Editorial FENAPES: Ante la restauración, organización y lucha para avanzar

El mundo y la región viven los efectos de una de las crisis estructurales más feroces del sistema económico-social conocidos por todos como CAPITALISMO. Sus efectos y consecuencias afectan hoy la vida de millones de seres humanos en todo el planeta, comenzándose a sentir fuertemente en nuestra comarca más cercana y a nivel país.

Expresión de ésta es el giro a la “derecha” que en varias partes se viene procesando, incluso mediante “golpes de estado de nuevo tipo”, estrategia definida por el Imperialismo norteamericano, que buscan ya no sólo restituir al frente de los gobiernos a los representantes del capital financiero transnacional, sino que hoy ponen al frente de los mismos a sus exponentes directos; aunado a un conjunto de recetas de corte económico que traslada los costos de dicha crisis a espaldas de los trabajadores y el pueblo, con recetas de neto corte Neoliberal ya conocidas y sufridas, que buscan poner a salvaguarda la tasa de ganancia del gran capital.

En este marco, el Uruguay con una matriz económica capitalista dependiente basada en la renta agropecuaria y en la captación de inversión extranjera directa; y con un Gobierno cuyas principales acciones son proclive a profundizar la dependencia, el sometimiento al Imperialismo Norteamericano, a asegurar la tasa de ganancia y dar estabilidad jurídica al capital financiero transnacional, pero no a trabajadores activos y jubilados, ha iniciado en el plano económico un ajuste fiscal que tiene varios capítulos donde el último, llamado eufemísticamente de “consolidación fiscal”, no hace otra cosa que trasladar mediante rebaja salarial y recortes en el gasto social público –educación, salud, niñez, entre otros- los costos de la crisis económica a espaldas de los Trabajadores y el Pueblo.

En este sentido, y más allá de las legítimas consideraciones que cada uno pueda hacer, aparecen como reveladoras dos afirmaciones sostenidas por los representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público celebrado el viernes 10 de junio último ante la delegación del PIT-CNT.

La primera de ellas es que “el país no está en condiciones de asumir ninguna política ni acción contracíclica”, esto es, que haga frente a la situación de estancamiento económico en la cual dicen que nos encontramos. Esto implicaría, entre otras posibles medidas, aumentar la inversión pública invirtiendo más en salud, educación y vivienda; creando puestos de trabajo mediante la obra pública y mejorando salarios, y de paso jubilaciones y pensiones, con el consiguiente efecto dinamizador del mercado interno que este tipo de medidas conllevan.

Por el contrario,se asume al congelamiento salarial o directamente pérdida de salario contenido en las pautas salariales para el sector privado; los aumentos de las tarifas públicas por encima del IPC; los recortes que hoy se proponen en educación, salud y niñez; las limitaciones a las inversiones de las empresas públicas, entre otras del mismo signo, como las únicas medidas posibles, y que más que medidas procíclicas son medidas de blindaje al modelo económicosocial imperante que beneficia a unos pocos -al capital- y perjudica a otros -trabajadores, subempleados, desocupados, jubilados y pensionistas- es decir la inmensa mayoría de nuestro pueblo.

La segunda, es “que se priorizará el gasto social público”, medida que suena muy bonita a los oídos pero que no se condice con la realidad dado que del 12% de gastos que se recortan para el 2017 y que fueran aprobados en el Presupuesto Nacional el año pasado, y que eufemismo mediante dicen “diferir para 2018”, afectan muy fuertemente a áreas como educación, salud y niñez.

Al analizar los números oficiales del Poder Ejecutivo nos encontramos que se propone recortar del Presupuesto para el 2017 en $ 2964 millones (dos mil novecientos sesenta y cuatro millones de pesos) De este mosto, $ 2040 (dos mil cuarenta millones de pesos) corresponden a organismos del comprendidos en el Art. 220 de la Constitución de la República, distribuidos de la siguiente manera: ANEP $ 793 millones; UDELAR $ 649 millones (incluye partidas de aumentos salariales que no se otorgarían así como partidas destinadas a investigación y el Hospital de Clínicas); INAU $ 200 millones (básicamente partida a financiar aumento salarial del 3,5% acordada entre el Sindicato y el Directorio para el 2017); ASSE $ 350 millones; UTEC $ 100 millones.

Como se verá, en los números y dónde se recorta el gasto se comprueba cabalmente que no es cierto que el “gasto social público” se mantendrá. El grueso del recorte presupuestal recae sobre los insuficientes recursos con los cuales cuentan varios organismos del estado vinculados a áreas prioritarias, y demostrándose con esto que igual que en el pasado, bajo gobiernos de partidos de otro signo, una vez más se recorta el presupuesto a la educación y a la salud, afectando incluso el salario de trabajadores o incluso el ingreso de nuevo personal necesario.

Particularmente, estos recortes presupuestales repercuten negativa y fuertemente en el caso de la ANEP, y muy especialmente en Educación Media, y para ser más específicos aún en Secundaria, dado que el organismo rector, de asumir esta imposición del Poder Ejecutivo, debería echar mano a los recursos asignados por los artículos 552 y 554 de la Ley de Presupuesto Nacional, el primero con destino a dotar de los recursos materiales y de personal ante la creación de nuevos centros educativos, ampliación de otros o creación de nuevos grupos; y el segundo destina recursos para la consolidación de Educación Media, entre ellos recursos para la creación de nuevos cargos y las becas estudiantiles, así como obras de infraestructura.

Cierto también, que estos recortes conllevan implícitos otras definiciones, en especial la justificación a futuro de contar con mayor inversión en educación para temas necesarios como infraestructura, la que hoy se niega o recorta, pero que a futuro, amparada en la participación de capitales mediante las PPP u otras formas de privatización, generen las bases para crear las condiciones de la conformación del mercado educativo en nuestro país para que el sector privado venga a disputar y quedarse con buena parte del botín de guerra que son los más de 2.500 millones de dólares que hoy conforman el insuficiente presupuesto educativo.

Pero el proceso de ajuste fiscal no implica, lamentablemente, sólo recortes en materia presupuestal. Es que para impulsar estas definiciones desde diferentes ámbitos se impulsa también una agenda de recortes de derechos, y muy especialmente el de la Libertad Sindical, donde hay definiciones legales y también políticas que buscan mediante diversos mecanismos acallar cualquier crítica o acción organizada por parte de los trabajadores que pretendan hacer frente al paquete de medidas restauradoras.

El Decreto 401, que establece el descuento discrecional por parte de la Administración ante formas atípicas de la huelga llevada adelante por organizaciones sindicales; el abuso de los decretos de esencialidad –como en el caso de la educación-, la falta de negociación colectiva en el Estado, limitación al fuero sindical para representantes de los trabajadores, son algunas de las medidas tomadas en diferentes ámbitos del Estado que a diario debemos enfrentar, y que llevó a la delegación del PIT CNT presente en la 105ª Asamblea General de la OIT, celebrada recientemente en Ginebra, a denunciar dicha situación en su intervención en el pleno de la misma.

Dentro de este marco general debemos, a su vez, encuadrar el accionar del CES y el CODICEN de la ANEP. No es casual que hoy la Libertad Sindical; en su sentido amplio y genérico y el cual abarca a la organización sindical, el ejercicio del derecho de huelga y la negociación colectiva; pretenda ser avasallada desde la Administración. Esto ha llevado a la suspensión de los ámbitos bipartitos con el CES luego que se atacara e insultara a la organización sindical y sus dirigentes; no se cumpliera con los acuerdos alcanzados, se pretendiera cambiar las condiciones de trabajo sin negociación o violentando derechos estatutarios o se omitiera negociar con el Sindicato temas que son materia de negociación colectiva.

Es que también en educación, y en especial en la ANEP, existe la firme intención de concretar una agenda de reformas, de carácter restaurador, cuya base ideológica sigue siendo las recetas de los 90 actualizada por los acuerdos multipartidarios del Gobierno de José Mujica, y que tiene en la máxima autoridad del CODICEN de la ANEP su brazo ejecutor.Forman parte de esta agenda:

• La transformación institucional de la ANEP mediante dos acciones concretas: la primera, la centralidad en la definición y evaluación de las políticas educativas es tarea del CODICEN de la ANEP, violentando para ello la autonomía técnica de los Desconcentrados, los cuales pasan a ser meros ejecutores de políticas definidas y evaluados por otros; la segunda, creando la falsa ilusión de la participación de las “comunidades” en el hacer educativo mediante las Comisiones Departamentales Descentralizadas de ANEP, cuya experiencias en otro Desconcentrado arroja como saldo mayor burocratización, “feudalización” del sistema, y está dando lugar a prácticas reñidas con la legalidad.

• La reforma de carácter pedagógica, centrada particularmente en Educación Media, y más específicamente en Educación Secundaria, que nadie conoce en qué consiste y de la cual solo conocemos su nombre “Marco Curricular de Referencia Nacional”, pero que se intentará imponer por parte de las autoridades.

• La reforma de nuestras condiciones de trabajo, que se intentarán plasmar en la Reforma del Estatuto Docente, bajo la égida de recortar derechos y de establecer mecanismos de flexibilización laboral como el docente polifuncional, la elección por más de un año, entre otros aspectos.

Como se verá, estamos ante todo un cambio de época que requiere desde nuestra organización asumir algunos desafíos que permitan dar, en el marco de la unidad, la solidaridad y la lucha, no sólo respuestas colectivas en términos de resistencia a los cambios que se pretenden impulsar desde distintos ámbitos de gobierno, los cuales objetivamente implican una fuerte contradicción con nuestro programa y plataforma reivindicativa, sino que podamos desde la acción también avanzar en la materialización de nuestras aspiraciones.

Esto requerirá, en primer lugar, asumir la caracterización de la etapa y la estrategia definida por nuestro último Congreso, que se traduce ante la actual coyuntura en adoptar una posición férrea y unánime de un “antagonismo sin consenso” ante el intento restaurador, posición que debe expresarse en todo el accionar y en todos los ámbitos en los cuales actuemos; en segundo lugar, sin dejar de atender la cotidianeidad que nos rodea deberemos debatir, profundizar en al análisis y actuar sobre los temas estructurales y en particular sobre las reformas en curso; en tercer lugar, evaluar cada movimiento táctico a dar, prestando especial atención en cuanto el mismo contribuye a la estrategia general.

Por ello el título de esta editorial. Ante el programa restaurador, contrapuesto a nuestros intereses de clase, expresado en un programa que reúne al conjunto de la clase trabajadora y su marco de alianzas, cuyo objetivo es la “construcción de un país productivo, con justicia social y profundización democrática”, deberemos seguir en el marco de la unidad, la solidaridad y la lucha desplegando el accionar de nuestra Federación.