Hace pocas semanas el presidente electo Tabaré Vázquez anunció la creación de la Comisión por Verdad y Justicia como parte de las iniciativas que tendrá el nuevo gobierno del FA.
La misma estará integrada por el propio Vázquez, el vicepresidente Sendic, Macarena Gelman (nieta del poeta Juan Gelman), el diputado Felipe Michelini, y representantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mundo Afro, el Comité Central Israelita del Uruguay, así como por la Iglesia Católica, la Evangelista y la Protestante.
De acuerdo a los dichos del próximo presidente, su cometido sería aportar nuevos datos sobre los desaparecidos de la última dictadura militar, y supuestamente avanzar en la justicia para estos crímenes, pero dados los antecedentes de lo que ha sido la política del Frente Amplio desde que está en el gobierno, todo indica que en verdad es una nueva iniciativa (luego del fracaso del “nunca más uruguayos contra uruguayos” del primer gobierno”) de avanzar en la reconciliación con los genocidas y dar vuelta la página, objetivo reconocido públicamente por los dirigentes frenteamplistas en relación a los hechos de la dictadura.
Una política de larga data
Esta política de “comisiones de verdad” tiene ya una larga tradición en Latinoamérica. Desde las salidas de la dictadura han sido instrumentos para las maniobras de impunidad de los distintos regímenes políticos “democráticos”. Tales fueron los casos de Argentina, Chile, Perú, o Paraguay. El caso más cercano fue la “Comisión Nacional de la Verdad” creada por Dilma Rousseff en 2012. En síntesis, no es más que la otra cara de la misma política en todo el continente. En nuestro país tenemos el antecedente de la “Comisión para la Paz” creada por Batlle en el 2000, con el fin de reconciliarnos con los verdugos. Pero se parte de más atrás aún, porque esta nueva comisión ni siquiera se encuentra como en aquel entonces, organizaciones sociales como el PIT-CNT y Serpaj.
En primer lugar, Tabaré Vázquez reduce todos los crímenes de la dictadura a la existencia de desaparecidos, dejando de lado el hecho de que el accionar represivo tuvo como metodología principal la tortura, la prisión y el exilio para decenas de miles de uruguayos. Ya de un plumazo parece dejar por fuera a los responsables de todos estos actos, que incluyen como lo han denunciado las ex presas políticas, formas atroces de castigos, violaciones, abusos y humillaciones, así como asesinatos por motivos políticos (en ocasiones como consecuencia directa de las torturas que recibían las víctimas).
La impunidad de ayer y de hoy: una política de Estado
Si realmente existiera la intención de acabar con la impunidad: ¿por qué no se deroga la ley de caducidad? ¿Por qué se mantiene a Huidobro? ¿Por qué se designan nuevas autoridades con el cinismo de decir que tienen derecho a dar vuelta la página? ¿Por qué se traslada a jueces que avanzan en investigaciones y se persigue y procesa a los luchadores sociales y de derechos humanos? ¿Por qué el DOE (Ministerio del Interior) se infiltra en las movilizaciones populares? ¿Por qué Mujica dice “no quiero viejitos presos” cuando se refiere a los represores que mataron a nuestros compañeros? ¿Por qué se construye una “cárcel” vip en Domingo Arena? ¿Por qué se sigue reforzando el presupuesto para represión y son entrenados por las fuerzas más especializadas en represión en el mundo como son el FBI y el ejército de Israel?
Ya sectores de militares expresaron que no prosperará, porque oficiales y suboficiales no darán información, y el nuevo Comandante en Jefe del Ejército Manini Ríos expresó en su asunción que no es muy optimista en que se obtengan datos y reivindicó que los militares tienen derecho a dar vuelta la página, debiendo dar el paso hacia la reconciliación entre el pueblo y las FFAA.
Debemos recordar que estas declaraciones son realizadas por militares nombrados con el acuerdo del propio Frente Amplio y son toleradas por el gobierno mostrando que más allá de matices comparten el objetivo de la impunidad para los crímenes de la dictadura.
Avanzar contra la impunidad con la movilización independiente y la lucha
Es por esto que entendemos que esta comisión no es lo que los trabajadores y el pueblo con todas las víctimas de terrorismo de estado necesitan.
La misma no debe generarnos expectativas, porque no es más que la misma política de reconciliación que vienen intentando desde que están en el gobierno e incluso antes cuando el propio FA dio por cerrado el tema acatando sin más el resultado del plebiscito del año 89 y desconociendo que el mismo fue producto de la presión de las Fuerzas Armadas y sus cómplices civiles, los mismos que habían acordado la impunidad en el pacto del Club Naval a la salida de la dictadura.
En nuestra opinión, el camino para terminar con la impunidad de los militares y sus cómplices civiles es la movilización independiente de los trabajadores y el pueblo por la anulación de la Ley de Caducidad y el juicio y castigo, contra cualquier tipo de reconciliación. Es indispensable exigir la apertura de los archivos de las FFAA y la creación de una comisión investigadora independiente, con plenos poderes sobre la información. Una comisión compuesta por todas las organizaciones de derechos humanos, junto a las organizaciones de trabajadores, víctimas directas del accionar de la dictadura. Los esfuerzos de Huidobro, lejos de aportar a hacer justicia, fueron para obstruir las investigaciones. Por esto es necesario exigir la renuncia inmediata del actual Ministro de Defensa. El aparato de seguridad de la dictadura sigue intacto, por eso debemos exigir el desmantelamiento del Departamento de Operaciones Especiales y todo el aparato represivo. Debemos seguir la lucha por el desprocesamiento de los 7 militantes sociales y de DDHH, y todos los perseguidos por luchar.
Profesores Claudio y María Noel
