Agrupación Ferrer i Guardia: “¿Qué hacemos con Rivera, Oribe y el cura Larrañaga? Aporte de los Prof. Benoit y Moreira”

Acerca de la sentencia que prohíbe colocar carteles en los edificios de la ANEP

¿Qué hacemos con Rivera, Oribe y el cura Larrañaga?

El martes 25 de junio, en el marco de un paro general de 24 horas del PIT-CNT, y en vísperas de una nueva conmemoración de la huelga general contra la dictadura cívico-militar en 1973, la Justicia condenó a la ANEP a retirar los carteles colocados por estudiantes en algunos liceos y el Instituto Normal de Montevideo, repitiendo la acción a futuro de ser necesario. La sentencia del juez señala que “los carteles tienen un mensaje de neto corte político”. Resulta necesario interpelar al juez acerca de qué entiende por “política”.

Una cosa es la política, y otra cosa son los partidos

Etimológicamente, el término “política” se remonta a las polis griegas y sus ciudadanos, y refiere a la dimensión social de la vida humana. Comprende, por tanto, áreas tan diversas como la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, el gobierno, el arte, la ciencia y la filosofía, entre otras. Así, el mensaje “La reforma no es la forma”, acuñado por los estudiantes, tiene tanto “corte político” como la resolución del magistrado mediante la cual “se prohíbe la colocación de carteles en el frente de cualquier edificio de la ANEP”.

Esta inconsistencia se agiganta cuando consideramos uno de los argumentos en los que el juez funda su sentencia: “Aunque no se identifican partidos políticos, el Juez no es un evadido de la realidad, siendo evidente, público y notorio quiénes son los actores Políticos que están a favor y en contra de la iniciativa”. Es decir: para el juez, los carteles que expresan “La reforma no es la forma” se identifican, indirectamente, con los partidos políticos que se oponen a la reforma de Larrañaga. Aunque, siempre según el juez, la prohibición de colocar carteles, aunque fue solicitada desde el Partido Nacional, revestiría una total neutralidad.

Pero eso no es todo. Del hecho de que un mensaje tenga “neto corte político”, el juez infiere que su expresión constituye “actividad proselitista”. Discrepamos con ello. Los discursos políticos no son necesariamente proselitistas. De hecho, sólo los discursos ideológicos lo son, y no siempre (a veces privilegian fines programáticos). En cambio, un discurso político construido desde la ciencia o la filosofía, en principio no es proselitista, pues no busca la adhesión a una organización política determinada, sino que persigue otros fines, especialmente la promoción de la reflexión y la ampliación de los límites del pensamiento.

Por lo tanto, afirmar que es proselitista la manifestación de un mensaje por el hecho de expresar éste un contenido político, es incurrir en la falacia de generalización precipitada. De hecho, tratándose de jóvenes, cabe considerar que las referidas pancartas sean la expresión de una reflexión filosófica acerca de la sociedad ideal en la que quisieran vivir. Una sociedad en la que se invierta más en educación que en represión. Y pocos espacios son más adecuados para dar a conocer una reflexión filosófica que la fachada de un liceo.

Aunque no sea un evadido de la realidad, el juez está limitado por sus prejuicios políticos, e interpreta que un mensaje de oposición a la reforma de Larrañaga debió ser acuñado en un partido que no sea el de Larrañaga. Así, el juez incurre en un nuevo error, esta vez debido al carácter contra fáctico de su afirmación. Sabido es que algunos nacionalistas han manifestado diferencias con la iniciativa de su correligionario. Y, además, hay votantes de otros partidos que apoyan la consulta impulsada por Larrañaga.

Pero subyace otro error más profundo en las consideraciones que dan fundamento a la sentencia del juez. Al afirmar que apoyar o rechazar la reforma de Larrañaga significa posicionarse detrás de tal o cual partido político, se constriñe todo el campo de lo político a lo partidario. Por eso el juez infiere que todo lo político es proselitista. Y, claramente, no le asiste razón. En Uruguay ha habido innumerables acontecimientos políticos liderados por organizaciones sociales, como la huelga general declarada el 27 de junio de 1973.

Además, la partidización del universo político olvida que muchos ciudadanos son contrarios a la naturaleza de las organizaciones partidarias (los anarquistas, por ejemplo), o que rehúsan toda forma de asociación (los librepensadores, por ejemplo). Así, la generalización de la lógica partidista, lejos de encontrar un correlato en la realidad, no hace más que expresar el restringido concepto de “política” del juez.

Una cosa es la laicidad, y otra cosa es la neutralidad

El supuesto proselitismo de los carteles colocados por los estudiantes en sus centros no es, por supuesto, causa suficiente para que el juez disponga que sean retirados. Dicho proselitismo, afirma el magistrado, contraviene el principio constitucional de la laicidad, entendida no como la contraposición de diferentes visiones de un tema por parte de un docente en el aula, sino como “sello inherente a la identidad nacional”.

En principio, consideremos válido y posible el precepto de que el Estado debe ser neutral en materia religiosa y política. Debemos diferenciar lo que es la posición del Estado, de las definiciones de los gremios estudiantiles. Los carteles colocados tienen sus firmas. El razonamiento según el cual todo mensaje publicado en la fachada de un centro educativo expresa, directa o indirectamente, por acción u omisión, el pensamiento de la administración estatal, además de falaz, manifiesta una concepción política totalitaria, según la cual en el espacio público sólo hay lugar para la doctrina gubernamental.

Consideremos ahora la afirmación de que el Estado, para resguardar el “principio de convivencia” de la laicidad, debe ser neutral en materia religiosa y política. ¿Cómo debemos interpretar el hecho de que haya centros educativos públicos que lleven el nombre de los “presbíteros” Dámaso Antonio Larrañaga, Mariano Soler y José Benito Lamas? ¿Se trata, acaso, de una apología del cristianismo católico? ¿O vendrá a significar que, por diferentes razones, el legislador dispuso la adopción de esos nombres, sin que ello represente que el Estado se comprometió ideológicamente con lo que dichas figuras simbolizan en el ámbito religioso?

¿Cómo debemos interpretar el hecho de que haya centros educativos que lleven el nombre de Fructuoso Rivera, José Batlle y Ordóñez, Luis Batlle Berres, Manuel Oribe, Luis Alberto de Herrera y Wilson Ferreira Aldunate? ¿Se trata, acaso, de una actividad proselitista en favor de los partidos Colorado y Nacional, respectivamente? ¿O sucederá que, por múltiples causas, el legislador se inclinó por la adopción de esos nombres, sin que ello represente que el Estado se comprometió ideológicamente con lo que dichas figuras simbolizan en el ámbito político?

Entendemos que no le asiste razón al juez al afirmar que los carteles colocados por gremios estudiantiles en algunos centros de enseñanza comprometen la neutralidad que debe guardar la administración del ente. De la misma forma en que no compromete religiosa y políticamente al Estado la acción de nombrar establecimientos públicos con figuras identificadas con la Iglesia Católica, el Partido Colorado y el Partido Nacional. En todo caso, instamos a la justicia a considerar la pertinencia de que el Estado haya dado a dos escuelas, una en Artigas y otra en Montevideo, el nombre del “Coronel Lorenzo Latorre”, dictador que dejó sin efecto “el parquet de previsiones constitucionales” del Uruguay de 1876 a 1879.

Construcción de ciudadanía

En los 90, cuando desde los gremios estudiantiles resistíamos la reforma liderada por Germán Rama, se nos reprimía con las actas 14 y 62. Las mismas establecían que las asambleas estudiantiles podían o no ser autorizadas por las direcciones, previa información escrita de los temas a tratar; impedían la adopción de medidas que alterasen el “orden en las clases”; prohibían la propaganda gremial en los locales de enseñanza, fuera de las reducidas carteleras, generalmente ubicadas en rincones alejados de los espacios de mayor circulación; y habilitaban sancionar las faltas con la pérdida de la calidad de estudiante.

Dichas actas se inspiraban en la ley de educación Nº 15.739, que disponía “atender a la formación del carácter moral y cívico de los educandos”. Y esa ley era la continuidad de su predecesora, la Nº 14.101, vigente durante la dictadura cívico militar. Así, la prohibición de colocar carteles en los centros de enseñanza se remonta al pasado autoritario, que pretendió barrer con el pensamiento crítico de los estudiantes.

Los últimos años, parte de esa normativa reaccionaria fue sustituida por otra de signo democrático, que tiene como marco de referencia fundamental a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución de la República y un amplio conjunto de los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país.

De esa forma, se reconoció a los estudiantes el derecho a “agremiarse y reunirse en el local del centro educativo”; “participar, emitiendo opinión y realizando propuestas a las autoridades de los centros educativos y de los Consejos de Educación, en aspectos educativos y de gestión del centro educativo”; y “emitir opinión sobre la enseñanza recibida” (véase el capítulo IX de la ley de educación 18.437).

La sentencia del juez que prohíbe colocar carteles “políticos” en los liceos contradice claramente la filosofía que inspira la normativa que, aunque sea parcialmente, permitió superar ciertas rémoras autoritarias del pasado reciente. Lejos de propiciar la construcción de ciudadanía mediante el desarrollo de un pensamiento crítico, el fallo del magistrado supone un retroceso a un pasado que algunos creímos estaba definitivamente superado.

Pasado en el que todo gremio estudiantil que expresaba una crítica al orden de poder, se suponía respondía a agitadores partidarios, y no a la libertad de conciencia. Pasado en el que multitud de talleres gremiales eran prohibidos en los liceos por supuesta violación de la laicidad, mientras que alegremente los censuradores bautizaban locales de estudio con los nombres de connotadas figuras religiosas y políticas. Pasado en el que el mundo adulto decía a los jóvenes: “haz lo que digo, pero no lo que hago”.

Esperamos que las autoridades de la ANEP no permitirán este atropello a las libertades fundamentales de nuestros estudiantes, libertades que mañana podrán ser también las de los trabajadores, con el pretexto de pseudo razonamientos de signo autoritario y totalitario, enraizados en un pasado que algunos buscan proyectar al futuro.

Profesora Carina Benoit

Profesor Julio Moreira

Agrupación Ferrer i Guardia