Editorial ADES – Junio de 2014

A un año de la huelga…

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Los docentes a mediados del año pasado iniciamos un paro por tiempo indeterminado en el cual reclamábamos aumento salarial, mejoras en infraestructura y políticas educativas integrales.

Con respecto a los salarios la situación no sólo no ha mejorado sino que los mismos continúan decreciendo a manos de la inflación, consecuencia del estancamiento económico por el cual el país comienza a transitar.

En relación al tema infraestructura hemos constatado que se han realizado obras de reparación en varios liceos de la capital. Esto no se debe a la buena voluntad de las autoridades, sino a la lucha y la denuncia constante que nuestro sindicato viene realizando en los últimos años, sostenidas en el estudio de la reglamentación vigente y en el trabajo militante de recorrer uno a uno los liceos junto a un técnico prevencionista. Sin embargo, hemos visto que en algunos casos los arreglos son superficiales y por lo tanto en esos liceos volveremos a padecer los mismos problemas en poco tiempo. Además, tenemos liceos cuyos edificios no están pensados para ser una institución educativa, es decir, casas viejas, conventos, que han sido “provisoriamente” refaccionados para que funcionen como liceos, y que no cuentan con espacios adecuados para llevar adelante los procesos de enseñanza. Por más que estos queden en buenas condiciones, no deberían ser utilizados como instituciones educativas.

Sumemos, que para este período de gobierno se preveía la construcción de 42 nuevos liceos, necesarios para sustituir edificios en pésimas condiciones y disminuir la superpoblación en las aulas. Sin embargo, el número de liceos construidos está muy lejos de ser el anunciado por las autoridades. De acuerdo a la publicación digital “ANEP en obra”, en 2012 se realizó una obra nueva (Ciudad del Plata) y en 2013 estuvieron en ejecución catorce obras nuevas (cuatro de ellas en Montevideo: Nº 7, 17, 54 y 70). Quiere decir que las nuevas obras representan el 36% de lo proyectado. Existen otras ocho obras (ejecutadas algunas, en trámite otras) que no contabilizamos como “liceos nuevos”, como plantea la Ley Presupuestal, debido a que son Institutos de Enseñanza Media y Centros Educativos Comunitarios: es decir, no son liceos. Y aún si los contabilizáramos, estaríamos muy lejos de lo proyectado, alcanzándose apenas un 55% de lo previsto en la Ley Presupuestal. En cuanto a las obras de ampliación, en 2012 tan solo se realizaron dos en el interior. Mientras tanto, en 2013-2014 se han realizado y/o están en ejecución otras ocho, entre ellas la del Nº 43 de Montevideo. Esto representa poco más del 50% de las obras de ampliación previstas a través de la construcción de aulas. Ante esta realidad, debemos continuar denunciando los problemas edilicios que subsisten y preguntar: ¿Dónde están los recursos que finalmente no fueron utilizados?

Hace unos días la noticia que irrumpió en los medios denunciando casos de inseguridad en el liceo 42, develó las carencias de funcionamiento debido a la falta de funcionarios (como porteros, que se vienen reclamando hace bastante tiempo) carencias que, según Ema Zaffaroni, no pueden solucionarse por “falta de presupuesto”. O sea que quien ha negado continuamente las denuncias sindicales, hoy reconoce que la principal reivindicación sostenida por nuestro sindicato, causa de muchas otras deficiencias del sistema educativo, es cierta, justa y necesaria.

Los problemas edilicios que presentan las instituciones de la enseñanza pública ponen en conocimiento la baja asignación de recursos materiales y presupuestales asignados a la educación, a su vez las condiciones de los espacios educativos también representan el valor que se le da a la tarea que allí se desarrolla. El lugar de importancia que las distintas autoridades le dan a la educación pública, se ve reflejado en la situación actual de la misma en cuanto a infraestructura, recursos materiales, salarios de sus funcionarios, cantidad de funcionarios y especificidad de los mismos y los planes educativos que pretenden imponerse. Respecto a estos se han dado señales en la última campaña electoral. Todos los candidatos de los partidos firmantes de los acuerdos educativos de la multipartidaria, han coincidido en que se debe ser más firmes en la aplicación de los planes y proyectos acordados, y a acordar (léase no escuchar a docentes por enésima vez y no ceder bajo ninguna circunstancia ante el rechazo de los sindicatos). Pensemos en las propuestas de Tabaré Vázquez: “4 – Enseñanza: Eliminar la deserción estudiantil en el Ciclo básico liceal y asegurar la permanencia de los jóvenes dentro del sistema educativo.” Sabemos, y ya lo hemos planteado en nuestro último boletín, que los integrantes del FA vienen manejando la posibilidad de no dejar repetidores a los gurises en ciclo básico, porque según sus tecnócratas, la repetición de un curso no sirve de nada. Otra propuesta es extender más aún el horario de clase, acuerdo que podrá darse con facilidad, ya que fue una de las propuestas del candidato a vicepresidente Jorge Larrañaga, en las internas de Junio. Estas posturas sobre educación no son propias de los candidatos, responden a los lineamientos que los organismos internacionales de crédito exigen a los estados, para luego considerarlos aptos para la inversión extranjera. En definitiva, las soluciones, que prácticamente no se dan a conocer, aparecen ante la población como mágicas o promocionales. “Vóteme a mí y le regalo una tablet”. No encontramos en las propuestas de ningún candidato la reducción inmediata de la cantidad de alumnos por grupos, construyendo más liceos, ni aumento de salarios para docentes y otros funcionarios de ANEP que permitan vivir dignamente con la unidad docente, ni transformar la educación con la participación decisiva de los trabajadores del sistema educativo, en lugar de los mandatos de las verdaderas corporaciones: las multinacionales industriales y/o financieras.

Agresión a docentes

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En lo que va del año lectivo se han registrado varios casos graves de agresión a docentes con intervención judicial y policial. En el liceo 41 una madre atacó a una docente por haber sancionado al hijo que participó de una pelea en la institución. En la escuela 115 una mujer golpeó fuertemente a la maestra de su hijo por ponerle una observación en conducta. Situaciones similares acontecieron en las escuelas 97,131 y 110, además de otras situaciones de violencia a las que está expuesto el docente, que se dan a diario pero que no tienen mayor repercusión. A simple vista podríamos afirmar que esto se debe a un aumento de la violencia en la sociedad en general y que la escuela, inmersa en ese entorno social, no escapa a tales efectos. Sin embargo, deteniéndonos un poco más, sin desconocer lo anterior, la agresión a los docentes es un fenómeno que pone de manifiesto otro problema no menor: la falta de reconocimiento social de su labor y el desprestigio al que han sido sometidos por los gobiernos de turno y sus colaboradores de prensa.

Sobrevuela en el imaginario colectivo la figura de un docente al que se le deposita la culpa y la responsabilidad de todos los problemas que aquejan a la educación. Las autoridades de la enseñanza, en la mayoría de los casos han contribuido a este tipo de representaciones con sus declaraciones despectivas en torno a nuestra labor. Se coloca toda la responsabilidad en el docente cuando son las autoridades quienes tienen el poder resolutivo. Se han deslegitimado en muchos casos nuestros reclamos. El propio Mujica, a propósito de nuestra reivindicación salarial, admitió que $ 17.000 para vivir “no dan”, pero sostuvo que ese es un salario por cuatro horas durante 180 días y por tanto “quedan horas para hacer otra cosa”. Desconociendo totalmente todo lo que hace a nuestra tarea educativa y a nuestra realidad como docentes. En otra ocasión nos acusó de no dar las clases de manera divertida y de no motivar a los alumnos. Es así que frecuentemente los estudiantes o sus padres, de manera individual o colectiva, nos responsabilizan de sus fracasos y nos critican utilizando estos mismos argumentos. A su vez, al momento de crear políticas educativas, de pensar estrategias de aprendizaje, criterios de evaluación, de diseñar los planes o programas, no se toma en cuenta la opinión del docente, que es tratado como un simple ejecutor y no como un profesional de la educación. Así es concebido el docente desde la autoridad y así se lo muestra en innumerables ocasiones. Estas representaciones son claves al momento de entender el aumento de la violencia hacia docentes.

Criminalización de la protesta

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Bajo el pretexto de la inseguridad y de la propaganda mediática realizada en ese sentido, el ministerio del interior ha realizado una inversión histórica en tecnología, recursos humanos y armamento para perseguir y reprimir militantes sociales y a los pobres de este país. Recordemos algunos de los hechos de los últimos años:

  • Mega operativos en barrios periféricos de Montevideo.

  • Represión de padres, docentes y alumnos del liceo 70.

  • Procesamiento con prisión de un militante sindical integrante del SUATT, Daniel Lamarteé

  • Los siete militantes procesados por protestas ante un golpe de la impunidad, que se da desde la SCJ con el traslado de la Jueza Motta.

  • Represión en las marchas del 14 y el 24 de agosto de 2013.

  • Dos presos asesinados en el COMCAR.

  • Dos compañeros de AFCASMU detenidos y maltratados por estar de pegatina.

  • Policía asesina por la espalda a un joven de Santa Catalina por ser pobre, plantandole un arma para justificar el hecho.

  • Denuncia a militantes de la Columna Cerro-Teja el pasado 1º de mayo.

En este sentido, consideramos necesario generar, desde el movimiento social organizado, una respuesta contundente a la situación de criminalización de la protesta que se está desarrollando en nuestro país. En lo inmediato, ante un nuevo expediente que abre causa a quienes solidariamente firmaron en apoyo a los siete compañeros procesados por manifestarse en la sede de la Suprema Corte de Justicia ante el traslado de la jueza Motta, recordamos la resolución de nuestra Asamblea General: respaldar política y jurídicamente a los compañeros firmantes a los efectos de proteger sus libertades, y realizar un paro de 24 horas el día que comiencen a declarar compañeros, en caso de que así sea.

Ante la represión, ¡Lucha y Organización!

El 2015, año en el cual se elabora la ley de presupuesto que regirá hasta el 2020, será crucial para poder conquistar nuestros reclamos. Por esta razón nuestro sindicato ya se ha planteado la posibilidad de realizar un paro por tiempo indeterminado, de no ser contempladas nuestras reivindicaciones en el anteproyecto.

¡Arriba los que luchan!