Liceos Populares: Por una resistencia de cuentas (3)

profes luchando

Incremento salarial y construcción de nuevos liceos:

si no es ahora, no podrá ser hasta 2016

La Rendición de Cuentas de este año es la última de este período de gobierno en la que podemos lograr un aumento salarial. En 2013, hemos recibido un fraudulento ajuste por IPC (el gobierno falseó los cálculos de la inflación), más un 2,09 % de aumento (pactado en el Acuerdo quinquenal entre la ANEP y la CSEU), más un 1,22 % de adelanto del aumento previsto para 2014 (entre 200 y 400 pesos, según el salario del docente). Esto significa que en 2014 y 2015, al llegar el mes de febrero, apenas recibiremos el ajuste por IPC (que probablemente sea fraudulento otra vez).

¿Se imagina, compañero, sin recuperación salarial hasta 2016? ¿Cómo haremos para afrontar nuestras necesidades? Porque los precios de los alimentos, los artículos básicos del hogar, el alquiler, la ropa y todo lo demás seguirán subiendo sin que nuestro salario sea acompasado a ese encarecimiento general.

Desde el gobierno se nos dice que los aumentos salariales son los que generan la inflación. ¡Mentira! La inflación es generada por la avidez sin término de los grandes empresarios, que encarecen los precios de los productos por encima de nuestras recuperaciones salariales. Y la inflación es legitimada por un gobierno que no toma medidas que protejan a los trabajadores.

En Uruguay, la estructura tributaria recae fuertemente sobre los trabajadores, mientras que financistas y terratenientes pagan bajos impuestos. El sector financiero recibe importantes exoneraciones mediante las Zonas Francas y la Ley de Promoción de Inversiones. En cuanto al sector agroexportador, las propias estimaciones oficiales muestran que aporta tres veces menos -en promedio- que los trabajadores.

La frutilla de la torta es la exoneración de tributos que, por Constitución, goza la educación privada. Por ese concepto, en 2012 el gobierno se privó de percibir cerca de 150 millones de dólares. Dinero suficiente como para acondicionar los edificios más deteriorados de toda la Administración Nacional de Educación Pública. Resulta vergonzoso que los pobres subsidiemos la educación de los que más tienen. Pero así es.

La participación del presupuesto de la educación pública en el PIB nacional es de apenas 3,2%. Si a ello le sumamos el Plan Ceibal (dependiente del LATU y no de la ANEP) y ciertos programas llevados adelante por el MIDES y el MEC, así como las instrucciones policial y militar, llegamos a un modesto 3,9%. Nunca se alcanzó el 4,5% del PIB, aunque se haya dicho que sí.

Insistimos, además, con el avanzado estado de deterioro de decenas de edificios liceales. El propio Poder Ejecutivo, en su mensaje de ley presupuestal quinquenal, reconoce la existencia de 21 locales en avanzado estado de deterioro que necesitan ser sustituidos. Lo alarmante es que, de los 42 liceos proyectados y con dineros aprobados por el Parlamento, apenas se llevan construido diez.

La falta de suficientes locales para responder adecuadamente a la matrícula estudiantil existente conduce a muchos liceos, especialmente en los barrios más pobres, a la superpoblación y masificación de las aulas. Es inadmisible que politiqueros de todos los pelos se llenen la boca con que se han dado a la educación los recursos necesarios para ahora exigir “resultados”.

Parecería que, cuando la casta politiquera (multipartidariamente cohesionada) habla de “calidad de la educación”, no establece relación alguna con la importancia de contar con edificios en óptimas condiciones. No pueden pretenderse “resultados” cuando miles de estudiantes y docentes se desempeñan en espacios reducidos, sin ventilación, con mala iluminación, expuestos a todo tipo de ruidos, en aulas que muchas veces son dormitorios reciclados.

Los espacios de enseñanza-aprendizaje exigen espacios confortables, seguros, limpios y –por qué no- agradables, ajustados a la matrícula estudiantil. ¿Resultados en grupos de más de 40 estudiantes? ¿Resultados con menos de un metro cuadrado por alumno en el aula? ¿Resultados con profesores sobrecargados, que por 20 horas de clase tienen a su cargo 300 estudiantes? ¿Resultados con docentes que cada vez que proponen escritos dedican un promedio de 24 horas reloj para corregir en sus casas? ¿Resultados con un adscripto cada 300 estudiantes? ¿Resultados con psicólogos que, con 20 horas, deben atender las necesidades de 1.000 estudiantes? ¿Resultados sin asistentes sociales ni educadores sociales? ¿Resultados en liceos sin secretarios? ¿Resultados con un auxiliar de servicio cada 500 estudiantes? ¿Resultados con un inodoro cada 80 estudiantes? Sinceramente, los resultados que se alcanzan en la educación pública son maravillosos para las condiciones en las que trabajamos.

 

Políticas educativas integrales:

¡NO AL PROMEJORA!

 La política educativa de este período de gobierno fue definida en el último presupuesto nacional, el cual convalida diferentes iniciativas que rechazamos enfáticamente. El mensaje presupuestal del CODICEN fue redactado en términos de direcciones sectoriales, divisiones, programas, proyectos, coberturas, monitoreos, controles, gestiones, servicios, toma de decisiones, recursos humanos, promoción, eficiencia, estándares de calidad, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), etc. No se trata de una simple cuestión terminológica: se apunta a que la ANEP se convierta en gerencia, la educación en una empresa, los docentes en recursos humanos y los alumnos en clientes. No podemos perder de vista esta realidad.

La interpretación empresarial de los procesos de enseñanza – aprendizaje tiende a priorizar el aprendizaje frente a la enseñanza, concibiendo un buen aprendizaje como el logro de la promoción. Si la promoción no se da, se responsabiliza a los docentes, en el entendido de que la transmisión de conocimientos es “aburrida”, o perimida por pertenecer a una concepción enciclopedista de la enseñanza.

Consideremos, además, que lo que se esconde detrás de la acusación de que las clases son “aburridas” u obsoletas es un criterio de productividad: se “despilfarran” demasiados recursos en algo que no vende (los salarios docentes). Por ello las autoridades entienden necesario “invertir” en “jornadas de actualización docente” económicamente redituables, que promuevan “perfiles de docentes acordes con los desafíos que presenta la realidad actual” (léase: forestación, pasteras, puerto de aguas profundas, megaminería, regasificadora).

El más claro ejemplo del traslado de los modelos de gerenciamiento empresarial al ámbito educativo es el Promejora, proyectado desde la ENIA (Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia) y acordado por la multipartidaria. Recordemos su matriz política, expresada en el Proyecto de Presupuesto 2010-2014 de la ANEP:

 

“Creemos que se debe ir a una concepción que otorgue, de manera planificada y progresiva, grados crecientes de autonomía pedagógica y de gestión a los institutos de enseñanza (…)

Una modalidad que ha resultado efectiva, consiste en firmar contratos de mejora del centro educativo con las autoridades centrales, donde se estipule el programa de mejoramiento a desarrollar por parte de la institución y, por otra parte, los apoyos que desde la administración central se darán al centro para su fortalecimiento y desenvolvimiento…

Existirá una evaluación de su funcionamiento y de sus resultados de aprendizaje en relación con su medio y los perfiles del alumnado, como base para identificar debilidades y proveer medios de fortalecimiento institucional y de mejora pedagógica…

Se podrá plantear la pregunta: ¿cómo lo estamos haciendo con respecto a otros centros que se encuentran en circunstancias similares? Esto es, compararnos con “vecinos estadísticos” o “grupos de familias” de centros (…)

Los Centros deberán formular e implementar un plan estratégico-situacional para la mejora institucional y de los aprendizajes significativos. Para ello deberán realizar: a) un diagnóstico institucional que permita detectar debilidades y fortalezas; b) un plan de mejora educativa con horizontes de mediano y corto plazo…

Para formular y llevar adelante estas acciones, los Centros educativos dispondrán del apoyo técnico de un Equipo que se creará en la órbita del CODICEN. Este Equipo acompañará a las instituciones que ingresen al Programa, asistiéndola técnicamente para el desarrollo de la acción diagnóstica y en los aspectos técnicos de la formulación del plan estratégico-situacional.

El Equipo será orientado por un grupo integrado por Consejeros del CODICEN y Consejero o delegado de los Consejos de la ANEP.” [1]

 

La materialización del “Fortalecimiento de las Instituciones Educativas” fue el “Proyecto de Financiamiento de las Instituciones para la Mejora Educativa” (PROFIME), dado a conocer en marzo de 2011:

 

“La postulación a la participación en el Programa, debería seguirse de un contrato en que se estipulara el compromiso de la institución en torno a las siguientes cuestiones nodales: permanencia del staff en el centro durante tres años… participación en los programas de evaluación… disposición a participar en la elaboración del Proyecto de Mejora… disposición a participar en instancias de formación… disposición a participar en todas las instancias extracurriculares que el colectivo defina… participación en la elaboración de un Compromiso de convivencia… intención de colaborar en la conformación del equipo institucional y en el mejoramiento de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.”[2]

 

Una de las “innovaciones” previstas desde el inicio era la creación de cargos de “expertos”, los cuales, una vez seleccionados, se constituyeron en el Equipo Promejora, profundizando la línea reformista iniciada en los 90, según la cual existen “gestores” que deben modelar el accionar de los trabajadores docentes. Recordemos que se los definió como “coaches”.

 

“Lo que se define como el “coaching”… (es) un tutor de docentes que desde una autoproclamada corrección pedagógica, hará una tarea de: “asesoramiento personal y profesional del tipo que da un entrenador sobre temas como conocimiento, habilidades, destrezas, referencias, asesoría, etc., con el fin de que [el docente] mejore las relaciones con sus compañeros y con sus alumnos, fomentando un liderazgo a nivel educativo, aumentando su automotivación, autoestima e implicación en los hechos educativos.” (…) La traducción aproximada del término coaching es entrenamiento, con la carga verticalista y mecanicista que connota (…) ¿Quiénes serán estos coaches? ¿Qué formación académica y pedagógica tendrán? ¿Acaso no guardan similitud con figuras propias de los departamentos de recursos humanos de las grandes empresas? ¿Las funciones de este coach no son las mismas que se atribuyen a esa figura de Coaching en Gestión del Conocimiento, propio de la órbita empresarial y del pensamiento gerencialista?” [3]

 

Lejos de la “autonomía” que dice reivindicar para los centros, el proyecto no fue gestado autónomamente por los “expertos” del Equipo Promejora, sino que, a través de instancias de evaluación externa (que, como las pruebas PISA, miden sus resultados en términos de del “éxito” o “fracaso” de los porcentajes de promoción) es impulsado y tutoreado por organizaciones como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), integrada por 34 estados que se reúnen para desarrollar políticas económicas y sociales de marcado acento neoliberal. Se trata de los países más ricos del planeta, junto a otros que, gracias a la implementación obsecuente de sus recetas políticas, fueron aceptados como miembros (en América Latina, los ejemplos son México y Chile). Esos 34 estados acaparan el 70% del mercado mundial y 80% del PIB del planeta.

No se trata, solamente, de un rechazo a la metodología empleada, que intenta dejarnos, una vez más, fuera de la elaboración de planes de enseñanza, pues el CODICEN apuesta a tecnócratas que siguen linemaientos internacionales. Se trata, además, de una diferencia de fondo: no queremos la educación al servicio del mercado. No queremos una educación prestigiada por especialistas en economía y demografía que pretenden reducir la cantidad de repetidores a cualquier precio.

De prosperar la ampliación de liceos para la implementación del Promejora, las consecuencias inmediatas serán:

 

1-       Una vez más quedaremos por fuera de la elaboración de los planes de enseñanza, pues los encargados de seleccionar los planes a aplicar serán los tecnócratas contratados por el CODICEN a tales efectos, marginándonos a la mera aplicación.

 

2-      Se habilitará la flexibilización del currículo vigente en cada liceo Promejora, tendiendo a la reducción del número de asignaturas y a la mera capacitación de los estudiantes para el mercado laboral como mano de obra barata.

 

3-      Habrá dos categorías de docentes: una minoría que tendrá sus horas aseguradas por tres años (en una anti estatutaria modalidad del “profesor cargo”)  y una gran mayoría de compañeros que continuaremos en el régimen de elección anual.

 

4-      Los profesores que trabajen en liceos Promejora estarán obligados a participar de diferentes instancias extra curriculares que el proyecto de centro establezca, con la explícita definición de colaborar en la mejora de los índices de promoción, dando ingreso desenfrenadamente a una lógica mercantilista en la Educación Pública.

 

5-      Habrá liceos que continuarán con sus magras condiciones edilicias y con grupos superpoblados, frente a otros liceos que dispondrán de una adecuada cantidad de estudiantes por grupo y de un apoyo financiero adicional para que funcionen como centros modelo.

 

6-      Se incrementará la estigmatización de los liceos ubicados en los barrios más pobres, estableciendose, por la vía de los hechos, un ranking de centros de alto, medio y bajo rendimiento.

 

Por lo expuesto, debemos impedir que el Promejora sea extendido, pues, de lo contrario, estaremos abriendo la puerta a la entrega definitiva de la Educación Pública. La educación es un ámbito en el que se mueve una gran cantidad de dinero. Recordemos las palabras de Piñera cuando visitó nuestro país: “no es posible brindar educación gratuita para todos los chilenos, ya que generaría desequilibrios macroeconómicos”. ¿Es este el futuro que queremos para nuestros hijos? La decisión es entre una educación como derecho para todos, garantizada por el estado, o una educación como negocio, para el lucro de unos pocos.

 

¡Los profesores, luchando, también estamos enseñando!

 

Agrupación Liceos Populares – Julio Andreoli

Junio de 2013



[1] ANEP. Proyecto de presupuesto. Sueldos, gastos e inversiones. Período 2010-2014. Tomo II: Programa 01. CODICEN, Pág. 33.

[2] PROFIME (Proyecto de Financiamiento de las Instituciones para la Mejora Educativa). Documento de trabajo para discutir. 4 de Marzo de 2011. Págs. 1-7.

[3] ATD de Secundaria. XXIX Asamblea Nacional de Docentes. III Asamblea Nacional Ordinaria del Ejercicio 2009-2011. Maldonado, Solís. 20 al 26 de Marzo de 2011. Págs. 37-38.