No a las PPP

A propósito de las PPP: “Globalización, mercantilización y privatización de la educación”. Por Julio Moreira

Para compañías comerciales y financieras y fondos de capital privado de todo el mundo, la educación pública es un “mercado emergente”, devenido en atractiva cartera de inversiones en el marco del “neoliberalismo”.

En su versión “clásica”, que se inicia en los 70 en América Latina (Chile, Uruguay, Argentina) y en los 80 en los países desarrollados (Thatcher, Reagan), la política neoliberal reducía al máximo posible el gasto estatal en políticas sociales (vivienda, salud, educación). En Uruguay, su ejemplo extremo lo constituyó la ley de empresas públicas, aprobada el 13 de setiembre de 1990, bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle. La misma autorizaba a varias empresas públicas a asociarse con privados (Antel, Pluna, Administración Nacional de Puertos), destruía la empresa pesquera estatal (ILPE) y suprimía monopolios estatales (seguros, alcoholes). El 13 de diciembre de 1992 dicha ley fue derogada mediante plebiscito, con 1.293.016 votos que rechazaban la privatización, contra 489.302 votos que la respaldaban.

La gran recesión que se disparó en 2007-2008 al explotar la burbuja inmobiliaria en EEUU, se convirtió en una de las mayores depresiones económicas mundiales en la era capitalista, superior -según algunos entendidos- a la vivida durante el crack económico de 1929. La respuesta de los centros de poder económico mundial a la crisis ha sido una suerte de profundización de las medidas neoliberales, pero dentro de un encuadre general que no es exactamente el mismo.

Atendiendo a la referida recesión, el proyecto conservador de los últimos diez años ha sido una suerte de “neogerencialismo”, en el que se aumentan los recursos estatales para políticas sociales, pero bajo modalidades que favorecen al capital. En Uruguay, la implementación de estas políticas recayó sobre los gobiernos “progresistas”. Los más claros ejemplos son la exoneración de impuestos de hasta 83% a las donaciones de empresas a instituciones educativas (Ley 18.083 del 27 de diciembre de 2006), el desvío de recursos públicos al sistema de salud privada (Ley 18.131 del 18 de mayo de 2007), las exoneraciones tributarias a la inversión privada en viviendas de interés social (Ley 18.795 del 17 de agosto de 2011) y el uso del Estado para garantizar renta al sector privado mediante la modalidad de participación público-privada (Ley 19.355 del 19 de diciembre de 2015).

Las referidas leyes, muchas de ellas similares en su contenido a medidas adoptadas en dictadura y en los noventa, conforman una estructura impositiva y jurídica que reduce las regulaciones estatales sobre los servicios públicos. Su aprobación muestra que los gobiernos han cedido a las presiones de un abanico de organizaciones y grupos de interés multinacionales (especialmente la Organización Mundial de Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  y el Banco Mundial) que promueven procesos de reforma pública.

En América Latina, el Banco Mundial y la OCDE son los principales promotores de la privatización de la educación. El Banco Mundial ofrece una plataforma de información sobre inversiones educativas (conocida como EdInvest) y, a través de su brazo comercial (la Corporación Financiera Internacional), ofrece apoyo monetario a las compañías interesadas en comenzar o expandir sus actividades en los mercados de servicios educativos públicos, especialmente en lo que refiere a:

  • Promoción de empresas y proyectos educativos con “fines de lucro”.
  • Financiamiento de préstamos estudiantiles y acreditaciones
  • Desarrollo de tecnologías educativas.

La OCDE también proporciona un andamiaje discursivo para la privatización de los servicios educativos públicos a través de la noción de “contestabilidad”, término que se refiere a la incorporación de proveedores alternativos de servicios educativos públicos. Ese es el encuadre en el que se inscriben varios centros educativos uruguayos: Jubilar, Impulso, Liceo Católico del Cerro, Providencia, Francisco, Espigas y Ánima.

En realidad, es insignificante la inversión directa en educación de los grupos multinacionales que promueven los procesos privatizadores. A modo de ejemplo, durante la década de 1990 el Banco Mundial contribuyó solamente en un 0,5% del gasto público global en educación. Sin embargo, su influencia es extrema, y se viabiliza, además de mediante el apoyo financiero a los emprendimientos privados y condicionamientos de deuda a los gobiernos nacionales, a través de asesorías técnicas, informes e instancias de capacitación a los mandos de la educación.

A su vez, existen numerosas fundaciones (think tanks), en general vinculadas a partidos políticos y/o grupos de presión, que promueven políticas de mercado haciendo lobby a favor de la privatización. Las de mayor peso a nivel mundial son John Templeton Foundation, Cato Institute y Milton & Rose D. Friedman Foundation. En Uruguay destaca el caso de Eduy 21.

La función de los think tanks, adopten la forma de institutos de investigación o de grupos de expertos, es orientar la opinión pública desde una ideología neoliberal / neogerencial sobre asuntos de política social, en este caso, de política educativa. De ellos resultan consejos o directrices que posteriormente los partidos políticos u otras organizaciones pueden utilizar.

Para promover la adopción de políticas privatizadoras, los think tanks crean espacios de diálogo y debate, desarrollan y capacitan a futuros tomadores de decisiones y cuadros políticos, legitiman las narrativas y políticas de los regímenes de turno (o, eventualmente, los movimientos de oposición), ofrecen un rol de auditor de los actores públicos y canalizan fondos a movimientos y otros actores políticos.

Al definirse, a través de la Ley Presupuestal 19.355, una importante inversión en infraestructura pública para el período 2015-2020, pero con un tercio de la misma bajo la modalidad de participación público privada (en educación, el porcentaje de este tipo de inversiones sobre el total proyectado alcanza el 38%), parece claro que la orientación general que el gobierno nacional da a la educación pública responde a los intereses de la OCDE y el Banco Mundial.

De esta forma, las obras de menor costo (impermeabilizaciones, sanitaria, electricidad, colocación de contenedores, etc.) serán realizadas con el financiamiento del “Fondo de Infraestructura Educativa Pública”, dependiente del CODICEN de la ANEP y, en menor medida, de los consejos desconcentrados. Pero las obras nuevas se realizarán, a partir de 2018, mediante PPP y endeudamiento externo (vía Banco Interamericano de Desarrollo).

El gobierno proyecta un total de 216 obras PPP en el período 2018-2020, frente a las 25-50 que ejecutarán PAEMFE y la Dirección Sectorial de Infraestructura de ANEP. De las 216 obras PPP, ya se hizo un llamado para las primeras 59: 44 jardines de infantes y 15 centros CAIF. Se prevé el lanzamiento de un segundo paquete de obras en junio de 2017 para la construcción de escuelas y liceos de tiempo completo, además de algunos gimnasios.

Así, el Estado está generando una deuda a futuro y terminará pagando por estas obras un costo mayor (por lo que implica cualquier pago diferido contra una licitación normal). Además, se comprometen las asignaciones presupuestales de la educación a 20 años: la expansión del gasto educativo se verá obstaculizada por la obligación de destinar recursos a financiar los pagos a las empresas privadas.

El compromiso ideológico del gobierno con el instrumento PPP se muestra cuando consideramos que por un lado se le niegan a la ANEP recursos incrementales prometidos para 2017 (por un valor de 793 millones de pesos), pero por otro lado hay recursos para financiar emprendimientos PPP por 20 años. De hecho, sólo por el primero de los tres paquetes de licitaciones públicas para construir locales vía PPP en ANEP, se destinarán U$S 6.100.000. A ello debe sumársele lo que se le pagará a cada empresa por las siguientes dos décadas.

Se estima que las ganancias que generará la modalidad PPP fluirán directamente hacia el extranjero, pues ninguna empresa constructora nacional tiene condiciones para levantar la cantidad de edificios que están previstos.

Otro aspecto a evaluar es que un centro educativo PPP no es gestionado por la administración pública. De hecho, la empresa adjudicataria dirigirá por veinte años todo lo concerniente a mobiliario (provisión inicial y sustituciones), mantenimiento correctivo y preventivo (del edificio y de los muebles), limpieza (rutinaria y profunda), seguridad (de predios y edificios) y cuidado de áreas libres (pasto, poda, etc.):

“La (empresa) contratista deberá proporcionar los siguientes servicios obligatorios:

 Mantenimiento rutinario/planeado;

  • Mantenimiento y reparaciones reactivas/reemplazo de daños;
  • Mantenimiento y reposición del equipamiento;
  • Limpieza [INAU: no aplica]
  • Mantenimiento del terreno;
  • Mantenimiento de instalaciones, edificios y activos;
  • Plan y Gestión de Emergencias;
  • Centro de Atención al Usuario; y
  • Gestión del contrato e Informes.”

Como puede apreciarse, hasta el vínculo entre la comunidad y la institución pretende delegarse en una empresa cuyo principal interés es el lucro.

La consecuencia de la aplicación de esta política global privatizante es la transformación de la educación en una mercancía que puede comercializarse y de la cual pueden extraerse ganancias. Sin duda alguna, la resistencia a las PPP en educación será una de las principales luchas que deberemos dar los sindicatos de la educación a partir de este año, retomando el sendero de ese gran movimiento popular que en 1992 logró detener la venta de las empresas públicas.

Julio Moreira

Agrupación Ferrer i Guardia

Moreira: Privatización, mercantilización y precarización docente: proyecto educativo global asumido por el gobierno frenteamplista

Imagen: Julio Castillo, Libertad

El año 2017 se presenta para el conjunto de los trabajadores de ANEP y Udelar con dos grandes desafíos: una nueva pelea salarial, y la resistencia a la definición gubernamental de recurrir al régimen de participación público-privado (PPP) para construir edificios (en el caso de ANEP) y reformar el Hospital de Clínicas (en el caso de UdelaR). A nivel de la ANEP, los sindicatos deberán evaluar con especial atención tanto el proceso de transformación institucional de la Administración (especialmente el funcionamiento de las comisiones departamentales), como la naturaleza de los planteos que realice el CoDiCen en la Comisión de Reforma del Estatuto del Funcionario Docente (EFD). En Secundaria la agenda comprende, además, los anuncios de “una renovación curricular como revisión integral de la oferta educativa, donde no solo se considere la malla curricular, la integración de las asignaturas y la oferta de contenidos, sino también la necesidad de revisar metodologías, repensar los ambientes de aprendizaje y la vida en el aula, así como también el lugar del docente y su redefinición profesional”.[1]

En el caso de la ANEP, la disputa por incremento salarial está fuertemente relacionada con el convenio firmado en diciembre de 2015, no sólo por lo que tal firma representó en el terreno de lo simbólico (supuso aceptar una propuesta insuficiente de un gobierno que cuatro meses antes decretó la esencialidad), sino porque el texto del convenio recogió declarativamente la “intención” de “alcanzar en el año 2020 un salario nominal como mínimo de 25.000 pesos a precios de enero de 2015, para los funcionarios docentes (…) grado uno, con una carga horaria de trabajo de 20 horas semanales”.[2]

Con respecto al uso de PPP para obras de infraestructura en la ANEP, estaba ya anunciado en el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo, aprobado por el Parlamento en 2015: “Resulta indispensable la ampliación de la oferta de infraestructura educativa pública. (…) Las instituciones educativas cuentan con un importante monto de recursos para inversión provenientes de sus líneas de base. (…) Pero además, la ANEP podrá contar con el instrumento de Participación Público Privado”.[3]

En relación a la transformación institucional de la ANEP, debe considerarse que asistimos a la más completa y acrítica sumisión que se recuerde de un CoDiCen al partido político de gobierno. Hasta Germán Rama puso límites y condiciones a los partidos políticos y los organismos internacionales de crédito que lo habían promocionado. Sin embargo, quien hace algo más de cuatro años que preside el CoDiCen, asumió la claudicación a la autonomía técnica reconocida a la ANEP por la Constitución. Resulta caricaturesco ver al profesor Netto asumir el papel de “che pibe” del presidente Vázquez, prometiendo soluciones a los básicos reclamos que reciben en los consejos de ministros de todo el país.

La Comisión de Reforma del EFD también tiene su historicidad y no es casual ni antojadizo que haya sido reinstalada en 2016. Recordemos que, en 2005, el presidente de la república Tabaré Vázquez afirmó que la reforma del Estado constituiría “la madre de todas las reformas”. La definición gubernamental para los próximos años es completar el proceso ya operado en buena parte de la Administración Central, reformando para ello la institucionalidad de la ANEP y el régimen laboral de sus funcionarios.

Finalmente, la propuesta de “renovación curricular” de Secundaria, lejos de ser un planteo aislado, no es sino el intento de profundizar un proceso de reforma que, con altibajos, tiene al menos veinte años de continuidad. El diseño y la ejecución de políticas focalizadas, la capacitación de mano de obra barata y la flexibilización de las exigencias por lograr el pasaje de grado, son sólo algunos de los aspectos que materializan el proceso de reforma educativa al que hacemos referencia.

Las líneas que siguen pretenden aportar algunos elementos a la clarificación de la coyuntura en el área de la educación, especialmente en el nivel medio, con el objetivo de contribuir a pensar la pelea que necesariamente deberemos dar los gremios y sindicatos de la educación en 2017.

Lo que el convenio nos dejó

El convenio salarial firmado por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) en diciembre de 2015, manifiesta la intención de alcanzar una meta al final del quinquenio. Esa meta es de 25.000 pesos nominales a precios de enero de 2015, para los docentes titulados grado uno, con una carga horaria de trabajo de 20 horas semanales. A noviembre de 2016, ello representaría 29.575 pesos. Hasta diciembre de 2016, dichos docentes están efectivamente percibiendo 23.663 pesos, y con el ajuste de enero de 2017 pasarán a cobrar 26.525 pesos.[4]

El convenio no menciona porcentajes de aumento del salario real en ninguno de sus artículos. No es cierto que todos hayan recibido un aumento general lineal de 3,5% por encima del ajuste por IPC. Las partidas de dinero que se estipularon para aumentos de salarios, se distribuyeron de manera diferencial, favoreciendo a algunos colectivos y perjudicando a otros (en términos relativos). El colectivo más beneficiado fue el de los inspectores, directores y subdirectores, que recibirán un mínimo de 17,1% en el período 2016-2020. Le siguen los docentes de menos grado frente a los de carrera más dilatada, los de primer ciclo frente a los de segundo ciclo (para el caso de enseñanza media), y los que no tienen extensión horaria frente a los que sí la tienen (en el caso específico de Secundaria).

A modo de ejemplo, veamos algunos casos en Secundaria:

– Profesor grado 1 con 20 horas en primer ciclo sin extensión horaria, 4,04% de aumento.

 

– Profesor grado 1 con 20 horas en primer ciclo con extensión horaria, 3,67% de aumento.

 

– Profesor grado 7 con 20 horas en segundo ciclo sin extensión horaria, 3,42% de aumento.

 

– Profesor grado 7 con 20 horas en segundo ciclo con extensión horaria, 3,17% de aumento.

 

– Profesor grado 7 con 20 horas en primer ciclo sin extensión horaria, 2,44% de aumento.

 

– Profesor grado 7 con 20 horas en primer ciclo con extensión horaria, 2,33% de aumento.

¿Por qué sucedió esto? El convenio acordado establece en su artículo cuarto que la estructura salarial de los docentes se verá “achatada”, pues hasta 2015 existían distintas escalas salariales, y en 2016-2017 se tenderá, mediante aumentos diferenciales, a confluir hacia la variación entre grados correspondientes a una única escala: la de segundo ciclo con tiempo extendido. La discusión acerca de si es más justa una escala salarial alargada o achatada, excede el propósito de esta líneas. Pero entiendo necesario realizar una precisión: en el contexto político-económico actual, reducir el aumento salarial de los docentes de los grados más altos en beneficio de los docentes de los grados más bajos, se ajusta al objetivo de la ideología neogerencial de destruir la carrera administrativa tal cual la conocemos.

El convenio prevé, además del aumento salarial, dos partidas: una para presentismo y otra para inequidades. Ambas fueron acordadas al 30 de abril de 2016. Con respecto a la primera, se avanzó en el mecanismo de asignación, pues se hace sobre una base mensual (habilitando a que sean más los compañeros que accedan a esta partida, pues, por ejemplo, las faltas por enfermedad de un mes no afectan la regularidad en la asistencia de otros meses), y se diferencia por centro de trabajo (las faltas a un centro no afectan la regularidad en la asistencia a otros). Sin embargo, se aplicó un criterio de distribución similar al explicado para el aumento salarial. Hasta mayo de 2016, el presentismo guardaba relación directa con el salario y, por lo tanto, con las diferencias por grado y titulación. Desde junio de 2016, el presentismo se asigna por partidas fijas que no discriminan el grado ni la titulación.

Presupuesto y PPP

En el marco de un rediseño del orden económico mundial, Uruguay, con una matriz económica capitalista dependiente basada en la renta agropecuaria y en la captación de inversión extranjera directa, y con un gobierno cuyas principales acciones son proclives a profundizar la dependencia, asegurar la tasa de ganancia y dar estabilidad jurídica al capital financiero transnacional, inició en 2015 un ajuste fiscal que traslada, mediante rebaja salarial y recortes en el gasto público social, los costos de satisfacer el afán de lucro de la burguesía a espaldas de los trabajadores.

A través de la última ley presupuestal, se definió una prioridad macroeconómica (porcentaje de gasto en un área sobre el PIB) para ANEP y UdelaR, que se mantiene prácticamente incambiada en relación a la del quinquenio anterior: en 2015 pesan un 3,69%, en 2016 un 3,74%, y en 2017 un 3,72%. Si analizamos la prioridad fiscal (gasto en un área sobre el total del gasto público), vemos que la ANEP cae de 12,89% en 2015 a 11,95% en 2017; mientras que la UdelaR permanece casi igual: pasa de 2,98% a 3%.[5]

En el mensaje de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento en junio de 2016, si sumamos los montos de dinero recortados a ANEP, UdelaR y UTEC, representan el 56% del total del ajuste fiscal. Si miramos toda el área programática de la educación, el porcentaje aumenta a 67%. Y si sumamos a la salud, representa el 79%. Es decir, lo que se lleva la peor parte es el gasto social.[6]

Si bien se definió, a través de la ley presupuestal, una importante inversión en infraestructura pública, sólo dos tercios de la misma se ejecutarán a través de organismos públicos o licitación, ya que un tercio estará comprendido bajo la modalidad de participación público privada (PPP). En educación, el porcentaje de este tipo de inversiones sobre el total proyectado alcanza el 38%.

Esto significa que las obras de menor costo (impermeabilizaciones, sanitaria, electricidad, colocación de contenedores, etc.), y un número reducido de obras de importancia, serán realizadas con el financiamiento del “Fondo de Infraestructura Educativa Pública”, dependiente del CODICEN de la ANEP y, en menor medida, de los consejos desconcentrados. Pero el grueso de las obras nuevas se pretende realizar, a partir de 2018, mediante PPP.

El gobierno proyecta un total de 216 obras PPP en el período 2018-2020, frente a 50 obras ejecutadas por la ANEP (que, con los recortes aprobados en la última rendición de cuentas, podrían reducirse a 25, incumpliendo con el plan de obras). De las 216 obras PPP, ya se hizo un llamado para las primeras 59: 44 jardines de infantes y 15 centros CAIF. Se prevé el lanzamiento de un segundo paquete de obras en junio de 2017 para la construcción de escuelas y liceos de tiempo completo, además de algunos gimnasios.

Así, el Estado está generando una deuda a futuro y terminará pagando por estas obras un costo mayor (por lo que implica cualquier pago diferido contra una licitación normal). Además, se comprometen las asignaciones presupuestales de la educación a 20 años: la expansión del gasto educativo se verá obstaculizada por la obligación de destinar recursos a financiar los pagos a las empresas privadas.

El compromiso ideológico del gobierno con el instrumento PPP se muestra a las claras cuando consideramos que por un lado se le niegan a la ANEP recursos incrementales prometidos para 2017 (por un valor de 793 millones de pesos), pero por otro lado hay recursos para financiar PPP por 20 años.

Se estima que en ese lapso de tiempo, lo que las empresas recaudarán por el mantenimiento de los edificios, les permitirá recaudar el triple de lo que ganarán con la construcción. Y es muy probable que tales ganancias fluyan directamente hacia el extranjero, pues ninguna empresa constructora nacional tiene condiciones para construir la cantidad de edificios que están previstos.

Otro aspecto a evaluar es que un centro educativo PPP no es gestionado por la administración pública. De hecho, la empresa adjudicataria dirigirá por veinte años todo lo concerniente a mobiliario (provisión inicial y sustituciones), mantenimiento correctivo y preventivo (del edificio y de los muebles), limpieza (rutinaria y profunda), seguridad (de predios y edificios) y cuidado de áreas libres (pasto, poda, etc.).

Transformación institucional de la ANEP

El reconocimiento constitucional de autonomía no es gratuito, sino una conquista histórica basada en la defensa de la libertad de cátedra de docentes de un amplio espectro de ideologías. La renuncia a la autonomía lleva a que la ANEP adopte casi sin restricciones el signo de las corporaciones burguesas que hoy tutela Vázquez, y que hasta 2014 protegió José Mujica, sostén de Netto al frente del CoDiCen.

Las metas a alcanzar definidas por la Administración para la enseñanza media se circunscriben a las promesas electorales del hoy presidente de la república, que no son otra cosa que la obediencia a los mandatos de la OCDE y el Banco Mundial, y que despojan a la educación de su sustancia desafiante del sentido común, para convertirla en mero dispositivo gubernativo de contención social, como se desprende del interés excluyente por aumentar los porcentajes de inclusión, retención y promoción.

Discursivamente, gobernantes y medios masivos de comunicación hacen responsables de los esfuerzos por alcanzar tales metas no a las autoridades, sino a las instituciones y sus docentes. Sin recursos económicos, sin el apoyo de equipos socioeducativos, y a cambio de magros salarios y una crítica oficial constante, se pretende que los docentes retengan y promuevan a estudiantes que tienen carencias para comer y vestirse. Esa mentira es la “inclusión” educativa del gobierno frenteamplista.

Pedagógicamente, las ANEP del FA renunciaron ya en 2005 a la integralidad de las propuestas educativas. En el caso de la enseñanza media uruguaya, esa histórica seña de identidad centrada en disciplinas científicas, filosóficas y artísticas, que además de ofrecer una formación para la vida, habilitan la inserción en la educación terciaria, cede cada vez más su lugar a programas focalizados que priorizan la atención de las especificidades no educativas de cada “territorio”.

En los liceos de los barrios más pobres, hay que hacerse cargo de la comida y de la identificación de situaciones de violencia, ofreciendo una formación básica terminal (Planes 2009, 2012 y 2016). En los centros de las “capas medias”, hay que capacitar mano de obra barata (de acuerdo a las necesidades empresariales de cada localidad, como el liceo de tiempo completo de San Luis, la UTU que funciona dentro del Hipódromo de Maroñas, o el Instituto Tecnológico Regional de la UTEC en Fray Bentos que abastece de mano de obra barata a UPM). Y en algunos liceos, fundamentalmente del interior, a los que va parte de la pequeña burguesía nacional, hay que preparar para estudios terciarios.

El andamiaje burocrático que se ha instrumentado para sostener esta lógica “territorial” (eufemismo que intenta ocultar que se trata de un dispositivo de estratificación social), es la creación de comisiones departamentales, que introducen una lógica municipalizante y permiten incidir sobre la institucionalidad educativa a una camarilla de alcaldes, empresarios, ONGs, líderes religiosos, grupos de autoayuda y aristócratas barriales, deseosos de llevar agua hacia sus molinos.

Flexibilización laboral [7]

Funciona en el CoDiCen de la ANEP una comisión de reforma del Estatuto del Funcionario Docente (EFD). ¿Qué objetivos persigue? Observemos la reforma del estatuto en la Administración Central del Estado: ha desaparecido la carrera funcional, derecho constitucional que ofrece garantías a todo trabajador público. Antes de la reforma, para acceder al cargo de director de un área, se tenía que haber avanzado hasta cierto grado en la carrera funcional y además presentarse a un concurso de oposición y/o méritos. Tras la reforma, las direcciones de la Administración se reservan para técnicos, que además, en su mayoría, son externos al Estado, es decir, no son funcionarios públicos.

Esta política se encuadra dentro del paradigma del neogerenciamiento, que surge en la administración privada y que el gobierno nacional está extrapolando al área pública. Cabe preguntarse, ¿cuáles son los aspectos que se pretenden reformar en la carrera administrativa docente?

– Pérdida de la libertad de cátedra: En el esquema neogerencial, la calidad educativa está centrada en los deseos y las expectativas de los clientes.  El traslado de este modelo a la educación se materializa en las teorías pedagógicas que colocan al estudiante en el centro del acto educativo. Los conocimientos sólo son valiosos si el “cliente” los pide. El docente es un mero prestador de servicios y, por lo tanto, debe perder su libertad de cátedra y ajustarse en su actuación a ofrecerle al estudiante los aprendizajes que éste desea.

 

– Liderazgo directivo: Actualmente, respetando la carrera administrativa, pueden aspirar a acceder a los cargos de dirección e inspección, los docentes efectivos a partir del cuarto grado (con al menos doce años de antigüedad en el sistema y habiendo accedido a buenos informes técnicos sobre su desempeño). Sin embargo, desde el enfoque neogerencial, lo central no es lo pedagógico. Ello implica pulverizar el perfil docente de los directores, como parte de un proceso que termina dejando a los centros educativos en mano de gestores (como en cierta forma sucede con la PPP).

 

– Evaluación externa: La Ley General de Educación, N° 18.437, previó  la evaluación de los docentes por parte de estudiantes y padres a través de los Consejos de Participación Liceal. El precedente más acabado fue el Pro Mejora, pues  introdujo la evaluación externa. Se trató de un proyecto que establecía metas, objetivos a cumplir para mejorar la gestión del centro educativo, con un asesor externo que orientaba en la toma de decisiones.

 

– Fe pedagógica: El actual Estatuto ofrece garantías a los trabajadores docentes para que no puedan ser destituidos de manera arbitraria, por ejemplo, en función de su no adhesión a la ideología que inspira cierto plan de estudios. Sin embargo, en los Programas Educativos Especiales, en más de una oportunidad se obligó a los docentes a firmar una especie de compromiso de trabajar dentro de los parámetros ideológicos previstos por cada programa (especialmente en Aulas Comunitarias).

Reforma de la educación media

No compartimos la concepción según la cual una reforma educativa implica necesariamente un cambio abrupto en la malla curricular y el contenido de los programas del plan de estudio más extendido. Todo lo que se ha hecho los últimos veinte años con el objetivo de incluir dentro del sistema educativo a miles de jóvenes de sectores socioeconómicos nunca antes incluidos, constituye una reforma educativa.

Despejemos la objeción de que quien escribe estas líneas se opone a la inclusión. Es sólo que entiendo que no son los centros de estudio los que excluyen, sino las injusticias de un sistema de organización social que despoja a amplios sectores de la población de la atención a las necesidades más básicas. La causa última de la mayor parte de las desvinculaciones está relacionada con problemas para acceder al alimento, la vestimenta, la vivienda y un trabajo digno. Y como tales problemas no son solucionables en una sociedad capitalista, se opta por obligar al sistema educativo a atender tales carencias. En Uruguay, los gobiernos del Frente Amplio tomaron esa definición, que se expresa en las siguientes medidas:

– Diseño y ejecución de políticas focalizadas para los estudiantes más “vulnerables”, con eje en la atención de problemáticas sociales y no en la enseñanza de conocimientos. De las decenas que podrían nombrarse, dos sobresalen por su grado de extensión: Programa de Aulas Comunitarias (PAC) y Formación Profesional Básica (FPB). La evidencia muestra que se trata de modalidades que tienden a convertir al ciclo básico en terminal, pues la brecha que generan en relación al segundo ciclo es tan grande, que es casi infranqueable para un estudiante que tiene una vida difícil.

 

– Capacitación de mano de obra barata. La expansión del FPB supuso la legitimación de la conexión curricular entre educación y mundo laboral, ya que sus casi 20 orientaciones están ligadas a ocupaciones y oficios (mecánica, horticultura, construcción, granjería, panadería, carpintería, electrotecnia, metalúrgica, gastronomía, vestimenta, lechería, chapa y pintura, refrigeración, etc.). En el PAC, si bien la currícula no comprende la capacitación laboral, se enfatiza el acompañamiento personal de los estudiantes con el objetivo de que éstos construyan su “proyecto de vida”. Sucede que para un pobre, cualquier proyecto de vida supone trabajar, y un pobre con apenas ciclo básico terminado, está casi condenado a alguno de los peores empleos existentes.

 

– Flexibilización de las exigencias para lograr el pasaje de grado. Desde un enfoque centrado en la relación costo-beneficio, es preferible que el estudiante tenga una trayectoria educativa sin interrupciones, aunque ello implique que no logre los objetivos dispuestos en el plan de estudios. A modo de ejemplo, un estudiante de ciclo básico puede terminar los cursos registrando hasta 35 inasistencias y sin alcanzar la suficiencia en la mitad de las asignaturas, y finalmente promover. De acuerdo a lo expresado por varias figuras del gobierno frenteamplista de la educación (Netto, Buzzetti, Garibaldi), a mediano plazo, el objetivo es ir más allá y eliminar el recurso de la repetición, al menos en algunos grados, muy especialmente en primero y segundo año del ciclo básico.

 

– Imposición de una pedagogía del entretenimiento. A medida que las tecnologías de la comunicación avanzan en los espacios de la vida cotidiana, el entretenimiento se convierte en criterio obligado para todas las formas de transmisión de saber, incluida las de la educación formal. Las autoridades de la ANEP, lejos de situar tales tecnologías en su justo lugar, se dedican a financiar la compra de televisores y proyectores. Ceibal hace lo propio mediante la entrega de ceibalitas y la instalación de “aulas multimedia”. En muchos liceos no hay papel higiénico en los baños, y las goteras obligan a colocar baldes los días de lluvia, pero no faltan las pantallas de plasma. En consonancia, son cada vez más los inspectores, directores y docentes de didáctica que otorgan gran peso en sus evaluaciones al uso (o no uso) de las “tecnologías de la información y la comunicación”. Sin desconocer el potencial de todos estos recursos (que no son otra cosa que eso: meros “recursos”), entiendo que naturalizar en el aula los códigos de la cultura mediática promueve la falta de crítica frente a la sociedad de consumo.

 

– Extensión de las horas de clase. Aunque fue la administración presidida por Germán Rama en la década de los 90 la que creó en Secundaria la “extensión horaria” (se pasó de horas de clase de 35 a 45 minutos), fueron las administraciones frenteamplistas las que masificaron su aplicación, y las que crearon las modalidades de tiempo extendido y tiempo completo. Mundialmente, la doble escolaridad es una necesidad social ante las exigencias del mercado, especialmente por la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Por otra parte, la jornada completa o extendida requiere una fuerte inversión en construcción de edificios y creación de nuevos cargos, cosa que no ha ocurrido en la escala necesaria. De hecho, partes de las jornadas de “tiempo extendido” de algunos liceos se desarrollan en clubes y plazas, como forma de enfrentar las limitaciones locativas.

 

– Seguimiento de las trayectorias educativas. Hasta 2015, la identificación de los estudiantes con riesgo de desvinculación recaía sobre los docentes, especialmente sobre los profesores adscriptos, responsables de la comunicación con los hogares para conocer la naturaleza de los problemas y ensayar posibles apoyos. En 2016 eso cambió en ciclo básico. Con el objetivo de monitorear el desempeño de cada estudiante, el CoDiCen de la ANEP decidió que el registro de las asistencias se hiciera vía tableta electrónica. Los horrores del software, sumados a los endémicos problemas de conectividad, llevaron a que no se tenga un registro fehaciente de la asistencia a clase de los estudiantes. Otra innovación, de fines de 2016, es la inscripción/reinscripción automática del 100% de los estudiantes en condiciones de cursar la enseñanza media. Pensar que este mecanismo, sumado a algún tipo de coacción económica (pérdida de prestaciones), logrará retener dentro del sistema educativo a jóvenes con vidas complejísimas, es de una ingenuidad alarmante.

 

– Control de los “resultados” de cada docente. En 2013 el Consejo de Educación Secundaria comenzó a publicar el “monitor liceal”, que recoge datos estadísticos sobre promoción, repetición y desvinculación por grado, liceo y departamento. Está mundialmente estudiado que la difusión pública de estos datos favorece los procesos de competencia y estratificación social. Para 2017-2018 se prevé profundizar el control social sobre los “resultados” mediante la implementación de “libretas electrónicas”. Eso significa que por lo menos los jerarcas de la ANEP (quizá también el conjunto de la sociedad, como en Chile) podrán conocer los “resultados” que obtiene cada docente. En todos los países donde se han aplicado reformas como la que está en curso en Uruguay, este tipo de control ha sido utilizado para premiar la “productividad” de los docentes con mejores resultados y sancionar a los que se encuentran en el otro extremo.

La lucha de 2017

Lo primero a considerar es la naturaleza y dimensión del contrincante. Lejos de ser una suma de medidas inconexas, las retribuciones salariales por productividad, la construcción de locales de enseñanza bajo el régimen de participación público-privado, la transformación de la institucionalidad de la ANEP, la reforma del estatuto del funcionario docente y la reforma educativa en curso, constituyen un corpus de herramientas neogerenciales con que el gobierno nacional y las autoridades de la educación pretenden no sólo reformar la educación, sino completar una reforma del Estado que supondría no sólo un profundo deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de la ANEP, sino también una clara subordinación de la educación pública a los intereses del capital nacional e internacional.

Está claro que los actuales integrantes políticos de los consejos desconcentrados y el CoDiCen de la ANEP (o quienes sean designados para sustituirlos), tienen plena conciencia de lo que hacen y debe juzgárselos con el mayor rigor. Ni qué hablar de que los miembros del gobierno nacional (con sus miembros actuales y futuros) son claramente los que definen los destinos de la educación pública, y no debe escatimarse la crítica hacia su actuación. Pero es necesario tener presente que, a través de los consejeros y el poder ejecutivo, nos enfrentamos también al apetito de lucro de las grandes corporaciones transnacionales, que buscan apropiarse de los recursos de la educación en todo el mundo, y que cuentan con un ejército de ideólogos en la OCDE, el Banco Mundial, medios masivos de comunicación, gestores, fundaciones educativas y “expertos” que hace veinte años no pisan un aula.

Será necesario procesar una discusión profunda acerca de los ajustes salariales por “productividad”, ya que no puede desconocerse que dan ingreso a una lógica mercantil en un área tan sensible como la educación. Por otra parte, habrá que considerar si los ajustes desligados de la carrera administrativa son lo más adecuado.

Debemos hacer los mayores esfuerzos en defensa de la educación pública, que es un derecho humano fundamental cuyo ejercicio no puede estar sujeto al afán de lucro de los grandes capitales, que vienen a disputar el presupuesto a través de las PPP.

La transformación institucional de la ANEP está relacionada a una definición de profundizar los mecanismos de estratificación social. En tal sentido, debemos denunciar que las elites se siguen formando en costosos colegios privados, con currículas asignaturistas, tareas domiciliarias para las que hay que estudiar en libros, y con el recurso de la repetición cuando no se alcanzan objetivos mínimos. Y en tales colegios no están siquiera planteadas las discusiones acerca de la obsolescencia de las humanidades y el agobio de pasar de un maestro a doce profesores.

Con respecto a la Comisión de Reforma del EFD, hay que partir de la base de que el Derecho es una forma de control social, por lo que los trabajadores jamás podemos aceptar su supuesta neutralidad axiológica. Debemos situarnos en la discusión de la concepción fundante de Estado y funcionario público que inspira el articulado de un nuevo estatuto. De no hacerlo, podemos terminar convalidando un avance reaccionario. Debemos ser muy cautos frente a los riesgos que supone el tecnicismo jurídico.

Por último, la discusión que determinará si debe haber o no una “renovación curricular” (eufemismo para no decir “reforma”) de la enseñanza secundaria, deberá procesarse entre los jerarcas de la ANEP y los docentes nucleados en su organización más representativa: la FeNaPES. Debemos estar alertas ante el papel de organismos sin idoneidad en cuestiones educativas (como los que participaron el pasado 1° de diciembre en el evento “Más voces para la educación secundaria”, convocado por el CES).

Julio Moreira

Artículo originalmente publicado en: http://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2016/12/13/Privatizaci%C3%B3n-mercantilizaci%C3%B3n-y-precarizaci%C3%B3n-docente-proyecto-educativo-global-asumido-por-el-gobierno-frenteamplista

Notas

[1] http://www.ces.edu.uy/index.php/liceos/20692-mas-voces-para-la-educacion-secundaria

[2]http://www.anep.edu.uy/anep/phocadownload/acuerdosslariales/convenio%20nc%2021-12-15.pdf

[3] https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/16500/4/viii-educacion.pdf

[4] Estimaciones realizadas por el economista Martín Sanguinetti, a quien agradezco.

[5] http://brecha.com.uy/lo-presupuesto-nos-dejo-no-ha-comentado/

[6] http://desafioencomunicacion.com.uy/wp-content/uploads/2016/08/El-ajustecapitalista.pdf

[7] Agradezco a la profesora Carina Benoit por sus indicaciones y referencias en el tema.

Jimena Castillo: “¿Recursos frescos o privatización encubierta?” Artículo en Brecha

La modalidad de participación público privada no está exenta de debates. Sus impulsores las fundamentan en que sus beneficios se relacionan con una distribución adecuada de riesgos, recursos y recompensas. Los detractores argumentan que es una manera de privatización encubierta, ya que tercerizan por un tiempo largo la gestión total o parcial de cierto bien o servicio.

Las inversiones mediante la modalidad de participación público privada (Ppp) ya están siendo implementadas en Uruguay. El modelo comenzó a funcionar en el gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido,1 y luego se expandió a otros países de Europa y del resto del mundo. Están fundamentadas en la creciente demanda de infraestructura y servicios que enfrentan los estados y la escasez de fondos para realizar esas inversiones. Así, la identificación de necesidades públicas insatisfechas sería el punto de partida de la aplicación de las Ppp, que se proponen como un mecanismo de financiamiento de la inversión pública pero sin caer en la privatización. La empresa privada financia, construye y gestiona alguna parte de un servicio público y cobra mediante tasas abonadas por los usuarios, a través de pagos realizados por los estados, o una combinación de ambos mecanismos.

Esta modalidad no está exenta de debates. Por una parte, sus impulsores las fundamentan en que sus beneficios se relacionan con una distribución adecuada de riesgos, recursos y recompensas. Además, declaran que a través de este instrumento se aportan recursos privados adicionales a los servicios públicos o a las infraestructuras, ya que los gobiernos no tienen que pagar por las obras y pueden disponer de ese dinero para otros servicios. El Estado aprovecha tanto los conocimientos especializados del sector privado como su inversión, lo que permite superar las restricciones operativas, tales como la inflexibilidad de las escalas salariales y las restricciones relacionadas con los funcionarios.

Por su parte, los detractores argumentan que como las privatizaciones“no tienen buena prensa”, ésta es una manera de privatización encubierta, ya que tercerizan por un tiempo largo la gestión total o parcial de cierto bien o servicio. Así vistas, las Ppp se presentan como un avance del sector privado sobre el sector público. Utilizando la categoría de “acumulación por desposesión” de David Harvey2 se puede entender este mecanismo como una forma de avance del capital sobre los bienes comunes, como podría ser el caso de la infraestructura pública. Esta modalidad de acumulación, donde el “capital” asalta lo “común”, es –según el autor mencionado– una de las características centrales de la acumulación capitalista desde los setenta. En esta línea, las Ppp son un componente adicional a la política de privatizaciones, tercerizaciones o concesiones.

El uso de las Ppp según sus detractores está motivado por el propósito de situar la inversión fuera de los presupuestos públicos. En este sentido, los gobiernos contraen obligaciones equivalentes a la deuda y al mismo tiempo evitan que se visualice, otorgando garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios. Para las empresas privadas implicadas (bancos, constructoras y empresas de servicios) representan una oportunidad comercial sumamente atractiva. Un solo contrato les proporciona una fuente de ingresos estable durante 25 años o más. En el extremo (absurdo), se podría dar que un gobierno ante una crisis económica deba priorizar la paga de contratos mediante Ppp y no realice obra mediante la modalidad tradicional, lo que implicaría reducir los márgenes para el manejo financiero del Estado.

Para tomar la decisión de si una obra se realiza por esta modalidad o no, se efectúa una comparación entre el beneficio (“valor por dinero”) que le significa al Estado hacer la obra pública mediante el formato tradicional, en comparación con la modalidad Ppp. Generalmente, el valor por dinero incluye componentes cuantitativos y cualitativos (factores que pueden ser evaluados en términos monetarios, y otros aspectos, como condiciones de mercado). Qué se incluye dentro de dicha ecuación dista de ser trivial; si se incorpora (y cómo) la valoración o preferencia de los ciudadanos por lo público es una cuestión que muchas veces no se toma en cuenta.

Existe otro peligro, que no resuelven las Ppp: las empresas se ven incentivadas a ser demasiado “optimistas” en las propuestas que presentan –estimando costos bajos, por ejemplo–, lo que una vez que se adjudica el proyecto puede derivar en problemas económico-financieros, llevando a la empresa adjudicada a querer renegociar el contrato. Esto podría derivar en un costo mayor al estimado en primera instancia. Además, si la administración pública es proclive a esto, existe la posibilidad de que los empresarios se aprovechen de esta situación de entrada.

Las Ppp en Uruguay. Asumiendo la necesidad de recuperar y mejorar la infraestructura, el proyecto de la ley nacional de presupuesto 2015-2019 estima que el plan de infraestructura será financiado en dos tercios con fondos públicos, y el tercio restante por agentes privados a través de la suscripción de contratos de Ppp, concesiones de obra, contratos de compra de energía en firme, entre otros.

La ley 18.786 establece el marco regulatorio para los contratos de Ppp, y aclara que sólo se podrán llevar adelante contratos cuando se entienda que “otras modalidades alternativas de contratación no permiten la mejor forma de satisfacción de las finalidades públicas”. Ni podrán, en ningún caso, superar un máximo de 35 años (entre contrato y prórrogas).

Además se incluye taxativamente que las Ppp sólo podrán realizarse para el desarrollo de obras de infraestructura en: obras viales (y caminería rural), ferroviarias, portuarias y aeroportuarias; obras de infraestructura energética; obras de disposición y tratamiento de residuos y obras de infraestructura social: cárceles, centros de salud, centros de educación, viviendas de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano. Quedando por fuera aquellos servicios cuya prestación corresponde de forma exclusiva al Estado, así como aquellos monopolios estatales establecidos por ley y los servicios educativos y sanitarios. En el caso de servicios educativos sí se podrán privatizar servicios asociados, por ejemplo, en limpieza, comedor y vigilancia. En cuanto a las cárceles, se excluyen los servicios de seguridad, sanitarios y de reeducación de reclusos. Algunos de los proyectos que están sobre la mesa son la construcción, conservación y operación de la Unidad Personas Privadas de Libertad número 1 en el barrio Punta de Rieles, el proyecto de corredores viales en las rutas 21 y 24, el del Hospital de Clínicas y la creación de varios centros educativos para la Anep.

Para analizar el tema de las Ppp en Uruguay, cabe hacer dos apuntes de importancia. El primer elemento tiene que ver con que las inversiones de las empresas públicas se contabilizan con un criterio (criterio caja) que implica que éstas se registren en su totalidad en los balances del año en que se realizan, lo que podría llevar a que el balance del ejercicio en que se hace la inversión sea deficitario. Las empresas privadas, por el contrario, utilizan otro criterio (de lo devengado) y registran las inversiones amortizándolas a lo largo del tiempo. De esta forma, el gobierno tendría un incentivo adicional a pasar inversión a manos privadas mediante las Ppp para así no “perjudicar” sus balances.3

El segundo aspecto se relaciona con que la ley de las Afap aumentó hasta 50 por ciento el tope del monto que éstas pueden invertir en el sector productivo a través de instrumentos financieros como acciones, obligaciones negociables, fideicomisos, etcétera, y así las Ppp se presentan como una oportunidad de inversión.

En síntesis, la participación público privada es una modalidad nueva en el país para concretar inversión a manos de privados, basada en la necesidad de inversión en infraestructura. Este mecanismo tiene algunas particularidades y derivaciones, las cuales no han estado lo suficientemente presentes en la agenda pública. Que esta modalidad sea efectuada cuando, entre otras, se trata de la mejor opción para satisfacer las finalidades públicas necesita de mayor discusión, así como sus implicancias y derivaciones (privatización de servicios asociados, fortalecimiento de capacidades privadas, etcétera). Además, el poder que tenga el Estado para controlar y sancionar a las empresas privadas a lo largo de todo el contrato es un elemento clave, por lo que transparentar acciones en este sentido es muy importante para el futuro del país. n

*    Economista, integrante de Comuna.

  1. “¿Por qué las Asociaciones Público-Privadas no funcionan? Las numerosas ventajas de la alternativa pública.” Psiru, 2014, Universidad de Greenwich, Reino Unido.
  2. El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión, Harvey, 2014. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf
  3. Por una explicación más acabada véase la nota de Fernando Esponda en La Diaria: http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/7/subrayado-en-verde/

Martín Jauge: “Lo que el presupuesto nos dejó (y no ha sido comentado)”. Artículo en Brecha

Analizar la última ley presupuestal considerando el nuevo escenario económico permite calibrar qué movimientos son esperables para impulsar con mayor efectividad la acción colectiva, dice Martín Jauge -Integrante de la Cooperativa Comuna- en esta nota.

Como sucede desde la restauración de la democracia, durante el primer año del gobierno electo se discute y se aprueba en el Parlamento la ley de presupuesto. Ésta rige a partir del 1 de enero del año siguiente y tiene una vigencia de cinco años. Es la expresión fiscal y financiera del plan de gobierno. Por lo tanto, su análisis es central para evaluar la importancia que el gobierno le asigna a diferentes áreas programáticas: educación, salud, vivienda, política industrial, etcétera. Pero el presupuesto no se vota “en el aire”, sino que se asienta sobre condicionantes que impone la acumulación de capital y su dinámica concreta.

En ese marco, la expansión presupuestal en los últimos gobiernos no fue sólo la expresión de un cambio político, con una gestión macroeconómica más ordenada y prudente, con mejoras en lo tributario y avances importantes en el gasto público social (educación, salud, políticas de transferencia), también fue el aprovechamiento de un ciclo de crecimiento económico por la captación de renta extraordinaria gracias al alza de los precios internacionales.

De esta forma, analizar la última ley presupuestal considerando el nuevo escenario económico permite calibrar qué movimientos son esperables para impulsar con mayor efectividad la acción colectiva.

En primer lugar, se conjugan previo al presupuesto algunos compromisos electorales importantes, aunque a priori resulten difíciles de cumplir en simultáneo: a) no aumentar la carga tributaria; b) implementar el sistema de cuidados; c) llegar al 6 por ciento del Pbi en la educación. En un contexto no dinámico de acumulación, pareciera imposible aumentar el gasto público social sin aumentar la carga tributaria, incumpliéndose por tanto con alguna de las promesas electorales.

Como veremos a continuación, la que ha prevalecido con más fuerza es la del no aumento de impuestos, a pesar de que existe un creciente reconocimiento académico de que los impuestos al capital distan de ser altos en nuestro país y que es necesario implementar gravámenes adicionales (por ejemplo, impuestos a las herencias).

Presupuesto a dos años. El presupuesto nacional suele marcar las pautas durante todo el quinquenio de gobierno. No obstante, la presente ley “dispondrá de recursos incrementales para atender las prioridades del plan de gobierno para los años 2016-2017”. Este es un dato llamativo, ya que no había sucedido en los anteriores proyectos presentados y aprobados en las administraciones posdictadura. Esta decisión se apoya en la actual desa-celeración económica, así como en la incertidumbre respecto a la evolución de la economía, consecuencia de la evolución de las economías de la región y de la caída de los precios de los bienes que Uruguay exporta principalmente (commodities).

Esto genera al menos tres problemas. En primer lugar, limita la capacidad de planificación de las autoridades, en tanto su horizonte temporal se reduce. Si bien existen países en los que se establecen presupuestos por uno o dos años, lo cierto es que tienen instituciones idóneas para poder proyectar políticas públicas por varios años, como sucede en Finlandia o Corea del Sur.

En segundo lugar, habilita la posibilidad de continuar con un comportamiento característico de nuestro país: la prociclicidad de su gasto público, aumentando su peso relativo dentro del Pbi en tiempos de bonanza económica y reduciéndose en recesión. En particular se observa para algunos componentes del gasto público social, como educación y salud. Es cierto que un presupuesto diseñado a cinco años no garantiza niveles de gasto público estables respecto al Pbi, independientemente de los ciclos económicos. Sin embargo, reducir los años en los cuales el gobierno se compromete en niveles de gasto definidos puede dar lugar a una profundización de la tendencia histórica hacia la prociclicidad.

En tercer lugar, en el plano de la arena política puede ser previsible un alto nivel de tensión ya que “las sucesivas rendiciones de cuentas serán el instrumento idóneo para asignar (…) mayores partidas presupuestales a los efectos de continuar avanzando en los compromisos de gobierno”, por lo que en los siguientes años estas instancias tendrán un contenido y una importancia mayor a la que han tenido, haciendo necesariamente de las futuras rendiciones de cuentas escenarios de mayor conflictividad que la habitual.

Empresas Públicas. Otro aspecto interesante es el rol que se les asigna a las empresas de propiedad estatal: “Buena parte del deterioro del resultado fiscal del período 2010-2014 se explicó por el desempeño de las empresas públicas, que además de mostrar menores resultados operativos llevaron adelante un fuerte proceso de inversión en los últimos años”.

En este sentido, desde el Ejecutivo se espera que las empresas públicas mejoren sus resultados operativos ya que esto “constituye un factor clave en el proceso de consolidación fiscal y, por tanto, en el logro de las metas fiscales previstas”, intentando que para el 2019 su aporte alcance el 3,3 por ciento del Pbi –un punto más que en 2014.

Quizás esta idea permite explicar por qué el ajuste de las tarifas de las empresas públicas fue levemente superior a la inflación de 2015, medida que no responde al aumento de los costos de las empresas, sino al intento de alinearlas con criterios macroeconómicos, de inflación y de rentas generales, como dijo la ministra Carolina Cosse (El País, 26-I-2016).

En consonancia con los compromisos electorales, se descartó la opción de incrementar los ingresos del Estado vía aumento de los impuestos –la presión tributaria se mantiene en el entorno del 27,5 por ciento del Pbi–, y se opta por aumentar los ingresos fiscales vía incremento de las tarifas, cargando a los hogares.

Educación y gasto público social. El área de educación es la que mayor incremento tiene –respecto a su línea base– en esta ley de presupuesto. Según se transmitió desde el Poder Ejecutivo, este aumento implica“alcanzar en 2017 un gasto en educación con respecto al Pbi de 4,7 por ciento”. Esto muestra que en los dos primeros años el incremento fue de 0,2 puntos porcentuales. Por lo que, con incrementos del 0,1 por ciento por año, recién se llegaría a cumplir la promesa de llegar al 6 por ciento del Pbi en 2030.

En esta línea, si analizamos la prioridad macroeconómica (gasto en un área sobre el Pbi) para Anep y Udelar, vemos que se mantiene prácticamente incambiada: en 2015 pesan un 3,69 por ciento, en 2016 un 3,74, y en 2017 un 3,72.

Si analizamos la prioridad fiscal (gasto en un área sobre el total del gasto público), vemos que la Anep cae de 12,89 por ciento en 2015 a 11,95 en 2017; mientras que la Udelar permanece casi igual: pasa de 2,98 por ciento a 3 en igual período.

En el caso de la salud (Ministerio de Salud Pública y Administración de Servicio Sanitarios del Estado), la prioridad fiscal pasa de 7,26 por ciento en 2015 a 7,29 en 2017. Y en el caso de vivienda la prioridad fiscal pasa de 0,11 por ciento en 2015 a 0,12 en 2017.

PPP en la estrategia de Inversión. Se espera en este quinquenio una importante inversión en infraestructura: dos tercios con fondos públicos y un tercio con fondos privados. Para ello, el rol de las inversiones bajo la modalidad participación público privada (Ppp) adquiere una relevancia muy importante. Corresponde por tanto analizar el peso que tienen las Ppp en determinadas áreas. A continuación se desglosa el porcentaje de este tipo de inversiones sobre el total para diferentes áreas: en energía 52,01 por ciento; en seguridad 46,15; en educación 41,03; en salud 33,90; en vialidad 31,36; en ferroviaria 25.

Esto supone que el Estado está generando una deuda a futuro y terminará pagando por estas obras un costo mayor (por lo que implica cualquier pago diferido contra una licitación normal). Además, resulta una suerte de especulación, porque para que se realicen todas las obras que el gobierno espera, se necesita que los actores privados encuentren dicha inversión atractiva, a la vez que cuenten con el flujo de capital para hacerla.

En síntesis, se consolida un escenario en el que habrá escasa expansión del gasto social. Además hay un claro avance privatizador que se manifiesta de dos formas. Por un lado –más visible–, hay un fuerte recorte en las empresas públicas, que abarca desde proyectos de tercerización y privatización vía Ppp hasta privatización abierta (ejemplo: represa en Río Negro que estará totalmente en manos de privados). Por otro lado –más sutil–, inversiones vía Ppp para servicios sociales como educación y salud.

De todos los compromisos electorales realizados por el actual Poder Ejecutivo, sólo uno se está cumpliendo: el no aumento de impuestos al capital (en un país en que el 1 por ciento más rico se apropia del 14 por ciento del valor generado). Los únicos proyectos tributarios en discusión actualmente son la creación de zonas francas temáticas. Así que estamos lejos de gravar más al capital y, en lugar de eliminar las exoneraciones fiscales, se estarían ampliando. Esto compromete la necesidad de recursos para aumentar la necesaria expansión de gasto público social en educación, salud y vivienda, así como en expandir la infraestructura, salvo que la opción sea mercantilizar todas esas áreas. n

*    Integrante de la Cooperativa Comuna.