19 de junio de 2020.
INFORME A LA ASAMBLEA
Agrupación María Barhoum
Desde que el gobierno estableció el plan de reingreso a la presencialidad en los distintos niveles de las instituciones educativas públicas y privadas se desencadenó un vertiginoso proceso de trasladar esas “ideas” a la práctica concreta. En este proceso la voz de los trabajadores de la educación tuvo
poca o nula presencia, consistió básicamente en una imposición. Hoy, con todo el trabajo realizado por los núcleos a la vista, reafirmamos lo que decíamos en la última Mesa Representativa: “…¿vamos a apostar todo a instancias de negociación donde los representantes de los trabajadores se
«ven forzados» por las autoridades a dejar en el camino espacios ganados por el sindicato, como en lo relativo a las Comisiones Bipartitas de Salud Laboral que funcionaban en cada liceo? ¿Sin el necesario resguardo de un plan de movilizaciones que nos asegure una posición de fuerza? No parece ser un camino seguro, también apoyándonos en la experiencia y memoria de nuestro movimiento popular. Negociar movilizados es un principio irrenunciable, en todo contexto. Fue aprobado un protocolo para el reingreso en el ámbito CSEU- CODICEN y posteriormente un manual negociado entre el CES, FENAPES y ATES y en ningún punto de ese proceso los acuerdos pasaron por ninguna instancia de discusión colectiva entre los trabajadores. Esto es una concepción de la militancia sindical que no podemos naturalizar, porque no es la única posible, es la que eligieron los dirigentes que tenemos hoy y a la vista están las limitaciones que tiene: se
retrocede, como sindicato en la conformación de los «grupos de trabajo» al no reclamar la presencia insustituible del trabajador sindicalizado, único interlocutor en negociaciones con las autoridades y único colectivo capaz de defender las resoluciones adoptadas.”
Las decisiones tomadas estarían aparentemente centradas en lo sanitario, en el cuidado de las personas y en las precauciones necesarias para que no se produjera un rebrote de la propagación del virus. Esta premisa, aparentemente obvia e incuestionable, tiene un montón de consecuencias que determinan unas condiciones de trabajo y de estudio que son, sencillamente, difíciles de implementar. El peso de las sucesivas decisiones presupuestales de los gobiernos saca a flote las carencias de todo tipo con las que convivimos estudiantes y trabajadores de la educación pública. El
gobierno y las autoridades de la educación pensaron en un sistema ideal, que funciona y que cuenta con los recursos necesarios en condiciones normales, por lo que, proveyendo de algunos insumos de limpieza y un par de alfombras sanitarias, las condiciones estarían dadas. Pero, la realidad puede más y la cosa no es tan sencilla.
La lucha presupuestal por parte de los trabajadores de la educación viene de larga data, los gobiernos anteriores han sabido de la pugna existente en lo que tiene que ver con proveer de mayor presupuesto a toda la educación pública. Este nuevo período de gobierno no será un caso excepcional, en que los trabajadores bajemos los brazos para perseverar y batallar ante la lucha presupuestal como estamos acostumbrados a hacerlo. Hasta ahora los magros y escasísimos recursos que se han destinado a tal efecto empiezan a visualizarse en este contexto de pandemia.
Esta cuarentena no solo dejó ver las falacias que dejó la Administración anterior, sino que también dejó al descubierto la negligencia, el descuido, la desidia del Estado en lo que tiene que ver con los fondos que se deben destinar en este sentido. No es nueva la falta de auxiliares de limpieza en los liceos, ni la falta de porteros, como tampoco son nuevas las paupérrimas condiciones edilicias donde tratan de cumplir su labor el conjunto de los trabajadores, el mismo lugar en donde conviven cientos de alumnos hacinados en salones.
Hoy, el gobierno, incapaz de solucionar estos temas, nuevamente deja en manos de los trabajadores la responsabilidad de tapar agujeros.
Ideado y formalizado el protocolo general, hubo que adaptarlo, se conformó una Comisión Bipartita ATES/ CES/ FENAPES donde específicamente se pedía que se formaran grupos de trabajo por los actores de cada institución liceal. Formados los grupos de trabajo, en los que cada núcleo ganó la participación que no estaba garantizada, comenzaron a surgir los problemas. En primer lugar, parece lógico que el proceso comience con la limpieza y desinfección de los edificios, que por otra parte llevaban más de dos meses cerrados. Con esa premisa se indicó que las direcciones debían
comenzar a realizar las gestiones necesarias. Protocolo mediante, cualquier dirección aplicada debería haber empezado por convocar al grupo de trabajo, de índole bipartita (CES-trabajadores) para organizar las tareas según allí se indica. Pero en este punto inicial comenzaban a surgir los
inconvenientes: para limpiar y desinfectar los edificios se necesitaría: trabajadores, ropa de trabajo y productos de limpieza (los de siempre más otros específicos para la desinfección). La mayoría absoluta de las Direcciones de los liceos entendieron que debían focalizarse en uno de esos tres elementos: los productos de limpieza. Sobreentendiendo que los trabajadores estaban y que la ropa de trabajo…quizás no era tan necesaria. La mayoría de las Direcciones ordenaron limpiar el liceo ya incumpliendo, desde el vamos lo establecido por el protocolo. Y, como siempre, el trabajador poniendo el cuerpo.
Adaptar el trabajo del liceo al protocolo es una tarea muy compleja. Pero más que por las cuestiones administrativas de reorganización de las clases en jornadas escolares más breves, las convalidaciones, las cuestiones pedagógicas nunca consideradas, lo es por la necesidad más simple y básica en contexto como el que nos toca: la limpieza. Los liceos carecen de los recaudos necesarios para sostener un protocolo de limpieza tan exigente como imponen estas condiciones. Para empezar, carece de la cantidad de funcionarios necesaria. Hay años de recortes presupuestales, de omisiones, de sostener situaciones poniendo el peso en las espaldas de los trabajadores, del fomento de actitudes voluntaristas como salida a la situación crítica en la que están nuestras instituciones de educación pública que hoy se están haciendo evidentes. Los núcleos que pudieron involucrarse en el seguimiento de este proceso lo están denunciando y no están recibiendo respuestas.
Por otra parte y muy lejos, está lo pedagógico. Defendemos la presencialidad porque es la única posibilidad de que sucedan procesos de enseñanza. Pero esta modalidad de emergencia, tal como la quieren imponer, está siendo aprovechada para traficar la naturalización de la enseñanza a través de plataformas virtuales. Desde el vamos, al no habilitar las suplencias para cubrir las horas de los docentes convalidados, al empujar a estos a sostener clases por plataformas se está legitimando esta
vía como equiparable al trabajo de aula. Y en un futuro no muy lejano, también en los cursos anuales, nos veremos obligados a evaluar a los estudiantes cuando en ningún momento se les ha podido asegurar un desarrollo de los cursos con mínimas garantías. Ya tenemos instalado este
problema en los cursos semestrales.
En este sentido vemos con honda preocupación la aparición por parte del CES, del “Instructivo para aplicar en las instituciones sobre evaluación de los planes semestrales”. Se plantea el retorno a la presencialidad en la fecha del 15 de junio para los sextos y 29 de junio para el resto de los niveles de 1º a 5º. Retorno que a su vez no deja clara la situación de los semestrales que tenían fecha de finalización del primer semestre en el entorno de esos días. El 12 de junio se expide el CES con este documento, extendiendo los cursos hasta la fecha del 20 de julio, dejando los próximos diez días para los exámenes y explicitando a la vez la validación del vínculo pedagógico como parte del proceso formal de clases. Este documento expone tres grandes problemas derivados de esa resolución. El primer problema se da cuando refiere a quienes han quedado por fuera del vínculo pedagógico, constituye un ataque flagrante al derecho a estudiar de estos alumnos, a quienes les da
como solución una suerte de clases de apoyo en tres semanas para que preparen los exámenes. Quienes hemos trabajado y trabajamos con esta población, fundamentalmente adulta, tenemos un claro conocimiento de su situación y sus dificultades para transitar con mucho sacrificio sus estudios. Dado que es una población fundamentalmente ocupada, en ocasiones, el tiempo para estudiar es muy reducido. Sin tener en cuenta esto, el CES nos quiere cómplices de una mímica de preparación de exámenes como “solución” al problema.
Otro elemento sobre este punto es que todos los estudiantes tienen derecho a tener sus clases en el aula, único lugar donde el proceso pedagógico de formación y colectivización de los saberes se expresan realmente, en la relación estudiante-docente y entre pares, donde se habilita el intercambio
y posibilidad de reflexionar en forma colectiva a partir de los problemas que se ponen en juego. El aula no es un espacio sustituíble en los procesos de formación; y en ese sentido, corresponde a nosotros los docentes organizados defender ese espacio, como único espacio real de formación en
nuestra tarea. La virtualidad vulnera nuestras condiciones de trabajo y el derecho a estudiar de los estudiantes, a la vez que lesiona gravemente la fluidez de la circulación de los saberes que pueda desplegarse en el aula, e introduce dispositivos, por el propio mecanismo de lo virtual, de un posible
reforzamiento de prácticas autoritarias contra las que el estudiante posee pocas garantías. Un tercer problema que va a generar esta resolución es la expulsión de muchos estudiantes que, en función de cómo se ha resuelto pueden sentirse efectivamente no preparados para enfrentar la situación de estrés implícita en un examen final en las condiciones en las que este se da.
Otro eje que se desarrolla en esta resolución es la validación, por la vía de los hechos, de la virtualidad como actividad pedagógica análoga a la presencialidad. Al tomar como parte del proceso de evaluación el vínculo mediante la virtualidad sienta un precedente de cara a las grandes
problemáticas que debemos enfrentar a futuro y que ya vivimos en el presente: es la convivencia entre la virtualidad y presencialidad como actividad educativa análoga lo que intenta validar este documento; mañana podría ser la sustitución de la presencialidad por la virtualidad.
En este sentido, como sindicato se hace imprescindible dar un claro mensaje a nuestros estudiantes y a la población en general: los trabajadores de la educación rechazamos el planteo del CES respecto a estos cursos y vemos en ellos un violento ataque al derecho a la educación, a las condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación en general, a la libertad de cátedra y un ataque en sí mismo a la educación pública en general.
Y el tercer eje podemos visualizarlo enfocándonos en la accesibilidad; esa resolución parte del supuesto de que todos los estudiantes de los semestrales y los docentes de los cursos tienen acceso a internet y tienen un dispositivo electrónico personal que están dispuestos a utilizar como herramienta de trabajo o estudio en el proceso de no presencialidad. Lo que expone la insensibilidad de las autoridades, el desconocimiento del contexto y del funcionamiento de la legislación laboral. En el medio de una pandemia y una crisis económica, donde el gobierno ha aprovechado para
profundizar en políticas restrictivas y de flexibilización; donde el número de trabajadores que han quedado desocupados y en el seguro de paro se han multiplicado por decenas de miles, donde las ollas populares que han puesto como eje la solidaridad entre los de abajo para paliar el hambre y las
canastas de alimento exponen las condiciones en las que viven o están viviendo buena parte de nuestra población. La brillantez del pensamiento de estas autoridades, desoyendo todas esas problemáticas y esas angustias, los lleva a agregar una más a nuestros estudiantes, que es a ser evaluados respecto a un curso que nunca tuvieron. Porque en este sentido, no nos debe temblar la voz en dejar claro que el 14 de marzo, fue el presidente de la República quien planteó la suspensión de clases por tiempo indeterminado, por recomendaciones del SINAE y las recomendaciones luego de eso hasta este documento, fueron mantener el vínculo pedagógico, no realizar evaluaciones.
Está claro que hay responsabilidad en cierta ambigüedad de mensajes de nuestra Federación, respecto a la actuación de algunos docentes en estas circunstancias. El mismo concepto de vínculo pedagógico puede ser interpretado de diferentes maneras y eso queda claro, en la diversidad de
acción de muchos de los docentes que en algún sentido van en contra hasta de las recomendaciones de las inspecciones, respecto a no evaluar. Los “piques” de FENAPES o las entrevistas a miembros del Ejecutivo pidiendo espacios en los medios públicos para que desde allí se trabaje con clases, sin
dudas, son mensajes que en un contexto de confusión y desorientación, no ayudan a clarificar cómo orientarnos desde nuestro lugar de trabajadores. A la vez que abre un conjunto de puertas, en favor de la virtualidad. Pero el problema no termina ahí. En los cursos anuales, la mayoría de los cuales comenzarán el próximo 29 de junio, se están dando situaciones que son preocupantes en lo que respecta a la supuesta “normalidad” que estamos recuperando. Las pésimas condiciones de infraestructura y la falta de funcionarios que reseñábamos antes, sumadas a las condiciones sanitarias establecidas por el protocolo nos dan una rutina diaria en la que varios de nuestros grupos van a ser divididos en tres subgrupos y a su vez, la imposibilidad de habilitar todos los salones de algunos liceos implica que no todos los grupos pueden asistir todos los días, alternando los niveles una semana cada uno. Esta cadena de imposibilidades, llevada a lo concreto nos da que un profesor puede tener un primer encuentro con cada uno de los subgrupos en los que se dividió su grupo cada seis semanas. Si proyectamos a futuro esta situación podemos lograr, de aquí a noviembre, unos cuatro o cinco encuentros con cada grupo. Esto no parece habilitar un proceso mínimamente serio ni para los profesores, y mucho menos para los estudiantes. La “solución” que se sugiere es recurrir a clases virtuales. Rechazamos esta opción. Entendemos que es una estafa. No concebimos un sistema educativo que se apoye en clases a distancia, aun en este contexto. Y menos como imposición, violatoria de la libertad de cátedra y de las leyes laborales vigentes. Atenderemos los procesos educativos en el aula. Lo que suceda fuera de ella no proporciona garantías de ningún tipo a los estudiantes, más aún cuando estamos próximos a instancias de evaluación.
Un párrafo aparte para la última AGD del 6/6. Fue una AGD que se convocó con dos temas en el orden del día: LUC y Protocolo.
Se informa que la AGD debe ir hasta la 16 hs. porque el local debe ser entregado. Si bien la convocatoria era a partir de las 8:30, no se inicia la asamblea hasta las 10 am. A las 13:30 terminó la discusión sobre la LUC, y se aprobaron mociones que tenían que ver con la actividad del 15 de junio de colocación de propaganda frente a las fachadas de los liceos de todo el país, propuesta salida de la última representativa de ADES Montevideo, se aprueba sacar un comunicado rechazando la circular del CES que prohíbe la colocación de propaganda vinculada a la LUC al frente de las instituciones educativas públicas y por último avalar lo actuado por FENAPES, la denuncia en el Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a la censura decretada por parte de las autoridades.
Sobre el segundo tema (Protocolo) no se aborda la discusión por falta de tiempo y a propuesta de parte de la mesa se convoca a otra asamblea con temática a resolver.
Montevideo propone pasar a un cuarto intermedio y que el segundo punto, protocolo pase a ser discutido el siguiente fin de semana como único orden del día, dado que se había generado mucha discusión sobre el tema que mostraba la necesidad de que abrieran otras perspectivas a la discusión, más que no solo Montevideo había presentado cerca de 30 mociones sobre dicho tema, también otras filiales venían con mociones y planteos. La asamblea votó por 18 votos negativos a 5 positivos la propuesta de Montevideo de pasar a un cuarto intermedio con el tema Protocolo.
Entendemos que esta situación expone una práctica que repudiamos en el ejercicio de la actividad sindical, donde se “aprueban” acuerdos por la vía de los hechos, de forma inconsulta y por si fuera poco, obstaculizando la discusión para intercambiar ideas y visibilizar todas estas acciones en los
ámbitos correspondientes del sindicato,.
No podemos avalar estas formas de actuar, debemos denunciarlas al conjunto de los afiliados porque son formas que no podemos aceptar, mucho menos si provienen de la dirección del sindicato. La democracia sindical, la discrepancia desde la honestidad política son valores a cuidar y
que fortalecen nuestra herramienta.
Por todo lo expuesto entendemos prioritario reforzar la lucha por la defensa de la educación pública y contra las reformas neoliberales, la lucha por un sindicato fortalecido en la discrepancia, la lucha por un presupuesto acorde a las necesidades que permita revertir los problemas endémicos que arrastramos desde siempre, en fin, la lucha contra las estafas de los de arriba.
Lista 3- Agrupación María Barhoum
Ades- Montevideo
