“En plenas vacaciones, <como un rayo en el cielo sereno>, cayó la intervención sobre Enseñanza Secundaria”.
Así se expresaba Roberto Ares Pons en el “Cuaderno de Marcha” de abril de 1971, antes de denunciar el avasallamiento a la autonomía de Secundaria y UTU por parte del entonces presidente de la república, Jorge Pacheco Areco. 2012 quedará en la historia como el año en que el gobierno frenteamplista prosiguió el camino intervencionista del pachecato. Aunque existe una diferencia fundamental: en 1971, la intervención se concretó al costo de destituir violentamente a las autoridades de la enseñanza, que se negaban a recibir órdenes del gobierno; en 2012, la intervención se llevó a cabo sin resistencias institucionales, pues el CODICEN y el CES están mayoritariamente integrado por súbditos leales al gobierno y sus aliados, a quienes responden con obsecuencia.
De este modo, la autonomía de la ANEP es hoy subyugada desde dos frentes: el del poder ejecutivo y sus amigotes de la “oposición”, y el de los genuflexos consejeros que cumplen órdenes al pie de la letra, a pesar de que no corresponde que se atengan a las instrucciones de ninguna otra autoridad, pues su única obligación es cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes y los reglamentos de acuerdo a su sincera interpretación.
SECUNDARIA: UNA HISTORIA DE ARBITRARIEDADES Y DESACIERTOS QUE PARECE NO TENER FIN
Repasemos algunos sucesos recientes en la relación poder ejecutivo – autoridades de la enseñanza, a los efectos de esclarecer un poco cómo las violaciones a la autonomía de la ANEP vienen siendo moneda corriente.
En su sesión del jueves 17 de noviembre de 2011, el CODICEN aceptó la solicitud de los consejeros del CES de no avanzar en la implementación del Promejora a los efectos de darles unos días a los miembros del desconcentrado para evaluar los contenidos del programa y dar su opinión acerca del mismo. El planteo del CES tomaba en cuenta, indudablemente, la resolución de ADES-Montevideo de declararse en conflicto contra el Promejora, impidiendo la elección de centros para su aplicación.
Al día siguiente, Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry coincidieron en señalar que una eventual negociación entre el CODICEN y el CES en la que estuviera implicado el sindicato de profesores haría caer el acuerdo multipartidario en materia educativa. Larrañaga dijo que “si el gobierno ingresa en el camino que proponen los sindicatos, el acuerdo entre los partidos quedará fragilizado”, mientras que Bordaberry declaró que “lo que es necesario en la educación es que ejerza el principio de autoridad y parecería que hay algunos que no aceptan que quienes representamos al pueblo y tenemos la potestad de dictar leyes podamos realmente establecer lineamientos y sobre todo exigir controles y resultados en la educación”. Dos claros ejemplos de cultura democrática, apertura dialógica y respeto a la autonomía de la ANEP. Su pensamiento (por llamarlo de alguna forma) sería algo así como: <le recordamos a Mujica que debe transmitir a sus correligionarios en el CODICEN que gozan de autonomía, así que más les vale que no escuchen a los sindicatos y hagan lo que nosotros decimos>.
Pasaron los días, y los consejeros del CES persistieron en su unánime negativa a aplicar el Promejora, pero no porque rechazaran el programa en sí, sino por la forma en que se había llevado a cabo el proceso para aprobarlo. El 24 de noviembre, Ubilla declaró: “Nosotros entendemos que la implementación de todos los planes y proyectos deben tratar de realizarse con la mayor cordialidad y consenso posible. Lo que planteamos es una forma que busque los acuerdos y en eso estamos”. Básicamente, lo que el CES solicitaba era la creación de un ámbito de negociación con la FENAPES y la ATD, a los efectos de evitar una conflictividad que amenazaba con ser dura.
A mediados de diciembre, Seoane declaró que renunciaría a la presidencia del CODICEN si el CES no posponía su iniciativa dialógica y accedía a aplicar el Promejora, poniendo su cargo a disposición del presidente de la república. En declaraciones que realizó por esas fechas, Seoane explicó que desde el inicio de su mandato intentó llevar a cabo “políticas de largo plazo”, buscando previamente la concreción de “acuerdos nacionales” que viabilizaran esas políticas. Lo que esas declaraciones contenían era un mensaje al CES que podría sintetizarse más o menos así: <el Promejora ya fue acordado con quien debía ser acordado: el poder ejecutivo y los partidos>. Evidentemente, lo de lograr acuerdos como forma de asegurar la aplicación de una determinada política es sólo una verdad parcial de Seoane, pues es receptivo a los partidos políticos pero no a los sindicatos.
El martes 24 de enero, Mujica les solicitó la renuncia a Pilar Ubilla y Fernando Tomeo. En una carta que les entregó, se define como “viejo militante”, como si así quedara exento de su investidura y su intromisión dejase de ser un avasallamiento a la autonomía de la ANEP. “No pienso que ustedes fracasaron o eran poco aptos para la tarea. Por el contrario, sé que lucharon y mucho sufrieron. Tengo que agradecerles lo hecho y lo intentado. Son víctimas de una situación muy compleja”. Traducción: <ustedes eran mis correligionarios más idóneos, hicieron todo lo posible por hacer los mandados que les pedí, pero la cosa se complicó y tengo que cambiarlos”.
Ese mismo día, cual soldados, Ubilla y Tomeo hicieron llegar sus renuncias al CODICEN. En notas escuetas, ambos mencionaban que sus dimisiones les fueron solicitadas por el presidente de la república. El hecho significó el acabose de la autonomía del CES, pues si bien no le corresponde a Mujica solicitar la renuncia a los integrantes del CES, tampoco les corresponde a los consejeros aceptar tal intromisión. Al menos en relación al Promejora, Ubilla y Tomeo no habían transgredido normativa alguna hasta ese momento: su primer, único y censurable apartamiento de lo que disponen la ley y la ética fue abandonar su responsabilidad pedagógica por temas de filiación partidaria.
Poco después, el 2 de febrero, fueron aprobados por unanimidad los nombres de Tinetto y Zaffaroni para integrar el CES. Tras oficializarse los nombramientos, Seoane remarcó ante la prensa que los nuevos consejeros trabajarían en la órbita de lo dispuesto por el CODICEN. Traducción: <ahora sí, con éstos no vamos a tener problemas>.
Aún es pronto para juzgar a los nuevos miembros del CES, pero no es menor que el ingeniero Tinetto haya señalado que no ve nada malo en el Promejora que lo lleve a oponerse a él, mientras que Zaffaroni, afiliada a nuestro sindicato, ha declarado que la “filosofía” del Promejora “es perfectamente compartible en el sentido que le da mayor autonomía a los centros y actores involucrados a partir de los consejos de participación”.
En fin, cada uno dice lo que quiere en donde puede: en eso consiste la libertad de expresión en una sociedad capitalista. Lo que no se entiende es que una afiliada al sindicato manifieste la necesidad de dialogar con el sindicato “para ver cuáles son los problemas que le hallan al proyecto y ver si podemos encontrar acercamientos”. ¿En qué andabas, Ema? ¿Has leído algún boletín el último año?
ACUERDOS MULTIPARTIDARIOS: NEGATIVA A LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
El acuerdo multipartidario sellado el viernes 24 de febrero consta de seis puntos: 1) Instalación del instituto nacional de evaluación educativa (INEE). 2) Conceder el doble voto al presidente del CODICEN y los directores de los consejos desconcentrados. 3) Aplicar el programa de fortalecimiento de los centros educativos. 4) Crear una universidad tecnológica en el interior. 5) Construir una agenda nacional para la “mejora” educativa. 6) Reiterar la vigencia de los acuerdos multipartidarios de mayo de 2010.
Un primer y superficial análisis muestra que: 1) La instalación del INEE está dispuesta en la ley general de educación n° 18.437 (artículos 113 a 119). 2) El doble voto al presidente del CODICEN ya existe para casos de empate. 3) El documento que se propone para dotar de contenido al programa de fortalecimiento de los centros educativos (inicialmente conocido por su sigla PROFIME, hoy llamado Promejora) ya estaba contemplado, en sus aspectos generales, en los mensajes presupuestales enviados al parlamento por el poder ejecutivo y por el CODICEN de la ANEP. 4) El proyecto para un instituto terciario superior, con sede en diferentes lugares del país, ya estaba contemplado en la ley general de educación n° 18.437 (artículos 87 y 88) y una comisión del parlamento viene trabajando en su concreción desde hace años. 5) y 6) Son declaraciones de intenciones.
Es imperativo desvelar las intenciones de un acuerdo que, como se ve, no reporta novedad alguna en materia de política educativa. Los defensores del acuerdo multipartidario proclaman todo el tiempo su compromiso con la democratización de la enseñanza, pero cuando el poder ejecutivo traslada dichos acuerdos al CODICEN para su aplicación, desconoce en los hechos las valoraciones de trabajadores y estudiantes. Esto revela que los fundamentos de quienes suscriben el acuerdo multipartidario son, al menos en principio, insuficientes y falsos.
Mas no sólo somos desconocidos en nuestras valoraciones, sino que además somos sistemáticamente señalados como responsables de todos los males de la enseñanza. Resulta insólito que nos culpen de los índices de abandono estudiantil. Todo padre sabe que son las dificultades económicas las que le dificultan enviar a sus hijos a los centros de enseñanza, fundamentalmente a partir del bachillerato. Hemos sido los docentes quienes hemos bregado por soluciones de fondo para que los jóvenes sin recursos puedan seguir estudiando. Y no son pocas las veces que sacamos dinero de nuestros menguados bolsillos para permitirles el acceso a los materiales de estudio a nuestros alumnos.
Son justamente las políticas presupuestales de todos los partidos que han gobernado las que restringen los recursos de la educación pública, generando edificios y salones insuficientes e inadecuados, baños deteriorados e insuficientes, falta de espacios y recursos didácticos, falta de personal docente y no docente, etc.
Y, como si los problemas enumerados fueran poca cosa, es además habitual el retaceo de los fondos aprobados por las leyes presupuestales vigentes. ¿Dónde están los dos tercios del dinero aprobado para 2011 que aún no se han ejecutado?
Son los consejeros designados por cuota política los que no toman las medidas necesarias para terminar con las direcciones e inspecciones autoritarias, las evaluaciones de méritos completamente irregulares, los llamados en los que no se jerarquiza la formación docente, los recursos administrativos que no son atendidos o “se pierden” y las elecciones de horas caóticas
No obstante, se nos responsabiliza de los problemas de la educación pública. El caballito de batalla es el “ausentismo docente”. Con esa excusa, las autoridades piensan tomar impulso para intentar reformar el estatuto docente. El tema amerita consideraciones especiales que exceden los límites de este artículo. Pero subrayamos que el politiquerío no tiene autoridad, ni jurídica ni moral, para proponer una reforma del estatuto docente, tema al que nadie le puede discutir su eminente carácter técnico-pedagógico.
Lo cierto es que, al despreciar la mirada que tenemos los trabajadores de la enseñanza y reducir el campo de las políticas educativas que efectivamente se aplican a lo que se acuerda entre los partidos, lo que se hace es obstruir autoritariamente la posibilidad de los trabajadores de la enseñanza de criticar, corregir y transformar.
Concluimos, por lo tanto, que el repentino interés que desde hace un tiempo tienen los partidos políticos por la enseñanza no es más que un disfraz demagógico e hipócrita. Su finalidad es lograr un estudiantado conformista y dócil (que gracias a la “contextualización curricular” no pueda nunca elevar críticamente la mirada sobre las características de su entorno), un equipo de educadores sin derechos y atemorizados con los resultados de sus prácticas (medidos en porcentajes de promovidos), y una clase trabajadora desinformada desde los medios de comunicación (uno de los poderes que sostienen al sistema capitalista).
El camino es la lucha
La intervención a la que la ANEP está siendo sometida por los partidos políticos con la excusa de abordar la crisis de la enseñanza, supone un ataque violento a la autonomía técnico-pedagógica que, aunque parcial y completamente insuficiente, ha sido conquistada a través de largos años de lucha de los distintos órdenes de la enseñanza.
Lo que sucede es que la sola autonomía técnico-pedagógica es una ficción, una fachada que en su esencia está reñida con la realidad. Mientras la conducción de la enseñanza siga atada a los avatares partidarios, ninguna autonomía será real. Así lo demuestran Mujica y Seoane, como antes lo hicieron Sanguinetti y Pivel Devoto, Lacalle y Gabito Zóboli, Sanguinetti y Germán Rama, Batlle y Javier Bonilla, Vázquez y Luis Yarzábal.
Somos los trabajadores quienes tenemos la sensibilidad, la preocupación y el conocimiento como para esbozar soluciones de fondo que permitan igualar las oportunidades de formarse a todos los miembros de la sociedad. Debemos redoblar nuestro compromiso con la educación de los más débiles, y ese compromiso debe articularse desde el colectivo sindical.
Reafirmamos nuestro compromiso de lucha en defensa de la educación de los hijos de los trabajadores. Convocamos a todos los compañeros a cuidar las conquistas alcanzadas a través de décadas de esfuerzos, a mantener vivo el contacto con estudiantes y padres, a cumplir con la responsabilidad social que se nos ha confiado de contribuir a formar jóvenes libres, críticos y transformadores. Llamamos a los trabajadores todos a retomar e intensificar la lucha por autonomía y cogobierno para la ANEP.
¡Salú, y arriba los que luchan!
Agrupación Liceos Populares / Julio Andreoli
Marzo de 2012
