El Estatuto Docente viola derecho jubilatorio

jubilados

 Si bien el Estatuto del Funcionario Docente prevé todo lo relativo a las prórrogas de actividad, por el principio de jerarquía que rige nuestro orden jurídico, y tal cual lo ha establecido una sentencia de la Suprema Corte de Justicia ante un reclamo que se realizó, actualmente rige en la materia el artículo 1 del Decreto-Ley 14.414, en la redacción dada por el artículo 194 de la Ley 16.462.

En 2012, el CODICEN de la ANEP decidió por sí y ante sí, en un tema que es objeto de negociación colectiva, solicitar al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) la derogación del artículo 194 de Ley 16.462, vigente desde 1992, modificando así el régimen de jubilaciones de los docentes de primaria, secundaria y educación técnico profesional. El MEC accedió y elevó un proyecto de Ley a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

El principal argumento esgrimido por el CODICEN es que la Constitución reconoce a la ANEP competencia exclusiva en la materia de su especialización, y que por lo tanto las jubilaciones del ente deben ser reguladas por el Estatuto del Funcionario Docente (EFD). Sucede que el CODICEN no parece haber evaluado los efectos de la entrada en vigencia del EFD en esta materia.

La Ley 16.462 establece que los momentos para solicitar prórroga de actividad docente son a los 30 y a los 35 años de trabajo. Para que la respuesta a la solicitud sea favorable se debe probar “capacidad psicofísica”. El plazo previsto para la solicitud de la prórroga es de treinta días subsiguientes a la fecha en que el funcionario haya cumplido los 30 o 35 años de servicio.

A partir de la fecha de solicitud, el CODICEN dispone de 180 días corridos para pronunciarse. “Vencido dicho plazo, sin resolución denegatoria por las causales antes mencionadas, la prórroga correspondiente se reputará concedida de pleno derecho”. Es decir, si en los seis meses posteriores a la solicitud de prórroga el Consejo no emite una resolución negativa, la prórroga se considera otorgada y por cinco años.

El EFD condiciona el otorgamiento de prórrogas a dos requisitos no comprendidos por la Ley que se pretende derogar: aptitud y actuación docente con un promedio no menor a 71 puntos en el último trienio; y la no existencia de docentes efectivos con déficit de clases u horas en el subescalafón, especialidad y departamento del peticionario.

Atendiendo a la realidad de la mayoría de las asignaturas hoy en el país, con cientos de profesores que no completan la unidad docente en su especialidad, o directamente no tienen trabajo, de aplicarse el EFD, a los 30 años de actividad serán jubilados todos los profesores de las asignaturas deficitarias.[1] Y ello constituye una violación a los derechos de los trabajadores reconocidos por las Leyes 16.713 y 18.395, según las cuales un trabajador que pruebe capacidad psicofísica para desempeñarse en su labor no puede ser obligado a jubilarse.

La legislación vigente en materia jubilatoria establece dos requisitos mínimos para jubilarse: 60 años de edad y un mínimo de 30 años de servicio. Ahora bien: se trata de requisitos mínimos, y no se obliga a jubilarse al trabajador que cumple tales requisitos. Por lo tanto, de derogarse el artículo 194 de la Ley 16.462 y aplicarse el texto del EFD, la ANEP estaría infringiendo un principio jurídico superior en un tema ajeno a su especialización.

Por otra parte, la principal razón por la que un docente solicita prórroga después de 30 años de trabajo es que no tiene otra forma de mantener un nivel de ingresos que le permita afrontar su vida. Por eso no debemos permitir que los compañeros sean jubilados a la fuerza. La jubilación discrecional de un docente a los 30 años de actividad es una condena a la carestía.

No estoy haciendo una defensa de extender el trabajo docente más allá de una edad razonable y deseable. De hecho, la Agrupación Liceos Populares – Julio Andreoli, a la que pertenezco, ha mocionado recientemente en la Asamblea General (recibiendo la aprobación) la incorporación a la plataforma reivindicativa de la configuración de causal jubilatoria con 25 años de actividad, sin importar la edad, con una retribución del 80% del salario promedio de los mejores tres años.

Lo que ocurre es que, mientras siga rigiendo el marco normativo actual para determinar el monto de las prestaciones jubilatorias, de aplicarse el EFD, cientos de trabajadores verán restringido su acceso a prórroga de actividad a los 30 años de servicio, con el consecuente otorgamiento de una retribución equivalente al 45% del salario promedio de los últimos diez años de actividad, siempre que no supere al promedio mensual de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, incrementado en un 5%.

En relación a esto último, debo decir que la disposición interna de la ANEP que eleva los topes jubilatorias para los docentes que se han desempeñado en cargos de Inspección, es inmoral. ¿Quién determinó que la sociedad debe asegurar una mejor jubilación a los inspectores que a los docentes de aula? ¿En base a qué criterios? En la actualidad, la diferencia de topes jubilatorias entre los inspectores y el resto de los docentes puede llegar a los $15.000. Pregunto: además de constituir una inmoralidad, ¿no se trata de una violación al texto de la Ley Jubilatoria? ¿Puede la autoridad de un ente ampliar los topes jubilatorias de una parte de sus subalternos, generando una diferencia no sólo con el resto de sus subalternos, sino con el resto de los trabajadores uruguayos?

Pero volvamos a considerar el caso de la jubilación forzosa de un docente de aula con 30 años de servicio. Un profesor de una asignatura deficitaria que comenzó su carrera a los 25 años de edad, alcanza la causal jubilatoria al momento de cumplir 30 años de trabajo, debido a que la docencia es una actividad que recibe bonificación sobre la edad y sobre el tiempo de servicio, de acuerdo a lo que establece la Ley Nº 16.713, en su artículo 26.

A los treinta años de actividad, un docente ha alcanzado ya en el escalafón el grado 7. Con 20 horas de trabajo, que es a la máxima cantidad de horas de docencia directa a las que puede acceder un profesor de una asignatura deficitaria, en el mejor de los casos recibe un salario nominal mensual de 28.885 pesos, de los cuales, dependiendo de su aporte al FONASA, recibe unos 22.000 pesos. De ese salario, un porcentaje no menor es por concepto de aumentos y partidas especiales que no aportan para su jubilación. Así, de jubilarse a los 30 años de actividad, el docente percibe una retribución jubilatoria que en ningún caso supera los 10 mil pesos, y que puede rebajarse hasta cifras cercanas a la jubilación mínima.

Una de las razones por las cuales la jubilación de un docente con 30 años de actividad puede caer hasta la jubilación mínima son las AFAPs, a las que estamos obligados a aportar todos los trabajadores que éramos menores de 40 años al 1º de abril de 1996, pues estamos comprendidos en el llamado Régimen Mixto. Dicho sea de paso: son abismales las diferencias en materia de retribución jubilatoria entre trabajadores que han realizado la misma labor pero que se acogen al Régimen Mixto unos y al Régimen de Transición otros (los que tenían 40 años o más de edad al 1º de abril de 1996), pudiendo llegar a $10.000 a favor de los amparados por el Régimen de Transición.

Al jubilarnos, los docentes que aportamos a las AFAPs, dado que estas nos pagarán un porcentaje de lo que hemos aportado a lo largo de nuestra carrera atendiendo a una estimación de nuestra expectativa de vida (que desvergonzadamente se establece en 110 años), y dado que con 30 años de actividad la expectativa es mayor por tratarse de trabajadores de aproximadamente 60 años de edad, la retribución mensual que percibiremos se reducirá significativamente.

En el conjunto de la clase trabajadora, el régimen de las AFAPs es especialmente grave para los docentes, pues, producto de nuestra bonificación, podemos tener derecho a jubilarnos, si lo deseamos, con 55 años de edad, siendo penados en tal caso con una retribución jubilatorias de hambre que atenta contra la bonificación, que deja ser un beneficio para convertirse en un castigo.

El camino para respetar la autonomía de la ANEP, contemplar las exigencias psicofísicas de nuestra actividad y destrabar la carrera a las nuevas generaciones no puede implicar una mísera retribución jubilatoria para los docentes que han dedicado su vida a la formación de las nuevas generaciones.

 

 

Causal jubilatoria con 25 años de actividad, sin importar la edad

Jubilación no menor al 80% del salario promedio de los mejores tres años de actividad

Equiparación de la tasa de aportes patronales con la tasa aporte personales

 

 

Julio Moreira

Agrupación Liceos Populares – Julio Andreoli

Mayo de 2013



[1] Son deficitarias en casi todos los departamentos del país las asignaturas Biología, Contabilidad, Educación Física, Educación Social y Cívica / Sociología / Derecho, Filosofía, Geografía, Geología, Historia, Idioma Español, Italiano y Literatura.