SEGURIDAD, SEGURIDAD… ¿PARA QUÉ QUIERO LA SEGURIDAD?
Mañana, tarde y noche estamos expuestos a un bombardeo mediático de “noticias” que sugieren que una “ola delictiva” sin precedentes ha invadido la ciudad hasta convertirse en algo común del presente, en contraposición a un pasado idílico en el que la gente dormía sin pasar llave a la puerta de su casa. Sin embargo, que el mundo actual sea más “inseguro” que el de antes es algo bastante discutible. Recordemos lo escrito acerca de la “sensibilidad” uruguaya del siglo XIX, signada por combates cuerpo a cuerpo, delitos de sangre, caudillos que varias veces al año se levantaban en armas, degüellos de enemigos políticos, fusilamientos públicos…
El problema es que hoy estamos frente a un tipo de violencia distinta. Lejos de las lecturas mecanicistas, especialmente las que reducen el carácter de la violencia actual a una creciente derechización de la sociedad (que es real pero no causa suficiente), debemos reconocer la violencia como un comportamiento dotado de un sentido articulado con el todo social, especialmente en lo que refiere a la estructura económica, los instrumentos de que se vale el Estado para imponerse sobre la población y el carácter de las relaciones sociales.
La organización económica del Uruguay es una fuente generadora de violencia, con corporaciones transnacionales que explotan los recursos naturales de nuestro suelo retirando anualmente del país decenas de miles de millones de dólares, con más del 90% del PBI destinado al pago de deuda pública, con 650.000 trabajadores que perciben menos de diez mil pesos al mes y con 120.000 desocupados.
La política estatal es otra fuente generadora de violencia, signada por la criminalización de la pobreza (Marconi, Cerro Norte) y espurios acuerdos para proteger a responsables de torturas y desapariciones en dictadura. Política estatal dirigida por un presidente que retacea los recursos que la educación pública necesita, responde a las denuncias del pésimo estado edilicio de los liceos diciendo que hay que dar clase debajo de los árboles y comenta –cual gangster- que “algunos sindicalistas están buscando que les peguen”.
Las relaciones sociales, bajo el influjo de una cultura mediatizada tecnológicamente, también son una fuente generadora de violencia, pues tienden a naturalizar los proyectos de vida consumistas, egoístas y competitivos, como si fuesen el único camino posible para alcanzar la felicidad, fomentando la desconfianza en el otro.
En resumen, la entrega de los recursos naturales públicos a manos privadas, el desmantelamiento de la industria nacional, el debilitamiento de las instituciones democráticas, el paulatino abandono estatal de sus obligaciones públicas y la estrategia fascistizante desarrollada por la mayor parte de los medios masivos, entre otros muchos factores, son los fenómenos más violentos del presente, inmensamente más violentos que un asesinato por “ajuste de cuentas” o una rapiña de un “menor infractor”.
Empresarios, políticos y medios masivos, conscientes de los efectos de sus privilegios, inculpan a otros de los males que ellos generan, alimentando los miedos (a los robos, los “menores infractores”, los adictos a la pasta base, los accidentes de tránsito, las enfermedades, las crisis económicas, el desempleo…) y, consecuentemente, alentando la búsqueda de “seguridad”, que es ofrecida en el mercado a quien pueda pagarla (barrios privados, rejas, alarmas, guardias, seguros de salud, seguros de vida…). El mecanismo es por demás perverso: los responsables de la violencia atacan sus síntomas haciendo de ello un negocio redituable.
Hace ya varios años que esta nueva realidad se ha instalado en nuestra sociedad en general y en la educación en particular. Porque, precisémoslo, la violencia en las instituciones educativas y sus entornos no constituye un fenómeno aislado, sino que está estrechamente vinculada con la organización económica, la política estatal y la moral de los grupos hegemónicos, signadas todas ellas por la preponderancia de lo individual frente a lo colectivo.
Como docentes sindicalizados, tenemos la obligación de enseñar que la violencia es algo aprendido, y que vivimos en una sociedad que, si bien se funda en actos de violencia, puede y debe proyectarse hacia una organización económica sin desposeídos, hacia una política sin politiqueros, y hacia relaciones sociales solidarias.
He ahí el desafío a asumir desde las instituciones educativas: mostrar cómo podría ser una cultura de la cooperación, ofreciendo un contraste que permita hacer visible cómo un sinfín de acciones cotidianas ajustadas a la moral hegemónica son, en realidad, síntomas de violencia.
Si hoy en día los oficiales afectados al servicio 222 se pasean por los liceos sin que nadie se lo cuestione, o incluso si hay compañeros que reclaman su presencia, eso no significa que debamos asumirlo como algo necesario y abocarnos a reglamentar el comportamiento de los oficiales en los liceos, sino que debemos interpelarnos acerca de cómo se ha “naturalizado” la tarea de los aparatos represivos del Estado.
El paseo de un policía por el corredor de un liceo, al igual que intervenir a los gritos cuando un compañero estaba haciendo uso de la palabra, son ejemplos de acciones que, por falta de contraste, son cada vez menos percibidas como violentas. Pero de lo que se trata es de ofrecer un fondo que haga posible el contraste, no de reglamentar la forma de gritar cuando se quiere decir algo mientras otro habla.
Evidentemente, el fenómeno de la violencia excede largamente lo que una institución educativa puede hacer. Pero también es cierto que si todas las instituciones educativas se orientasen por la solidaridad, algo se podría cambiar. La violencia es un producto histórico y, por lo tanto, es modificable.
Por las razones expuestas, entiendo que las estrategias para enfrentar la violencia desde las instituciones educativas no pueden ser ni simplistas ni hechas a las apuradas. Es necesario que, como profesores sindicalizados, adoptemos un posicionamiento intelectual alternativo que permita afrontar la violencia en las instituciones educativas desde el compromiso colectivo, evitando la aplicación ingenua de procedimientos represivos. Máxime cuando se tiende a estigmatizar y culpabilizar a los jóvenes de los barrios más pobres –muchos de los cuales son nuestros estudiantes- como causantes de la violencia y no como consecuencia de la misma.
La juventud es víctima de la violencia, no victimaria. No es que los jóvenes elijan la violencia, sino que ella les elige. Pero una cosa es que los medios masivos califiquen a los jóvenes como drogadictos, asesinos, rateros, violadores, alcohólicos, depravados, vagos, infractores… Y otra cosa es que ese mismo pensamiento conduzca a los trabajadores a apañar políticas represivas. Para un profesor, sindicalizado o no, es inadmisible el olvido de que ser joven y pobre te convierte en blanco preferido de las políticas de control y represión policial.
Por otra parte, no estamos hablando de un fenómeno novedoso. Entonces, ¿por qué tramitarlo con urgencia? Le celeridad en el trámite aumenta la probabilidad de hacer concesiones a la moral de quienes fundan la violencia social. ¿En qué ideología se enmarca la idea de que la intervención de la policía en el ámbito educativo es una “solución”? ¿No es la misma ideología que sustenta la invasión policíaca de los barrios más pobres con “mega operativos”? ¿No es la misma ideología desde la que se reclama al Gobierno, el Estado y la Ley más “protección”? ¿Cuánto pasará para que quienes sostienen esa ideología exijan reinstalar los fusilamientos de los “delincuentes”?
Todo lo que sucede dentro del liceo y en su entorno inmediato, aun las situaciones más delicadas, debe ser abordado desde una ideología que haga suyos los principios de la solidaridad y la libertad, y éstas son irreconciliables con una mayor intervención estatal a favor de la “seguridad”. Precisamente por ello la violencia dentro del liceo y en su entorno inmediato debe ser considerada un asunto pedagógico, y como tal debería ser resuelta. Aún si la gravedad del asunto exigiera la intervención de la policía, ésta debería sujetarse a la opinión calificada de los educadores. Aunque –aclaremos- la inmensa mayoría de las situaciones de violencia que se generan en los liceos no requieren de la intervención policial, sino de “porteros, equipos multidisciplinarios, adscriptos y todo lo que hemos reclamado en cada lucha presupuestal” (como han expresado los compañeros de San José).
Precisamente por el carácter pedagógico con que deben abordarse las situaciones de violencia en los liceos (carácter pedagógico que, por otra parte, no es más que un correlato de la autonomía técnica de la que dispone la enseñanza secundaria), nuestro sindicato no debió firmar un documento que avala la represión, pues ello supone la subordinación de la solidaridad y la libertad ante la moral del enemigo de clase.
Moral, esta última, reñida incluso con parte de la legislación más liberal de nuestra jurisprudencia, como lo son la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nº 17.823 (Código de la Niñez y la Adolescencia), especialmente en lo que refiere a que un menor sólo puede ser detenido en casos de infracciones flagrantes, lo que no habilita a un funcionario policial a actuar dentro de un liceo por la sola solicitud de su director. Es cierto que los liceos no son una embajada ni tienen protección diplomática, pero el respeto de las leyes que consagran los derechos de los menores es irrenunciable para preservar la democracia en las instituciones educativas, y ello está por encima de la ocasional voluntad del director, del subdirector, del secretario o de cualquier otra persona del liceo.
Lamentablemente, el protocolo de intervención policial ha sido firmado por integrantes del Comité Ejecutivo de la FENAPES que desconocieron la voluntad de los delegados de todo el país (expresada en la AGD del domingo 11 de noviembre, que aprobó tratar este tema en una próxima AGD), deslegitimándose en el ejercicio de sus funciones.
Para atender los intereses de la educación pública es indispensable dejar sin efecto la firma de tan ignominioso protocolo, tomando los tiempos que sean necesarios para dar una profunda discusión ideológica al respecto, que nos permita pronunciarnos como sindicato comprometido con la emancipación social.
Julio Moreira
Diciembre de 2012
