El año 2012 terminó con un agitado mes de diciembre. El día 12 nos reunimos en Asamblea General, en la que una minoría circunstancialmente mayor, como lo son todas, decidió dejar sin efecto dos medidas de lucha decididas en anteriores instancias resolutivas. Se trataba de medidas orientadas a resistir la implementación de la reforma del ciclo básico articulada desde el CES, que no es otra cosa que una versión light del Pro Mejora, ya que persigue el mismo fin de mejorar los índices de promoción en detrimento de las menguadas exigencias académicas que han logrado resistir la embestida reformista que comenzó al menos en 1995 y que se ha profundizado gobierno a gobierno. A ello se suman múltiples avasallamientos de derechos laborales, todo ello enmarcado en una concepción eternizadora del orden socioeconómico vigente.
La reforma del CES supone un aumento de la carga horaria de unos pocos docentes en cada centro para el desarrollo de tutorías, medida que lejos está de la reivindicada concentración horaria en un mismo centro del conjunto del profesorado (pues con los míseros salarios que percibimos, pasar de 20 a 26 horas de aula en la primera ronda de efectivos no va a hacer que los compañeros dejen de tomar más horas en otros centros, públicos y privados) y que, además, desconoce el derecho de precedencia escalafonaria departamental (creando escalafones liceales).
Se crea la figura de Profesor Coordinador Pedagógico (PCP), responsable de presionar para que las tutorías (que hasta el año pasado funcionaban dentro del PIU) se traduzcan en un incremento del número de promociones. En la propuesta del CES subyace el deleznable supuesto de que el profesor que no promueve a sus estudiantes es un mal profesor o, en el mejor de los casos, es alguien que necesita consustanciarse con las trasnochadas pseudo-justificaciones des-educativas de las autoridades, esas que, herederas de concepciones mecanicistas completamente superadas, disocian la enseñanza del aprendizaje, presentando a docentes y estudiantes como universos estancos, sujetos a un solipsismo radical que niega todo acto de comunicación y, en consecuencia, todo proceso educativo.
Además, el PCP supone la transformación del viejo “Profesor Orientador Pedagógico” en asistente social, responsable de vincularse con las familias de los estudiantes “en especial situación de vulnerabilidad”, que en los hechos se traducirá en una orientación superficial en materia de salud, higiene, alimentación, educación sexual, prevención de adicciones, etc. La pedagogía al servicio de la sociología. La institución de enseñanza al servicio de las políticas de contención social. La ANEP subordinada al MIDES. ¿Olesker al CODICEN? Concedamos que el estado de pauperización en el que se encuentran ciertos sectores sociales hace necesaria la existencia de una figura que, desde la institución educativa, oriente en ciertos asuntos a las familias de los estudiantes que se encuentran por debajo de la línea de pobreza (uno de cada tres de los que ingresan al liceo). En ese caso, nos preguntamos: ¿cuáles son las políticas gubernamentales complementarias en materia de trabajo y vivienda, capaces de incentivar la promoción de esos sectores sociales? ¿Los cursos de “agente de call center”? ¿“Un techo para mi país”?
En otro orden, la reforma del CES reestablece los ya fracasados “proyectos de centro”, esta vez con el explícito objetivo de flexibilizar la currícula en detrimento de las “humanidades” y a favor de la patética orientación laboral que el gobierno de turno pretende para las nuevas generaciones, con opciones como “portero” u “operador PC”. No porque tales actividades hagan indignas a las personas que las desarrollan, sino porque la sustitución de la “formación integral” por la “capacitación superficial” tiene su correlato en la muerte del “ciudadano reflexivo y transformador de su entorno” a manos del sumiso y mercado dependiente “votante acrítico y despolitizado”, incapaz de poner en aprietos al empresariado (evitamos transgredir la prohibición de hablar de “burguesía” en épocas de gobiernos “progresistas”).
El problema con la concepción educativa de las autoridades (que encuentra su sustento en la basura que producen un montón de alcahuetes, trepadores y jodedores que reducen la educación a un bien de compraventa) va mucho más allá de una discrepancia acerca del curriculum. El problema radica en el giro que quita al hombre del centro de la vida social y coloca en su lugar al mercado, que no es más que la telaraña que acumula más y más riquezas para quien la tejió. No más generaciones de “homo sapiens”, culpables de “academicismo enciclopedista” (los mercaderes de la educación tienen claro que es necesario alejar a los pobres del carácter emancipador del enciclopedismo, facilitador de herramientas contra el oscurantismo y la manipulación). No más generaciones de “homo faber”, proclives al desarrollo de un pensamiento crítico capaz de transformar al explotado en sujeto revolucionario. Detrás de la flexibilización curricular al servicio del mercado, proyecto de centro mediante, se esconde el propósito de despojar a las nuevas generaciones de toda posible dignidad humana.
Con respetuosa antelación, la Asamblea General de ADES Montevideo había aprobado, a propuesta de diferentes compañeros, dos medidas de lucha contra la aberración des-educativa de las autoridades: la ocupación del local del CES días antes del inicio de la elección de cargos y horas, y la ocupación del local de elección de horas el día en que ésta iba a comenzar, previo al ingreso del primer compañero. La otra medida que había sido propuesta a la Asamblea, pero que ésta desestimó, era adherir a la propuesta sobre PCP elaborada por la mayoría del Comité Ejecutivo de la FENAPES, propuesta ésta que puede ser descrita como “alegre coqueteo con el discurso del gobierno y las autoridades de la educación”, haciendo concesiones en cuestiones en las que no hay nada para conceder.
El PCP, aunque se le maquille la caracterización que le dio el CES, es una figura que, bajo el pretexto de “coordinar” y “articular” esfuerzos para nada inconexos, busca homogeneizar el heterogéneo y rico trabajo desplegado por miles de profesores de aula a lo largo y ancho de todo el país, con un propósito definido: maquillar los indicadores de promoción, repetición y abandono para recibir la aprobación de la OCDE y el BID, ya que de esa clase de aprobación depende la “confiabilidad” que nuestro país tiene ante los empresarios del mundo, que el gobierno busca sigan facilitando empréstitos y explotando nuestras riquezas naturales.
Las autoridades no buscan revertir las causas profundas de la crisis estructural que atraviesa la educación pública: se contentan con lograr que más promuevan y menos repitan. Y en este punto no hay nada para conceder. Por ideología. Por ir a contramano de las estructuras fundantes de nuestro pensamiento. Porque busca dar un golpe de gracia a la libertad de cátedra. Y porque, además, la renuncia a atacar las causas profundas de la crisis del sistema educativo supone la negativa a la construcción de suficientes edificios liceales como para terminar con la superpoblación, el rechazo a acondicionar seriamente los locales más deteriorados, la abdicación a demoler locales que son un peligro para la integridad física de los trabajadores y estudiantes que diariamente los habitan, y la negativa a conceder un aumento salarial que nos permita terminar con el multiempleo y el deterioro de nuestra salud. Lo repetimos: respecto a estos asuntos, no hay nada para conceder.
Conviene subrayar que el “alegre coqueteo con el discurso del gobierno y las autoridades de la educación” es de la mayoría del Comité Ejecutivo y no de la Comisión de Proyecto Educativo de la Federación. Recordemos que no pudimos conocer la propuesta sobre PCP elaborada por dicha Comisión, pues la misma se encontraba en un documento que fue proscrito por el Comité Ejecutivo, quien prohibió su consideración en un taller realizado en Colonia con compañeros de toda la Federación. Por momentos da la impresión de que la mayoría de este Comité Ejecutivo, que opera cual tribunal inquisidor, está buscando su Giordano Bruno para aleccionar a los herejes que andamos en la vuelta. ¿Será a eso a lo que le llaman “unidad”? Como sea, ya lo sabe, compañero: si siente olor a quemado, sospeche de algo raro…
El problema es que buena parte del movimiento sindical se ha contagiado de cierto desviacionismo ideológico, muy extendido en tiempos de gobiernos “progresistas”, que lleva a confundir negociación (entrevista, conversación, entendimiento) con entrega (renuncia, concesión, sometimiento). Se trata de un desvío pequeño burgués, pues es el resultado del consustanciamiento de la representación de los trabajadores con los intereses particulares de pequeños grupúsculos que pujan por ascender a cargos de confianza política, y que para ello no cesan de enviar claras señales de sumisión a los gobernantes de turno, olvidando a quienes trabajamos en condiciones más que precarias, que arruinan nuestra salud a cambio de unos pocos pesos. Esta clase de extravío lleva al extraviado a ser “más realista que el rey”, ya que el propio gobierno, al redactar la Ley de Negociación Colectiva en el marco de las relaciones laborales en el sector público (Nº 18.508), dejó claro en su artículo cuarto que “las partes están obligadas a negociar, lo que no impone la obligación de concretar acuerdos”.
Lamentablemente, esa desafortunada senda ideológica que confunde la negociación con la cesión, se impuso numéricamente en la Asamblea General del 12 de diciembre. Los discursos en que se sostuvo la moción de tirar por la borda la lucha desplegada hasta entonces contra la reforma del CES, fueron bastante burdos. Seleccionamos tres de ellos.
En primer lugar, se dijo que en vez de luchar había que trabajar dentro de la reforma, perdiendo el “miedo a los cambios”. Sinceramente, el planteo muestra o un desconocimiento de las implicancias de la reforma o una adopción del pensamiento del enemigo de clase, y cualquier de ambas opciones no hacen honor a la cualidad intelectiva de quienes las profieren.
En segundo lugar, se alegó que había que amputar la lucha ya que hasta entonces nos habíamos movilizado con medidas que nos alejaron del conjunto del profesorado. Al respecto, tres consideraciones: A) Las medidas de lucha de nuestro sindicato que contaron con el más amplio apoyo social en los últimos ocho o diez años, fueron las que quienes insisten con cuestiones porcentuales de representatividad abortaron el pasado mes de abril, cuando dejaron tirados a comunidades de padres, estudiantes y trabajadores en conflicto por infraestructura. B) ¿No será que los docentes descreen del sindicato como herramienta de transformación, cansados del discurso de la escasa participación, atendiendo al cual se han abandonado mil y una luchas, convalidando la crisis edilicia y el hundimiento de nuestros salarios? C) Esperamos encontrarlos en alguna comisión de trabajo para que, junto a ustedes, podamos dinamizar el tan mentado “proceso de acumulación”.
En tercer lugar, se expresó que debíamos asumir la derrota por no haber sabido plantear contrapropuestas a la reforma del CES. No hablamos de tergiversación malintencionada de la realidad, pero sí de esquematismos dogmáticos que llevan a incurrir en la falacia de accidente, que en este caso podría expresarse así: como la contrapropuesta ajustada a mis convicciones fue rechazada, concluyo que no hubo contrapropuestas. Señoras y señores: sí hubo contrapropuestas. Además de la rechazada contrapropuesta del Comité Ejecutivo, hubo -al menos- otras tres. La de la Comisión de Proyecto Educativo de la FENAPES (cuyo contenido desconocemos debido a la censura), la de la filial Colonia (sin PCP y con tutorías a cargo del profesor del curso, con derivación obligatoria de los estudiantes que el docente entiende necesario en cada momento del curso), y la de la Comisión de Proyecto Educativo de ADES Montevideo (el seguimiento personalizado de los estudiantes se lograría eliminando la extensión horaria sin pérdida salarial, volviendo a la modalidad de tres turnos diurnos, reduciendo así de manera significativa la cantidad de estudiantes por grupo en todas las asignaturas y a lo largo de todo el año lectivo).
El referido error de razonamiento es el mismo que lleva a algunos a plantear que ADES-Montevideo se opone a la FENAPES. En este caso, la falacia se resumiría de la siguiente forma: como las resoluciones de la Asamblea General de ADES Montevideo muchas veces apuestan a profundizar la lucha, y eso no se corresponde con la orientación política de una parte del Comité Ejecutivo de la FENAPES (proclive a conceder lo que no se debe conceder después de algún paro aislado), concluyo que todo ADES Montevideo (no sólo la Asamblea) se aparta de toda la FENAPES (no sólo de la mayoría de su Comité Ejecutivo).
A los compañeros que carecen de información acerca de las relaciones entre ADES y FENAPES, podemos contarles que en 2012: 1) la filial capitalina nunca faltó a una sola AGD, 2) ADES siempre asistió a las AGD del comienzo al final, 3) ADES siempre trasladó las posiciones resultantes de la Asamblea General, 4) ADES ha sido representado en la AGD por compañeras que en todo momento se han expresado en términos respetuosos, 5) ADES aportó insumos teóricos acerca de diferentes asuntos (proyecto educativo, reforma del Estatuto del Funcionario Docente, reforma del sistema jubilatorio docente), 6) ADES asistió a todos los talleres de proyecto educativo realizados a lo largo del año en diferentes puntos del país, 7) ADES estuvo en el encuentro de comisiones de asuntos laborales de toda la Federación, 8) ADES promovió la supresión del literal k de las pautas de elección de horas (pues desconocía derechos a los compañeros interinos), 9) ADES presentó recurso para que sean contemplados los derechos de las docentes embarazadas en relación a la lactancia, 10) ADES recurrió ante el CES para que se termine con el sistema de “liquidación” por el cual se paga a los compañeros de docencia indirecta muchas horas menos de las que efectivamente trabajan. Si alguien le dice que ADES-Montevideo se opone a la FENAPES, pídale las razones concretas en las que funda su aseveración.
Afortunadamente, la desviación que confunde “negociación” con “concreción de acuerdos” tiene su cura. En primer lugar, no perder de vista que vivimos en una sociedad escindida en clases: una opresora y otra oprimida. En segundo lugar, recordar que pertenecemos a la clase oprimida y que quienes sustentan concepciones que hacen de la educación un asunto de lucro son los opresores (o los representan). En tercer lugar, al enfrentar una instancia de negociación, mantenerse firmes y no hacer concesiones cuando no hay que hacerlas.
Fue apegado a estos tres elementales principios cómo nuestro sindicato frenó la aplicación del Promejora en Montevideo, contrapuso un proyecto educativo gestado desde abajo, forzó a las autoridades a realizar refacciones en edificios liceales en pésimas condiciones (refacciones que hubieran sido más y de mayor magnitud de no ser por la campaña desmovilizadora liderada por el topolanskysmo y los grandes medios de comunicación), consiguió la supresión del literal k de las pautas de elección de horas, obligó a reiniciar la elección de horas de Educación Social / Sociología / Derecho (pues un “descuido” de la inspección amenazaba con arrebatar el derecho a la efectivización a decenas de compañeros), resistió la entonces inminente reforma del Estatuto del Funcionario Docente (orientada a la pérdida de derechos laborales y a convalidar la reforma educativa en curso), denunció una modificación en el sistema jubilatorio docente por el cual la mitad de los profesores nos jubilaremos con el 45% del salario promedio de los últimos diez años (porcentaje que no comprende ninguna de las partidas especiales que percibimos), frenó un concurso de efectividad para cargos de adscripción (pues convertía en un demérito el derecho estatutario a licencia por múltiples causales), y llevó adelante los ya referidos recursos sobre lactancia y docencia indirecta.
Se hace impostergable la adopción del principio de no hacer concesiones en asuntos en los que no hay nada que conceder, especialmente si consideramos que, de espalda a la organización sindical, y yendo contra las resoluciones de la Asamblea General de Delegados (y contra el mismísimo sentido común, que no parece ser el más común de los sentidos), el Comité Ejecutivo de la Federación (en el marco de la CSEU, en el que la sola voluntad de la FUM parece poder más que todos los otros) firmó el 26 de diciembre de 2012 un vergonzoso acuerdo que prevé 0% de aumento salarial para todos los docentes en 2014 y 2015.
¡Basta de concesiones! ¡El camino es la lucha, compañeros!
Agrupación Liceos Populares – Julio Andreoli
Febrero de 2013
NOTA FINAL: ¿Qué papel han jugado Daniel Guasco y Ema Zaffaroni en la implementación de la reforma del ciclo básico? Siendo que la Asamblea General de Delegados rechazó la reforma cada vez que la consideró, llama la atención que la misma sea impulsada desde un órgano directriz en el que dos de sus tres consejeros son miembros de nuestro sindicato… Porque cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero este es un asunto en el que o se está del lado del sindicato, o se está del lado del gobierno. ¿De qué lado están, señores?
