Editorial ADES – Abril de 2014

Elección de horas y comienzo de cursos

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El 2014 parece hasta el momento no ser un año excepcional en cuanto a los ya clásicos problemas que lamentablemente caracterizan la educación pública. Si bien durante el año 2013 algunos liceos recibieron reparaciones, algunas de fondo como el 13, el 18 y el 45, son muchos los establecimientos que necesitan este tipo de reparaciones. En el presente período de gobierno se han construido 3 locales nuevos, tres para sustituir los viejos locales de los liceos 33, 54 y 70, y uno para inaugurar el Nº 73 en el barrio Borro. En las próximas semanas se procederá a inaugurar el nuevo local del liceo 17, que comenzó sus clases en el edificio de la Escuela España. En breve esta previsto el inicio de las obras de ampliación del liceo de rincón del cerro (Nº 43). No nos llaman la atención los liceos en los que se han realizado sustituciones y reparaciones profundas, dado que fueron algunos de los denunciados desde la Comisión de Infraestructura de ADES Montevideo y además, en varios casos, se trata de centros con importante presencia de compañeros sindicalmente organizados.
Observamos con preocupación que la política de ampliación por excelencia que las autoridades continúan utilizando es la colocación de contenedores. Los mismos son totalmente inadecuados desde todo punto de vista (acústico, térmico, sanitario, eléctrico). Hace pocos días se produjo un accidente en un contenedor. Un cortocircuito inició una pequeña llama que fue apagada por el extintor de un vecino de la escuela antes que llegaran los bomberos, lo que generó una gran humareda tóxica por el derretimiento de material plástico. Por suerte los niños estaban en el patio en ese momento y no hubo que lamentar el hecho más allá de las quemaduras del techo. “En agosto de 2012, tras un pedido de acceso de información pública que hizo el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), se supo que solo tres escuelas de todo el país decían tener habilitación de Bomberos. El resto o no contaban con ella, o declaraban ni siquiera saber si la tenían” (i) Si bien estos hechos se registraron en Primaria, la situación no nos es indiferente, primero por solidaridad y sensibilidad social, y segundo porque en Secundaria la situación es idéntica: solo un liceo hasta el año pasado decía tener habilitación de bomberos.
La elección de horas de este año ha sido más caótica que nunca. Como habrán podido apreciar, nuestro sindicato ha mantenido durante diciembre y febrero una guardia allí donde se designaban las horas de docencia para el año 2014. Fueron muchas las irregularidades, tantas que no hubo día donde los compañeros presentes no tuviesen que intervenir para defender derechos vulnerados, a punto de vulnerarse o no vulnerados por pura casualidad. Escalafones y listas de interinos mal confeccionadas, criterios injustos, no respeto de la normativa redactada y aprobada por el propio CES, cambios arbitrarios en los criterios que afectan a los docentes y que incluso se cambian en medio del proceso de elección, eligiendo parte de los docentes con un criterio y el resto con otro, generándose beneficios y perjuicios injustos por donde se lo mire; dualidad de criterios para situaciones congruentes, etc. Estas irregularidades se generan debido a la falta de planificación y control del proceso que culmina con la elección de horas por parte del CES, y que se potencia producto de la soberbia de las autoridades al no responder a los planteos del sindicato (dialogar y negociar no son lo misma cosa, señora Puente; además, siendo tan nueva en el cargo, debería escuchar a los que saben). Es insostenible la situación de funcionarios políticamente designados que poco conocen del reglamento y que no se hacen responsables de los problemas que ellos mismos generan. En especial denunciamos al Sr. Oscar Collado por su comprobada ineptitud, falta de voluntad y pésimo manejo de las problemáticas antes mencionadas. Por esta razón exigimos que se lo retire del cargo. Hemos constatado recientemente en dialogo con compañeros del interior que es esta misma actitud la que mantiene en todas las elecciones del país, generando él mismo los problemas.
La problemática en torno al tema viene de la mano con el retraso en el calendario, hecho que genera que al comienzo de los cursos haya miles de horas vacantes, es decir, miles de alumnos sin profesores y cientos de profesores que a esta altura del año no saben si podrán ejercer y de hacerlo cuántas grupos u horas tendrán a su cargo y de qué curso, con todos los perjuicios profesionales y personales que esto implica.
Todos estos problemas podrían haberse evitado si existiese una Comisión Departamental de Elección de Horas, como las que hay en cada departamento del resto del país (excepto en Canelones), integrada por representantes del CES, de ATD y sindicales. Exigimos su inmediata creación a los efectos de que estos problemas no se repitan en la próxima elección. De lo contrario, haremos la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la omisión en negociar un aspecto clave de nuestras condiciones laborales.

Los docentes decimos No a la baja

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Empezó la campaña electoral y uno de los temas más presentes en los medios de comunicación y en las campañas de los distintos sectores es el de la inseguridad. Una de las medidas que propone la derecha tradicional para solucionar este problema es la baja de la edad de imputabilidad a los 16 años. En las próximas elecciones la sociedad tomará postura sobre este tema a través de un plebiscito para reformar la Constitución. Nuestro sindicato se ha posicionado en contra de dicha medida entendiendo que significa un avance en las políticas represivas y no una solución real a la delincuencia en general, ni a la juvenil en particular. La gran mayoría de los delitos no son cometidos por jóvenes menores de edad. Además, “los menores” ya son imputables desde los 13 años y existen centros de reclusión para los adolescentes en los que viven cientos de jóvenes en condiciones de vida infrahumanas. Se trata de centros en su mayoría sobre poblados, con un fuerte énfasis en lo represivo y con escasas propuestas educativas.
La propuesta de bajar la edad de imputabilidad pretende atacar solo un aspecto de un problema mucho más general y complejo, el de la violencia en la sociedad. La violencia está presente en todos los niveles de la sociedad y cada vez más naturalizada. Los docentes constatamos este hecho en nuestros lugares de trabajo y sabemos que los jóvenes más pobres son unas de sus principales víctimas junto con las mujeres.
Consideramos que lejos de ser una solución, la baja agrava el problema, reduciendo la responsabilidad a los sectores más vulnerables de la sociedad, segregando a los jóvenes pobres y no atacando las causas estructurales de la violencia. Se instala la idea de que la baja permitirá combatir la delincuencia, reduciendo el debate a argumentar a favor o en contra del plebiscito, sin incluir en el análisis el resultado de años de políticas de exclusión social y marginación, que por ineficiencia u omisión generaron este presente.
El solo encarcelamiento de los adultos (con el agravante de las condiciones en las que vive la población carcelaria de nuestro país) no ha mostrado ser una solución efectiva para combatir la delincuencia, por lo que es cuestionable que para los jóvenes la misma medida tenga un efecto inverso. El avance represivo hacia los adultos y jóvenes no trae ninguna solución. Las políticas actuales no han conseguido que quienes delinquen se integren a la sociedad luego de cumplir su pena. Además, ha aumentado la estigmatización a la pobreza y en particular de la juventud pobre a través de políticas como los megaoperativos y campañas publicitarias nefastas como “Yo los defiendo”.
Los educadores tenemos mucho que proponer en este sentido. Sabemos que la educación es una de las herramientas fundamentales para abordar este tema y una necesaria aunque no suficiente alternativa a las políticas demagógicas que pocas soluciones aportan.
Para trabajar este y otros temas se conformó la comisión de Derechos Humanos de nuestro sindicato, a través de una moción votada en la asamblea del 21 de febrero de este año. Los compañeros interesados comenzaron a juntarse el viernes 21 de marzo y lo harán todos los viernes a las 19:30 horas en el local de ADES. Se trata de una comisión abierta, como todas las comisiones del sindicato y los horarios en los que se reúnen pueden modificarse en función de las posibilidades de los compañeros que se quieran sumar. Los invitamos a participar de las reuniones y actividades, para trabajar por este y todos los temas que se quieran proponer.

Mega Minería

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El proyecto Aratirí es un verdadero atentado contra la población de nuestro país. La minería a cielo abierto y de gran porte profundiza la depredación ambiental del modelo extractivo, llevado adelante por las grandes potencias capitalistas por intermedio del plan IRSA, saquea nuestros recursos nacionales, aumenta nuestra dependencia económica y liquida la independencia jurídica de nuestro país. La afirmación de que Aratirí generará empleo y una industria siderúrgica nacional, es menos que una fantasía, ya que el mineral de hierro será extraído y luego embarcado sin ningún tipo de procesamiento industrial. También se afirma que el emprendimiento minero dejará miles de millones de dólares a los que nuestro país “no puede renunciar”: esto es absolutamente falso, todavía no se conocen los términos del contrato a firmar con la minera, pero ya se sabe que incluirá cláusulas secretas. También se sabe que lejos de repartir alguna regalía, Zemín Ferrou cobrará la totalidad de la inversión realizada para explotar la mina, debiendo descontarse de la parte que le corresponde al Estado uruguayo las indemnizaciones a los damnificados por la mina. También se deberán descontar los miles de millones que se dejarán de percibir por la destrucción de algunos de los suelos más fértiles y productivos del Uruguay.
La lucha contra la mega minería viene siendo desarrollada esencialmente por diferentes organizaciones sociales, que se han movilizado para denunciar los efectos nefastos de su instalación en nuestro territorio. Las marchas multitudinarias en Montevideo y el interior demuestran la masividad y popularidad de esta lucha.
Ahora, sin renunciar a la movilización y la denuncia, desde algunas de estas organizaciones se impulsa la recolección de firmas para convocar un plebiscito en el que la población pueda decidir sobre esta cuestión. Atento a esto, la Asamblea general de ADES Montevideo resolvió sumarse, junto a la COFE y otros sindicatos y organizaciones sociales y políticas, a la campaña de recolección de firmas para convocar un plebiscito que apruebe la reforma constitucional del artículo Nº 47 de nuestra carta magna, que prohíbe la minería a cielo abierto en nuestro país.

La nueva agenda del progresismo

mercantilización

Si bien “nueva agenda progresista” se considera un espacio no partidario, que no define desde el punto de vista orgánico las políticas a seguir, “sino que su principal objetivo es la generación de un ámbito de intercambio y discusión de ideas e iniciativas desde una perspectiva transversal, autónoma y plural, combinando experiencias y saberes de la técnica, la gestión, lo público y el universo de la sociedad civil.” (ii) el análisis de sus documentos y exposiciones deja bien claro el posicionamiento político e ideológico de la mayor parte de quienes hoy gobiernan el país. Veamos a continuación la propuesta. Tras preguntarse cuáles son los objetivos que se proponen a nivel educativo, las respuestas son:

“- Ciudadanía y capital humano
– Inclusión y movilidad social, diversidad e igualdad de oportunidades
– Competencias, discernimiento y capacidades
– Comunidades educativas cuyo centro es el alumno…
– Ciclos integrados y continuos, centros con autonomía” (iii)

Claramente se marca el perfil ideológico de la propuesta, incluyendo en la base de la misma los postulados de Theodore Schultz. La educación es para que la gente adquiera habilidades y destrezas que le permitan insertarse en el mercado laboral (creación de “capital humano”). Se pretende dar a la educación el objetivo (demagógico) de escalar socialmente, es decir, de pasar a pertenecer a otra clase social más alta. Muy lejos queda la formación de sujetos críticos y transformadores de la sociedad. Nada de nuevo tiene esta agenda en relación a las propuestas neoliberales que desde los años 90 giran en torno a la educación.
Al proponer la forma en cómo se deben debatir los planes, los programas y el sistema educativo en general, se plantea que “La política educativa no se discute desde el sistema educativo, se discute desde los grandes objetivos y metas educativas fijadas por el sistema político para una sociedad deseable. El gobierno educativo no se discute desde el actual gobierno educativo de la ANEP, o la UDELAR se discute desde el proyecto educativo de la comunidad expresada en el sistema político”. Esto se traduce en que los docentes, estudiantes y padres no tienen nada que aportar. La misma visión plantea el candidato a presidente por el Partido Nacional, Jorge Larrañaga, cuando ante los conflictos de la FENAPES con el CODICEN planteaba que quienes debían decidir son los políticos, ya que ellos han sido electos por el pueblo y son por lo tanto los que mandan y el resto debe obedecer. Germán Rama en el año 1996 también se expresó en los mismos términos. Esta concepción pretende disfrazar de democracia a un marcado despotismo. Votar cada 5 años, luego callarse la boca. ¿Cómo interpretar, por ejemplo, el debate educativo del 2006 a la luz de estas propuestas? ¿Cómo un acto demagógico? La autonomía y el cogobierno planteados por el propio Frente Amplio en su programa y luego reafirmado por su militancia en el congreso Julio Castro para que “todos decidamos la educación del futuro” fue un fraude. Hoy, a tan solo 8 años, no se convoca a la participación y se menosprecia el rico aporte que los estudiantes y trabajadores en general podrían aportar como ya lo hicieron en aquel entonces. Además: “Los contenidos de las áreas o asignaturas no se discuten desde los curriculums, se discuten desde las competencias generales que se procuran lograr y estas se definen en términos normativos y pragmáticos.” Entonces cabe preguntarse ¿Qué es lo que vamos a decidir los docentes en los centros con autonomía? La respuesta parece clara: nada o, por lo menos, nada significativo. Otra vez la propuesta nos recuerda a la reforma Rama. El sistema propuesto se basa en la regimentación y obediencia de los docentes para con las autoridades y sus lineamientos “….Marco curricular general y flexible y moverse desde control” (…) “Crear una unidad de desarrollo curricular y un único cuerpo inspectivo para todo el sistema de educación básica redefiniendo sus cometidos: inspectivo de contenidos a la habilitación de proyectos, asesorar y evaluar los proyectos de centro, evaluar docentes en base a sistemas de evaluación docente estandarizados”.
El término “pragmático” está cargado de sentido. El pragmatismo es una corriente de pensamiento que plantea como criterio rector la utilidad. En cuanto a lo pedagógico, supone que el conocimiento es útil solo si este tiene un fin práctico, desconociendo el trasfondo político y/o ideológico que puede haber detrás de determinados hechos o decisiones. Esto va en consonancia con la concepción de capital humano y está en la vereda de enfrente de los que planteamos una educación integral que permita a los seres humanos, además de desenvolverse en la sociedad, ser capaces de cuestionarla estructuralmente y cambiarla.

La privatización de la enseñanza

estudiantes no mercancia

“El sistema educativo no es el sistema público formal de educación: es toda acción formativa de capital humano en donde el estado hará las veces de regulador, financiador o proveedor.” Al día de hoy, el Estado actúa como financiador y regulador, pero en general no como proveedor, esto último sería proveer a una institución privada de recursos para que esta se encargue, en palabras del progresismo, de producir capital humano. El traslado de recursos públicos a instituciones privadas se daría masivamente como se da hoy con el FONASA. Neoliberalismo de manual.
A esto agregamos que, en el marco de la escolarización (iv) de la educación secundaria, bajará definitivamente el nivel académico en las instituciones públicas (“Reagrupar toda la educación hasta terciaria en dos grandes subsistemas: educación básica y educación media superior. Educación básica se extiende en dos sub-ciclos desde inicial hasta lo que hoy es 3ero de liceo”…“ Sobre la base del marco curricular común agrupar actuales contenidos de asignaturas en 4 grandes mallas curriculares. Proyecto pedagógico por área colectivo o para jóvenes se extiende desde 4to de liceo hasta 6to año con 4to año común y tres opciones luego: preuniversitaria clásica con menos aperturas en orientaciones, técnica (habilitando a carreras cortas terciarias), y pasantías laborales fuertemente orientadas a oficios y tecnicaturas cortas en edades entre 15 y 20 años). Dar navegabilidad entre opciones mediante sistema flexible de acreditaciones, revalidas y exámenes. Créditos básicos, comunes a todas las ofertas habilitan a bachiller general”) el ciclo superior sería financiado por el estado pero gestionado por las empresas: “Este ciclo de Educación media superior debe tener al Estado como proveedor conjuntamente con el sistema privado y el mundo del trabajo. Estrategias de vouchers, financiamiento de la oferta y becas deben ser consideradas” estaríamos ante una reforma educativa claramente privatizadora y sin precedentes, bastante más a la derecha que la del propio Germán Rama.
Con esta privatización se introducen otros aspectos nefastos. La gestión del centro educativo tal como si este se tratara de una empresa privada. El poder patronal otorgado a las direcciones influye directamente en la forma de acceso al trabajo docente y en la carrera docente. Estos son puntos clave para los pro reforma. Queda claro nuevamente cómo se pretende regimentar la actividad docente cuando se plantea como un problema grande la “Ausencia de autonomía de centros para selección docente, ajuste curricular y administración de recursos…” Es decir que si a la dirección de un instituto no le gusta un proyecto presentado por el o la docente, que bien puede ser no compartir el proyecto por diferencias de principios políticos o ideológicos y no por aspectos técnicos, tiene la potestad de no permitir el acceso al trabajo. Además “Habilitar a las Directoras y comisión de padres a solicitar separación del cargo de docentes”, “Suprimir el actual sistema de selección de centros y cargos” (… )“Suprimir el actual sistema de salarios por antigüedad, incorporar presentismo en el sistema de puntajes y crear en su lugar un sistema de incentivos por asignación a grado y centro (progresividad). Carrera docente más flexible por evaluación estandarizada y concursos de oposición y mérito. Suprimir distinción entre efectivos e interinos, cargo es del centro. Sobre marco curricular base y ajustes a nivel de centros, docentes presentan su proyecto pedagógico a ser aprobado por dirección y cuerpos inspectivos. Comunidades de práctica y cargos de docentes referentes por malla curricular en los centros.” Eliminar la distinción entre efectivos e interinos es que todos pasemos a ser interinos pero con grado, pues si el acceso al trabajo depende en última instancia de la aprobación de un proyecto por parte de la dirección y la inspección el estado no está obligado a asegurar el trabajo de los docentes, se deslinda de esa responsabilidad. Esto ha pasado en otros países donde este tipo de reforma se ha implementado. Maestros y docentes con probadas calificaciones sin trabajo mientras que gente sin título era electa por las direcciones. (v)
La reforma incluye también la autonomía de centro desde lo curricular: “Un nuevo modelo de centro para el nuevo ciclo de educación básica. Proyecto centro y proyecto pedagógico con márgenes importante de libertad respecto a modelo básico.” Estas ideas, que ya son viejas, implicarían, de ser aplicadas, que gran parte de la currícula será adaptada según las características y necesidades de la población local. Así, los niños y adolescentes de un barrio pobre tendrán una educación y los de un barrio rico otra, ya que sus necesidades son distintas. Entra aquí el concepto de equidad, a cada cual según sus necesidades. El problema de este planteo es justamente el pragmatismo al que ellos mismos hacen referencia y los intereses sociales que intervienen a la hora de la aplicación de una reforma que coloca al ser humano en la categoría de recurso, de mercancía. No se analiza jamás el contexto económico-social en el que esta reforma se quiere implementar, causas que conducen al abandono del sistema educativo de miles de adolescentes. Simplemente se plantea que estamos mal, que el sistema es de baja calidad porque no retiene. Pero aparentemente esto cambiaría si dejamos que los privados gestionen fondos públicos, nada tiene que ver el crecimiento de la pobreza económica y cultural que todos los días los docentes observamos en nuestro trabajo.
La cuestión es formar mano de obra para los capitalistas y ser eficaz y eficiente en dicha tarea. Por eso es que se plantea pagarle a los docentes tomando en cuenta la cantidad de aprobados de su curso y se pretende que la repetición no sea una opción legítima o respetable a la hora de decidir el futuro inmediato de un estudiante. “Cambio en funciones y perfiles e incentivos de desempeño.”(…) “La discusión calidad y cantidad no admite ambigüedades: un sistema educativo que no retiene no puede ser considerado de calidad. Solo pueden aprender quienes están en el sistema.”(…)“Instrumento de repetición de uso extendido” Esto último es planteado como un problema en secundaria. Tendrían, estos tecnócratas, que dar clases en un primer año de ciclo básico para darse cuenta cuales son las consecuencias del pase social que han logrado imponer en educación primaria.
Por último, se puede observar que continúan apostando a un consenso con la derecha tradicional para impulsar y profundizar los cambios “¿Que falta para moverse hacia estas metas? Las condiciones de posibilidad. Voluntad política y grandes consensos nacionales en el sistema político.
Cualquier reforma integral enfrentará enormes obstáculos políticos”, por lo tanto, “Lo que se requiere en forma urgente es acordar un rumbo de reforma integral” entonces, ¿quiénes le hacen el juego a la derecha: los que peleamos por autonomía y cogobierno, mejores salarios y condiciones dignas para aprender y enseñar, o los que en acuerdos multipartidarios con esa misma derecha buscan profundizar insistentemente los proyectos neoliberales de los organismos internacionales de crédito y el gran capital?
Hace pocos días, en reunión con el Comité Ejecutivo de la FENAPES, el consejero Daniel Guasco reconoció que “se está preparando la cancha para una reforma mucho más profunda que la de Rama” en el próximo período de gobierno y Celsa Puente es una de las principales responsables de ir allanando el camino desde ahora y conducir esa reforma. También en reunión con el Comité Ejecutivo de la FENAPES, el consejero del CODICEN Néstor Pereira planteó que la promesa electoral de 6% del PBI “sería fácilmente alcanzable si se avanza en otros proyectos como el politécnico y alguna otra cosa”, quedando para la ANEP y la UDELAR el mismo monto presupuestal que ya recibe.
Por estas y otras razones es que, como ya lo dijimos anteriormente, dos parecen ser los aspectos centrales en la organización de nuestra lucha para el 2015. En primer lugar, la actualización, sistematización y profundización de los insumos elaborados los últimos dos años por nuestro sindicato en materia de salarios, infraestructura, creación de cargos y política educativa para responder de manera contundente a la avanzada neoliberal. Y un segundo aspecto a considerar de cara al 2015 es nuestra relación con el resto del movimiento sindical, para fortalecer la unidad luchando contra este tipo de reformas, por mejores condiciones de vida con un proyecto común de la clase trabajadora organizada de cara a la próxima ley presupuestal.

¡Por media canasta básica!
¡Por mejores condiciones para aprender y enseñar!
¡Por políticas educativas integrales que no reduzcan al ser humano a la categoría de simple recurso económico!
Afíliate al sindicato y participa