Muéstreme el artículo
En el marco de la campaña por la derogación de una parte de la LUC, se han elaborado piezas de propaganda que afirman que la LUC privatiza la educación pública. En respuesta a las mismas, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la coalición de gobierno, Pablo Mieres, así como el candidato favorito para ocupar la Presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira, han expresado públicamente que discrepan con esas afirmaciones[1]. Si bien las formulaciones han sido diferentes, coinciden en indicar que no hay ningún artículo concreto que explícitamente privatice la educación pública. Estas apreciaciones son fruto de una concepción completamente restrictiva -y por tanto inadecuada- del concepto de privatización, pero que no obstante resulta conveniente a ambos actores en atención de lograr sus objetivos sectoriales o partidarios.
De acuerdo a esta concepción, privatizar una industria o un servicio público implica necesariamente transferir su propiedad y/o su gestión a manos de organizaciones privadas, particularmente empresariales. Desde luego, esto constituye claramente un proceso de privatización, pero no es el único proceso de privatización que puede darse, por lo que no es el único que cabe esperar.
Tal como muestra la investigación académica sobre privatización de la educación en Uruguay realizada bajo el auspicio de la Internacional de la Educación en el año 2017[2], existen muy diversas maneras en las que puede tornarse paulatinamente privada la educación pública, y no todas ellas implican una transferencia explícita y documentada de ninguna propiedad. Se profundiza la privatización, por ejemplo, mediante las transferencias económicas del estado -bajo diferentes formas de exoneraciones impositivas- a instituciones educativas privadas u organizaciones privadas que llevan adelante políticas educativas en el seno de las instituciones públicas. Se privatiza también la educación pública mediante la cesión temporal de la gestión de varios aspectos de las instituciones educativas cuyos edificios se construyan mediante el mecanismo de PPP. Privatización es la hibridación público-privada en diversos convenios que celebra el INAU para la educación en primera infancia. Se privatiza al tercerizar servicios importantes como las porterías de las instituciones educativas o la alimentación escolar. Existe incluso la llamada privatización endógena, que implica aplicar criterios y métodos empresariales para gestionar las instituciones educativas públicas.
Todos estos procesos, y otros procesos análogos de privatización, se están llevando adelante en la educación pública uruguaya desde hace ya varias décadas. La LUC es una ley antipopular y antidemocrática no porque inaugure los procesos de privatización educativa, sino porque le otorga a las autoridades nacionales mayores prerrogativas e instrumentos jurídicos para profundizar y acelerar estos procesos, como puede constatarse en virtud de algunos de sus artículos[3].
El artículo 151 de la LUC habilita a que el CoDiCen de la ANEP esté integrado por personas que jamás pisaron el aula de una institución educativa pública.
El artículo 156 elimina la participación minoritaria de la representación docente en los Consejos Desconcentrados, convirtiéndolos en “órganos desconcentrados unipersonales”. De este modo, se contribuye a disminuir aún más la cantidad y calidad de la información con la que cuentan las/os docentes respecto de las decisiones que se toman en materia educativa, bajo pretexto de “acelerar” y “agilizar” la toma de decisiones.
Los artículos 163 y 193 habilitan la creación de estatutos funcionales paralelos, con diferentes estructuras de derechos y obligaciones, y estableciendo criterios de evaluación absolutamente discrecionales como el “compromiso con el proyecto de centro”, contribuyendo al aumento de la arbitrariedad en la toma de decisiones, en línea con preceptos neogerencialistas.
Los artículos 172 y 185 habilitan y potencian la integración de las instituciones educativas privadas en la Comisión Coordinadora de Educación y en las Comisiones Coordinadoras Departamentales, ampliando a su vez las potestades de estas últimas.
El artículo 183 elimina la palabra “pública” del otrora Sistema Nacional de Educación Pública.
Por último, y solo para dar fin a esta pequeña selección, el artículo 129 elimina la prohibición de suscribir convenios internacionales que tiendan a la mercantilización de la educación pública, y habilita la sucripción de convenios que consideren a la educación como un servicio lucrativo, siempre y cuando no la “reduzcan” a esa dimensión.
Claro está, ningún artículo de la LUC plantea que todos los jardines, escuelas, escuelas técnicas, liceos e institutos de formación docente del país que están administrados por la ANEP pasen a manos de determinadas empresas privadas tanto en su propiedad como en su gestión. Pero si esa es la única modalidad en la que se concibe la privatización, entonces tendríamos que sostener que no ha habido procesos de privatización educativa de ningún tipo en la historia del Uruguay, y que por tanto nuestro país es una excepción absolutamente única de una realidad que está caracterizando al mundo entero. Es muy difícil tomar en serio una afirmación de estas características, que contraviene no sólo el sentido común sino también la evidencia empírica.
Muy por el contrario, el error no ha de buscarse en la pieza publicitaria que denuncia la privatización; sino en quienes suscriben a una definición tan restrictiva y estrecha de este concepto que están dispuestos a afirmar en la prensa que la LUC no privatiza la educación pública.
Los más amplios consensos
Esta concepción restrictiva de la privatización es funcional a los intereses tanto de Mieres como de Pereira. El ministro, a través de este discurso, defiende la LUC aprobada por su gobierno y con los votos de su partido político. El candidato a la presidencia del Frente Amplio, por otra parte, esgrime esta concepción restrictiva de la privatización porque es la única que le permitiría afirmar que durante los gobiernos de su partido político no hubo privatización. Reconocer que la privatización es mucho más que la transferencia directa a manos de un empresario, implicaría reconocer también que los gobiernos del Frente Amplio contribuyeron a la privatización de la educación pública, así como a sentar las bases para su profundización. Sin embargo, esta estrategia implica un alto costo para la campaña por la derogación de una parte de la LUC, ya que cuestiona públicamente la veracidad de algunas de sus piezas publicitarias.
Quizás el hecho de que Fernando Pereira y Pablo Mieres compartan esta concepción equivocada de la privatización se debe a que comparten también varios aspectos de una cosmovisión común, dado su pasado de militancia compartida en las diferentes vertientes de la llamada democracia cristiana, si se admite el oxímoron. Pero, desde luego, no son los únicos que afirman que la LUC no privatiza. Podemos encontrar discursos como estos en los sectores más a la derecha de la coalición de gobierno, ya que se les une en este coro la figura del Presidente del CoDiCen de la ANEP, Robert Silva, quien declaró con ligereza que afirmar que la LUC tiene una tendencia privatizadora es un “disparate” y una “falacia que no tiene sustento”[4].
Robert Silva, Pablo Mieres y Fernando Pereira: el responsable de la política educativa del gobierno de derechas y ultraderechas, el líder del partido “de centro” que pretende ser el ancla que impida la deriva de la coalición de gobierno hacia posiciones más reaccionarias, y el candidato con más chances de ocupar la presidencia del Frente Amplio, respectivamente. Parece claro que la privatización de la educación pública, principalmente a través de mecanismos solapados y encubiertos, se ha vuelto una política de estado que cuenta en su núcleo central con el acuerdo de casi todo el espectro político nacional; una triste constatación que debería impulsarnos no hacia la desolación, sino hacia la indignación y, sobre todo, la acción.
Aquello de lo que no debe hablarse
En la última Asamblea General de ADES Montevideo -la más numerosa desde el inicio de la pandemia- se resolvió no iniciar un paro por tiempo indeterminado por una escasísima diferencia de votos. Desde luego, esta escasa diferencia no dice nada sobre la legitimidad de tal decisión, tan válida como si se hubiera adoptado por unanimidad o por aclamación. Sin embargo, nos obliga a prestar especial atención a los argumentos que se utilizaron para no tomar una medida de fuerza extrema, ante lo extremo del atropello que estamos viviendo a manos del actual gobierno; atropello que excede ampliamente la privatización educativa y que incluye reformas curriculares tecnocráticas, un brutal recorte presupuestal, la imposición unilateral de modificaciones en nuestras condiciones de trabajo, y una persecución antisindical que pretende instalar el miedo y la autocensura.
En el marco de las consideraciones realizadas se presentó un curioso razonamiento. Se afirmó que todas nuestras fuerzas debían apuntar en este momento a la derogación de una parte de la LUC (lo cual, si bien debatible, no carece de sensatez), pero se realizó a partir de esta afirmación una inferencia completamente defectuosa: que no es conveniente acompañar la campaña de recolección de votos con medidas de fuerza contundentes. Es innegable que la derogación de la LUC, aunque más no sea en un puñado de sus artículos, constituiría un notorio golpe al programa reaccionario y antipopular del gobierno y, por tanto, un logro para las organizaciones que hemos impulsado este recurso jurídico. En este sentido, es claro que debemos extremar los esfuerzos por lograr un resultado favorable en el referéndum, máxime porque, de lo contrario, le habremos hecho un favor al gobierno muy superior al que hubiera implicado no emprender este camino en primer lugar. No obstante, como se ha dicho, la privatización solapada de la educación pública es una política de estado. Como política de estado es anterior a la LUC y continuará mucho más allá del referéndum derogatorio, cualquiera sea su resultado. Los procesos de privatización trascienden ampliamente el contenido de esta ley, y deben ser denunciados y enfrentados en todas las dimensiones posibles de manera simultánea. Por esta razón, ninguna medida de fuerza debería ser descartada solo porque esté sobre la mesa la posible derogación de algunos artículos de una ley. De lo contrario, obraríamos bajo el supuesto erróneo de creer que al día siguiente de una eventual derogación, la privatización de la educación pública uruguaya se habrá detenido, cuando en realidad sólo se habrá desacelerado.
El próximo Congreso de la FeNaPES será el encargado de trazar la orientación general de nuestra federación para los próximos dos años. Es fundamental que esa importante instancia priorice su carácter programático y pueda elaborar un plan de acción que tenga en el centro la lucha contra la privatización y el desmantelamiento de la educación pública.
En este sentido, se ha dicho también que la grave situación ameritaría objetivamente ir a una huelga, pero que debemos impulsarla en el conjunto de la FeNaPES y no sólo en ADES Montevideo. Próximamente volverá a convocarse a la Asamblea General para definir las propuestas que llevará al Congreso de la FeNaPES su filial más numerosa. Será esta una oportunidad propicia para que quienes esgrimieron tales argumentos los respalden con acciones concretas, y no deberían caber dudas de que estas corrientes de pensamiento -en honor a la mera coherencia- impulsarán la propuesta de que la FeNaPES en su conjunto emprenda medidas de lucha profundas para enfrentar esta situación. No cabe esperar otra cosa.
Salvo, claro está, que estos argumentos hayan sido elaborados para la ocasión. Si así fuera, se comprendería perfectamente por qué algunas corrientes extreman esfuerzos por que ADES Montevideo no tome medidas contundentes bajo el pretexto de que toda acción de peso debe ser de alcance nacional, al tiempo que -teniendo una innegable preponderancia en la FeNaPES- tampoco impulsan en este ámbito la adopción de tales medidas.
Quizás el factor que permite explicar definitivamente esta curiosísima circunstancia pueda encontrarse en algunas de las afirmaciones que fueron vertidas, seguramente sin sopesar con cuidado su alcance y gravedad: que esnecesario abandonar la ingenua esperanza de que las organizaciones sociales pueden, por sí mismas, ser forjadoras de cambios estructurales en nuestra sociedad, ya que estos cambios solo pueden darse a instancia de las organizaciones políticas. Es ésta una afirmación difícil de sustentar, y parece responder a un marco de análisis que prescinde de considerar los cambios en la configuración de las sociedades (y de sus organizaciones) que han ocurrido en las últimas décadas, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Tal vez ya sea hora de comenzar a interpretar la realidad como si los últimos cincuenta años efectivamente hubieran transcurrido.
Negar la importancia de que existan organizaciones políticas, y negar el derecho a estas organizaciones de intentar incidir organizada y deliberadamente en las organizaciones sociales, sería negar lo evidente. Sin embargo, supeditar la construcción de las organizaciones sociales (incluidas las organizaciones sindicales) a las estrategias circunstanciales de las organizaciones políticas -cuya legitimidad, hay que decirlo una vez más, es inobjetable- es lo que ha dado triste protagonismo en la realidad nacional a personajes como Robert Silva, Pablo Mieres o Fernando Pereira, que desempeñan papeles diferentes durante el transcurso del espectáculo, pero coinciden fraternalmente una vez que se baja el telón. Priorizar los acuerdos y las estrategias de las organizaciones políticas por sobre la construcción colectiva de las organizaciones sociales es lo que ha dado origen a lo peor de la política partidaria nacional, representado en la figura de Guido Manini Ríos, apañado y promovido por los gobiernos progresistas como consecuencia tardía del pacto de impunidad suscripto en el Club Naval, devenido en expresión tajante de la derecha más rancia de nuestro país y provocador de los más encendidos discursos de parte de quienes no hace tanto lo pusieron al mando de las Fuerzas Armadas.
Hacia ese lamentable derrotero nos conducirán quienes anteponen sus intereses sectoriales o partidarios -por más nobles que sean los fines a los que se aspira- por sobre la elaboración colectiva que se realiza a partir de la pluralidad de perspectivas; anteponiendo estos intereses, incluso, por sobre los más elementales criterios éticos. Así lo harán, hasta que estemos en condiciones de decir basta.
Sebastián Peralta
19 de noviembre de 2021
[1]Las palabras de Fernando Pereira pueden encontrarse en: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Pereira-sobre-la-LUC–Ningun-articulo-plantea-privatizar-la-educacion-publica-uc803519 ; y las de Pablo Mieres en: https://www.montevideo.com.uy/Columnistas/Opinion–Campana-contra-la-LUC-fundada-en-mentiras-y-enganos-uc803530 . Posteriormente, se ha reactivado en el discurso público el debate sobre si la LUC privatiza la educación pública o no; véase, por ejemplo: https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2021/11/la-luc-y-la-privatizacion-de-la-educacion/ y https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2021/11/academicos-y-la-oposicion-aseguran-que-la-luc-incorpora-logicas-de-gestion-privada-en-la-educacion-el-oficialismo-lo-niega/
[2]Bordoli, E.; Martinis, P.; Moschetti, M.; Conde, S.; & Alfonzo, M. (2017). Privatización educativa en Uruguay: políticas, actores y posiciones. Internacional de la Educación. Disponible en: https://ei-ie-al.org/recurso/privatizacion-educativa-en-uruguay-politicas-actores-y-posiciones
[3]Un análisis más pormenorizado de estos artículos puede encontrarse en algunos documentos elaborados por la Comisión contra la LUC de ADES Montevideo, disponibles en: https://adesmontevideo.uy/20-razones-por-las-que-decimos-no-a-la-luc/ , así como en: https://adesmontevideo.uy/disparates-y-falacias-que-no-tienen-sustento-en-respuesta-a-las-declaraciones-del-prof-robert-silva/
[4]https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2020/4/robert-silva-decir-que-la-ley-de-urgente-consideracion-tiene-una-tendencia-privatizadora-es-un-disparate/
