Liceos Populares: Insumos para la pelea presupuestal 2015 (1)

2010-2014: Nueva postergación al presupuesto de la educación

La llegada del Frente Amplio al gobierno nacional implicó un aumento en el gasto en educación, pero nunca cumplió con su promesa electoral de invertir el 4,5% del PBI. Contrariamente a lo que sucede en el resto del mundo, a partir de 2005 se comenzó a medir el gasto público por “área programática” y no por inciso. Este procedimiento llevó a que se incluyeran como presupuesto educativo ítems que no formaban parte de los reclamos de los gremios y sindicatos de la enseñanza, como la Escuela Policial, la Escuela Militar, políticas focalizadas del MIDES y el Plan Ceibal (todos ellos ejecutados con total prescindencia de ANEP y UdelaR). Con esta nueva contabilidad, el gobierno argumenta que ya cumplió con el prometido 4,5%. Ahora bien, si miramos el gasto corriente tomando sólo la UdelaR y la ANEP con relación al PBI, observamos que se alcanzó el 3,9% en 2011 y el 4% en 2012. Junto a Guyana, El Salvador, Guatemala y Perú, el presupuesto uruguayo para la educación es de los peores de América Latina, como puede verse en el cuadro 1 (de elaboración propia).

+ Aportes de las agrupaciones - Postergación presupuestal - Liceos Populares - Cuadro 1

 

 

Esto quiere decir que, a pesar de haberse mejorado sustancialmente el 2,7% del PBI del año 1999, no se ha alcanzado la meta del 4,5%, y muy lejos estamos del 6% mínimo para ANEP y UdelaR que desde hace años exigimos los gremios y sindicatos de la enseñanza.

Por otra parte, al igual que pasa con los salarios, es necesario medir el poder de compra real de un presupuesto. Si ajustamos por inflación el PBI y el gasto en educación, se constata que los datos no son tan alentadores: en 1999 se invertía el 2,4% del PBI y en 2011 el 2,8%. Para decirlo de manera más clara: con el presupuesto de 2011 podemos comprar de sistema educativo (horas docentes, inversión en escuelas, etcétera) casi lo mismo que en 1999. Esto se debe a que la inflación de la educación superó a la inflación promedio de la economía. Si a esta cifra la miramos por estudiante, como la matrícula ha crecido para todo el sistema educativo, el esfuerzo real realizado por estudiante en 2011 es un 10% menor que en 1999.

 

Depresión de los salarios docentes

El gobierno habla del fuerte incremento salarial que recibieron los trabajadores de la enseñanza durante la administración frenteamplista. Sin embargo, hoy los salarios del sector apenas alcanzaron un poder de compra un 12% mayor que en 2001, año previo a la crisis económica. El panorama es incluso más desalentador cuando contextualizamos los salarios de la enseñanza en relación con el resto de la economía. Un trabajador promedio de la enseñanza en 2011 ganaba 16.186 pesos, encontrándose en el puesto número 20 de los profesionales calificados (empleados con más de 16 años de estudio, rubro en el que la educación aventaja al resto de las actividades).

Si comparamos la evolución del salario docente con la de sectores no calificados (ver gráfico 1), encontramos que es sensiblemente inferior a la de los trabajadores de minas y canteras, y se encuentra por debajo de la de los trabajadores forestales, tabacaleros y albañiles. Y no debemos obviar que en 2014 un agente de policía de segunda pasó a ganar entre $U 27.000 y $U 30.000.

+ Aportes de las agrupaciones - Postergación presupuestal - Liceos Populares - Gráfico 1

Resulta interesante analizar el valor del salario en relación al resto de la economía. En el cuadro 2, puede verse el salario promedio de un trabajador según sector de actividad. Se exponen los primeros diez mejores pagos y la educación que se encuentra en el puesto 20, sobre un total de 34 sectores de actividad.

+ Aportes de las agrupaciones - Postergación presupuestal - Liceos Populares - Cuadro 2

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, si bien el salario docente ha mejorado en los últimos años, dicha mejora ha sido modesta en relación al resto de la economía y en términos absolutos como para revertir los bajos niveles que se arrastran del pasado.

El costo de la canasta básica familiar ha llegado ya a $U 50.064,593. Si consideramos que un docente que recién se integra al sistema (grado 1), egresado, efectivo y titulado, tiene un salario nominal del entorno de $U 17.000, deducimos que percibe la tercera parte del valor de la canasta. Y, en realidad, percibe en la mano (salario líquido) una proporción que se reduce a la cuarta parte de la canasta.

Si bien los incentivos para hacer una carrera docente no sólo son económicos, ésta es una de las causas que explica la falta de maestros, la caída de la matrícula de Magisterio e IPA, la falta de formación permanente de los docentes, las enfermedades laborales por sobre exigencia de horario laboral y los problemas edilicios.

 

Jubilaciones de hambre

Si bien el Estatuto del Funcionario Docente (EFD) prevé todo lo relativo a las prórrogas de actividad, por el principio de jerarquía que rige nuestro orden jurídico, y tal cual lo ha establecido una sentencia de la Suprema Corte de Justicia ante un reclamo que se realizó, actualmente rige en la materia el artículo 1 del Decreto-Ley 14.414, en la redacción dada por el artículo 194 de la Ley 16.462.

En 2012, el CODICEN de la ANEP decidió por sí y ante sí, en un tema que es objeto de negociación colectiva, solicitar al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) la derogación del artículo 194 de Ley 16.462, vigente desde 1992, modificando así el régimen de jubilaciones de los docentes de primaria, secundaria y educación técnico profesional. El MEC accedió y elevó un proyecto de Ley a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

El principal argumento esgrimido por el CODICEN es que la Constitución reconoce a la ANEP competencia exclusiva en la materia de su especialización, y que por lo tanto le corresponde regular las jubilaciones del ente. Sucede que el CODICEN no parece haber evaluado los efectos de la entrada en vigencia del EFD en esta materia.

La Ley 16.462 establece que los momentos para solicitar prórroga de actividad docente son a los 30 y a los 35 años de trabajo. Para que la respuesta a la solicitud sea favorable se debe probar “capacidad psicofísica”. Pero el EFD condiciona el otorgamiento de prórrogas a dos requisitos no comprendidos por la Ley que se pretende derogar: aptitud docente con un promedio no menor a 71 puntos en el último trienio; y la no existencia de docentes efectivos con déficit de horas en el subescalafón, especialidad y departamento del peticionario.

Atendiendo a la realidad de la mayoría de las asignaturas hoy en el país, con cientos de profesores que no completan la unidad docente en su especialidad, o directamente no tienen trabajo, de aplicarse el EFD, a los 30 años de actividad serán jubilados todos los profesores de las asignaturas deficitarias.[1] Y ello constituye una violación a los derechos de los trabajadores reconocidos por las Leyes 16.713 y 18.395, según las cuales un trabajador que pruebe capacidad psicofísica para desempeñarse en su labor no puede ser obligado a jubilarse.

La legislación vigente en materia jubilatoria establece dos requisitos mínimos para jubilarse: 60 años de edad y un mínimo de 30 años de servicio. Ahora bien: se trata de requisitos mínimos, y no se obliga a jubilarse al trabajador que cumple tales requisitos. Por lo tanto, de derogarse el artículo 194 de la Ley 16.462 y aplicarse el texto del EFD, la ANEP estaría infringiendo un principio jurídico superior en un tema ajeno a su especialización.

Por otra parte, la principal razón por la que un docente solicita prórroga después de 30 años de trabajo es que no tiene otra forma de mantener un nivel de ingresos que le permita afrontar su vida. Por eso no debemos permitir que los compañeros sean jubilados a la fuerza con jubilaciones de hambre.

Mientras siga rigiendo el marco normativo actual para determinar el monto de las prestaciones jubilatorias, de aplicarse el EFD, cientos de trabajadores verán restringido su acceso a prórroga de actividad a los 30 años de servicio, con el consecuente otorgamiento de una retribución equivalente al 45% del salario promedio de los últimos diez años de actividad. Actualmente, esto representa para la gran mayoría de los docentes una retribución jubilatoria de aproximadamente 10 mil pesos, y que puede rebajarse hasta cifras cercanas a la jubilación mínima.

Una de las razones de tan míseras jubilaciones son las AFAPs, a las que estamos obligados a aportar todos los trabajadores menores de 40 años al 1º de abril de 1996, comprendidos en el llamado Régimen Mixto. Al jubilarnos, los docentes que aportamos a las AFAPs, dado que estas pagan un porcentaje de lo que hemos aportado a lo largo de nuestra carrera atendiendo a una estimación de nuestra expectativa de vida (que desvergonzadamente se establece en 110 años), y dado que con 30 años de actividad la expectativa es mayor por tratarse de trabajadores de aproximadamente 60 años de edad, la retribución mensual se reduce significativamente.

El camino para respetar la autonomía de la ANEP, contemplar las exigencias psicofísicas de nuestra actividad y destrabar la carrera a las nuevas generaciones no puede implicar una mísera retribución jubilatoria para los docentes que han dedicado su vida a la formación de las nuevas generaciones.

 

 

Agrupación Liceos Populares – Julio Andreoli

Junio de 2013



[1] Son deficitarias en casi todos los departamentos del país las asignaturas Biología, Contabilidad, Educación Física, Educación Social y Cívica / Sociología / Derecho, Filosofía, Geografía, Geología, Historia, Idioma Español, Italiano y Literatura.