Exposición ante el Senado por Jubilaciones Docentes

Montevideo, 20 de Noviembre de 2012

 

Comisión de Constitución y Legislación del Senado

En primer lugar, agradecemos la cortesía de haber aceptado nuestra solicitud de reunirnos, especialmente si tenemos en cuenta que la iniciativa del proyecto de ley que nos convoca fue del CODICEN de la ANEP, el cual no tuvo la misma actitud que ustedes y decidió, por sí y ante sí, solicitar la derogación de una ley (Asunto Nº 248, del 20 de junio de 2012) que habilita la aplicación de una ordenanza que, en relación al sistema actual, modifica sustancialmente el régimen de jubilaciones de los docentes de primaria, secundaria y educación técnico profesional, sin que previamente hayan sido consultados los colectivos de trabajadores directamente involucrados en un tema que, de acuerdo a la Ley Nº 18.508, en su artículo 4, literal c, es objeto de negociación colectiva: “Negociación colectiva en el sector público es la que tiene lugar (…) con el objetivo de propender a alcanzar acuerdos que regulen (…) la estructura de la carrera funcional.”

Gracias a la solicitud de información que nuestro sindicato presentó ante el CODICEN para conocer las razones que lo llevaron a impulsar un cambio en la legislación, accedimos al Acta 51, Resolución 6, Expediente 1-2929/11, del 19 de julio de 2011. Por otra parte, el proyecto de ley que ha remitido el Ministerio de Educación y Cultura es precedido de un mensaje que también ofrece razones para la iniciativa.

El principal argumento es el siguiente: la Constitución, en su artículo 204, inciso 2º, reconoce a la ANEP competencia exclusiva en la materia de su especialización. En el mismo sentido, el artículo 61 de la Constitución establece que “Para los funcionarios de carrera, el Estatuto del Funcionario (…) reglamentará el derecho a la permanencia en los cargos”.

ADES-Montevideo comparte plenamente esta defensa de la autonomía de la ANEP, y suscribe que “ni la Ley ni el Poder Ejecutivo pueden tener ingerencia dentro del ámbito de la especialización del Ente”, pero quisiéramos que hubiese igual celo por proteger la autonomía en todos los asuntos, y no sólo en uno cuyos efectos perjudican a los trabajadores.

Sucede que, si bien es cierto que los artículos de ley que se pretenden derogar coliden expresamente con lo dispuesto por el Estatuto del Funcionario Docente, el CODICEN no parece haber evaluado los efectos de la entrada en vigencia del Estatuto en esta materia. Para que se entienda con claridad, hagamos una comparación en lo que refiere a la solicitud de prórrogas de actividad entre lo que dispone, por un lado, el artículo 1 del Decreto-Ley Nº 14.414, aprobado el 12 de agosto de 1975, pero cuya redacción está dada en el artículo 194 de la Ley de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 1992, Nº 16.462; y, por otro lado, el Estatuto del Funcionario Docente.

En relación a disposiciones anteriores, la norma de 1992 acotó las oportunidades para solicitar la prórroga de actividad docente a los 30 y a los 35 años. Por otra parte, delimitó el tipo de aptitud que el docente debe mostrar para que se le conceda la prórroga: “capacidad psicofísica”. Además, modificó los plazos previstos para la solicitud de la prórroga (en los treinta días subsiguientes a la fecha en que el funcionario haya cumplido los 30 o 35 años de servicio), así como el plazo para que el CODICEN se pronuncie (180 días corridos a partir de la fecha de solicitud).

Pero quizá la modificación más importante que introdujo la Ley de 1992 es la que cierra el artículo en cuestión (194): “Vencido dicho plazo, sin resolución denegatoria por las causales antes mencionadas, la prórroga correspondiente se reputará concedida de pleno derecho”. Es decir, si en los seis meses posteriores a la solicitud de prórroga el Consejo no emite una resolución negativa, la prórroga se considera otorgada y por cinco años.

Si bien el Estatuto del Funcionario Docente prevé todo lo relativo a las prórrogas de actividad, por el principio de jerarquía que rige nuestro orden jurídico, y tal cual lo ha establecido una sentencia de la Suprema Corte de Justicia ante un reclamo que se realizó, actualmente prevalece el artículo 1 del Decreto-Ley 14.414, en la redacción dada por el artículo 194 de la Ley 16.462. Este es el mecanismo que debe regir las solicitudes de prórroga hasta el momento; de no ser así, el ente se expone a recursos en su contra a los que les asiste razón.

De aprobarse el proyecto de ley que ustedes estudian, las prórrogas de actividad sí deberán ajustarse a lo previsto por el Estatuto del Funcionario Docente. Al igual que el artículo 194 de la Ley 16.462, éste prevé que el otorgamiento de prórrogas es competencia del CODICEN, pero a propuesta fundada del Consejo desconcentrado y condicionada a requisitos que, si bien están contemplados por la ley que se pretende derogar, en el texto del Estatuto están dotados de mayores exigencias:

a) solicitud del interesado presentada dentro de los treinta días corridos subsiguientes a la fecha de vencimiento del respetivo período;

b) capacidad psicofísica acreditada ante el servicio médico del Ente;

c) aptitud y actuación docente con un promedio no menor a 71 puntos en el último trienio;

d) considerar la existencia de docentes efectivos con déficit de clases u horas en el subescalafón, especialidad y departamento del peticionario.

La más importante diferencia entre la Ley 16.462 y el Estatuto del Funcionario Docente es en relación al otorgamiento de prórrogas a los 30 años de servicio. Mientras que la norma de 1992 apenas exige verificar la correcta actuación docente y la capacidad psicofísica requerida para otorgar la prórroga, el Estatuto exige un puntaje no menor a 71 y, fundamentalmente, la no existencia de docentes efectivos con déficit. Atendiendo a la realidad de la mayoría de las asignaturas hoy en el país, con cientos de profesores que trabajan como adscriptos, o no completan la unidad docente en su especialidad, o directamente no tienen trabajo, la concesión de prórroga en esas asignaturas se tornaría casi imposible.

El Oficio del CES Nº 8622/09, del 9 de diciembre de 2009, que establece cuáles son hasta el día de hoy las asignaturas deficitarias, permite comprender la magnitud de la modificación que se originaría de aprobarse el proyecto de ley que ustedes consideran, que alcanzaría en casi todos los departamentos del país a los profesores de Biología, Contabilidad, Educación Física, Educación Social y Cívica / Sociología / Derecho, Filosofía, Geografía, Geología, Historia, Idioma Español, Italiano y Literatura.[1]

Una segunda diferencia, en la que más enfatizaron los consejeros Wilson Netto y Juan Pedro Tinetto, que asistieron a esta Comisión el día 30 de octubre, pero que no reviste tanta importancia y que, por lo tanto, entendemos no debe ser el eje de la discusión, la ley aún vigente establece que los requisitos para aspirar a una prórroga tras 35 años de trabajo son iguales que para el caso de 30 años: haber tenido una actuación correcta y probar capacidad psicofísica para continuar. Pero según el Estatuto del Funcionario Docente, las solicitudes de prórroga después de los 35 años de servicio sólo serán atendidas en casos excepcionales de necesidad o de relevantes condiciones del peticionario.

Nuestro sindicato entiende que, en este punto, es correcta la disposición estatutaria. Por dos razones. La primera es que, dada la naturaleza de la función docente y las exigencias psicofísicas que ella supone, es deseable que se restrinja el desempeño de la misma por antigüedad, y no a los treinta y cinco o treinta años de actividad, sino a los veinticinco; especialmente hoy, que las condiciones en las que ejercemos nuestra profesión se han deteriorado gravemente, fundamentalmente en lo que hace a infraestructura, número de estudiantes por grupo y problemáticas no educativas de buena parte del estudiantado. La principal razón por la que un docente solicita prórroga después de 30 o 35 años de trabajo es que no tiene otra forma de mantener un nivel de ingresos que le permita afrontar con cierto decoro los últimos años de su vida.

La segunda razón es que consideramos imprescindible destrabar la carrera docente a las nuevas generaciones de profesores, cuya realidad hoy está signada por el desempleo o el subempleo, y que deben recorrer largas distancias de un liceo a otro por no acceder a horas en un mismo centro.

Volvamos, pues, a lo que entendemos será un cambio drástico y dramático en la carrera funcional de los docentes de primaria, secundaria y educación técnico profesional, de aprobarse el proyecto de ley que ustedes consideran: cientos de trabajadores verán restringido su acceso a prórroga de actividad a los 30 años de servicio, con el consecuente otorgamiento de una retribución jubilatoria equivalente al 45% del salario promedio de los últimos diez años de actividad, según lo prevé la Ley 18.395, aprobada en 2008.

Consideremos lo siguiente. La edad promedio en la que se comienza a ejercer la tarea docente se ubica entre los 25 y los 30 años. Esto tiene que ver con que cada vez es mayor la edad de egreso de la enseñanza secundaria, y que, como las propias autoridades de la ANEP lo han reconocido, la mayor parte de los estudiantes de profesorado transitan lentamente por los institutos de formación. Si bien es cierto que en las asignaturas en las que no existen suficientes docentes en actividad para cubrir la cantidad de horas existente, un estudiante de formación docente puede acceder a grupos a su cargo, lo que aquí discutimos es la realidad de las trece asignaturas deficitarias, las cuales, por serlo, no habilitan a que los estudiantes de formación docente puedan acceder a horas de trabajo; en el menos frecuente de los casos, cubren suplencias de corta duración.

La Ley Nº 18.395, del año 2008, establece que para configurar causal de jubilación común, se exigirán sesenta años de edad y un mínimo de treinta años de servicios. En el caso de un profesor de una asignatura deficitaria que comenzó su carrera a los 30 años de edad, alcanza la causal jubilatoria al momento de cumplir 30 años de trabajo. Pero lo mismo ocurre con el profesor de asignatura deficitaria que comenzó su carrera a los 25 años de edad, debido a que la docencia es una actividad que recibe bonificación sobre la edad y sobre el tiempo de servicio, de acuerdo a lo que establece la Ley Nº 16.713, del año 1995, en su artículo 26.

A los treinta años de actividad, un docente ha alcanzado ya en el escalafón el grado 7. Examinemos la remuneración que percibe por su unidad de 20 horas de trabajo, que es a la máxima cantidad de horas de docencia directa a las que puede acceder un profesor de una asignatura deficitaria. Su remuneración presentará ligeras diferencias dependiendo de si es o no titulado, trabaja en un liceo de primer o de segundo turno, con o sin extensión horaria. La información ha sido tomada del informe sobre “Presupuesto para la educación” del consejero Néstor Pereira Castillo, del 22 de setiembre de 2012, y que recoge los valores corrientes a enero de 201

En el mejor de los casos el profesor percibe un salario nominal mensual de 26.000 pesos, de los cuales, dependiendo de su aporte al FONASA, recibe entre 20:500 y 21.000 pesos. Sucede que, de ese salario, un porcentaje no menor es por concepto de aumentos y partidas especiales que no aportan para su jubilación. Todo esto hace que, de jubilarse a los 30 años de actividad, el docente comience a percibir una retribución jubilatoria que en ningún caso superará los 8 mil pesos, y que puede rebajarse hasta cifras cercanas a la jubilación mínima.

A ello se suma que, los docentes que han pasado al sistema de las AFAPs, en la medida que perciben un porcentaje de lo que han aportado a lo largo de su carrera basándose en una estimación de expectativa de vida, y dado que su expectativa es mayor por tratarse de trabajadores con 55 o 60 años de edad, la retribución mensual que percibirán se reducirá significativamente.

Por lo expuesto, la aprobación del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ha remitido a vuestra Comisión, implica condenar a condiciones de carestía a los docentes que se jubilan tras treinta años de actividad, pues, como establece la Ley 18.395, en ese caso la retribución jubilatoria básica es del 45% del salario promedio de los últimos diez años de trabajo.

El camino para respetar la autonomía de la ANEP, contemplar las exigencias psicofísicas de nuestra actividad y destrabar la carrera a las nuevas generaciones no puede implicar una mísera retribución jubilatoria para los docentes que han dedicado su vida a la formación de las nuevas generaciones de nuestra sociedad.

Es por eso que solicitamos a ustedes que aplacen la discusión de este proyecto a los efectos de dar tiempo a la instalación de un ámbito de negociación entre el CODICEN de la ANEP y los sindicatos de la Coordinadora de los Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, con el objetivo de llegar a un acuerdo en la materia antes de que este proyecto de ley sea aprobado.

 

Redacción del texto: Julio Moreira

Noviembre de 2012


[1] Detalle de asignaturas deficitarias:

Artigas: Biología, Ed. Física, Ed. Soc. y Cív., Derecho, Geografía, Historia e Italiano.

Canelones: Biología, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Filosofía, Geografía, Geología, Historia, Id. Español, Italiano y Literatura.

Cerro Largo: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho Historia e Id. Español.

Colonia: Biología, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Filosofía, Geografía, Historia, Id. Español, Italiano y Literatura.

Durazno: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Historia, Id. Español, Italiano y Literatura.

Flores: Astronomía, Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Filosofía, Geografía, Historia, Italiano y Literatura.

Florida: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Filosofía, Geografía, Historia, Id. Español, Italiano y Literatura.

Lavalleja: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Filosofía, Geografía, Historia, Italiano y Literatura.

Maldonado: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Filosofía, Geografía, Historia y Literatura.

Montevideo: Biología, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Filosofía, Geografía, Geología, Historia, Id. Español, Italiano y Literatura.

Paysandú: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Geografía, Geología, Historia, Italiano y Literatura.

Río Negro: Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Geología, Historia e Italiano.

Rivera: Biología, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Geografía, Historia y Literatura.

Rocha: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Filosofía, Geografía, Historia, Id. Español, Italiano y Literatura.

Salto: Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Filosofía, Geografía, Geología, Historia, Id. Español, Italiano y Literatura.

San José: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Filosofía, Geografía, Geología, Historia, Italiano y Literatura.

Soriano: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Geografía, Geología, Historia, Italiano y Literatura.

Tacuarembó: Biología, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Geografía, Historia, Italiano y Literatura.

Treinta y Tres: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Geografía, Historia, Italiano y Literatura.