, adopten la forma de institutos de investigación o de grupos de expertos, es orientar la opinión pública desde una ideología neoliberal / neogerencial sobre asuntos de política social, en este caso, de política educativa. De ellos resultan consejos o directrices que posteriormente los partidos políticos u otras organizaciones pueden utilizar.

Para promover la adopción de políticas privatizadoras, los think tanks crean espacios de diálogo y debate, desarrollan y capacitan a futuros tomadores de decisiones y cuadros políticos, legitiman las narrativas y políticas de los regímenes de turno (o, eventualmente, los movimientos de oposición), ofrecen un rol de auditor de los actores públicos y canalizan fondos a movimientos y otros actores políticos.

Al definirse, a través de la Ley Presupuestal 19.355, una importante inversión en infraestructura pública para el período 2015-2020, pero con un tercio de la misma bajo la modalidad de participación público privada (en educación, el porcentaje de este tipo de inversiones sobre el total proyectado alcanza el 38%), parece claro que la orientación general que el gobierno nacional da a la educación pública responde a los intereses de la OCDE y el Banco Mundial.

De esta forma, las obras de menor costo (impermeabilizaciones, sanitaria, electricidad, colocación de contenedores, etc.) serán realizadas con el financiamiento del “Fondo de Infraestructura Educativa Pública”, dependiente del CODICEN de la ANEP y, en menor medida, de los consejos desconcentrados. Pero las obras nuevas se realizarán, a partir de 2018, mediante PPP y endeudamiento externo (vía Banco Interamericano de Desarrollo).

El gobierno proyecta un total de 216 obras PPP en el período 2018-2020, frente a las 25-50 que ejecutarán PAEMFE y la Dirección Sectorial de Infraestructura de ANEP. De las 216 obras PPP, ya se hizo un llamado para las primeras 59: 44 jardines de infantes y 15 centros CAIF. Se prevé el lanzamiento de un segundo paquete de obras en junio de 2017 para la construcción de escuelas y liceos de tiempo completo, además de algunos gimnasios.

Así, el Estado está generando una deuda a futuro y terminará pagando por estas obras un costo mayor (por lo que implica cualquier pago diferido contra una licitación normal). Además, se comprometen las asignaciones presupuestales de la educación a 20 años: la expansión del gasto educativo se verá obstaculizada por la obligación de destinar recursos a financiar los pagos a las empresas privadas.

El compromiso ideológico del gobierno con el instrumento PPP se muestra cuando consideramos que por un lado se le niegan a la ANEP recursos incrementales prometidos para 2017 (por un valor de 793 millones de pesos), pero por otro lado hay recursos para financiar emprendimientos PPP por 20 años. De hecho, sólo por el primero de los tres paquetes de licitaciones públicas para construir locales vía PPP en ANEP, se destinarán U$S 6.100.000. A ello debe sumársele lo que se le pagará a cada empresa por las siguientes dos décadas.

Se estima que las ganancias que generará la modalidad PPP fluirán directamente hacia el extranjero, pues ninguna empresa constructora nacional tiene condiciones para levantar la cantidad de edificios que están previstos.

Otro aspecto a evaluar es que un centro educativo PPP no es gestionado por la administración pública. De hecho, la empresa adjudicataria dirigirá por veinte años todo lo concerniente a mobiliario (provisión inicial y sustituciones), mantenimiento correctivo y preventivo (del edificio y de los muebles), limpieza (rutinaria y profunda), seguridad (de predios y edificios) y cuidado de áreas libres (pasto, poda, etc.):

“La (empresa) contratista deberá proporcionar los siguientes servicios obligatorios:

 Mantenimiento rutinario/planeado;

  • Mantenimiento y reparaciones reactivas/reemplazo de daños;
  • Mantenimiento y reposición del equipamiento;
  • Limpieza [INAU: no aplica]
  • Mantenimiento del terreno;
  • Mantenimiento de instalaciones, edificios y activos;
  • Plan y Gestión de Emergencias;
  • Centro de Atención al Usuario; y
  • Gestión del contrato e Informes.”

Como puede apreciarse, hasta el vínculo entre la comunidad y la institución pretende delegarse en una empresa cuyo principal interés es el lucro.

La consecuencia de la aplicación de esta política global privatizante es la transformación de la educación en una mercancía que puede comercializarse y de la cual pueden extraerse ganancias. Sin duda alguna, la resistencia a las PPP en educación será una de las principales luchas que deberemos dar los sindicatos de la educación a partir de este año, retomando el sendero de ese gran movimiento popular que en 1992 logró detener la venta de las empresas públicas.

Julio Moreira

Agrupación Ferrer i Guardia