Agosto es un mes que nos convoca a rescatar enseñanzas de las luchas del pasado para repensar nuestro accionar en el presente. La fecha del 14 nos recuerda que la represión ha sido siempre la respuesta de los gobiernos a los justos reclamos de los de abajo. Sea cual sea su color, tradición o discurso, los gobiernos siempre han recurrido a los mecanismos de coacción (policías, milicos, jueces, cárceles) para preservar los intereses de los grandes propietarios. Intereses que comprenden el control ideológico del sistema educativo. Por eso el reclamo de autonomía golpea al sistema, abriendo en él una fisura al poner al desnudo ese poder muchas veces invisible que los gobiernos ejercen a través de las instituciones educativas.
En nuestro país, los avances jurídicos más significativos en materia de autonomía para la educación se dieron en 1935 (creación de Consejos para Primaria, Secundaria y UTU como entes autónomos del Estado), en 1947 (obligación de convocar asambleas de maestros y profesores con derecho de iniciativa y función de consulta) y en 1958 (aprobación de la ley que consagra la autonomía y el cogobierno de la Universidad). Luego se inició un período de retroceso que llega hasta nuestros días.
En 1959, como respuesta a la lucha de las organizaciones sociales en contra de la implantación de la política neoliberal, el gobierno nacionalista suscribió un nuevo Plan de Defensa con EEUU (ya se había firmado uno en 1953). En virtud del mismo, la CIA comenzó a formar grupos paramilitares en Uruguay con el objetivo de ahondar la represión al pueblo organizado y así detener sus avances. Aquellos grupos fascistas comenzaron al poco tiempo a cobrar víctimas: el profesor Arbelio Ramírez (al finalizar un discurso del «Che» Guevara en el Paraninfo de la Universidad), Soledad Barret (torturada hasta la muerte) y Olivio Píriz (un niño de cinco meses de edad). Pero la política asesina no detuvo los reclamos del pueblo, que -entre otras cosas- exigía una mayor participación en la definición de las políticas educativas.
Con el triunfo del colorado Oscar Gestido en las elecciones de noviembre de 1967, se profundizaron los planes represivos de la oligarquía mediante la creación de un Escuadrón de la Muerte, integrado mayormente por personal policial montevideano. Gestido murió antes de completar el primer año de su mandato y fue sustituido por el hasta entonces desconocido Jorge Pacheco Areco. El nuevo mandatario obtuvo, en pocos meses, un 100% de inflación, una caída del 32% en los salarios y un aumento de las ganancias patronales del 64%. Las herramientas a las que acudió para alcanzar sus objetivos fueron: el Escuadrón de la Muerte creado poco tiempo antes, la disolución de grupos políticos, la detención de militantes sindicales y estudiantiles, la militarización de los funcionarios de la banca oficial y los allanamientos.
A pesar de este panorama y contagiados por los movimientos contraculturales que ganaban las calles en diferentes partes del mundo (especialmente en Francia), los estudiantes uruguayos se lanzaron a las calles en 1968. La primera iniciativa le correspondió a los estudiantes de Magisterio, que fueron a la huelga por tiempo indeterminado, con ocupación y contra-cursos, en reclamo de becas, comedor y tercer turno. Les siguieron los estudiantes de Secundaria, que ocuparon los liceos primero contra el aumento del boleto estudiantil, y luego por un Boleto Popular y en solidaridad con los pueblos atacados por la milicia norteamericana. En las movilizaciones que se sucedieron los meses siguientes, decenas de estudiantes fueron heridos por los palos, los gases y los tiros de la policía.
La represión se agudizó cada vez más hasta que el 12 de agosto, en una movilización próxima a la Facultad de Veterinaria, un policía disparó por la espalda a Líber Arce, estudiante de la Escuela de Prótesis Dental de la Facultad de Odontología, quien murió dos días después. Se inició así un período en el que dos gobiernos democráticos, electos por la mayoría de los uruguayos, dispusieron la muerte de muchos compañeros por el solo hecho de luchar por una sociedad justa y libre. En 1968 fueron asesinados Hugo de los Santos (estudiante de Ciencias Económicas), Susana Pintos (estudiante del Instituto de Enseñanza de la Construcción) y Jorge Salerno (estudiante de la Facultad de Agronomía).
La represión también se dio a través de la vía institucional, ya que el gobierno redujo las partidas presupuestales para la educación y rechazó como director del Consejo de Secundaria al candidato del sindicato de profesores, Arturo Rodríguez Zorrilla, temiendo perder el control ideológico sobre la enseñanza. Como estas medidas no hicieron más que intensificar las movilizaciones, en febrero de 1970 el gobierno intervino la Enseñanza Secundaria y la Universidad del Trabajo. Pero una gran parte de los docentes y de los estudiantes no obedecía a las autoridades intervencionistas, por lo que el gobierno decidió clausurar los cursos a partir del 28 de agosto de 1970. Docentes y estudiantes organizaron entonces los Liceos Populares, realizados en locales sindicales y vecinales.
Decidida a avanzar, la oligarquía dispuso que se prosiguiera con la política asesina, y en 1971 encontraron la muerte los compañeros Héber Nieto (estudiaba Electrotecnia, Mecánica y Electrónica en el Instituto de Enseñanza de la Construcción) y Julio Spósito (estudiante del Liceo Suárez). Pocos días después, el juez de instrucción militar, coronel Néstor Bolentini, decretó que a partir de entonces se procesaría militarmente a los civiles.
Tras las elecciones de noviembre de 1971, en las que obtuvo la presidencia el candidato del partido colorado, Juan María Bordaberry, el parlamento aprobó una ley que preveía una pena mínima de diez años de prisión para quien se asociara “para atentar contra la Constitución”. La ley permitía acusar de “asociación subversiva” a los integrantes de cualquier organización social. Para ser detenido era suficiente con ser denunciado por quejarse del aumento de los precios o tener amigos “de izquierda”.
Pero la nueva ley no logró silenciar ni a los trabajadores organizados, ni a los familiares de los presos políticos ni a los estudiantes, por lo que el gobierno fascista profundizó su política asesina. En abril y agosto de 1971 desaparecieron Abel Ayala (estudiante de medicina) y Héctor Castagneto (estudiante de agronomía). En 1972 fueron asesinados Ibero Gutiérrez (estudiante de la Facultad de Humanidades), Santiago Rodrigues Muela (estudiante del liceo 8) y Joaquín Klüver (estudiante de agronomía).
Otra de las vías mediante las cuales la oligarquía profundizó su ofensiva fascista fue la aprobación de la ley de enseñanza 14.101, elaborada por el entonces ministro de educación y cultura: Julio María Sanguinetti. La misma introdujo la completa subordinación de la enseñanza a los intereses políticos del gobierno de turno, suprimiendo los tres entes autónomos (Primaria, Secundaria y UTU) y creando un Consejo Nacional de Educación (CONAE), integrado por cinco miembros electos directamente por el Poder Ejecutivo. De esta forma, la ley segregó de la toma de decisiones a todos los directamente involucrados en la educación.
En marzo de 1973 fue hallado sin vida el cuerpo de Roberto Gomensoro, que estudiaba y ejercía la docencia en la Facultad de Agronomía. El 27 de junio de 1973, al oficializarse el golpe de Estado, la CNT y los gremios estudiantiles fueron a la huelga general con ocupación de sus centros de trabajo y estudio. El 7 de julio los estudiantes realizaron una manifestación contra la dictadura fascista en la que falleció Ramón Peré, estudiante y docente de la Facultad de Veterinaria. El 8 de julio fue asesinado el estudiante de Secundaria Walter Medina, mientras pintaba un muro. El 11 de julio, la Mesa Representativa de la CNT decidió levantar la huelga. Al día siguiente, miles de trabajadores y estudiantes comenzaron a ser sancionados, perseguidos y encarcelados.
Algunas organizaciones sociales decidieron seguir actuando en la clandestinidad. En el caso de los estudiantes y para evitar la represión, se recurrió a las movilizaciones “relámpago”, que buscaban mediante la propaganda mantener informada a la población de lo que estaba pasando. La respuesta fascista siguió siendo la misma: mataron a Leonardo De los Santos, estudiante de agronomía, mientras que el estallido de una bomba en la Facultad de Ingeniería causó la muerte del estudiante Marcos Caridad Jordán.
1974 fue un año de nuevas pérdidas en el ámbito estudiantil: Nibia Sabalsagaray (recién recibida de profesora de literatura, militante del CEIPA), Diana Maidanick (estudiante de psicología infantil) y Luis Eduardo González (estudiante de medicina). La sangría continuó en 1976 con Silvina Saldaña (estudiante de Servicio Social), Elena Quinteros (maestra y estudiante de la Facultad de Humanidades) y Juan Pablo Recagno (estudiante de arquitectura).
El 30 de noviembre de 1980 el gobierno dictatorial sometió a la consulta de la ciudadanía un proyecto de reforma constitucional que buscaba legitimar y profundizar el régimen fascista; el proyecto fue rechazado por el 57% de la ciudadanía. Sin embargo, la persecución política recrudeció, y en enero de 1982 desapareció Miguel Ángel Mato, estudiante de la Facultad de Derecho.
En 1983, los trabajadores, reorganizados en “asociaciones profesionales”, formaron el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) y realizaron el primer acto público del 1º de mayo desde 1973. El 14 de agosto, en homenaje a todos sus mártires, varios estudiantes realizaron un acto relámpago en la explanada de la Universidad. Desde entonces, cada 14 de agosto recordamos no tanto las peleas puntuales de aquellos compañeros (democratización de las instituciones educativas, presupuesto digno para la educación pública, boleto estudiantil, solidaridad internacional), sino por sobre todo su lucha por un cambio revolucionario, por una sociedad sin explotados ni explotadores. La “Semana del Estudiante”, celebrada entre el 17 y el 25 de setiembre, culminó con una multitudinaria marcha que recordó a sus mártires y exigió autonomía y cogobierno para la educación. Las viejas banderas fueron nuevamente empuñadas.
El resto de la historia es mucho más reciente, y muestra cómo el reclamo de autonomía ha seguido golpeando a los defensores del sistema, que esta vez se han escudado tras la Ley General de Educación 18.437, aprobada por el parlamento en 2008 con los votos de la bancada oficialista.
Se trata de una ley autoritaria, pues la participación de las organizaciones sociales en el Debate Educativo fue reducida desde el comienzo a la sola enunciación de aspiraciones. En la toma de decisiones, los protagonistas de la enseñanza hemos quedado excluidos.
La ley responde a una política represiva, restringiendo a su mínima expresión toda medida de lucha, pues se reconoce a los estudiantes su derecho a agremiarse y reunirse dentro de los centros educativos “siempre que no obstaculicen el normal funcionamiento de los mismos”.
La ley apunta a aumentar la inversión privada en el área de la enseñanza, disminuyendo la incidencia pública en la prestación de tales servicios, de tres formas: dando ingreso a representantes de la esfera privada en diferentes organismos e instancias del ámbito público, permitiendo a los centros de enseñanza privada la prestación de todas las opciones educativas y habilitando a los centros de enseñanza pública a generar sus propios recursos.
La ley perpetúa la dirección político-partidaria de la enseñanza, haciendo de la autonomía técnica una mera farsa, como lo demuestra la titiritesca actuación en el CODICEN de los tecnócratas de turno, José Seoane Y Nora Castro.
La ley avanza hacia la municipalización del sistema educativo, consagrando la descentralización y la coordinación territorial entre todas las instituciones educativas como elementos esenciales para el logro de las metas educativas; y disponiendo la creación, en cada departamento, de una Comisión Coordinadora Departamental de la Educación (CCDE), integrada por representantes de cada Consejo de la ANEP, del IUE, del INENF, del CCEPI, de la UdelaR y del gobierno departamental correspondiente.
La ley malgasta los recursos del pueblo. Resulta verdaderamente escandalosa la cantidad de cargos burocráticos que se han creado. Por si ello fuera poco, el proyecto dispone que el presidente del CODICEN percibirá idénticas remuneraciones que un secretario de estado, mientras que los demás consejeros cobrarán el equivalente al noventa por ciento de la paga de un secretario de estado. La situación es tanto más indignante cuando se recuerda que los profesores y funcionarios de la ANEP perciben salarios que rondan la cuarta parte de la canasta familiar básica.
La ley legitima la injusticia social al apelar a la equidad: axioma del liberalismo que sustenta la estúpida concepción de la justicia como la situación resultante de la posesión de los mismos derechos y deberes en el juego del mercado, independientemente del modo en que estén distribuidas las riquezas. ¿De qué manera se traduce en la práctica la aplicación de este axioma? Las autoridades deben procurar que todos accedan a la educación, y permanezcan en ella hasta titularse. Eso es la justicia. No importa si el título lo obtuviste en el British o en un liceo en ruinas, compartiendo un salón junto a otras 40 personas, tratando de no acordarte de que en tu casa no hay de comer, escuchando a un profesor cansado de tanto laburar.
La ley busca transformar la educación de los hijos de los trabajadores en una mera capacitación para el mercado laboral, partiendo del absurdo principio de que cualquier espacio en el que se produce bien, es un espacio de aprendizaje.
La ley profundiza la dependencia respecto al mercado capitalista mundial, interesado en estructurar la educación en torno a tres ejes fundamentales: privatización, desregulación y orientación por el mercado.
En definitiva, la ley aplica los lineamientos que los centros financieros del mundo exigen a los gobernantes socios y profundiza la ingerencia de las empresas privadas en la toma de decisiones del sector público, pero no contempla los dos principales reclamos de los gremios y sindicatos de la enseñanza.
Por una asignación presupuestal mínima del 6% del PBI para infraestructura y salarios de ANEP y UdelaR.
Por autonomía y cogobierno para toda la Administración Nacional de Educación Pública.
¡¡¡Salú 14 de Agosto!!!
¡¡¡Salú Mártires Estudiantiles!!!
Julio Moreira
