Soledad Platero: “El síntoma Guille”. Editorial publicado en Caras y Caretas

“Es por el gobierno, ¿verdad?”, pregunta, en una media lengua que no voy a reproducir, el pequeño hermanito de Mafalda en una conocida viñeta. Se refiere al calor, que los mantiene a él, a Mafalda y a Felipe casi planchados en la vereda, recostados a la puerta de una casa. Mafalda, rápidamente, le aclara a Guille que es por el verano, y en el cuadro siguiente le explica a Felipe que el pobre Guille todavía no sabe repartir muy bien las culpas. Eso, que voy a llamar, “el síntoma Guille”, aqueja con demasiada frecuencia a la opinión pública. Las responsabilidades se diluyen en una queja vagarosa que no se atreve a palabras fuertes como “sistema” o “capitalismo”, pero da a entender que todo lo feo que puede golpearnos en la vida es culpa de los que gobiernan. Así, por ejemplo, circula en estos días por las redes sociales una imagen con un texto que dice “algo no funciona bien en un país donde el hijo de unos narcos recibe apoyo sicológico, asistencia consular, protección del INAU y escolta policial y la familia de Marcela, una nena de 16 años muerta en el mismo incidente, no recibe ni una llamada”. Tan monstruoso es el enunciado, tan aberrante la comparación, tan improcedente el reclamo que parecería innecesario atenderlo, pero la repercusión que ha tenido y la reiteración de artículos que parecen seguirle el razonamiento me lleva a pensar que merece cierta atención. El hijo de unos narcos (explico, para quien no sepa de qué estoy hablando) es un niño de siete años que iba en una camioneta que fue baleada. A raíz del ataque el niño vio morir a su padre y a su madre, ambos acribillados dentro del vehículo en marcha. Los tres ocupantes de la camioneta eran paraguayos. En el mismo incidente, o como consecuencia de él, murió también una adolescente de 16 años, atropellada por la camioneta, que se salió de la ruta e invadió el espacio peatonal.

Es evidente que las razones por las que el niño recibió escolta policial, apoyo sicológico, asistencia consular y protección del INAU se relacionan directamente con la circunstancia de su edad, su calidad de extranjero y el hecho de haber visto morir a sus padres. El INAU y el consulado paraguayo no intervienen por dadivosos sino porque es su obligación. La custodia policial de un niño que acaba de ser víctima de semejante ataque es, también, obligatoria. Debería ser obvio para cualquiera, pero parece que no.

En cuanto a la llamada a la familia de la adolescente, se podrá decir que un gesto de comprensión y solidaridad podría ser bien recibido (y en realidad, tengo mis dudas de que no fuera tomado como demagogia; me cuesta creer que en semejante situación alguien esté esperando llamadas o agradeciéndolas), pero de ninguna manera se puede decir que haya una omisión del Estado porque las autoridades, representadas por la institución que sea, no llamen a cada familia que sufre una tragedia sin comerla ni beberla. La familia de esa adolescente atraviesa lo inenarrable, el espanto puro, pero hay algo muy perverso en la idea de que se les está negando algo por no haberlos llamado y, al mismo tiempo, haber protegido al niño que iba en la camioneta.

Sin embargo, lo que más inquietante me resulta es la complicidad que hay entre esa idea y la que dejan traslucir las fuerzas del orden cada vez que hablan de un “ajuste de cuentas”: los que no hicieron nada malo, los que no cometen delitos ni andan en cosas turbias, no tienen nada que temer. Recordemos que Jorge Vázquez, subsecretario del Ministerio del Interior, decía, hace un par de años, que en Uruguay las probabilidades de ser asesinado son pocas si uno no integra el crimen organizado ni tiene problemas familiares. La muerte accidental de la niña, entonces, además de ser una fatalidad es, para muchos, una estafa. Murió alguien que no integra el crimen organizado ni tiene problemas familiares, y la pregunta es quién va a poner la cara, señor, porque alguien se tiene que hacer responsable.

Digamos que subyacen a esta confusión dos errores graves: uno, el de pensar que si alguien anda en algo turbio (por ejemplo, ser hijo de personas pasibles de ser acribilladas) o tiene problemas familiares (es víctima de violencia doméstica, tiene un pariente que se sicotiza) tiene probabilidades altas de morir, y, en definitiva, se lo merece; otro, el de pensar que la violencia que se desata entre delincuentes o entre parientes que se pelean no va a lastimar a nadie más allá del círculo de involucrados.

Días atrás, el sociólogo Rafael Paternain, ex director del Observatorio de Violencia y Criminalidad, indicaba, en una nota divulgada en Facebook, que la estrategia de combate al narcotráfico mediante la represión del menudeo y la intervención “preventiva” en “los barrios donde viven los delincuentes” (las comillas no remiten a Paternain, sino a lo que han dicho los jerarcas del Ministerio del Interior para explicar la estrategia anunciada) era un error, porque aunque los hechos de violencia se produzcan con más frecuencia en los barrios pobres, los hilos que sostienen las redes delictivas se tejen en otros lados y se anudan en los lugares de poder. Llevar el combate al narcotráfico a los “barrios de delincuentes” (voy a pasar por alto, a propósito, lo que hay de estigmatizante en el concepto, porque dadas las circunstancias lo del estigma me parece un problema menor) es mirar los fenómenos de la delincuencia y la violencia con mirada territorial, y no social. Y la mirada territorial es siempre militar: es la que vincula ojo y objeto, la mirada de la máquina que escanea una superficie, reconoce las zonas rojas, encuentra los peligros potenciales y, eventualmente, los elimina. Es una relación binaria sin lugar para el sujeto, para las interpretaciones o para las hipótesis sofisticadas. Es la mirada que tendría una aspiradora, si tuviera ojos.

Que la Policía tenga esa mirada es malo, pero esperable, puesto que integra las fuerzas de seguridad y cada vez más se parece a un cuerpo militarizado preparado para el restablecimiento masivo del orden en territorios urbanos y para el control de poblaciones. Lo que es desastroso es que esa mirada sea la del Estado en su conjunto, y más desastroso todavía es que sea esa la mirada de la sociedad. (Antes de seguir quiero hacer notar que las intervenciones sanitaristas son otra forma de lo mismo: mecanismos para mantener los cuerpos en estado de higiene, evitando la proliferación de enemigos indeseables).

Nadie habla de los inocentes”, se dice, como si sólo los inocentes fueran dignos de la vida y la protección social. Comienza entonces una batalla para ver quién da más datos sobre “los inocentes” (qué hacían, qué les gustaba comer, cómo los recuerdan los amigos), como si en esa visibilización de lo que nos fue robado pudiéramos cobrarnos la injusticia de la muerte. Es un lamento desgarrado que se lanza a los cuatro vientos con la ilusión de que lastime los oídos de los que deberían cuidarnos y no lo hacen. Pero al mismo tiempo esconde un mensaje siniestro que es el de la indiferencia: no importa si mueren los malos, mientras la metralla no me roce. Y la única forma de garantizar (todo esto es ilusorio, por cierto) que no nos roce es reclamar más intervenciones territoriales, más controles, más vigilancia. Así como los países víctimas del terrorismo votan el estado de excepción para combatirlo, así como las epidemias habilitan cuarentenas y sacrificios, así el narcotráfico se convierte en la palabra mágica para no sólo permitir, sino exigir, más acciones represivas disfrazadas de prevención.

Pero se sabe muy poco de las formas en que circula el dinero del delito (recordemos que nadie nos pregunta, a la hora de comprar un auto, si conseguimos la plata vendiendo droga o ahorrando un porcentaje del salario), y estamos acostumbrados a respetar al rico (por cierto, mucho más que al político, que siempre tiene algo de pelele al servicio del verdadero poder). Estamos siendo acunados desde hace décadas con la canción del riesgo, el emprendimiento, la viveza y el éxito, y queremos divertirnos con la tranquilidad de que alguien nos cuida. Por eso, cuando cae alguien que no debía caer, nos sentimos estafados. No hubo indignación ciudadana por la muerte de un bebé de quince meses en un ajuste de cuentas. ¿Cómo indignarse, si estaba en brazos de alguien que, seguramente, andaba en malos pasos? Ya se nos explicó que para estar tranquilos tenemos que portarnos bien, y algunos, evidentemente, no se portan bien.

El resultado de esta infantilización de la ciudadanía sólo puede ser una sociedad cada vez más fascista y más excluyente, en la que sólo tendrán voz los que, como el hermanito de Mafalda, no saben (ni quieren saber) en dónde buscar razones o responsabilidades.