Informe anual al docente: de mal en peor

En estos últimos días hemos tomado conocimiento de la adopción de un criterio jurídico que implica un grave retroceso en materia de derechos del trabajador docente, relacionado con un capítulo central de todo estatuto laboral, ni más ni menos que la evaluación del docente: el informe anual o informe de dirección o inspección.

Ahora, según los servicios jurídicos de CoDiCen y Secundaria el informe anual al docente no sería recurrible.

La calificación: un instrumento de poder

Siempre hemos sostenido que en el sistema educativo, la evaluación del trabajador docente es absolutamente discrecional, regida por la nota de la unilateralidad del jerarca, es decir, deficitaria en materia de participación del evaluado y en consecuencia uno de los factores de mayor distorsión en el sistema de relaciones laborales en el ámbito educativo.

No pocas veces hemos advertido cómo, a través del informe anual al profesor, lo que en realidad ocurre es el deslizamiento de una suerte de reproche encubierto o solapado que nada tiene que ver con la evaluación objetiva del desempeño. Podemos afirmar que en muchas ocasiones el puntaje contenido en el informe se convierte en la medida exacta del castigo a quienes se atreven a seguir atesorando algunos extremos dignificantes del trabajo, que resultan a la postre un obstáculo para quienes desde la dirección de los centros o desde las inspecciones “gestionan” un sistema que “valora” el desempeño según la proximidad o funcionalidad del docente con quien ejerce el mando. En tal sentido, la actitud crítica, la autonomía profesional, el perfil militante, el reclamo al respeto por los derechos, la denuncia de lo que se considera irregular, etc., puede implicar el riesgo de un informe que no colme las mínimas expectativas de objetividad.

Podría relatar miles de historias en relación al punto. Un altísimo porcentaje de compañeros que se acercan al sindicato para hablar con los abogados lo hace precisamente por este tema.

Pero seguramente el caso más paradigmático, que expresa la gravedad de este asunto y que permite disipar cualquier duda respecto de lo que estamos señalando, lo constituye un dictamen internacional que expuso políticamente al Uruguay precisamente por este tema: En el año 2004 una compañera sub-directora fue perjudicada en su informe por desarrollar actividad sindical. La directora del centro al confeccionar el informe tuvo el “descuido” de verter algunos conceptos que hacían referencia a la cuestión sindical (…por asistir a reuniones de ADES en sala de profesores y no comunicar…). En aquel momento decidimos con ADES y FENAPES presentar una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la O.I.T., lo cual se hizo en el mes de junio de 2004. Si bien la Junta Calificadora desestimó dicho informe, el gobierno uruguayo debió participar de la querella internacional, no pudiendo evitar recibir una “recomendación” del Comité de Libertad Sindical, siendo éste uno de los tres casos que expusieron vergonzosamente al Uruguay en el año 2004 ante la jurisprudencia de la O.I.T. (336 informe del Comité de Libertad Sindical. Oficina Internacional del Trabajo. Consejo de Administración. Ginebra, marzo de 2005), página 213 a 216).

En aquel caso concreto, la subjetividad del evaluador quedó de manifiesto, lo cual nos permitió conducir la acción jurídico-política a su máxima expresión. Pero, todos somos conscientes que en la absoluta mayoría de los casos, que son cientos o miles, el elemento espurio queda siempre oculto o subyacente en el contorno de un sistema que por no contar con la participación activa e igualitaria de los interesados, debe partir necesariamente de una impuesta legitimidad de la discrecionalidad del que califica.

Lejos de corregir o modificar un sistema de evaluación del desempeño a todas luces deficitario y que ha generado tantos problemas, lo que ha venido ocurriendo es la consolidación – y según veremos, ahora en forma definitiva – de un sistema de control y disciplinamiento implementado desde las direcciones e inspecciones.

El novedoso criterio

Como es ampliamente conocido, en el transcurso del año, cientos de compañeros concurren al sindicato para ejercer el Derecho de Oposición contra el informe de dirección o inspección al docente. Ello determina la elevación de la oposición a la Junta Calificadora de la asignatura, la cual emite un dictamen o resolución, que concluye, digamos así, el proceso de evaluación al docente, confirmando o no el informe impugnado. Contra este acto de la Junta Calificadora, siempre que el docente lo desee, se interponen los recursos administrativos, lo cual obliga al CES y posteriormente al CODICEN a expedirse en vía administrativa, previo a una eventual acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Las hipótesis son las siguientes: – el docente puede dejar transcurrir los diez días hábiles con que cuenta para “oponerse” al informe adquiriendo éste el carácter de firme (es decir inamovible por preclusión de las vía de impugnación) – oponerse al mismo y lograr una resolución favorable de la Junta Calificadora terminando así el problema. – oponerse al mismo y que la Junta desestime la oposición dejando pasar los diez días corridos para recurrir quedando firme el informe – o interponer los recursos administrativos contra el dictamen de la Junta iniciando una vía administrativa que obliga a jurídica de CES y CODICEN a expedirse y eventualmente llegar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Ahora, según el nuevo criterio, la resolución de la Junta Calificadora no sería recurrible, por lo tanto, caería la vía administrativa y en consecuencia la eventual acción de nulidad ante el T.C.A. El derecho del docente se reduciría entonces a una especie de reclamo o “derecho al pataleo” ante una Junta Calificadora cuyos actos respecto al informe de dirección o inspección serán considerados “palabra santa”.

Esto es, a mi juicio, de extrema gravedad. Estamos asistiendo a la supresión de un derecho constitucional que se inscribe en un capítulo fundamental relacionado con los derechos emergentes de la condición humana, cual es el de poder resistir o defenderse frente a un perjuicio emergente de un acto del empleador público.

El argumento esgrimido en el ámbito del CoDiCen y adoptado en el ámbito del CES, es que lo recurrible no sería el informe de dirección o inspección sino la calificación anual, es decir, lo que el estatuto denomina antigüedad calificada, compuesta, entre otros por la aptitud docente, que a su vez se integra entre otros méritos, por los multicitados informes de dirección o inspección. Dicha interpretación se fundamenta en lo dispuesto por el literal 2 del artículo 55 del Estatuto del Funcionario Docente, que establece que el docente puede interponer los recursos contra la referida calificación anual.

Retroceso

Existen dos aspectos fundamentales que debemos relevar respecto del nuevo criterio. Uno jurídico y el otro de naturaleza político-institucional con el que se culminará este artículo.

Desde el punto de vista jurídico lo primero que debemos decir es que no se innovó ni se creó, sino que se cambió un criterio. Por lo tanto, cabría preguntarse: ¿cómo es posible que hayamos estado tan equivocados TODOS durante tantos años, recurriendo y tramitando recursos contra actos que por sus naturalezas eran irrecurribles? Esta interrogante conduce a otra que abordaremos en el análisis final: ¿son realmente razones jurídicas las que han conducido al cambio de criterio?

Desde el punto de vista estrictamente técnico, considero que el nuevo criterio es jurídicamente equivocado. Veamos:

Si bien es cierto que el inciso 2do. del artículo 55 del Estatuto Docente dispone que “la calificación anual” puede ser recurrida, lo que la norma no dice es que el informe al docente no lo pueda ser, y si lo dijera sería una norma definitivamente carente de validez jurídica ya que el derecho a recurrir los actos de la administración tiene consagración constitucional.

Sostener que lo recurrible es la calificación anual y no el informe implica la idea de que a este último solamente lo podemos impugnar mediante la recurrencia de aquella, o de que el informe al docente se trataría de una especie de “acto preparatorio” del único supuesto acto procesable: “la calificación anual”.

Sin ánimo de ser irrespetuoso en el análisis, creo que estas ideas son absolutamente erróneas y se contradicen con una interpretación integral del Estatuto Docente.

El informe al docente es un acto que por su contenido puede resultar agraviante de un derecho. Tener que esperar a la “calificación anual” para poder impugnarlo es francamente absurdo. La “calificación anual” es un acto diferente por su naturaleza y por su composición.

El informe de dirección o inspección al docente no fue previsto únicamente como insumo o componente de la “Calificación Anual”. Muy por el contrario, se trata de una manifestación de voluntad de la administración, en el sentido de evaluar el desempeño del profesor, que tiene otras implicancias o alcances. Es un acto con efectos propios, ajenos muchas veces a la calificación anual. Por ejemplo, posee efectos propios cuando se lo pondera como mérito en los concursos, y ni que hablar cuando se estipulan mínimos de puntajes de informes (generalmente 81) como requisito de admisibilidad para poder concursar. Véase la arbitrariedad que implica condicionar el derecho al ascenso respecto de actos de los que ni siquiera me puedo defender.

Es más, el Estatuto establece que si un docente efectivo posee menos de 51 puntos en “aptitud docente” pasará a una Junta de Inspectores que evaluará si el docente es apto o no, y en el caso de los interinos serán eliminados de los registros. Es decir entonces, que me pueden sacar del sistema, me pueden echar como consecuencia de actos que contienen manifestación de voluntad administrativa que en su momento no pude recurrir. Algunos dirán que lo recurrible es el acto de desvinculación, pero ello equivaldría a tener que revertir el resultado de un partido luego de un gol por penal sin golero en el arco.

Pero a mayor gravedad, el criterio consistente en considerar al informe de dirección o inspección como un acto preparatorio de la “calificación anual”, implica lisa y llanamente, dejar a miles de trabajadores docentes sin la más mínima posibilidad de defenderse frente a una mala evaluación del director o inspector. Ello es así si tenemos en cuenta que los docentes interinos no son evaluados ni ordenados por el régimen de la “calificación anual” prevista para los efectivos, por lo que según el nuevo criterio no contarán con oportunidad alguna para impugnar los informes.

Pero además ha sido siempre entendido tanto por doctrina como por jurisprudencia que son recurribles y en consecuencia relevables ante el T.C.A. los actos administrativos susceptibles de causar agravio o perjuicio y que comporten una decisión o manifestación de voluntad de la Administración dirigida a producir efectos.

¿Hacia un nuevo paradigma?

Para terminar cabría preguntarse si realmente son razones estrictamente jurídicas las que impulsan un retroceso tan grande. De hecho, las ideas o consideraciones que acabamos de hacer eran tácitamente compartidas en la medida en que no se nos esgrimían problemas formales a la hora de recurrir el dictamen de la Junta Calificadora respecto de las oposiciones a los informes de dirección y oposición.

Evidentemente, el decaimiento de los derechos y las garantías van imponiendo un nuevo modelo de funcionario o trabajador público que, en el marco de un nuevo tipo de gestión pública, resulta más “potable” ser concebido como adherente al modelo que como individuo crítico.

Esa concepción se impuso en nuestro país a través del nuevo Estatuto del Funcionario Público en la Administración Central y creemos, hubo intentos formales y estructurados en el ámbito educativo en esa misma dirección, como por ejemplo a través del intento de imposición del denominado PROMEJORA hace algún tiempo atrás.

Se trata de crear nuevos sistemas de relaciones laborales versátiles, flexibles, con funcionarios siempre dispuestos a adherir a los diferentes modelos de gestión. En ese sentido, un sistema de evaluación que mida el compromiso ideológico con el proyecto, como presupuesto para su imposición, visualizará siempre el ejercicio de los derechos y al hombre crítico como un verdadero problema.

Lo que hoy ocurre y lo que podría estar por venir nos indica que la pelea, aunque más no sea por poder interponer un recurso, se convierte en un hecho trascendental.

Daniel Parrilla

Asesor jurídico – ADES- FENAPES