En poco más de una semana vence el plazo para que el Poder Ejecutivo presente su propuesta financiera que –tras la discusión parlamentaria– finalizará con la ley nacional de presupuesto. Así se pondrán en números los proyectos del tercer gobierno del Frente Amplio. La previa hasta ahora no ha sido muy alentadora.
El presupuesto educativo tiene tres componentes: salarios, inversión y gastos corrientes. Los lineamientos salariales son determinantes ya que la masa salarial explica aproximadamente el 80 por ciento del presupuesto. A su vez, la construcción y ampliación de infraestructura, en caso de que sea para expandir el sistema, traerá inevitablemente una expansión en la cantidad de docentes y funcionarios para atender dicho crecimiento extensivo.
Sin conocerse aún una propuesta del Poder Ejecutivo específica para la educación, el planteo salarial que puso en la mesa de negociación el Codicen consiste en llevar el salario docente grado 1 a 25 mil pesos nominales –a actualizar por Ipc– por 20 horas semanales de trabajo, y lo mismo para los funcionarios no docentes por 40 horas de trabajo semanal a finales del quinquenio. Si bien varía según las distintas categorías, supone un escenario máximo de aumento salarial real menor al 20 por ciento para todo el quinquenio.
¿Qué tan bien posicionarían al sistema educativo estas pautas? De concretarse, los salarios crecerán –en un contexto en que dicha posibilidad está cuestionada para el grueso de los trabajadores–, y esto permitiría continuar la tendencia de mejora en el gasto que realizamos en educación como sociedad. De todas formas, no nos posicionará en lugares adecuados con relación a la región y el mundo, ni tampoco permitirá revertir tantos años de rezago en el gasto educativo. En suma, no auguran un cambio sustantivo en el sistema educativo.
Los docentes tienen ingresos mayores que buena parte de los trabajadores de nuestro país. No obstante, dicha diferencia salarial es a costa de una excesiva carga horaria: aproximadamente la mitad de los docentes de la Anep y la Udelar tienen al menos dos trabajos, y los que están en situación de multiempleo trabajan en promedio 51 horas semanales. Si se considera el salario promedio de los trabajadores de la enseñanza, medido por su valor hora, y se lo compara con el del resto de los trabajadores de la economía agrupados según la clasificación industrial internacional uniforme (Ciiu), observamos que los trabajadores de la enseñanza se encuentran en el puesto 9 de 21 ramas de actividad y obtienen ingresos cercanos al promedio salarial de la economía. Asimismo, según datos del informe del Ineed del año pasado, si se compara la labor docente con la de otras actividades ajustadas según sexo, edad, nivel educativo, etcétera, trabajadores con características similares que no se desempeñan en el sistema educativo tienen en promedio un salario 21,8 por ciento mayor al de los docentes.
A este escenario se suma que el 72 por ciento de los docentes son mujeres y de ellas el 60 por ciento tiene al menos un hijo menor de 18 años a cargo. Según el “Informe de tiempo libre y trabajo no remunerado” elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto Nacional de Estadística (Ine), las mujeres tienen más carga de tareas domésticas que los varones, carga que se incrementa en mayor medida para las mujeres cuando existe presencia de menores en el hogar, pasando a significar el triple de tiempo que los varones en igual situación. Ergo, la insuficiencia salarial y el multiempleo, combinados con la persistencia de una sociedad patriarcal, tienen como resultados una sobrecarga excesiva para las docentes; estos factores explican los altos niveles de estrés y burn out que aquejan al sistema.
Asimismo, si en vez de comparar dentro de la formación económico social uruguaya lo hacemos respecto de los salarios docentes de otros países, los resultados tampoco son muy alentadores. Por ejemplo, según datos de las encuestas Pisa 2012, de los 53 países sobre los que poseemos información, un docente de educación media gana en promedio el 123 por ciento del Pbi per cápita, mientras que en nuestro país dicho guarismo es de un 78 por ciento (58 por ciento menos). De hecho, los salarios docentes en relación con el Pbi per cápita ubican a nuestro país en el puesto 47 del ranking de los 53 países relevados. Entonces, en materia de salario, no nos va mejor que en ciencia, matemática y lectura.
En 2014 se destinó a la Anep y la Udelar un 3,96 por ciento del Pbi. Suponiendo que el crecimiento en inversiones y gastos corrientes sea proporcional al aumento salarial previsto por el Codicen, y considerando el crecimiento del Pbi pronosticado por el Fmi, para el final del quinquenio se destinará a la Anep y la Udelar un 4,13 por ciento del producto, o sea, la prioridad macroeconómica de la educación crecerá, pero muy tímidamente. Claro está que el aumento presupuestal podría ser mayor si el sistema se expande en cantidad de cargos y horas, cosa difícil de lograr en un quinquenio; por ejemplo, entre 2006 y 2013 la masa salarial del Consejo de Educación Secundaria aumentó 13 por ciento por cargos nuevos, y el resto del crecimiento obedeció al aumento de los salarios existentes.
Analizar el gasto en educación sobre el Pbi en perspectiva histórica aporta valiosa información adicional. Uruguay invertía cerca del 4 por ciento del producto en la década de 1960, y fue a partir de la dictadura cívico-militar que este esfuerzo se redujo persistentemente hasta el año 1995, cuando comenzó su recuperación tendencial hasta nuestros días. Los gobiernos progresistas aceleraron el proceso de recuperación, aunque recién en 2014 se alcanzaron los niveles de gasto sobre el Pbi previos al deterioro, pero con una matrícula muy superior, sobre todo en los niveles medio y terciario. Por otro lado, en la comparación internacional del gasto educativo respecto del Pbi, también a Uruguay le va muy mal, tanto a nivel regional como global. Según datos del Banco Mundial, considerando todos los gastos en educación y no sólo los de la Anep y la Udelar, nos ubicamos por debajo del promedio (5 por ciento del Pbi) y pertenecemos al 50 por ciento de los países que gastan menos en educación en relación con el Pbi.
Alcanzar un 6 por ciento del presupuesto en educación implicaría posicionarnos en el umbral mínimo para pertenecer al club del 25 por ciento de los países que hacen esfuerzos educativos mayores. Si bien existen controversias en la literatura económica sobre el vínculo entre educación y de-sempeño económico (por ejemplo, Dinacica argumenta que los países no son ricos porque gastan mucho en educación, sino que gastan mucho en educación porque son ricos), no caben dudas de que mejorar nuestras condiciones materiales y culturales tiene como condición necesaria, no suficiente, un sistema educativo de calidad, y para ello es imprescindible aumentar el gasto.
Por último, el debate en torno a cómo financiar los aumentos presupuestales es de suma relevancia. No obstante, pretender que los sectores de altos ingresos financien gasto público social no es tarea sencilla: de acuerdo a la canasta que utiliza el Ine para calcular el Ipc, las familias que forman parte del 30 por ciento con ingresos más bajos gastan 0,5 por ciento de éstos en educación, mientras que las familias del 30 por ciento con ingresos más altos destinan 3,5 por ciento de ellos en dicho rubro. Al tiempo que para unos la expansión del sistema público es vital para poder ejercer el derecho de acceder a una educación de calidad, las familias de altos ingresos compran servicios privados de educación. De esta forma resulta evidente que hacerse de los recursos necesarios depende no sólo de decisiones técnicas más o menos sofisticadas sino, principalmente, de la disputa social por aquéllos, y en esto la movilización es una herramienta fundamental.
Economistas Pablo Messina & Martín Sanguinetti
