Liceos Populares: ¡Chau democracia!

 

El 9 de agosto, varios policías de rostro cubierto llegaron al barrio Santa Catalina y, presentándose como agentes de la División Narcóticos, procedieron a golpear a un grupo de jóvenes e intentaron detener a varios de ellos. Cuando los vecinos comenzaron a concentrarse y denunciar los abusos, los policías se retiraron del lugar.

El 14 de agosto, día en el que recordamos a las decenas de estudiantes que fueron víctimas del terrorismo de estado entre 1968 y 1984, el Ministerio del Interior dispuso un operativo policial que supuso la colocación de vallas y contingentes de efectivos fuertemente armados en lugares por los cuales la marcha tenía previsto transitar, impidiendo de esa forma la circulación de los manifestantes. Cobardemente, la Guardia Republicana realizó disparos con balas de goma, hiriendo a muchos participantes de la marcha. Como ocurrió en 2011 con la comunidad educativa del Liceo 70, los disparos fueron hechos hacia los cuerpos de los manifestantes, sin importar que se tratara de personas en actitud pacífica, sin posibilidad alguna de resguardarse. Una vez finalizada la marcha, dos manifestantes fueron detenidos y posteriormente procesados sin prisión sin que existan filmaciones ni fotografías que los relacionen a hechos delictivos. El Poder Judicial procedió basándose exclusivamente en el testimonio de dos policías infiltrados en la marcha.

El 24 de agosto, los jerarcas del Ministerio del Interior dieron la orden de infiltrar la marcha que recuerda los incidentes del hospital Filtro, así como de detener doce jóvenes acusados de participar en los incidentes del 14 de agosto. La mitad de los detenidos no había participado en esa marcha. Lo único que tenían en común era que se habían juntado un rato antes en La Solidaria, espacio social y cultural que viene siendo hostigado por la policía desde 2012. Cuando se dirigían hacia el Obelisco, fueron interceptados en diferentes grupos por policías vestidos de particular armados con pistolas. Fueron esposados y subidos a camionetas y autos sin identificación. Durante el traslado a Jefatura, uno de los jóvenes fue amenazado con ser violado y otro fue golpeado. Los insultos fueron permanentes. Fueron fotografiados y luego se los obligó a desnudarse. Algunos fueron obligados a hacer plantón y fueron golpeados. Después fueron interrogados bajo amenazas de todo tipo. Si bien se los amenazó con ser derivados a un juez, eso nunca pasó. Tampoco pudieron hacer llamadas telefónicas. Después del interrogatorio, los dejaron en libertad.

El 29 de agosto, llamaron a su celular a una de las detenidas el día 24 desde la Dirección Nacional de Migraciones. Le comunicaron que el trámite de residencia que había iniciado estaba listo y que tenía que presentarse. A pocas cuadras de su casa fue interceptada por policías de particular en un auto blanco, que la detuvieron sin mediar explicación y la condujeron a la Comisaría de la Mujer. Allí fue desnudada y revisada por el personal femenino de la dependencia. Fue incomunicada y a nadie se avisó de su detención. Como las horas pasaban sin noticias de ella, sus familiares y amigos junto a un abogado salieron a buscarla. En todas las dependencias policiales les respondieron que no estaba detenida. Cerca de las dos de la madrugada, cuando finalmente supieron dónde estaba, su compañero fue a consultar a la mencionada comisaría. Preguntó cuál era el juzgado actuante y a qué hora la conducirían al mismo. Le dijeron que no sabían.

El 30 de agosto, otra de las manifestantes detenidas el 24, salió hacia la parada rumbo al trabajo. Vio estacionado un auto blanco enfrente. Estando al tanto de la detención de la otra chica el día anterior, alcanzó a mandar un mensaje: “Si no te llamo en media hora, me detuvieron de nuevo”. Apuró el paso hacia la esquina, en donde había gente del barrio que la conocía. El auto estacionado se puso en marcha, la alcanzó, los agentes se bajaron, le preguntaron el nombre y la detuvieron frente a la mirada atónita de los vecinos del barrio. Fue conducida a la Comisaría de la Mujer. No pudiendo comprobarse que las detenidas estuvieran involucradas en actos de violencia en la marcha del 14 de agosto, fueron liberadas cerca de las seis de la tarde.

El 3 de setiembre, policías de Jefatura y de Narcóticos, armados con ametralladoras, detuvieron a seis jóvenes en el barrio Santa Catalina, sin explicar nada. Tras inmovilizarlos, les pegaron golpes de puño, patadas y palazos. Liberaron a tres allí mismo y se llevaron a los otros, que fueron subidos a una camioneta en la que se les golpeó i insultó. Cunado uno de ellos increpó a los efectivos por el modo en que actuaban, le pisaron la cabeza y le dieron culatazos en la nuca. Le dijeron puto, llorón y bocón, lo golpearon en el pecho con la culata del arma y lo arrastraron hasta la seccional 19 (pues el golpe en el pecho lo había dejado sin aire y no podía caminar). Cada uno fue colocado en un calabozo diferente en el sótano de la seccional, donde funciona Investigaciones. Allí fueron desnudados y amenazados con ser violados, asegurándoles que serían acusados de vender droga y de portar armas.

 El 4 de setiembre, el Poder Ejecutivo dispuso la incautación de los equipos de transmisión de la radio comunitaria La Kandela de Tacuarembó, colectivo que ha jugado un papel protagónico en la pelea en contra de la mega minería a cielo abierto, que ha denunciado un sinfín de injusticias en su ciudad, que ha operado solidariamente con los trabajadores que luchan y que ha resistido con el respaldo popular los ataques del sistema político.

El 17 de setiembre, el fiscal penal Gustavo Zubía pidió siete procesamientos por la participación de 300 personas en el acto público realizado en la Suprema Corte de Justicia el 15 de febrero pasado, cuando la jueza Mariana Mota juró ante los ministros para pasar del juzgado penal a uno civil. Evidentemente, no es para nada casual la selección de siete manifestantes. Irma Leites es denunciante contra mandos civiles, militares y policiales por delitos de homicidio y tortura. Jorge Zabalza es denunciante de decenas de militares por tortura. Diego Jaume es organizador de las marchas nacionales en defensa de la tierra y los bienes naturales. Patricia Borda es profesora y militante de ADES. Para ellos cuatro, el fiscal pidió prisión. Además solicitó que sean procesados sin prisión Aníbal Varela (Secretario General de ADEOM), Álvaro Jaume (denunciante de torturas en el caso Boiso Lanza) y Eduardo Jaume (activista en defensa de la tierra y los bienes naturales). Zubía los responsabilizó por el delito de atentado con agravantes. Según el artículo 171 del Código Penal comete ese delito quien usando violencia o amenaza contra un funcionario público pretende impedir al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo o lograr el odio o el menosprecio, cosa que no ocurrió, de acuerdo a las propias declaraciones de la jueza Mota. La pena va de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría y se ve agravada si la ejercen más de tres personas, o si la violencia se ejecuta contra más de dos funcionarios o contra un cuerpo judicial (como pretende la Suprema Corte, que fue quien presentó la denuncia penal).

 

Todos estos hechos, llevan a la Agrupación Liceos Populares – Julio Andreoli a:

  • Repudiar los cobardes actos de represión planificados desde las jerarquías del Ministerio del Interior, ejecutados por psicópatas armados y cobijados por jueces que, criminalizando la protesta y absteniéndose de actuar de oficio frente a las denuncias de maltrato y torturas, le han dado un barniz de legalidad a la barbarie de la policía y la Suprema Corte.
  • Denunciar que el aparato represivo estatal, con el respaldo de la mayor parte del sistema político (que ha guardado un silencio cómplice), está siendo utilizado para una escalada represiva signada por la criminalización de la protesta y la estigmatización de la pobreza.
  • Censurar la decisión del Poder Ejecutivo de intervenir conversaciones telefónicas, cuentas de email y redes sociales. Se trata de una violación al derecho humano de la integridad, que comprende el derecho a la privacidad de los datos personales. A 28 años de la reinstalación de las instituciones democráticas, resulta anacrónica la magnitud del aparato represivo estatal.
  • Condenar la persecución ideológica del Poder Ejecutivo a las minorías políticas que más le molestan, en particular los anarquistas, cuyas luchas en la historia de este país han arrojado más conquistas para la clase trabajadora que el total de las que dudosamente podrían adjudicarse a los gobernantes de turno de 1985 a la fecha.
  • Declarar a Eduardo Bonomi y Jorge Vázquez enemigos de los derechos humanos fundamentales, pues son los responsables, por acción u omisión, de los recientes avasallamientos a las libertades de que todo ciudadano debe disponer en una república democrática.

Debemos resistir este escenario de represión, con el que el sistema político pretende marcar la cancha y amedrentar a los trabajadores, en especial a quienes venimos sosteniendo una dura conflictividad. Por ello convocamos a la más amplia solidaridad con los perseguidos, encarcelados y enjuiciados, comprometiéndonos a atender sus necesidades en la medida de nuestras posibilidades.

En defensa de las libertades

 Contra la criminalización de la protesta

Contra la estigmatización de la pobreza

Contra el terrorismo de estado de ayer y hoy

 ¡¡¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!!

Agrupación Liceos Populares – Julio Andreoli

Setiembre de 2013