DIME QUIÉN SE EXPRESA, Y TE DIRÉ SI PUEDE
Acerca de la declaración de “inspectores y coordinadores de Secundaria con Martínez – Villar”
Un comunicado firmado por inspectores de Secundaria, en el que manifiestan su apoyo a la fórmula electoral frenteamplista, generó críticas desde diferentes tiendas partidarias. Entre ellas encontramos las del expresidente Julio María Sanguinetti, quien escribió en Twitter: «Increíble: inspectores de Secundaria violando abiertamente el artículo 58 de la Constitución y reclamando voto a Martínez. ¿No saben que está prohibido actuar colectivamente?» También hallamos los cuestionamientos de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien dijo a diferentes medios que este tipo de expresiones por parte de autoridades educativas generan «miedo» en los docentes que tienen otras expresiones políticas. “Se viola el Artículo 58 de la Constitución”, declaró a El País.
Como se ve, se invoca repetidamente la Constitución, denunciando el incumplimiento de lo previsto por el artículo 58. El mismo establece dos limitaciones a la actividad proselitista de los funcionarios públicos: no pueden realizarla “en los lugares y las horas de trabajo”, ni podrán “constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes”. Examinemos si el referido comunicado ha trasgredido esas limitaciones.
Hasta el momento, parece carecer de sustento la idea de que los inspectores emitieron su declaración pública desde su lugar y horario de trabajo. Lo que hicieron fue difundir una serie de valoraciones acerca de por qué apoyan al Frente Amplio. Y lo hicieron a través de diferentes redes sociales. Eso es lo importante para el análisis de este caso: no utilizaron los medios institucionales de su repartición de la ANEP para propagar su declaración. Si así fuera, el coro de denunciantes e indignados mediáticos de los últimos días debería presentar pruebas donde corresponde hacerlo. En tanto eso no ocurra, este punto no amerita mayores consideraciones. Pasemos a analizar la segunda limitación constitucional.
Plantear que los inspectores por firmar una carta se convierten automáticamente en una agrupación, es incurrir en “ignorantio elenchi”. En lógica, recibe ese nombre la falacia en la que se presenta un argumento que puede ser válido por sí mismo, pero que concluye una proposición diferente a la que puede probar. Del hecho de que un grupo de personas suscriban una nota, se desprende que lo que esa nota expresa tiene más o menos defensores, que podrán ser más o menos calificados en la materia sobre la que se pronuncian, pero nunca podrá concluirse que por ese solo hecho quienes la suscriben constituyen una agrupación.
¿Acaso cuando, durante el gobierno de José Mujica, el Partido Nacional y el Frente Amplio firmaron ciertos acuerdos en el área de la educación, se constituyeron en agrupación? Claro que no. Esa irracional y atropellada manera de pensar no llama la atención en tanto proviene de sectores políticos que en tres días suscribieron una batería de intenciones generales desprovistas de contenido, y creen por ello haber conformado una “coalición”. Entendemos que se confunden, pues no hacen más que proyectar a terceros las inconsistencias propias. ¿O efectivamente constituyen una nueva agrupación político partidaria blanquicolocabilgentindependiente?
Se dice que hay docentes que sentirían “miedo” por la evaluación que puedan hacerles los inspectores firmantes. Sin embargo, las categorías según las cuales un inspector debe evaluar el desempeño de un docente están claramente establecidas: capacidad técnico pedagógica, conducción del proceso de enseñanza, orientación dada al curso, aprendizaje de los alumnos, clima de trabajo, respeto a los alumnos y trabajo creativo. Si, al evaluar a un docente, un inspector no se ajustase a estas categorías, el docente inspeccionado puede recurrir el informe de evaluación gracias a una serie de derechos previstos en la normativa.
Si Bianchi y Sanguinetti tienen pruebas de que hay inspectores que están evaluando a los docentes en función de sus simpatías partidarias, sabrán asesorarlos acerca de dónde y de qué manera denunciarlos. Como lo ha hecho la FeNaPES cuando se han violentado los derechos de los trabajadores. Aportando elementos para la resolución democrática del conflicto. Porque si no se tienen pruebas e igualmente se recurre a la denuncia pública, no se hace más que sembrar el terror, en vez de combatirlo.
Lo que hay detrás de las referidas acusaciones mediáticas es una ideología de denostación hacia los trabajadores, y una concepción según la cual la libertad de expresión es para unos pocos, en este caso, para los que piensan como Bianchi y Sanguinetti. Tratándose de doctores en leyes, deberían saber que la Constitución es muy clara acerca de que ser docente no es un impedimento para el desarrollo de actividades proselitistas.
Además, cuando se cuestiona el comportamiento de terceros en términos éticos y jurídicos, se debe tener la certeza de que quienes integran el propio sector político no hacen lo mismo. Sanguinetti no puede decir nada de los “inspectores y coordinadores con Martínez”, cuando Robert Silva hizo proselitismo para las elecciones universitarias de mayo de 2018, llamando a votar por las listas 9, 99 y 199 “Baltasar Brum” del orden estudiantil, bajo la consigna “votando a los mismos de siempre no se solucionan los problemas de siempre”; y también hizo proselitismo para las elecciones en el Consejo de Formación en Educación en noviembre de 2018, llamando a votar la lista 4 del orden docente. Sin embargo, de esas actividades proselitistas no se desprende que cuando Robert Silva visitaba un centro educativo, lo hacía con la bandera del Partido Colorado bajo el brazo.
Preocupan los comentarios de Bianchi y Sanguinetti porque no se trata de planteos aislados, sino que se suman a un proceso de recorte de libertades a los docentes. Recordemos el cuestionamiento judicial a resoluciones pedagógicas (como el caso de un fallo de repetición en Primaria), la limitación de las libertades gremiales y sindicales a través de un recurso de amparo presentado por el Partido Nacional (para prohibir los carteles en las fachadas de los edificios de enseñanza), y las declaraciones de prensa de jerarcas como Edith Moraes sobre la libertad de cátedra (negando su existencia en Primaria y Secundaria). Los planteos de la doctora Bianchi y del doctor Sanguinetti vienen a contribuir al avance de esa concepción autoritaria de la educación.
La censura ha sido una práctica muy común de los gobernantes, desde la antigüedad. A mediados del siglo XVI se acentuó su empleo debido al desarrollo de la imprenta, que propició la difusión de todo tipo de obras. La mayoría de los gobiernos ejercieron desde entonces, en diferentes grados y formas, un control sobre los contenidos ideológicos que directa o indirectamente los afectasen. Independientemente de la valoración que cada uno pueda hacer acerca del contenido de la nota de los “inspectores con Martínez”, llamamos a no retroceder ni un solo paso en el ejercicio de las libertades que con tanto sacrificio fueron conquistadas en el devenir de la historia por las organizaciones populares.
De nosotros depende que la libertad de expresión no se convierta en un lujo exclusivo de los poderosos, quienes gracias a sus privilegios pueden expresarse sin temor a posibles responsabilidades penales, mientras que quienes discrepamos con sus puntos de vista estamos cada vez más expuestos a ser penalizados. No debemos normalizar esta clase de comportamientos censores y sectarios. Las palabras y las ideas que las palabras tratan de representar no delinquen, por lo que cualquier obstáculo a la libertad de expresión es inaceptable.
Carina Benoit y Julio Moreira
Agrupación Ferrer i Guardia
ADES Montevideo / FeNaPES
