Agrupación Ferrer i Guardia: “Cuando el desconocimiento de la norma afecta los derechos de los trabajadores”

Errores de cálculo de la actividad computada

Cuando el desconocimiento (?) de la norma afecta los derechos de los trabajadores

Artículo 73 del Estatuto del Funcionario Docente

En el Consejo de Educación Secundaria, los concursos no sólo nos permiten aspirar a una mejora sustancial en la carrera funcional de quienes nos desempeñamos en carácter interino, sino que, además, son una oportunidad para identificar y develar las injusticias establecidas en la normativa vigente (a modo de ejemplo, el desconocimiento de los procedimientos establecidos en el artículo 50 del Estatuto del Funcionario Docente para que las licencias médicas superiores a diez días no afecten la actividad computada) y las diferencias en la aplicación de la normativa vigente.

En mi caso, el concurso me permitió identificar que el cálculo de mi actividad computada se viene realizando de manera incorrecta desde que accedí a la efectividad en el cargo de adscripción en 2013, hasta 2017, es decir, por cinco años.

Para poder explicar dicho error, es importante recordar el procedimiento seguido por las Juntas Calificadoras para adjudicar el puntaje correspondiente a la antigüedad calificada.

Lo primero a saber es que el puntaje asignado anualmente por la Junta Calificadora es un promedio de los puntajes que el docente obtiene dentro del grado. A modo de ejemplo, si un docente tiene tres años en el grado, se le asigna un puntaje correspondiente al promedio de los puntajes de las tres últimas Juntas Calificadoras que lo evaluaron (véase el artículo 39 del EFD).

Dicho esto, es importante recordar que la antigüedad calificada está compuesta por tres ítems: puntaje de antigüedad, puntaje de actividad computada y puntaje de aptitud docente. La antigüedad es un punto por año con un máximo de 20 puntos. La actividad computada, que también tiene un máximo de 20 puntos, surge del coeficiente entre la cantidad de días trabajados (en el caso de docencia directa son horas de clase), sobre la cantidad de días u horas que se debieron trabajar, multiplicado por el coeficiente 20. Por último, el puntaje de la aptitud docente se compone por la aplicación de un coeficiente al puntaje de los informes de dirección e inspección (0,30 y 0,70 respectivamente), con un máximo total posible de 100 puntos.

En materia de cálculo de la actividad computada, se deben atender dos artículos del EFD, a saber, el 50 y el 73.

El artículo 50 establece como principio general que toda inasistencia a la función incide en el cálculo de la actividad computada, a excepción de algunas causales que allí se establecen: maternidad, lactancia, duelo, cursos oficiales, becas de estudio otorgadas oficialmente, tareas o servicios especiales encomendados por el Organismo, reuniones obligatorias de docentes, integración de tribunales examinadores y de concursos, paros y huelgas, enfermedades en casos de excepcionalidad, PAP y radiografías mamarias (véase artículo 50).

Mientras tanto, el artículo 73 determina que la concesión de una licencia extraordinaria con goce de sueldo, con excepción de las establecidas en el artículo 50 (que, como vimos, no afectan la actividad computada) y las concedidas por el artículo 71, incidirán en el puntaje de la actividad computada en un porcentaje del 50% de las inasistencias efectivas (algunas licencias por enfermedad y todas las licencias por matrimonio, paternidad, donación de sangre u órganos, concursos y exámenes, y motivos especiales hasta 30 días con goce de sueldo).

Veamos un ejemplo. Un docente efectivo registra 8 inasistencias en el año lectivo: 4 de ellas se deben a medidas gremiales, dos son por enfermedad simple y dos son al amparo del artículo 71. Aplicando la normativa vigente, las cuatro primeras inasistencias (medias gremiales) no afectan la actividad computada, las dos por artículo 71 afectan en un 100% la actividad computada, y las dos licencias médicas afectan en un 50% (es decir que, en lugar de dos inasistencias, deberá computarse una). A los efectos de la actividad computada, el docente registrará sólo 3 inasistencias en total.

Es el artículo 73 el que, en mi caso, no se ha aplicado, viendo afectado mi puntaje correspondiente a la actividad computada y, por lo tanto, a la antigüedad calificada, no solo del año pasado, sino de los últimos años, pues dicho puntaje es un promedio construido por la permanencia en el grado, y el cálculo erróneo en un solo año (en mi caso es en todos) afecta los siguientes años de permanencia en el grado. Pero eso no es todo: a los que tenemos doble efectividad, este error nos afecta ambos puntajes, pues la actividad computada en el caso de ser efectivo en asignatura y en docencia indirecta, es el promedio de ambas calificaciones, pues no son consideradas de manera independiente (artículo 52.3 del EFD).

Como se puede observar, estamos ante un nuevo caso en el que los docentes nos vemos perjudicados en nuestros derechos laborales por errores del sistema, un sistema que, por cierto, no es nada claro y transparente en lo que respecta a evaluación docente en general y mucho menos en lo relacionado a los criterios de cálculo de la actividad computada. Me pregunto qué información reciben las juntas calificadoras para poder determinar dicho puntaje: ¿sólo el informe de dirección o también las formulas 79 correspondientes, para poder corroborar que no existan errores que perjudiquen a los trabajadores que están siendo evaluados?

Más allá de la petición que cada uno de los afectados por esta situación debe realizar ante la Administración, seguimos insistiendo en la necesidad de pensar como colectivo las formas y criterios con los cuales somos evaluados. En este sentido, y a modo de insumos para la discusión, entiendo que:

  • El sistema informático debería estar diseñado en absoluta concordancia con la normativa vigente. Es omisa la autoridad al permitir que los cálculos automáticos que realizan los soportes tecnológicos sean incorrectos debido a una descuidada programación.
  • La documentación en la cual se registran las inasistencias debe ser de conocimiento de los involucrados. Cuando al docente se le entrega el informe anual, debería entregársele además la fórmula 79 como herramienta de contralor. La fórmula 79 también debería enviársele a las juntas calificadoras, para que puedan corroborar si los cálculos fueron correctamente realizados desde las direcciones liceales.
  • Deberían explicitarse los criterios con que se conceden las licencias con goce de sueldo, tanto las que otorga el Consejo por “motivos especiales” (artículo 70.13 del EFD) como las que autorizan las direcciones liceales para “casos fortuitos o de fuerza mayor” (artículo 71 del EFD). A modo de ejemplo, no debe seguir sucediendo que a un docente con familiares enfermos se le conceda licencia con goce de sueldo, y a otro en la misma situación no se le conceda. El acceso a una licencia no puede estar sujeto a la arbitrariedad de la autoridad.
  • Es necesario que en las juntas calificadoras haya veedores sindicales, única manera de asegurar que no se cometan errores que afecten a los trabajadores, y que se apliquen criterios claros y transparentes para todos.

 

Carina Benoit

Agrupacion Ferrer i Guardia