De la dicotomía entre el discurso pedagógico oficial y las prácticas que vulneran los Derechos Humanos de los educandos en los centros de estudio
Los docentes nucleados en el Liceo 7 Joaquín Suárez sentimos la necesidad de colectivizar nuestra preocupación por las acciones emprendidas por autoridades del CES ante un hecho de violencia que se produjo días pasados en nuestro centro.
El 11 de setiembre, en el turno vespertino, mientras se realizaban reuniones de profesores de segundo año, se produjo un incidente entre dos estudiantes, uno de primero y otro de tercero. Ese día apareció en el salón del alumno de primero una inscripción discriminatoria. La docente del primer módulo del turno solicitó la presencia de la adscripta del grupo, ante el clima de conflicto que se produjo. La adscripta entabló un diálogo con los estudiantes para determinar cuándo había aparecido dicha escritura y quién podría haber sido su autor.
Luego, en el primer recreo del turno, el alumno agraviado se encontró con quien él consideraba responsable de la escritura, guiándose por los comentarios de sus compañeros. Se produjo un forcejeo entre ambos, resultando herido con un pequeño corte el estudiante de primero.
Finalizado el recreo, el alumno de primero retornó a su salón de clase, mientras el alumno de tercero se presentó en la entrada del liceo solicitando algún vendaje para cubrir la herida y señalando al estudiante de primero como responsable de la misma.
Entonces se llamó al SEMM y se dio parte a la dirección del centro, que llamó al departamento de jurídica del CES para consultar cómo proceder frente a esta situación. Se le indicó que se debía acudir a la comisaría a realizar la denuncia policial. La dirección informó a la inspectora de institutos y liceos lo que había ocurrido y se retiró luego a la comisaría para efectuar la denuncia policial del caso. Se informó también a la familia del estudiante de tercero de lo ocurrido y se intentaba localizar a la familia del estudiante de primero, cuyos números telefónicos de referencia no estaban actualizados y el alumno no recordaba tampoco ningún número de referencia.
En este contexto se hacen presentes en el liceo una delegación del CES, integrada por una consejera, una inspectora, un abogado, una psicóloga y una asistente social, quienes entablaron diálogo con el estudiante de primero a fin de conducirlo a la comisaría donde estaba radicada la denuncia por medio de la dirección del centro. Minutos después se presentó en la puerta del liceo un patrullero policial para conducir al estudiante de primero, contra quien se había realizado la denuncia. Es en ese momento que la dirección logró establecer comunicación telefónica con el padre del estudiante de primero, informándole que debía presentarse en la comisaría a donde sería conducido su hijo por la delegación del CES presente en el liceo.
Ante esta situación, una adscripta manifestó su rechazo a la posibilidad de que un estudiante (menor de edad y sujeto de derechos) fuera sustraído sin la presencia de sus padres ni ningún tutor legal para ser conducido a una comisaría. Ante lo cual el abogado del CES respondió que dicho procedimiento era legal al haberse producido una orden de juez contra el menor.
De este modo, sin la presencia de ningún adulto responsable legal del estudiante y violando la normativa vigente (Convención de los derechos del Niño, Declaración Universal de Derechos Humanos, Constitución de la R.O.U y Estatuto del Estudiante de Educación Media) este alumno fue conducido en un patrullero, en compañía de una inspectora y un abogado del CES, a la comisaría más próxima al liceo.
A partir de entonces el caso quedó en manos de la Justicia, siendo la única denuncia contra el estudiante de primero la realizada por la dirección del centro (que siguió las directrices del CES), ya que la familia del estudiante herido no realizó ninguna denuncia. Finalmente la Juez a cargo del caso entregó al menor a su familia cerrando el caso.
Al día siguiente de este episodio concurren compañeros de la Comisión Directiva de ADES Montevideo al centro, quienes junto a parte del núcleo sindical del mismo y al equipo de dirección, con la presencia también de la psicóloga del liceo y la adscripta de primero, se reúnen para tener mayor información de lo ocurrido y plantear la preocupación del núcleo liceal ante este inusual procedimiento promovido por las autoridades del CES.
Los docentes del Núcleo del Liceo 7 consideramos que toda acción, ya sea de docencia directa o indirecta, debe basarse en criterios pedagógicos, propendiendo a fomentar siempre como principio básico el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, las acciones de las autoridades del CES que intervinieron en este episodio se alejan mucho de esos criterios y valores.
En primer lugar nos preguntamos por qué habiendo una normativa específica que determina cómo actuar ante faltas graves ocurridas en un centro educativo (“Estatuto del Estudiante de Educación Media”) se la pasa por alto, recurriendo directamente a la policía y al poder judicial, haciendo omisión de lo establecido en el Art. 30 del Estatuto del Estudiante, que determina que ante una falta grave prima facie se suspenda preventivamente al estudiante que la hubiera cometido y se convoque inmediatamente al CAP. Si bien ambos estudiantes fueron suspendidos preventivamente, el CAP no fue convocado en los días posteriores a los hechos relatados.
No entendemos tampoco por qué el estudiante fue sustraído del local liceal en un patrullero sin la presencia de sus padres ni ningún tutor legal. Cabe mencionar que el padre concurrió al liceo veinte minutos después que el alumno había sido llevado a la comisaría, dirigiéndose posteriormente del liceo a la misma.
Consideramos que no hay recetas para afrontar las problemáticas que se producen cotidianamente en los centros educativos, pero creemos que en cualquier situación no debemos desviarnos de nuestro rol de educadores. Es por eso que nos preocupan las acciones que atentan contra los derechos de los adolescentes, promovidas por las autoridades del CES que intervinieron en este caso. Por este motivo, solicitamos a la Comisión Directiva de ADES Montevideo que se realice la denuncia correspondiente por haberse actuado haciendo omisión de la normativa vigente y al margen de todo criterio pedagógico.
Núcleo Sindical Liceo 7
ADES / FENAPES / PIT-CNT
