- La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo continúa cumpliendo los procedimientos de investigación de los hechos mencionados conforme a lo dispuesto por la Ley No. 18.446.
Si la Institución continúa cumpliendo procedimientos de investigación, es porque no tiene aún una valoración acerca de lo ocurrido, a diferencia de lo que varios medios de comunicación han manifestado en estos días al hacer referencia a un supuesto informe de la INDDHH:
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Institución de DD.HH. respaldó a la Republicana en desalojo del Codicen», tituló El País.
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«Institución de DDHH: No se utilizó la fuerza contra los jóvenes ocupantes», tituló El Observador.
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«INDDHH: no existió violencia contra ocupantes del Codicen», tituló La República.
- «Respaldo del INDDHH a la Guardia Republicana», tituló Canal 4.
- «Institución de DDHH: no se utilizó la fuerza contra los jóvenes ocupantes”, tituló Canal 10.
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«Inddhh aseguró que no hubo excesos en desalojo del Codicen», tituló Canal 12.
- «Inddhh no considera abusivo el accionar de la Guardia Republicana», tituló El Espectador.
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«Instituto de Derechos Humanos dijo que no hubo fuerza abusiva en el desalojo al CODICEN», tituló Radio Montecarlo.
- Para la Inddhh, en la desocupación del edificio de Codicen no hubo un uso de la violencia abusivo por parte de la policía, expresó 180.
La causa del equívoco está indirectamente expresada por la INDDHH en el siguiente punto:
A esos efectos (continuar los procedimientos de investigación), considera, entre otros elementos:
a) El informe de observación realizado por el Presidente de la INDDHH el día 21 de setiembre de 2015.
Lo que hasta ahora ha circulado como declaración de la Institución, en realidad no lo es, sino que se reduce a la observación realizada por Faroppa, quien concurrió al CoDiCen a título personal, y no en nombre de la Institución.
b) Como señala el Literal (j) del punto 13 de dicho informe de observación: “No obstante las conclusiones precedentes, la INDDHH continuará con sus investigaciones, recibiendo informaciones y otros elementos de juicio sobre estos hechos que permitan ampliar y/o complementar lo señalado en este informe”.
El carácter salvaje de la represión policial es tan claro y existen tantas pruebas del mismo, que ni el propio Faroppa puede eludir una ampliación de su propia versión.
c) En ese marco, se han recibido nuevas denuncias sobre esos hechos, así como sobre otros producidos en dependencias policiales y en días posteriores a los mismos que se están investigando. También se ha iniciado una investigación de oficio sobre algunas situaciones vinculados a los hechos del día referido.
La Institución ha tomado nota, entre otras, de la denuncia realizada por ADES Montevideo, además de disponer de materiales probatorios de un proceder policial que no se ajusta a derecho (miembros del propio Ministerio del Interior así lo ha reconocido).
d) A esos efectos, se analizan declaraciones de las personas denunciantes, fotografías y videos que se han entregado a la INDDHH y se solicita información a los organismos del Estado relacionados con el proceso de desalojo.
Si se solicitan informes a diferentes organismos del Estado, es porque la Institución entiende que son a lugar al menos algunas de las denuncias recibidas en relación al procedimiento policial. Me pregunto, ¿qué valoración hará el INDDHH acerca del video que muestra a Faroppa diciendo: «al abogado lo cagaron a palos en el piso, yo lo vi»?
- La INDDHH continuará informando regularmente sobre el avance de estas investigaciones, las conclusiones de ese análisis y las eventuales recomendaciones que puedan dirigirse a los organismos del Estado competentes.
Si pasados diez días la Institución Nacional de DDHH entiende prudente seguir investigando y no extraer aún conclusiones siquiera primarias, cabe preguntarse: ¿es posible que la jueza y la fiscalía encargadas del caso hayan procedido con una mirada imparcial e integral, debidamente sopesada y en base a una clara secuenciación de los hechos ocurridos (¿qué fue causa y qué consecuencia?), como para procesar a varios trabajadores y estudiantes? Si es que aún no fue suprimida la libertad de expresión, permítaseme responder que no. No es posible.
Invito a que nos preguntemos, ¿por qué tanta celeridad para procesar a compañeros del movimiento estudiantil y sindical cuando aún no están todas las pruebas sobre la mesa? No recuerdo que la justicia haya sido tan rápida en otros casos, particularmente en aquellos que han involucrado a varios de los actuales miembros del poder ejecutivo…
¿Qué defensa puede articularse de una persona que de un momento a otro es ilegalmente detenida en la calle y trasladada poco rato después a un juzgado en calidad de “indagada”? Parecería que la “justicia” es practicada en Uruguay tal como la definía Trasímaco en su diálogo con Sócrates: “lo que conviene a los poderosos”.
