Subcomisión de Estatuto Docente de ADES-Montevideo a la Asamblea General

A fines de 2011 se reunió en dos ocasiones (en la órbita del CODICEN), una comisión de reforma del Estatuto del Funcionario Docente y No Docente. A dichas reuniones asistió una integrante del Comité Ejecutivo de la FENAPES, aunque aún no sabemos quiénes asistieron, qué se discutió, de qué forma se discutió, qué planteos hizo la representante sindical y por qué la comisión no ha vuelto a reunirse.
En la segunda de esas reuniones, el CODICEN entregó un documento con 19 propuestas de modificaciones al Estatuto Docente. De su análisis resulta que la política educativa que inspira a las autoridades en su intento por reformar el Estatuto, es la misma política que desde 1995 es omnipresente en los ámbitos resolutivos de la ANEP y en los documentos oficiales.
Concretamente, buena parte de los puntos planteados estaban ya contenidos en el mensaje presupuestal de la ANEP, en los proyecto de reforma del ciclo básico y del bachillerato elaborados por las inspecciones docentes en 2011, en los ejes del Promejora y en las propuestas sobre salario y profesor cargo recibidas en las instancias de negociación colectiva de 2010 y 2011. Nada nuevo. Nada que contemple los reclamos históricos de los trabajadores. Nada bueno. Si consideramos punto a punto, la mayoría de ellos son rechazables y no posibilitan acuerdo alguno:
El punto 1 refiere a “Mecanismos específicos para atender y priorizar la profesionalización de los educadores”. Esta subcomisión entiende que los principales mecanismos de esa naturaleza son la mejora de la política salarial, la creación de postgrados de perfeccionamiento docente en el ámbito público y la concesión obligatoria de licencia a todos los compañeros que realicen estudios con evaluación (con todos los contralores que se estimen pertinentes). Si estas condiciones no se dan, todo lo que se proponga, por más bonito que suene, no será más que una reproducción de las desigualdades económicas: el que puede trabajar menos y pagarse los estudios en el ámbito privado, tendrá posibilidades que los demás no tendrán.
El punto 3 dice: “Criterios y mecanismos específicos para la reducción del ausentismo docente”. Al respecto, esta subcomisión hace dos precisiones. 1) Es necesario precisar qué es lo que se entiende por “ausentismo docente”. Las autoridades no pueden seguir especulando en base a estadísticas que mezclan licencias por enfermedad, maternidad, realización de cursos, integración de tribunales, asistencia a reuniones de evaluación, etc. Debemos conocer una estadística detallada de cada una de las causas de las inasistencias en el subsistema, y así saber a qué escenario nos enfrentamos. 2) Mejorando las instalaciones, reduciendo la cantidad de alumnos por grupo, proveyendo a los funcionarios de las herramientas necesarias para su trabajo y aumentando los salarios, el porcentaje de inasistencias necesariamente se reducirá, sin necesidad alguna de mayores fiscalizaciones.
El punto 4 trata de la “Reserva de cargos”. Una observación: no puede ser que quienes toman cargos de docencia indirecta en ese carácter cobren como si fuesen suplentes. No es responsabilidad del trabajador que ocupa un cargo “en reserva” que el estado necesite al titular en otra dependencia.
El punto 6 propone, para la educación media, la “creación del profesor cargo de 20, 30 y 40 horas”. Baste con recordar que dos asambleas generales de delegados rechazaron dicha modalidad de profesor cargo, entre otras razones, porque se generarían, dentro de la docencia directa en una misma asignatura y en el mismo departamento, unidades de deferente carga horaria. Por si ello fuera poco, sería el CODICEN quien, discrecionalmente, determinaría qué liceos tendrían profesor cargo, y en qué asignaturas.
El punto 7 plantea que, en la educación media, “las elecciones de cargos de docencia directa se realizarán en un régimen no menor al período bi-anual”. Esta Subcomisión entiende que tender a la permanencia de los docentes en un mismo centro es razonable y atendible. De hecho, los últimos años de su carrera, buena parte de los docentes efectivos permanecen muchos años en el mismo centro, hasta el día de su jubilación.¿Pero qué pasa con los miles de docentes interinos que año a año sostienen el sistema con su labor? Son muchísimos los que trabajan en dos, tres y más centros; generalmente con los grupos más superpoblados y problemáticos; ¿les vamos a perpetuar esas condiciones de trabajo por un período no menor a los dos años, cuando probablemente puedan mejorar al menos un poco su situación de un año a otro? Si se aumentan significativamente nuestros salarios y se construyen suficientes liceos como para terminar con las aulas masificadas, la estabilidad será un hecho.
El punto 8 se subdivide en dos propuestas de modificación de la carrera docente. La primera de ellas es la creación de “mecanismos de concurso para la promoción de grado paralelo al sistema de antigüedad calificada”. Otra idea que, en lo teórico, es atendible. Pero, en los hechos, requiere como paso previo la existencia de mecanismos para tender a la profesionalización docente: mejora de la política salarial, creación de postgrados de perfeccionamiento docente en el ámbito público y concesión obligatoria de licencia a todos los compañeros que realicen estudios con evaluación. Si estas condiciones no se dan con antelación al concurso para el pasaje de grado, el mecanismo no será más que una reproducción de las desigualdades económicas: el que puede trabajar menos y pagarse los estudios en el ámbito privado, tendrá más posibilidades de pasar de grado que el docente más pobre y sobreempleado.
La segunda parte del punto 8 propone una “carrera docente escalar o escalonada (con dos niveles de experticia) para evitar que los buenos docentes con vocación de enseñar, para promover en su carrera, deban abandonar el aula (ser directores o inspectores)”. ¿Qué significa esto? Pues, básicamente, que quienes trabajen en los proyectos de reforma educativa (PIU, PAC, PROFIME, etc.) no sólo ocuparán los primeros lugares de los escalafones y listados de cara a las elecciones de cargos y horas, sino que además percibirán salarios superiores al resto. A esto mismo se refiere el punto 18: “introducir incentivos económicos y académicos para los docentes que logran buenos resultados con sus alumnos a partir de la superación de los perfiles originarios de éstos”.
El punto 9 propone dos cosas. La primera es construir “comunidades de aprendizaje y de práctica en las instituciones”. Si a esta idea se la dota de contenido desde la pedagogía crítica, es absolutamente compartible. Pero no ocurre lo mismo si los contenidos están dados por el marco neoliberal que inspira a las actuales autoridades, que lo que en verdad pretenden es un marco normativo que habilite sus políticas educativas, que van en el siguiente sentido: tras realizar un diagnóstico de las características de los alumnos de cada centro, los profesores deben, colectivamente, acordar cuáles son las potenciales dificultades de aprendizaje de esos estudiantes, para concertar luego una “contextualización” del currículo acorde a tales dificultades; de más está decir que el “éxito” de la “contextualización” será medido por actores externos y exclusivamente por el aumento o la disminución de los porcentajes de repetición y abandono del estudiantado.
La segunda parte del punto 9 propone incorporar al sistema de evaluación de los docentes “la evaluación por pares, la auto-evaluación y, eventualmente para la educación media superior, la evaluación se complementará con la opinión de los estudiantes.” Una cosa es que existan ámbitos para que los docentes seamos evaluados por otros docentes y por los estudiantes, y otra cosa es que dichas opiniones sean incorporadas al sistema de evaluación en función del cual se le asigna a los docentes un puntaje del cual depende, entre otras cosas, el acceso a la fuente de trabajo. Una posibilidad así es rechazable por varias razones, principalmente porque se desdibuja el perfil técnico que debe poseer el sistema de evaluación del trabajo docente, y se fomenta una cultura de alcahuetismo / revanchismo entre los integrantes de la comunidad liceal.
El punto 11 propone introducir tres modificaciones en relación al perfil de los directores de liceo. La primera es “otorgarles posibilidades crecientes de decisión”, lo cual no es otra cosa que (terminar de) convertirlos en administradores (gerentes) del liceo (empresa), deteriorando aún más el ya dañado perfil docente que desde el sindicato reivindicamos como inherente a la profesión. La segunda modificación propuesta es evaluar a los directores en función de sus “logros en el cumplimiento de las metas fijadas por la Institución”. Esto no es otra cosa que abandonar el principio para nosotros fundamental de “carrera administrativa”, sustituyéndolo por la política del “éxito en la gestión” (faceta cardinal de lo que denominamos “mercantilización de la enseñanza”, resultado del impacto del neoliberalismo en el ámbito académico). La tercera modificación propuesta es seleccionar a los directores “poniendo el acento en la propuesta de un proyecto de desarrollo institucional y su capacidad para gestionarlo”. Esta idea, al tiempo que supone la legitimación de la estrategia “contextualizadora” de la reforma educativa en curso, desconoce la formación profesional: los títulos docentes son relegados ante la obsecuencia para con las políticas educativas oficialistas.
El punto 12 habla de aprobar “normas que aseguren la regularidad en la convocatoria de concursos, tanto para docentes como para no docentes, en todos los subsistemas de la ANEP”. Para el caso de Secundaria, lo que debemos decir es que no es necesaria ninguna reforma del Estatuto para asegurar la periodicidad en el llamado a concursos. En su capítulo V, artículo 24, se establece que “Anualmente los Consejos publicarán la lista de cargos y horas, por departamento o circunscripción no ocupadas en efectividad, debiendo llamar a concurso para proveerlos en forma definitiva, siempre que no haya docentes efectivos con déficit de horas.” Resultan claras al menos dos cosas: que las autoridades están incumpliendo en este punto con el Estatuto, y que para lograr “la regularidad en la convocatoria de concursos” basta con tener la voluntad política de respetar el Estatuto vigente.
El punto 14 propone la “revisión del régimen de cese funcional a los 35 años de ejercer funciones, adoptándolo a las reglas de retiro que rigen en la Seguridad Social y en equilibrio con las necesidades funcionales de personal y no obstruir la carrera a las nuevas generaciones”. Respecto al planteo de revisar el cese a los 35 años (5 más de los que establece la Ley 18.395 de 2008), las autoridades pretenden habilitar vías de excepción que permitan cubrir “necesidades funcionales”, otorgando prórrogas de actividad a los 30 y 35 años de servicio. Dada la naturaleza de la función docente y las exigencias físicas y psicológicas que supone, esta Subcomisión propone exigir: causal jubilatoria con treinta años de actividad, sin importar la edad; jubilación acorde al trabajo realizado (no menor al 80% del mejor salario); y equiparación de la tasa de aportes patronales al sistema de jubilaciones y pensiones (reducidas de un 12,5% a un 7,5% en 2007) con la tasa de aportes personales (fijadas en un 15% desde 1995). Respecto a la intención de las autoridades de establecer un “equilibrio” entre los retiros y las “necesidades funcionales de personal”, esta Subcomisión propone exigir la adición de un 2% por cada año de actividad posterior a los treinta años en aquellos casos en los que el subsistema haya extendido prórroga para cubrir cargos que de otro modo no podría cubrir, y que en ningún caso dicha prórroga podrá ser mayor a cinco años. Respecto a “no obstruir la carrera a las nuevas generaciones”, la Subcomisión entiende que basta con asignar recursos presupuestales suficientes para permitir un aumento salarial sustantivo, gracias al cual todo docente pueda vivir dignamente con la unidad horaria.
El punto 15 apenas enuncia “salud laboral”. Sucede que, lejos de carecer de elementos de juicio para conocer la posición de las autoridades sobre el tema, los elementos abundan, y provienen de las condiciones en las que nos hacen trabajar (salarios bajos, multiempleo, sobrecarga de tareas debida a la excesiva cantidad de alumnos por grupo, condiciones edilicias inapropiadas para el ejercicio de nuestra labor, directores e inspectores que proceden autoritariamente, inestabilidad laboral, servicio de certificaciones médicas en el que se maltrata a los trabajadores y se cuestionan los diagnósticos médicos, jubilaciones de hambre) y de la reforma educativa que pretenden aplicar (profesor cargo de 20, 30 y 40 horas, jerarquización de los méritos de quienes trabajen en los programas insignia de la reforma, premiación económica a la adhesión ideológica a la reforma, sometimiento del trabajo de los docentes a múltiples y constantes evaluaciones, otorgamiento de “posibilidades crecientes de decisión” a los directores de los liceos, irrespeto a la carrera funcional). Todos estos elementos nos permiten concluir que nada bueno podemos esperar de las autoridades en materia de salud laboral de cara a una reforma estatutaria.
El punto 17 tiende a establecer “requisitos especiales” para el ingreso de los docentes a los talleres de “oficios prácticos”. En secundaria, lo que en esta materia se establezca será aplicable para la prestación de los talleres que ya funcionan en los liceos de ciclo básico de tiempo completo. Al mismo tiempo, las autoridades piensan en la posibilidad de avanzar hacia una reforma del segundo ciclo como la que desde el año pasado planifican los inspectores de asignatura, que incluye un “núcleo opcional” orientado hacia el “mundo del trabajo”. Al respecto, esta Subcomisión denuncia que las autoridades buscan legitimar la posibilidad de que los docentes de los talleres no sean titulados (y quizá ni siquiera bachilleres), situación contra la que nos manifestamos enérgicamente en contra, reafirmando la reivindicación sindical de dignificar la función docente. Respecto a la orientación de la enseñanza al “mundo del trabajo”, esta Subcomisión propone rechazar toda reforma del Estatuto encaminada a convertir a los estudiantes en mano de obra barata y a los trabajadores docentes en capacitadores para el mercado laboral.
No es necesaria una reforma del Estatuto Docente si lo que se busca es dignificar y profesionalizar nuestra labor, reducir la cantidad de horas libres de los estudiantes, tender a la estabilidad de los docentes en un centro, crear mecanismos de concurso para la promoción de grado, construir comunidades de aprendizaje, convocar con regularidad a concursos para lograr la efectividad, mejorar las jubilaciones, proteger la salud de los trabajadores de la enseñanza y respetar la carrera funcional. Para todo ello, basta con hacer cumplir el Estatuto vigente. Pero como en este sentido el Estatuto no se hace cumplir, queda claro que los 19 puntos presentados por el CODICEN expresan la intención de las autoridades de reformar el Estatuto para poder avanzar en su reforma educativa, ya que la misma encuentra grandes obstáculos en el texto normativo vigente.

Subcomisión de Estatuto Docente
ADES-Montevideo