La elaboración del Presupuesto Nacional es la instancia de mayor importancia en la configuración de las condiciones de estudio y trabajo en la educación pública del país. De la Ley que resulte una vez culminado el proceso previsto por la Constitución, dependen el salario de los trabajadores, la creación de cargos, las obras edilicias y las políticas educativas.
La situación en que se encuentra la educación pública es delicada y exige una fuerte inversión para que sea posible revertir procesos de deterioro que se dan desde hace varias décadas.
El salario que un profesor percibe por la unidad docente al ingresar a la función es de 18 mil pesos nominales, menos de lo que un parlamentario recibe cada mes como partida para gastos de prensa. La de los docentes es una de las peores retribuciones que percibe hoy un trabajador calificado en Uruguay y, dada la relación existente entre salario y seguridad social, dichas retribuciones se traducen en jubilaciones de hambre.
Corresponde recordar a las autoridades que los docentes estamos excluidos de numerosos derechos de los que con total justicia disponen el resto de los trabajadores, como el descanso diario remunerado, el salario vacacional y el seguro de paro. Además, la mitad de las labores las realizamos “en negro”, pues el salario docente se estima exclusivamente a partir de las horas de trabajo con los alumnos en el aula, por lo que no contempla el tiempo que destinamos a planificar los cursos, diseñar y evaluar diagnósticos grupales, elaborar materiales de estudio, preparar las clases, describir el desarrollo del curso en las libretas de cada grupo, organizar y ejecutar salidas didácticas, evaluar trabajos escritos, hacer promedios, realizar informes para las reuniones de evaluación, etc.
La insuficiencia de los salarios en relación al costo de los productos básicos de consumo, fuerza a la mitad de los profesores a tener otros empleos para mejorar sus ingresos, lo que constituye un obstáculo para la profesionalización docente y va en detrimento de una educación de calidad para los jóvenes del país, en particular para los más pobres.
Además, la pauperización salarial repercute en una de las tasas más bajas de la historia en materia de nuevos ingresos a la formación docente, con la consecuente falta de profesores en diferentes asignaturas. Si los salarios docentes no reciben un incremento sustantivo, los próximos cinco años seguirán faltando docentes en cientos de grupos de decenas de liceos de todo el país, afectando los procesos de aprendizaje de miles de estudiantes.
Exigimos un salario de 30 mil pesos por la unidad docente al ingreso a la función. En aras de una impostergable jerarquización de la educación pública, y en un contexto de crecimiento económico sostenido del país para los próximos cinco años -incluso de acuerdo con las estimaciones más conservadoras-, entendemos que nuestra reivindicación, además de justa, puede ser presupuestalmente atendida.
Los 295 establecimientos públicos de educación secundaria del país reciben hoy más de 230 mil estudiantes. Casi el 40% de ellos provienen de entornos socioeconómicos desfavorables y muy desfavorables; ello significa que sufren, entre otros, problemas de alimentación, vestimenta y vivienda, sumados a una total falta de contención afectiva, muchas veces asociada a situaciones de desamparo, violencia y explotación.
Hoy la enseñanza secundaria recibe a muchos de esos estudiantes en liceos en los que un adscripto debe trabajar con cien o más alumnos, un orientador bibliográfico con 30 horas de trabajo debe cubrir tres turnos, un laboratorista de física debe encargarse además de las prácticas de química y biología (y viceversa), un psicólogo con 20 o 30 horas de trabajo debe atender a más de mil alumnos, sin trabajadores sociales, sin psicopedagogos, sin porteros que controlen los ingresos a los establecimientos, con administraciones desprovistas de funcionarios que puedan atender a la comunidad durante buena parte de la jornada, sin auxiliares de servicio que puedan limpiar los centros entre la finalización de un turno y el comienzo de otro, y sin funcionarios que puedan hacer un mantenimiento correctivo y preventivo que evite llegar a situaciones de grave deterioro edilicio.
Exigimos que sea creada la suficiente cantidad de cargos como para recibir en condiciones dignas a esos más de 230 mil estudiantes: de ello depende que la “inclusión educativa”, tan publicitada por el gobierno y las autoridades de la educación, no sea más que una consigna hueca detrás de la cual se esconde un silencioso pero potente mecanismo de expulsión de los jóvenes más pobres, cuyas problemáticas, que generalmente trascienden largamente las dificultades de aprendizaje, hoy siquiera pueden ser identificadas, y muchísimo menos trabajadas con especialistas que puedan orientar a docentes y alumnos desde su especificidad profesional. Si esta reivindicación no es atendida, todo jerarca que invoque la “inclusión” será irremediablemente un demagogo.
Pero ello no es todo. Secundaria recibe hoy a miles de estudiantes en edificios en mal estado, a veces casas apenas acondicionadas o contenedores reciclados, con servicios sanitarios insuficientes y sucios, en salones mal iluminados y sin ventilación natural, con instalaciones eléctricas envejecidas que no permiten el uso de audiovisuales, en condiciones de hacinamiento a razón de menos de un metro cuadrado por estudiante, con bancos vetustos que en ocasiones no alcanzan para todos los alumnos de un salón, con laboratorios que por sus dimensiones no permiten trabajar con un grupo entero, con salas de informática que reciben 35 estudiantes con apenas 8 computadoras de 15 en funcionamiento, sin bibliotecas aprovisionadas y confortables, sin espacios adecuados para los talleres de las disciplinas artísticas, sin gimnasios ni espacios dignos para la educación física, sin patios ni otros sitios para el esparcimiento, y con escasos recursos didácticos.
Exigimos la creación de al menos 60 nuevos edificios liceales, necesarios para proceder a la sustitución de los locales en peores condiciones, así como para revertir las situaciones de superpoblación existentes, tendiendo a reducir al mínimo posible el número de estudiantes por grupo en los liceos que abren sus puertas a los jóvenes más pobres de nuestra sociedad. Si este reclamo no es satisfecho, deberá interpretarse que las autoridades han definido sostener una de las variables que explica la enorme brecha existente entre la educación pública (con un promedio de casi 800 estudiantes por centro) y la educación privada (que, con 44 mil estudiantes en 191 establecimientos, recibe a un promedio de 230 estudiantes por centro).
Por último, y no por ello menos importante, es hora de abandonar ese nefasto paradigma que ha llevado a varios gobiernos nacionales y a diferentes administraciones de la educación, a dirigir un ataque pertinaz contra los docentes y los conocimientos, acusando a los primeros de “aburridos” y a los segundos de “perimidos”. Basta ya de ese discurso acuñado por mediocres resentidos con el ámbito académico. Basta ya de esa falsa disociación entre trabajo manual e intelectual, esgrimida para privilegiar la rápida inserción laboral y descalificar la formación disciplinar integral.
Los liceos han de ser instituciones que eduquen para la vida, y no sólo para el trabajo o, lo que es peor, para satisfacer las demandas del mercado laboral. Nos rebelamos contra toda concepción según la cual la tarea primordial de los centros educativos sea dar de comer, derivar según el caso a diferentes centros de asistencia y contener en doble horario a jóvenes que por diferentes razones viven en condiciones deplorables. La educación no debe, porque no puede, asumir aisladamente la transformación de las injusticias inherentes al sistema capitalista.
Es tiempo de iniciar un proceso que permita revertir el deterioro al que han llevado a la educación pública las políticas focalizadas, el recorte de conocimientos, la instrumentalización de diferentes asignaturas, la flexibilización del reglamento de pasaje de grado, la estigmatización de los exámenes y la repetición, la reproducción de situaciones de pobreza económica y cultural bajo el rótulo de respeto a la “diversidad”, las mediciones estandarizadas, la “acreditación” de “competencias”, el financiamiento público de instituciones de gestión privada, etc.
Exigimos, una vez más, un sistema autónomo y cogobernado, orientado a una educación integral que permita al estudiante cuestionarse a sí mismo y a la sociedad, analizar los procesos históricos, comprender y valorar el trabajo como forma de realización personal y colectiva, e incorporase deliberada, responsable y activamente a los procesos de construcción de una sociedad más justa.
