Sin dudas persiste un flagrante divorcio en la visión que sobre la dictadura tenemos los distintos actores. Existe, persiste es notorio y evidente el abismo entre la conciencia colectiva del pueblo oriental sobre esos oscuros, sombríos y sangrientos años y el discurso político que se ha montado en diversas esferas del aparato estatal, discurso este que se ve sintetizado y encarnado en la persona de Eleuterio Fernández Huidobro. Ahí está el quid del asunto.
Hace varios años que Huidobro simboliza un discurso político que pretende entronizar una lectura sobre la historia reciente del país que prescinde de las investigaciones, de las evidencias fácticas, del relato de las víctimas, de los archivos estatales, en definitva, la verdad histórica va por un lado y el discurso político de la impunidad va por el otro.
Los argumentos esgrimidos por Huidobro y todos aquellos que lo acompañan y respaldan en este proyecto político de la impunidad, que forman parte de los engranajes de una maquinaria aceitada y operante de la impunidad, son dichos una y mil veces, con la pretensión de saturar tanto con sus dicursos que termine por lograrse una hegemonía de su visión como “la realidad”, única posible, única razonable, todo lo demás haría parte del reino del absurdo, de lo irracional. Ese es el objetivo que persigue Huidobro en declaraciones como las realizadas cuando hizo referencia a SERPAJ: «Si me autoriza a torturar, capaz consigo información».
Ese fastidio, ese malhumor, ese enojo que se desatan en Huidobro cada vez que se levantan las banderas de la verdad y la justicia son propias de un proyecto que buscó cimentar una sociedad de la desmemoria, del olvido. El proyecto fue y continúa siendo construir una sociedad de la impunidad, donde la injusticia es justa, está naturalizada, inclusive legalmente naturalizada, ¿qué fue sino la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado? Mientras todo esto siga operando y funcionando, la impunidad nos seguirá constituyendo políticamente.
La impunidad así se constituye en un mecanismo de poder basado en complicidades mutuas, en pactos, en arreglos, en la conveniencia, los chantajes y la demagogia, se mantiene conservando todo como está bajo un manto que esconde toda una ingeniería de la impunidad montada y ensamblada por la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte y el Ministerio de Defensa Nacional.
La salida a luz del documento presidencial que restituyó la pensión plena al Cnel. Gilberto Vázquez por “buena conducta”, desató nuevamente, como un síntoma, la desnaturalización de la impunidad. En cada episodio en el que se hace evidente la maquinaria a veces ruidosa, otras silenciosa de la impunidad, sale al cruce uno de sus guardianes de turno intentando volver a naturalizarla, volver a hacerla parte del paisaje social. “¡Qué quieren, que los torturemos, qué los matemos…?”, manifestó en una misiva Huidobro.
La “cultura de la impunidad”, vista en el sentido restringido de no juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, a los funcionarios del terrorismo estatal, la presencia de estos obstáculos reiterados que no permiten avanzar profundizando en la búsqueda de la verdad, hacen parte también de una política de favores entre sectores de las FF.AA. y sectores y organizaciones que se mueven en el ámbito político. Este señor, el actual ministro, es un claro representante del encubrimiento y el apoyo a los terroristas de Estado, es el mismo que se opuso a la prisión de Pinochet en Inglaterra, es él el que rechazó junto con García Pintos la extradicción de los militares acusados por el “caso Berríos” afirmando que eran “presos políticos”, fue él el que acusó a los familiares de detenidos desaparecidos de buscar el lucro económico con sus reclamos por verdad y justicia y, como corolario, las recientes declaraciones contra SERPAJ. Podríamos decir que de Mariscal de la derrota, Huidobro se ha convertido en protector y representante de genocidas.
Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? En cada uno de estos episodios, donde la impunidad irrumpe, se hace notoria y evidente, se manifiesta dolorosamente, hiriendo nuestra sensibilidad. Sin dudas, ni vacilaciones, no cabe otra respuesta que el compromiso de controlar el avasallamiento de los derechos humanos, de señalar con el dedo a los guardianes de la impunidad, en este caso al Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro. Se hace imprescindible postular que la justicia debe estar por encima de cálculos políticos y negociaciones. Se hace necesario que se asuman los errores y responsabilidades cuestión imprescindible para poder continuar, para profundizar y seguir avanzando por los caminos de la lucha contra la impunidad, por la justicia y la verdad. Es por eso que queremos pensar que la designación de Fernández Huidobro al frente del ministerio de defensa es un error del presidente electo y no un acto deliberado de apoyo a la continuidad de una política de entorpecimiento a la justicia y por lo tanto, una vez más, de la impunidad.
Si , no hacemos memoria a todas nuestras víctimas, sino persistimos en la búsqueda incesante de caminos que nos lleven a la justicia, si los que quedamos no luchamos por aquellos que ya no pueden hacerlo, si la hipocresía, si la obsecuencia, la apatía o el cansancio nos ganan, la lucha por la verdad y la justicia será una partida perdida. Por eso, los que estamos hoy aquí decimos presente. Exigiendo, una vez más proseguir y para ello es necersario que el Estado brinde garantías, retirando todo obstáculo. Permítasenos exigir la apertura de los archivos de la dictadura, exigir la eliminación de todo escollo para avanzar y profundizar mucho más en este ardua y dura lucha contra la impunidad, así, conservando la memoria y sin abdicar ni por un solo instante en la búsqueda de la justicia renovamos nuestro compromiso diciendo: ¡basta de pactos con genocidas!
