Junio finalizó con el envío al Parlamento de los mensajes de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo y del CODICEN. El del Poder Ejecutivo consta de dos tomos: uno con su proyecto general para 2012 y otro en el que se realiza un balance de la ejecución presupuestal del último año.
En el segundo tomo, el Poder Ejecutivo hace afirmaciones respecto a la economía del país como las que siguen: “durante 2011 la economía uruguaya continuó expandiéndose a buen ritmo”, “en comparación con el resto de los países de América Latina, Uruguay creció nuevamente por encima del promedio, mostrando un mejor desempeño que Brasil y una tasa de expansión de la actividad muy similar a la de Chile”, “las exportaciones de bienes y servicios crecieron 5,8%”, “la inversión del sector privado se expandió 5,5”, “las importaciones de bienes y servicios se incrementaron 11,2%”, “las actividades primarias se expandieron 4,2%, debido al aumento de producción agrícola y pecuaria”. A ello se agrega que “en el primer trimestre de 2012, la economía uruguaya mostró un desempeño satisfactorio”.
Tras una caracterización así de la economía del país, y más allá de la sequía que afectó la generación eléctrica en buena parte de 2011 y de cierta “incertidumbre” respecto al futuro de la economía internacional (incertidumbre que no es meramente coyuntural, sino inherente al sistema capitalista), uno esperaría una auspiciosa asignación presupuestal. Sin embargo, nos encontramos con la mísera suma de 140 millones de dólares para toda la administración pública:
“La presente Rendición de Cuentas incrementa los créditos presupuestales a partir del ejercicio 2013 en 2.807 millones de pesos, priorizando las áreas de Salud con un incremento de 757 millones de pesos, Educación con 488 millones, Protección y Seguridad Social con 499 millones, Seguridad Pública 196 millones, Vivienda 200 millones, Transporte 177 millones y Desarrollo Productivo 117 millones y apoyando acciones de política en otras áreas por 373 millones de pesos.”
Más de 12 mil millones de dólares de reservas para asegurar el pago de un año de deuda externa.
140 millones de dólares para reforzar durante un año la salud, la vivienda, la educación y el resto de la administración pública (0,001% de lo destinado al pago de un año de duda externa). ¿A la izquierda de quién?
Respecto a las finanzas públicas, el Poder Ejecutivo informa que el sector externo presentó en 2011 un importante superávit, que posibilitó sumar a las reservas internacionales ya disponibles unos 2.564 millones de dólares (5,5% del PBI), totalizando 10.302 millones de dólares al 31 de diciembre de 2011. En 2012 el stock de reservas continuó su tendencia creciente y al 22 de junio se situaba en 12.243 millones de dólares.
Respecto a la finalidad de dichas reservas, el Poder Ejecutivo la explicita con toda claridad: “contar en todo momento con suficientes disponibilidades que permitan cubrir el servicio de deuda de los siguientes doce meses”. El mensaje de rendición de cuentas presenta como si fuese todo un logro, además, que se haya avanzado en la desdolarización de la deuda: “a fines del primer trimestre del 2012 un 53% de la deuda del gobierno central está denominada en moneda nacional”.
Lo que no dice el Poder Ejecutivo es que este año Uruguay deberá pagar más de seis mil millones de dólares por intereses y amortizaciones de la deuda externa. Respecto a la desdolarización de la deuda pública, ¿qué consecuencias tiene para el bolsillo de los trabajadores que se haya pesificado, cuando se estaba pagando en base a un dólar estable y ahora se paga en unidades indexadas con un interés de entre el 13% y el 15%? ¿De qué sirve que la deuda del estado uruguayo sea “soberana” si desde 2005 al 2012 creció de 11 mil millones a 26 mil millones? Por otra parte, ¿es una señal de soberanía pagar la deuda contraída durante la dictadura cívico-militar?
Exoneración de impuestos al empresariado, créditos al consumo y especulación inmobiliaria: algunas de las prioridades del FA en el gobierno
Veamos ahora otras cosas que el Poder Ejecutivo no dice en su mensaje de rendición de cuentas. No dice que el crecimiento del PBI está sostenido por la burbuja financiera de créditos al consumo y especulación inmobiliaria. Que los rubros principales de la producción material (soja, carne, arroz, forestación) están mayoritariamente en manos de corporaciones transnacionales que pueden retirarse rápidamente cuando perciban el menor riesgo, transformando la “bonanza” en desastre. Que las zonas francas no pagan impuestos a la renta ni al patrimonio. Que los establecimientos agropecuarios están exonerados del impuesto a primaria. Que a los empresarios se les reintegra el IVA, a los trabajadores no. BOTNIA-UPM se lleva del país anualmente U$S 5.600.000.000. Que a las empresas que reinvierten se les devuelve la inversión mediante exoneraciones. Que esta perpetuación de los beneficios a los propietarios de la tierra, de las grandes industrias y del capital financiero, ha llevado a que no aporten al erario público de acuerdo a sus grandes ganancias de los últimos años.
El 73% de los trabajadores perciben ingresos que no alcanzan la media canasta familiar
En relación al mercado de trabajo, el Poder Ejecutivo presenta como “éxito” el número de puestos de trabajo cotizantes al Banco de Previsión Social (1.409.330), la elevación del Salario Mínimo Nacional a 7.200 pesos y el aumento de las pasividades mínimas a 5.438 pesos (aumento que lastimosamente beneficiará a 100 mil personas que laburaron toda su vida: 91.470 jubilados y 8.804 pensionistas).
Nada dice el Poder Ejecutivo de que 120.000 uruguayos están desocupados, que 426.000 asalariados no están registradas en el BPS (36% del total) y que 35.000 niños trabajan (20.000 de ellos reciclando basura).
Nada dice de que, durante el año 2011, la canasta básica de un hogar con cuatro integrantes promedió los 44.000 pesos por mes. Si se trata de una familia tipo, para redondear un ingreso que cubra sus necesidades, cada adulto debería ganar por lo menos unos 22.000 pesos. Del millón seiscientos mil trabajadores con ocupación (1:152.000 son asalariados), los ingresos de 1:165.000 (73% del total) fueron menores a los 20.000 pesos (es decir que casi tres cuartas partes de los trabajadores percibieron ingresos que no alcanzaron a la media canasta familiar).
En realidad, los ingresos de 905.000 ocupados fueron menores a 14.000 pesos (57% del total, 79% de los asalariados). 650.000 percibieron menos de 10.000 pesos (41% del total, 56% de los asalariados). Y 230.000 percibieron menos de 6.000 pesos (14% del total, 20% de los asalariados).
Nada dice el Poder Ejecutivo de que el salario medio es de $ 11.724. 400.000 asalariados (35%) ganan el salario mínimo de $ 7.200. 150.000 asalariados (13%) están por debajo de la línea de pobreza. En 2011 el PBI aumentó un 6,5% y los salarios reales un 4%. En 2011 el Índice de Precios al Consumo general (por el cual se nos ajusta el salario) aumentó 8%, mientras que el IPC de los alimentos aumentó 13%. El ajuste salarial se hace por el IPC general, perjudicándonos a los trabajadores, que gastamos nuestro salario en alimentos y no en bienes importados. Los trabajadores aportamos al BPS el 15% de nuestro salario. Es la tasa más alta de América Latina y la 6ª en el mundo. Sin embargo, los patrones aportan 7,5%, siendo de las tasas más bajas en todo el mundo. Los patrones rurales aportan solo un 2,2%.
Distribución de la riqueza: la masa salarial bajó del 27% del PBI en el 2000 al 23,5% en el 2011
¿Cómo puede el Poder Ejecutivo afirmar que los indicadores sociales han mejorado, cuando de 250.000 a 300.000 uruguayos viven en asentamientos, 1.000.000 de uruguayos están fuera del sistema de salud, 375.000 uruguayos con graves problemas alimenticios dependen de planes asistencialistas, 43% de los niños de 6 a 11 meses padecen anemia, aumenta la mortalidad infantil y también aumentan las infecciones hospitalarias en los hospitales públicos?
¿Cómo puede el Poder Ejecutivo afirmar que la desigualdad de los ingresos se ha reducido de manera “significativa”, cuando el 1% de los productores más grandes poseen el 35% de la tierra, mientras que el 40% de los productores más pequeños solo poseen el 2% de la tierra? Cuando el enriquecimiento de los grandes propietarios de tierra en los últimos 10 años creció en U$S 30.900.000.000. Cuando, frente al 4% de los ocupados que ganan más de 50.000 pesos, está el 20% que percibe ingresos menores a 6.000 pesos.
¿Cómo ha evolucionado la distancia entre ambos extremos? Pues la masa salarial de obreros y empleados bajó del 27% del PBI en el 2000 al 23,5% en el 2011 (porcentajes bastante menores al 40% de los años ’70) y las ganancias de los capitalistas subieron del 50% al 59% en el mismo período 2000-2011.
¡Por un movimiento sindical con independencia de clase!
El carácter de clase de un gobierno se conoce por los intereses que defiende. En este caso, es evidente que defiende los intereses de la clase explotadora, aunque se diga “progresista” o de “izquierda madura”. Cuando el gobierno dice que solamente hay U$S 140.000.000 para repartir en la rendición de cuentas, se refiere al “espacio fiscal”, que resulta de restar a los ingresos del estado los pagos de la deuda y los presupuestos ya asumidos. Ese “espacio fiscal” es el que no permite presupuestos dignos para salud, educación, vivienda. Y el tamaño de ese espacio es una definición política. Este gobierno ha resuelto priorizar el pago de la deuda externa y no las necesidades de los trabajadores.
Y es el mismo gobierno nacional el que ha elaborado el mensaje de rendición de cuentas de la ANEP. No olvidemos que hasta ahora los tecnócratas de turno, José Seoane y Nora Castro, han sido mandaderos incondicionales del Poder Ejecutivo al frente del CODICEN. No olvidemos que, pasándose la Constitución por ya saben donde, Mujica hizo renunciar a dos consejeros del CES que no pudieron llevar adelante la aplicación del Promejora, acordada por el Poder Ejecutivo con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Y no olvidemos, sobre todo, que en 2010 la ANEP envió al Parlamento un proyecto presupuestal que coincidía plenamente con las definiciones de política educativa del Poder Ejecutivo.
Las diferencias que existen entre ambos mensajes presupuestales son básicamente tres:
1. El mensaje de la ANEP pide una asignación presupuestal ocho veces mayor a la solicitada por el Poder Ejecutivo, pero para aplicar un manojo de políticas educativas que nuestro sindicato rechaza en su totalidad y solicitando unos recursos que el Poder Ejecutivo ya ha anunciado no habilitará de forma alguna.
2. El mensaje de la ANEP solicita la creación de algunos cargos que no están contenidos en el mensaje del Poder Ejecutivo, y que no son suficientes siquiera para atender las situaciones más urgentes. Claro está: los compañeros pueden pensar, con todo derecho, que poco es mejor que nada. Y puede ser. Pero debemos tener presente que el Poder Ejecutivo ya ha anunciado que no incrementará en nada su “espacio fiscal” de 140 millones de dólares. ¿Qué sentido tendría desgastarse inútilmente con nuevas medidas de lucha para apoyar un mensaje de rendición de cuentas que rechazamos en un 98% y que además no tiene chance alguna de ser aplicado por falta de recursos? Entendemos que no tiene sentido alguno.
3. El mensaje de la ANEP incluye un acuerdo salarial celebrado entre el CODICEN y el Comité Ejecutivo de la FENAPES, por el cual el mísero aumento salarial ya aprobado para 2014 se adelantaría para 2013. Precisemos esto: no es un aumento salarial, sino una aceleración del aumento ya previsto. El adelanto equivale a unos 150 pesos en un salario de 12 mil pesos líquidos: no alcanza ni para un libro. Y, por si estos elementos no fuesen suficientes, se trata de un acuerdo que la dirección mayoritaria de la FENAPES firmó en medio de una huelga de hambre de cinco compañeros yendo en contra de las definiciones del propio Comité Ejecutivo (¿esquizofrenia?) y de la Asamblea General de Delegados, organismos ambos que se habían pronunciado en el sentido de que no se firmara nada (ni acuerdo, ni preacuerdo) que no pasara previamente por la AGD.
Compañeros, seguimos en conflicto y la lucha continúa. Debemos estar alertas para impedir rápidamente la extensión de cualquier proyecto de fortalecimiento que suponga la flexibilización de la currícula, la aplicación del proyecto de Profesor Cargo que el sindicato ha rechazado reiteradas veces y la pérdida de derechos laborales a través de una reforma del Estatuto Docente. Insistimos con la necesidad de fortalecer los núcleos y los zonales, para encontrarnos fuertes a la hora de dar la pelea contra la embestida reformista y de exigir infraestructura y salarios dignos. Porque sin un adelanto de 150 pesos podemos vivir, pero sin dignidad no queremos vivir.
¡Por un movimiento sindical con independencia de clase!
Agrupación Liceos Populares – Julio Andreoli
Agosto de 2012
