Al terminarse la pelea para que se incorporen nuestras reivindicaciones a los mensajes de rendición de Cuentas, deseamos compartir algunas consideraciones acerca de cuatro grandes temas: rendición de cuentas y condiciones de trabajo, rendición de cuentas y políticas educativas, nuestro diagnóstico de cómo llegamos a la situación en la que nos encontramos, y nuestra propuesta de cara al futuro inmediato.
Rendición de cuentas y condiciones de trabajo
De acuerdo a los documentos emanados del último congreso de la FENAPES, nuestra pelea por mejores condiciones de trabajo debe priorizar la infraestructura (mantenimiento, construcción de nuevos liceos), la creación de cargos (docentes, administrativos, de servicios y técnicos) y el salario (media canasta por la unidad horaria).
La primera oportunidad en que se dialogó con el Poder Ejecutivo acerca de nuestras condiciones de trabajo y la Rendición de Cuentas fue el 2 de mayo. Ese día, el presidente Mujica señaló a la CSEU que estaba dispuesto a atender los reclamos planteados por los sindicatos de la enseñanza. Pero eso no ocurrió. Por el contrario, lo que al día de hoy el Poder Ejecutivo anuncia para la educación es totalmente insuficiente. Así lo demuestran los planteos realizados en el Consejo Superior de Salarios Públicos del 13 de junio, en el que la delegación gubernamental “lloró la milonga” hablando de que “estamos ante una coyuntura internacional compleja”, “se está produciendo el rescate de los bancos españoles”, “es probable que Grecia salga de la zona del Euro”, “las perspectivas de crecimiento económico a nivel mundial son a la baja”, “la región está complicada”, “Argentina afecta negativamente nuestras exportaciones”, “Brasil tiene problemas de crecimiento”, “Uruguay está recibiendo señales negativas”, “hay que evitar una crisis como la del 2002”, “la situación energética está teniendo un altísimo costo”, etc., etc., etc.
La farsa del gobierno alcanza niveles insuperables: escudados en la necesidad de “prudencia” ante la situación internacional, ocultan que la economía uruguaya sigue creciendo a niveles sin precedentes, alcanzándose récords históricos en los precios de exportación del agro y la industria.
Todo este bla bla bla no es más que una gran mentira del gobierno para intentar justificar su definición de asignar escasísimos recursos a esta Rendición de Cuentas: 140 millones de dólares. De ellos, unos 30 millones serán para la educación: 22 para la ANEP y 8 para la UdelaR. El monto de la ANEP se destinará a viabilizar el proyecto mujiquista para la UTU, al mantenimiento edilicio y a cumplir con el convenio salarial (del techo del 4,5% de aumento salarial previsto para 2013, se anuncia que no se llegará siquiera a la mitad, pues el aumento andaría en un 2,09%).
Con estos montos y sus destinos, será imposible la construcción de nuevos edificios liceales, la disminución del número de estudiantes por grupo, la realización de obras de refacción en todos los establecimientos que lo necesiten, la creación de nuevas fuentes de trabajo para docentes, administrativos, funcionarios de servicio y técnicos, y al menos un avance hacia la igualación del salario por la unidad horaria de un docente que inicia su carrera con la media canasta familiar.
En contrapartida, muchísimo dinero público se colocará en cuentas bancarias en el extranjero a modo de reserva, superándose la barrera de los mil millones de dólares, para ofrecer tranquilidad a los inversores extranjeros de que si algo malo llegase a suceder, la deuda externa se pagará puntualmente.
Por si ello fuera poco, el Poder Ejecutivo ha dejado claro que no dudará en incumplir con lo legislado si así lo desea. Prueba de ello es la deuda salarial que mantiene con los trabajadores de la educación por el “artículo ventana”, que permite ingresar nuevos recursos para la educación, contenido en el Artículo 867 de la Ley Nº 18.719, que fija el Presupuesto Nacional para el período 2010-2014, aprobada el 27 de diciembre de 2010. El mismo establece: “Cuando, como consecuencia del crecimiento del PBI, los créditos presupuestales con destino a educación representaren un porcentaje inferior al 4,5% del PBI, el Poder Ejecutivo deberá incluir en el proyecto de Rendición de Cuentas correspondiente a ese ejercicio, una propuesta de asignación complementaria de créditos presupuestales para la ANEP y la UdelaR para alcanzar el mencionado porcentaje, teniendo especialmente en cuenta las necesidades para atender remuneraciones, gastos de funcionamiento e inversión.” La deuda, que asciende a unos 2.100 millones de pesos, se generó en la anterior Rendición de Cuentas, debido a que el Poder Ejecutivo implementó el “artículo ventana” sobre los valores de 2011 (1.12% o 1.48%, según la categoría), cuando lo que correspondía era hacerlo sobre los valores de 2010 (3.3% aproximadamente).
En relación al mensaje de Rendición de Cuentas que las autoridades de la educación enviarán al Parlamento, la primera información la tuvimos el 14 de mayo, cuando el CODICEN le planteó a la CSEU en reunión Bipartita que no habría incremento presupuestal, y que simplemente se atenderían los compromisos ya asumidos.
Luego, el 11 de junio, el consejero Néstor Pereira informó al Comité Ejecutivo de la FENAPES que la propuesta del CODICEN sería del 0% para aumentar el salario básico y crear cargos. Sólo pedirían un incremento para los titulados, cuya compensación, que no comprende ninguna de las partidas especiales, pasaría en 2013 del 7,5% al 8,8% y en 2014 llegaría al 9,1%. Esa información se vio confirmada dos días después en la Bipartita CSEU-CODICEN, en la que quedó claro que, además, será ampliamente insuficiente el monto que solicitarán para el mantenimiento y la mejora de los locales de enseñanza.
Estos últimos días el CODICEN ha declarado públicamente que incluiría en su mensaje una adición del 3% al aumento salarial acordado por Convenio para 2013, que ya dijimos sería de 2,09%. Pero esto es falso. Se trata de una simple distorsión de la información para torcer a su favor la opinión pública. Lo que en verdad están manejando es agregar un 0,91% al 2,09% ya aprobado por Convenio Salarial, llevando el aumento para 2013 al 3%. Una doble tomada de pelo. Porque con un 3% de aumento ningún trabajador cubre siquiera el aumento del alquiler, y porque el Parlamento no considerará en absoluto el mensaje que enviarán las autoridades de la enseñanza.
De esta forma, el CODICEN se ha ceñido nuevamente a las peticiones del Poder Ejecutivo, y no a las necesidades reales del Sistema Educativo, dando una nueva patada en el piso a la autonomía de la ANEP.
Pero no queremos terminar con nuestras consideraciones acerca de las condiciones de trabajo, sin hacer referencia al hostigamiento policial al que estudiantes y profesores venimos siendo sometidos en diferentes liceos desde hace algunas semanas. Rechazamos de plano los indiscriminados cacheos, pedidos de documentación y arrestos arbitrarios que la policía viene realizando, especialmente los abusos cometidos en los liceos 2, 4, 6, 11 y 52. Lejos de aportar soluciones a las dificultades que ciertamente existen en muchos entornos liceales, este tipo de comportamiento policial no hace más que generar un ambiente aún más hostil.
En el mismo sentido, censuramos el accionar de los servicios de inteligencia en Tacuarembó en ocasión de la ocupación del liceo departamental por los compañeros de ADESTA, ya que algunos de ellos fueron hostigados telefónicamente por oficiales de policía desde el día anterior, completando la política del terror con el envío de un agente de inteligencia a “copiar” el contenido de las pancartas que fueron colocadas en el exterior del liceo tras la ocupación. Este tipo de prácticas recuerdan muchísimo a otras épocas en las que estaban prohibidas las libertades individuales.
Rendición de cuentas y políticas educativas
De acuerdo a los documentos emanados del último congreso de la FENAPES, nuestra pelea en materia de política educativa debe tender a la aplicación de un proyecto educativo de carácter nacional, elaborado por los actores directos de la educación.
Considerando esa definición de la Federación, resulta preocupante que a través de ambos mensajes de Rendición de Cuentas se ratifique un manojo de políticas que en su conjunto constituyen una reforma de la enseñanza claramente contraria a los intereses de los trabajadores. Tanto el Poder Ejecutivo como el CODICEN insisten con la aplicación de programas que arrebatan a la educación de los hijos de los trabajadores su histórica tarea formativa y emancipadora, colocándola al servicio del mercado.
En la Bipartita CSEU-CODICEN del 13 de junio, la delegación del CODICEN informó que su mensaje de Rendición de Cuentas contendrá como ejes la innovación educativa (léase: políticas focalizadas), la integración y calidad de los aprendizajes (léase: incentivo económico para reducir los abandonos y mejorar los índices de promoción), profesionalización (léase: elevar de 20 a 30 las horas semanales de trabajo en docencia directa) y la innovación en la gestión (léase: adecuar la currícula a los intereses de los estudiantes en los liceos de los barrios más pobres). De hecho, hasta los aumentos salariales que el CODICEN incluirá en su mensaje de Rendición de Cuentas priorizan las políticas focalizadas: tiempo completo, tiempo extendido, tecnicaturas rurales y titulados en general.
En lo que atañe específicamente al mensaje de Rendición de Cuentas que enviará el Consejo de Educación Secundaria, de acuerdo a un borrador fechado el 25 de mayo, sus solicitudes para 2013 y 2014 también se inscriben claramente dentro de la línea reformista: proyectos curriculares contextualizados, respuestas focalizadas para reducir los índices de abandono, liceos de tiempo completo y ampliación del Programa de Impulso a la Universalización del Ciclo Básico,
Programas como el PIU, Aulas Comunitarias, Tránsito Educativo, Compromiso Educativo, Promejora, Plan Ceibal y la experiencia de liceos de tiempo completo, se inscriben en una definición general de brindar contención a los estudiantes con gravísimos problemas no educativos, sin atacar las verdaderas causas de fondo, reduciendo la formación de los hijos de los trabajadores a una “educación básica” que les permita sobrevivir e incorporarse al mercado laboral, con el menor costo posible para el Estado y con el mayor rédito posible para las empresas privadas. Como recientemente explicitó Adriana Aristimuño, representante de los intereses más rancios de esta sociedad, escudada tras la etiqueta de investigadora: “menos Prehistoria, Oriente y Grecia, y más saber arreglar un enchufe”. Nos preguntamos si la docente de la Universidad Católica hace esa propuesta para todos los centros de enseñanza media, o excluye a los colegios privados.
Lo cierto es que las políticas focalizadas de todo tipo y color están hoy más vigentes que nunca, incluso se comparamos la administración actual con la de Rama: cada vez más, la tarea educativa de los liceos va quedando relegada frente a la prestación de “servicios” como dar de comer, dar ropa, repartir computadoras, dar plata, ofrecer contención a problemas no educativos, flexibilizar el régimen de pasaje de grado, considerar la promoción como indicador de calidad, etc. Por supuesto, todo esto orientado por los organismos internacionales de crédito, encargados de evaluar los resultados de cada país dependiente y de disponer la aplicación de políticas que entiendan necesarias. No olvidemos que, en Uruguay, la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia, el Promejora y el Plan Ceibal son, entre otros, programas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Queda claro que, más allá de su aparente desconexión, asistimos a una cuidadosa profundización de la reforma iniciada por Germán Rama en 1996. Y para subrayar que esta reforma se debe a una definición ideológica de los gobernantes, ofrecemos el siguiente dato comparativo: con lo que a la sociedad uruguaya le cuesta sostener durante un año el Plan Ceibal, se pueden construir 30 edificios educativos con diez aulas de clase, tres laboratorios, biblioteca, sala de informática, gimnasio, cantina y cuatro baños, Con dos años de financiamiento del Plan Ceibal, se alcanza la meta histórica de no más de 25 estudiantes por grupo en la enseñanza secundaria de todo el país. Con cinco años de financiamiento del Plan Ceibal, se termina con las aulas masificadas en toda la educación pública. No es imposible: sucede que las aulas masificadas no son una preocupación real para el gobierno y la clase política toda.
Del proyecto educativo reformista que llevan adelante el Poder Ejecutivo y el CODICEN, proyecto enteramente rechazable, nos preocupa especialmente la voluntad explicitada el pasado 26 de abril en el Senado de profundizar la reforma mediante algunos proyectos que ellos llaman “innovaciones”. En primer lugar, la creación de la figura del “profesor cargo” (que conoceremos la última semana de junio) supone la posibilidad de acceder a más horas de trabajo y, por lo tanto, a mayores salarios, en las asignaturas y los liceos que las autoridades seleccionen de acuerdo a sus estrategias reformistas, con una clara intencionalidad de cooptación ideológica. La implementación de un régimen de concursos para lograr el pasaje de grado (a reglamentarse en agosto), requiere como paso previo la existencia de mecanismos para tender a la profesionalización docente, como la creación de postgrados de perfeccionamiento en el ámbito público; de lo contrario, el mecanismo no será más que una reproducción de las desigualdades económicas preexistentes entre los docentes. La reforma del Estatuto Docente es una necesidad que tienen las autoridades de eliminar o recortar derechos, como forma de viabilizar el avance de la reforma educativa, ya que la misma encuentra grandes obstáculos en el texto normativo vigente.
Asimismo, el CODICEN prevé amplificar experiencias que rechazamos. El Programa Tránsito Educativo lleva a que jóvenes que egresaron de primaria gracias a un “pase social” y que, por ejemplo, no saben leer y escribir, sean retenidos por un liceo sin que ello signifique beneficio académico alguno para ellos. El Programa Compromiso Educativo supone una ayuda económica a algunos estudiantes de bachillerato, ayuda que no ataca los problemas de fondo del entorno del estudiante y que descansa en el falso supuesto de que mejorar las calificaciones es necesariamente un buen resultado. Los Liceos de Tiempo Completo suponen la capacitación laboral de los adolescentes atendiendo exclusivamente a las demandas del sector productivo local, sin que exista un discernimiento acerca del tipo de conocimientos prácticos que sería deseable que tuvieran en general los futuros ciudadanos del país. El Promejora es un programa que supone el otorgamiento de recursos adicionales a los liceos de los barrios más pobres a cambio de adaptar la currícula al pauperizado contexto cognitivo de la generalidad de los estudiantes. Y si bien es cierto que el CODICEN votó cuatro a uno la extensión del Promejora, también es cierto que en el documento entregado al Senado el 26 de abril se prevé para julio un llamado público a nuevos centros interesados en el Promejora.
Diagnóstico de cómo llegamos a la situación en la que nos encontramos
El viernes 15, en el marco de un calendario de paros regionales que abarcó a todo el país, nos reunimos en zonales por la mañana, al mediodía integramos junto al resto de los sindicatos de la CSEU una movilización que partió del Ministerio de Economía, se detuvo frente al CODICEN y terminó frente a la Torre Ejecutiva, donde este Poder Ejecutivo explicitó, una vez más, su desdén hacia los trabajadores que dan la pelea; y por la tarde nos reunimos en una Asamblea General en la que se decidió impulsar en la Asamblea General de Delegados del domingo 17 de junio un nuevo paro de actividades, esta vez de 48 horas. La AGD finalmente aprobó esa medida, impulsada por varias filiales además de Montevideo. El calendario de movilizaciones se estructuró del siguiente modo: paros regionales de 24 horas del 21 al 26 de junio y un paro nacional de 24 hs el 27 de junio, ocasión en la que se realizará una nueva AGD, que al momento de redactarse este artículo desconocemos qué pueda aprobarse.
Además, la AGD del 17 de junio declaró su apoyo político a los compañeros integrantes del Comité Ejecutivo de la FENAPES que, desde el 21 de junio, llevaron a cabo una huelga de hambre en el marco de la lucha conjunta de la Federación: Alejandra Vespa, Ana Resbani, Pedro Balbi, Pablo Guerra y Marcel Slamovitz. A ellos, nuestro más apretado brazo. Hacemos extensivo nuestro saludo a los sindicatos que desde el primer momento se han solidarizado con los huelguistas: el Gas, la Metalurgia, la Construcción, la Aguja, el Transporte y el INAU. Pero, lamentablemente, no todos han apoyado la medida, pues aunque la misma pueda no compartirse por diferentes razones, es de orden dar el apoyo a quienes desarrollan una medida así. Una vez más, algunos miembros del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT le han hecho el vacío a las medidas de lucha tomadas por nuestro sindicato, como cuando en noviembre del año pasado censuraron la pelea de ADES-Montevideo contra el Promejora. Esa gente constituye no sólo una vergüenza para el movimiento sindical, sino un lastre para el avance de la clase trabajadora.
La Agrupación Liceos Populares lamenta que todas estas medidas de lucha no se hayan tomado con mucha más antelación al plazo del que disponen el Poder Ejecutivo y el CODICEN para enviar sus mensajes al Parlamento. Ello no sucedió, debido a que las diferentes filiales que integramos la Federación no llegamos a mínimos acuerdos que nos permitan desarrollar a tiempo un plan de lucha. Esa parálisis que atravesó la FENAPES durante todo el mes de mayo perjudicó gravemente nuestras posibilidades de avanzar hacia alguna conquista. Y esa es también, junto al triste papel de las autoridades, una de las razones por las cuales nos encontramos hoy en tan desfavorable situación.
Ahora bien: las responsabilidades sindicales acerca del cúmulo de adversidades que hoy enfrentamos los trabajadores de educación secundaria se remontan en el tiempo mucho más atrás que la parálisis de la Federación del mes de mayo. Es de orden que recordemos que el 30 de diciembre del año pasado el Comité Ejecutivo de la FENAPES acordó con las autoridades, sin convocar a la AGD, un aumento salarial de entre 1.99% y 2,14%, cuando el Convenio Salarial firmado en 2010 fijaba el techo del aumento para 2012 en 4,5% (todos estos porcentajes por encima del 5% proyectado de inflación y un 3% de complemento excepcional aprobado únicamente para 2012). Y también es responsabilidad de este sindicato haber aprobado un vergonzoso Convenio Salarial el 28 de diciembre de 2010, en una AGD extraordinaria convocada entre budines y sidras, cuando esa misma Asamblea General de Delegados había rechazado ofrecimientos mejores que el finalmente aceptado. Y ni que hablar del posicionamiento que tuvo la mayoría de la Federación ante la discusión del presupuesto quinquenal, que en materia salarial encontró hermanados al CODICEN y al Poder Ejecutivo, que hicieron el mismo planteo; pero, sin embargo, la FENAPES defendió el mensaje presupuestal del CODICEN, y no faltaron quienes decían que el mismo recogía históricas reivindicaciones de los trabajadores. Llama poderosamente la atención que quienes tan condescendientes fueron con el gobierno en los últimos dos años, hoy consideren prioritario el aspecto salarial, y que ahora se acuerden de que es una variable de carácter estructural. ¿No era estructural hace dos años?
Y esta clase de comportamiento, que o es esquizoide o no responde a variables sindicales, puede rastrearse también en relación a los reclamos de mejoras en la infraestructura. Cuando hace poco más de dos meses se aprobó un paro de 72 horas para realizar múltiples actividades en defensa de los compañeros de una decena de núcleos sindicales de la capital que eran obligados a trabajar en edificios que no ofrecían garantías mínimas, hubo quienes convocaron a la Asamblea General no para enriquecer la discusión acerca de qué hacer, no para proponer alternativas de lucha más eficaces, sino para repeler a quienes califican como “pseudo radicales”, dejando completamente tirados a los compañeros en lucha. Ojalá todas las Asambleas sean con más de 600 compañeros. Pero a las Asambleas se viene a escuchar, contraponer, votar y hacerse cargo de lo que se decida, no a cortar la lista de oradores y decretar que no se luche más. Algo similar pasó en 2011, cuando al iniciarse el año lectivo más de diez núcleos sindicales se declararon en conflicto, pero no se convocó a Asamblea General hasta el mes de mayo. Esa clase de procedimientos también son causales de la situación que hoy enfrentamos, y sus promotores deben asumir públicamente su responsabilidad política.
Entendemos que, además de la actitud irresponsable del Poder Ejecutivo, del CODICEN y del CES, se ha equivocado el camino de la lucha sindical, especialmente porque tras la definición de “negociar movilizados y movilizarse negociando”, se ha depositado una excesiva e injustificada expectativa en los ámbitos de negociación que, a la vista está, ni han mejorado significativamente lo salarial, ni la infraestructura, ni la creación de cargos, ni las políticas educativas, ni la profesionalización docente, ni los concursos para lograr la efectividad, ni las bases de los llamados para aspirar a diferentes cargos, ni nuestros derechos en materia de salud. ¿No será hora de cambiar la estrategia de lucha?
Junto a la pregunta, dejamos planteada la siguiente información. En la reunión bipartita con el CODICEN celebrada el 14 de mayo, al analizar el funcionamiento de las comisiones bipartitas, la CSEU denunció que los Consejos Desconcentrados han faltado sistemáticamente a las reuniones de la Comisión de Presupuesto, que la Comisión de Infraestructura casi no se ha reunido debido a que la administración aduce “falta de información”, y que la Comisión de Estatuto no se ha reunido más que en dos oportunidades (ambas el año pasado) por la ausencia de su coordinador, Daniel Corbo.
Propuesta de Liceos Populares de cara al futuro inmediato
Resulta por demás claro que no tiene sentido la profundización del conflicto orientada a la aprobación parlamentaria del proyecto de rendición de cuentas que solicita más recursos. Trátese del mensaje del Poder Ejecutivo o del mensaje del CODICEN, el Parlamento inexorablemente aprobará políticas que nuestro sindicato rechaza, ya que las medidas que uno y otro impulsan son exactamente las mismas. No tiene sentido movilizarse para pedir que se apruebe el mensaje que asigna más rubros a una política que rechazamos de raíz. Tenemos que pelear para que esas políticas no lleguen a aplicarse. Y la no aplicación es una decisión política que, sin importar el momento del año en que nos encontremos, recae formalmente sobre el CODICEN y el Consejo de Educación Secundaria, y tácticamente sobre el Poder Ejecutivo. Creemos que, de aquí en más, atendiendo a esta realidad deben orientarse las movilizaciones de nuestro sindicato.
Entendemos que la lucha debe dirigirse en lo que queda de este año a obstaculizar la aplicación del Promejora y del Profesor Cargo, así como a rechazar toda pérdida de derechos a través de una reforma del Estatuto Docente. ADES-Montevideo ya tiene aprobada la convocatoria a Asamblea General si las autoridades anuncian avances en alguno de estos sentidos. Debemos prepararnos entonces para dar la más dura pelea cuando las circunstancias así lo dispongan. Si existen fuerzas suficientes, habrá que ir a la huelga. Y si tales fuerzas no existen, habrá que pensar en otra clase de medidas que nos permitan potenciar a los núcleos más fuertes para dar la pelea. Y para el año que viene, aprender de los errores y comenzar la pelea por Rendición de Cuentas a más tardar en abril, presionando donde hay que presionar.
Cerramos este informe convocando a preparar la lucha en defensa de nuestro proyecto educativo. El estado actual de la educación pública y los anuncios de lo que se viene hacen imprescindible que fortalezcamos los espacios sindicales: núcleos liceales, coordinaciones zonales, comisiones de trabajo, asambleas generales. De nosotros y sólo de nosotros dependerá que podamos impedir la aplicación de planes que prevén una malla curricular por áreas, la promoción a través de acreditación en algunos “campos de formación”, la transformación de los liceos en guarderías de tiempo completo, la privatización de la enseñanza, la modificación del estatuto docente para quitarnos derechos laborales, el pasaje de la unidad de docencia directa de 20 a 30 y 40 horas, el cobro de un salario atado a los niveles de promoción… ¡De nosotros y sólo de nosotros depende, compañeros!
Agrupación Liceos Populares – Julio Andreoli
Julio de 2012
