El próximo 30 de junio vence el plazo para que el Poder Ejecutivo y la ANEP envíen al Parlamento sus últimos mensajes de Rendición de Cuentas de este período de gobierno. Lo que, producto de nuestra movilización, ganemos o perdamos para el año 2013-2014, se replicará para el año 2014-2015. De ahí la importancia cardinal de la lucha que debemos desplegar los próximos tres meses. Lucha que –entendemos- se debe orientar en tres sentidos principales: salario, infraestructura y políticas educativas integrales.
SALARIO
Lejos de los discursos oficiales y oficialistas que sostienen que en los ocho años de gobierno del Frente Amplio los docentes hemos recibido un espectacular aumento salarial, lo cierto es que apenas hemos logrado una recuperación –en términos reales- de 14% respecto a los niveles previos a la crisis de 2002. Dentro del grupo de salarios calificados (empleados con más de 16 años de estudio), el sector se encuentra en el puesto número 20 en el ranking de salarios sectoriales promedio. Por fuera del referido grupo, nos encontramos con que, en 2014, un agente de policía de segunda pasará a ganar entre $U 27.000 y $U 30.000. Después los políticos se preguntan por qué los jóvenes no optan por la carrera docente…
El costo de la canasta básica familiar ha llegado ya a $U 50.064,593. Si consideramos que un docente que recién se integra al sistema (grado 1), egresado, efectivo y titulado, tiene un salario nominal del entorno de $U 17.000, deducimos que percibe la tercera parte del valor de la canasta. Y, en realidad, percibe en la mano (salario líquido) una proporción que se reduce a la cuarta parte de la canasta.
En el mes de febrero recibimos un aumento de 10,7%. De ese total, 7,48% corresponde al aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de 2012 (porcentaje perdido durante el año pasado, que no recuperamos en términos reales, ya que los ajustes no contemplan los perjuicios que la pérdida salarial nos generó mes a mes; especialmente cuando, como en 2012, el IPC está por encima de las previsiones del Ministerio de Economía).
Pero el Poder Ejecutivo robó a los trabajadores al fijar el IPC de 2012 en 7,48%. Al mes de noviembre, el IPC era de 9,03%, cayendo a 7,48% en diciembre como resultado de que el gobierno actuó para congelar precios en el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (negociando con los supermercados para que no aumentaran los precios de 200 productos) y reducir precios en el rubro “Vivienda” (con el Plan “UTE Premia”). En enero de 2013 subieron los precios de los 200 productos y se desactivó el Plan “UTE Premia”, por lo que el porcentaje de IPC estipulado no consideró el aumento real de los precios.
En otro orden, como resultado del convenio celebrado entre la ANEP y la CSEU el 27 de diciembre de 2012, en la próxima Rendición de Cuentas no hay posibilidad de acordar un aumento salarial con el CODICEN, pues se firmó que “en el año 2014, el Aumento General será de 0% en virtud de que el porcentaje previsto para dicho ejercicio se adelanta al año 2013” (un mísero 1,22%, aproximadamente $U 200, costeados con recursos provenientes del Fondo de Inasistencias).
Así las cosas, la única posibilidad de conquistar un aumento salarial depende de lo que se le pueda arrancar al Poder Ejecutivo, el cual desde hace un año habla de “austeridad” para enfrentar la “incertidumbre” respecto al futuro de la economía internacional. El mismo Poder Ejecutivo que en 2012 destinó más de 12 mil millones de dólares a reservas para asegurar el pago de un año de deuda externa, frente a 140 millones de dólares para reforzar durante un año la salud, la vivienda, la educación y el resto de la administración pública.
Entendemos que la pelea por salario debe ir unida al rechazo al proyecto de ley que el Ministerio de Educación y Cultura, a instancias del CODICEN de la ANEP, presentó al Parlamento en junio de 2012, por el cual se cesará a los docentes de las asignaturas deficitarias a los 30 años de actividad, con el 45% del salario promedio de los últimos diez años. Si consideramos que por la unidad docente de 20 horas, un docente grado 7, egresado, efectivo y titulado, con compensación por más de 25 años de actividad, percibe un salario líquido del entorno de $U 22.000, se deduce que se jubila con una retribución de $U 10.000.
Viene sucediendo que, apremiados económicamente, los compañeros jubilados optan por mantenerse en actividad, siendo reubicados en el grado 1 del escalafón, con el perjuicio salarial y administrativo que ello implica. En modo alguno podemos aceptar una final así para nuestra carrera funcional, y mucho menos que el Poder Ejecutivo apruebe un aumento salarial que se financie con el recorte resultante de la explotación de los compañeros jubilados.
Tampoco estamos dispuestos a aceptar un aumento salarial financiado con la eliminación de grupos y cargos, o con el recorte de la malla curricular. En comparación al año lectivo 2012, tan sólo en Montevideo, este año hay 15 grupos menos. Y, le pese a quien le pese, se desprende de los datos oficiales publicados en la página Web del CES que en febrero de este año fueron ofrecidos 45 cargos de adscripción menos que en 2012 en Montevideo. Respecto al recorte de la malla curricular, recordemos que el Equipo de Inspectores del CES presentó en 2011 un documento de “resignificación” del Ciclo Básico, en cuya malla curricular se elimina la asignatura Informática.
Atendiendo las precedentes consideraciones, proponemos la siguiente plataforma reivindicativa:
? Asignación presupuestal que responda a las necesidades de la educación pública y no al “espacio fiscal” resultante de privilegiar el pago de la deuda externa.
? Rechazo a toda concepción “resultadista” de la educación, que ate el salario a las calificaciones de los estudiantes.
? Equiparación del salario real básico al inicio de la carrera con la media canasta básica familiar, incluyendo las partidas sujetas a montepío, de docentes y funcionarios, tomando como base la unidad docente (20 horas).
? Recomposición de la pirámide salarial y la carrera funcional.
? Reducción de las horas aulas de los docentes a medida que avanzan en el escalafón, sin pérdida salarial.
? Creación de recursos al pago del 14º salario vacacional.
? Extensión de la cobertura de boletos (abonos).
? Aprobación de partidas para la compra de libros y material didáctico para docentes.
? Creación de cargos docentes, administrativos, de servicio y técnicos de acuerdo a las necesidades del servicio.
? Pago de prima por nocturnidad.
? Causal jubilatoria con veinticinco años de actividad, sin importar la edad.
? Jubilación acorde al trabajo realizado (no menor al 80% del salario promedio de los mejores tres años de actividad).
? Equiparación de la tasa de aportes patronales al sistema de jubilaciones y pensiones con la tasa de aportes personales.
INFRAESTRUCTURA
En materia de infraestructura, el punto de partida es el incumplimiento de un insuficiente Mensaje Presupuestal quinquenal aprobado por el Parlamento a instancias del Poder Ejecutivo. El mismo preveía la construcción de 21 liceos nuevos, la construcción de otros 21 liceos para sustitución de locales ya existentes deteriorados y la construcción de 74 aulas para ampliaciones de liceos existentes (véase la Exposición de Motivos del Presupuesto 2010-2014 del Poder Ejecutivo).
Para hacer posibles las obras, a la ANEP se le aprobó un presupuesto de 9.376 millones de pesos para infraestructura en el quinquenio: 6.320 dispuestos por el Artículo 645 para nuevas inversiones (1.260 anuales de 2010 a 2014 a través de los programas MECAEP, MEMFOD y del programa 802 que refiere a la ampliación de espacios educativos) y 3.056 asignados a través del Artículo 646 (que dispuso la creación de un “Fondo de Infraestructura Educativa Pública”).
De los 9.376 millones de pesos para infraestructura en la ANEP, 4.102 millones debían ser para la Educación Media, la mayor parte de los cuales debía ser ejecutado en el CES (en UTU se preveía construir 5 campus y 10 politécnicos). El número de liceos construidos está muy lejos de ser el anunciado por las autoridades. En Montevideo se inauguraron dos edificios: uno para sustituir el Nº 33 y otro para crear el Nº 73. Están en obra edificios que sustituirán los actuales locales de los liceos Nº 17, 54 y 70. Se anuncian obras de construcción en Rincón del Cerro para descomprimir la superpoblación en el liceo Nº 43. Y se compró un nuevo local para el liceo Nº 71.
Preguntamos: ¿qué sucedió con el dinero aprobado por Ley Presupuestal?, ¿qué papel jugó la Corporación Nacional para el Desarrollo?, ¿cuánto queda aún sin ejecutar?, ¿se ejecutará?
A este panorama se suma la improvisación de las autoridades a la hora de realizar reparaciones en los liceos, limitándose a dar insuficientes respuestas a las situaciones emergentes. La mayoría de las obras ya realizadas se orientaron a algunos de los liceos denunciados por ADES Montevideo en diciembre de 2012 (14, 19, 21, 22, 29, 37, 45 y 48), a través del informe realizado con un técnico prevencionista. Tales obras distan de ser mínimamente satisfactorias: pago de onerosos alquileres, aulas en contenedores, baños prefabricados, parches impermeabilizantes que no resisten las primeras lluvias, pintura encima de las humedades, etc. Particularmente insuficientes fueron las obras realizadas en los liceos 14 y 19, con salones cuyos techos deben ser hechos a nuevo.
A ello hay que sumar las obras en ejecución (13, 18, 44 y 62), también orientadas a atender las denuncias de ADES Montevideo. Habrá que evaluar la profundidad de las obras, así como los problemas que supone la convivencia de las clases con las reparaciones: delimitación de obra, contaminación sonora y ambiental, seguridad y prevención de accidentes, tiempos establecidos en los contratos, etc.
De lo expuesto se infiere que lo poco que las autoridades han hecho ha sido como respuesta a la movilización de nuestro sindicato desde marzo de 2012. Pero no podemos celebrar lo conseguido como una victoria. Debemos ir por soluciones de fondo, reñidas con las declaraciones de que el comienzo de clases fue “positivo” (Juan Pedro Tinetto a El Observador, 4 de marzo de 2013). El Director General, desde el confort de su despacho, parece desconocer que al día de hoy varios liceos denuncian:
- Problemas estructurales (agujeros, fisuras, goteras, humedades, revoques que caen) en techos y paredes.
- Espacios clausurados.
- Techos con vigas para evitar derrumbe.
- Techos de fibrocemento.
- Cielorrasos que faltan o están rotos.
- Aulas, laboratorios y adscripciones reducidas, con poca iluminación natural y ventilación.
- Laboratorios, salas de informática, salas de arte, SUM, bibliotecas, pasillos, anexos, depósitos y salas de profesores transformadas en aulas permanentes de muchos grupos.
- Carencia de espacios adecuados para el desarrollo de los cursos de educación física.
- Instalaciones eléctricas en mal estado y con peligro de accidentes: rastros de agua cerca de los tableros, falta de llaves diferenciales, cables expuestos, pocos tomas, uso permanente de alargues, sobrecargas, etc.
- Baños insuficientes, muy deteriorados y compartidos por estudiantes, docentes y funcionarios.
- Ventanas con aberturas rotas y oxidadas (no se pueden abrir) y vidrios rotos o sueltos.
- Pisos rotos con baldosas faltantes.
- Puertas que faltan o están rotas.
- Tubos de luz sin protección mecánica.
- Bancos rotos, sucios e incómodos.
- Salones que no cuentan con cortinas que eviten la entrada de rayos solares.
- Escaleras sin barandas ni luces de emergencia.
- Tanques de agua que no son higienizados periódicamente.
- Falta de limpieza.
- Plagas de roedores, palomas, hormigas y abejas.
- Bibliotecas sin espacio para la lectura.
- Salas de profesores diminutas.
- Adscripciones de madera y vidrio.
- Patios con agua empozada y residuos de malezas y hojas.
- Habitaciones separadas por muebles.
- Anexos alejados del local central.
- Extintores que faltan o son insuficientes, están descargados y mal ubicados.
- Falta de salidas de emergencia.
- Inexistencia de sistemas de detección de incendios.
Ante estos conocidos problemas, las acciones impulsadas por los consejeros no aportan soluciones estructurales. Necesitamos la creación de nuevos liceos, acompañados del personal que garantice su funcionamiento. Es inaceptable que se diga que “hay que cambiar la idea de que en algún momento vamos a poder estar en marzo con todos los edificios perfectos” (declaraciones de Ema Zaffaroni a El Espectador, 5 de marzo de 2013).
Por lo expuesto, y sin contabilizar los anuncios de obras y reparaciones arriba reseñados, proponemos la aprobación de un plan de obras que para Montevideo suponga, como mínimo:
A) La construcción de 20 edificios liceales (11 nuevos y 9 sustituciones):
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Zona |
Construcciones |
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Centro |
27 nuevo (1º a 6º), 29 nuevo (1º ciclo), 34 nuevo (1º a 6º) |
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Este |
La Cruz (2º ciclo), zona Rivera y Comercio (2º ciclo) |
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Noreste |
37 nuevo (1º ciclo), Piedras Blancas (2º ciclo), zona Gral. Flores e Industria (2º ciclo), zona Curva de Maroñas (2º ciclo) |
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Norte |
44 nuevo (1º a 6º), 56 nuevo (1º ciclo), 69 nuevo (1º ciclo), zona Garzón y Casavalle (1º ciclo), zona Sayago/Peñarol (2º ciclo) |
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Oeste |
22 nuevo (1º a 6º en La Teja hacia el norte), 72 nuevo (2º ciclo), Santa Catalina (1º ciclo), Las Cadenas (1º ciclo), Rincón del Cerro (2º ciclo), Paso de la Arena (2º ciclo) |
B) La realización de 14 obras de refacción:
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Zona |
Obras en los siguientes liceos |
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Centro |
2 (baños), 7 (muro, gimnasio), 12 (construir gimnasio), 32 (construir salones) |
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Este |
10 (reparaciones varias), 31 (reparaciones varias) |
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Noreste |
14 (techos nuevos), 19 (techos nuevos), 39 (reparaciones varias) |
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Norte |
60 (construir salón mutiuso, reparaciones varias) |
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Oeste |
11 (piso del gimnasio), 24 (construir salones, reparaciones varias), 38 (impermeabilización), 47 (reparaciones varias) |
Entendemos que todas las obras se deben financiar exclusivamente con las reservas de que dispone el Banco Central del Uruguay y con los fondos presupuestales de que dispone el Poder Ejecutivo. Rechazamos que se utilicen dineros que provienen de préstamos de organismos internacionales de crédito. Nos oponemos, además, a la ejecución de obras a través de la participación público-privada.
PROYECTO EDUCATIVO
Desde 1995, los Presupuestos Quinquenales y las Rendiciones de Cuentas son usados para aprobar la aplicación de programas que cercenan la enseñanza orientada a pensar de manera crítica, participar activamente de la vida pública y alentar la producción de conocimientos. Se pretende reducir la enseñanza a un proceso disciplinario ajustado a los valores del mercado: creación de una fuerza laboral hábil en el manejo de la tecnología y políticamente sumisa.
Recordemos que el eje del último mensaje de Rendición de Cuentas del CODICEN fue la reducción de los abandonos y la mejora de los índices de promoción. En lo que respecta al CES, sus mensajes se han inscripto en la misma línea: proyectos curriculares contextualizados, respuestas focalizadas para reducir los índices de abandono, liceos de tiempo completo y ampliación del Programa de Impulso a la Universalización del Ciclo Básico a través de la nueva modalidad de Tutorías y Profesores Coordinadores Pedagógicos.
Programas como Tránsito Educativo, Compromiso Educativo, Promejora, Plan Ceibal y la experiencia de Liceos de Tiempo Completo, se inscriben en una definición general de brindar contención a los estudiantes con gravísimos problemas no educativos, sin atacar las verdaderas causas de fondo, reduciendo la formación de los hijos de los trabajadores a una “educación básica” que les permita sobrevivir e incorporarse al mercado laboral, con el menor costo posible para el Estado y con el mayor rédito posible para las empresas privadas.
El Programa Tránsito Educativo lleva a que jóvenes que egresaron de primaria gracias a un “pase social” y que, por ejemplo, no saben leer y escribir, sean retenidos por un liceo sin que ello signifique beneficio académico alguno para ellos. El Programa Compromiso Educativo supone una ayuda económica a algunos estudiantes de bachillerato, ayuda que no ataca los problemas de fondo del entorno del estudiante y que descansa en el falso supuesto de que mejorar las calificaciones es necesariamente un buen resultado. Los Liceos de Tiempo Completo suponen la capacitación laboral de los adolescentes atendiendo exclusivamente a las demandas del sector productivo local, sin que exista un discernimiento acerca del tipo de conocimientos prácticos que sería deseable que tuvieran en general los futuros ciudadanos del país. El Promejora es un programa que supone el otorgamiento de recursos adicionales a ciertos liceos a cambio de adaptar la currícula a los intereses del empresariado local.
Respecto al Plan Ceibal, insistimos con datos que ya ofrecimos en 2012: con lo que a la sociedad uruguaya le cuesta sostener durante un año dicho plan, se pueden construir 30 edificios educativos con diez aulas de clase, tres laboratorios, biblioteca, sala de informática, gimnasio, cantina y cuatro baños. Con dos años de financiamiento del Plan Ceibal, se alcanza la meta histórica de no más de 25 estudiantes por grupo en la enseñanza secundaria de todo el país. Con cinco años de financiamiento del Plan Ceibal, se termina con las aulas masificadas en toda la educación pública. No es imposible: sucede que las aulas masificadas no son una preocupación para el gobierno.
Cada vez más, la tarea educativa de los liceos va quedando relegada frente a la prestación de “servicios” como dar de comer, dar ropa, repartir computadoras, dar plata, ofrecer contención a problemas no educativos, flexibilizar el régimen de pasaje de grado, considerar la promoción como indicador de calidad, etc. Por supuesto, todo esto orientado por los organismos internacionales de crédito, encargados de evaluar los resultados de cada país dependiente y de disponer la aplicación de políticas que entiendan necesarias. No olvidemos que, entre otros, el Promejora y el Plan Ceibal son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
En este contexto, debemos estar alertas a cualquier cambio que quiera introducirse en la Reformulación 2006. Recordemos que Tinetto y Zaffaroni reconocieron estar estudiando la “reducción de materias” (véase El Observador del 27 de febrero de 2013).
“Creemos que hay que volver a discutir si las asignaturas que están hoy son las que deben estar. Si las cargas horarias que están hoy son las que deben estar. Es muy fácil decir que los estudiantes tienen que estar atendidos más horas por día; pero después también tenemos la otra mirada sobre que los alumnos en las últimas horas de clase están agotados y no prestan atención”, señaló Zaffaroni. Por su parte, Tinetto dijo que “se va a estudiar un rediseño general”.
Si bien no ha sido aprobado por el CES, tampoco ha sido rechazado el documento elaborado en 2011 por el Equipo de Inspectores del CES acerca del Ciclo Básico. El mismo proponía una malla curricular estructurada en “campos de formación”: lenguas, matemáticas, ciencias sociales, ciencias experimentales, arte, educación física y proyectos transversales. Las similitudes con el plan Rama son muy grandes: las ciencias naturales ahora son ciencias experimentales y aplicadas, la expresión ahora es arte y el espacio de currículum abierto ahora se llama campo de proyectos transversales. El área instrumental del 96 aparece ahora fragmentada en lenguas por un lado y matemáticas por el otro. Respecto a la informática, los neo-reformistas no saben si considerarla un área en sí misma (como en el 96), si debe integrarse al conjunto de las ciencias experimentales y aplicadas, o si debe desaparecer. Por su parte, el área de las ciencias sociales mantiene incluso hasta su denominación.
La referida propuesta prevé un sistema de evaluación que retoma el sistema de créditos aplicado en la reforma del 2003 (Plan TEMS) y que persigue los mismos objetivos que han tenido todos los reformistas de 1996 a la fecha: reducir las exigencias para el pasaje de grado para así poder mejorar los indicadores de cobertura y de eficiencia del sistema, tal cual lo exigen los organismos internacionales de crédito, abatiendo las tasas de repetición mediante la eliminación de cualquier obstáculo formal para la promoción.
El documento expresa que “los alumnos podrán lograr créditos en diferentes instituciones educativas y/o mediante la realización de pasantías o cursos especializados vinculados al campo laboral o al desarrollo personal.” Se trata, pues, de una concepción que desconoce los valores intrínsecos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, encaminándose hacia la mera “capacitación” de “recursos humanos” para elevar los “niveles de competitividad” y “aumentar la productividad”.
Por lo dicho, proponemos que las políticas educativas se estructuren en torno a los siguientes principios:
– Revalorización del conocimiento académico.
– Reglamento de Pasaje de Grado estructurado pedagógicamente.
– Retorno al modelo de liceos de primero a sexto.
– Eliminación de la extensión horaria.
– Malla curricular asignaturista.
– Trabajo coordinado de las asignaturas en el área del lenguaje.
– Fortalecimiento de las bibliotecas.
– Incorporación pertinente de las nuevas tecnologías.
– Estímulo a la educación física y la sensibilidad artística.
– Respeto del principio de libertad de cátedra.
Por salarios dignos
Por la construcción de nuevos edificios liceales
Por una educación para pensar críticamente
¡Hay que dar la lucha, compañeros!
Agrupación Liceos Populares – Julio Andreoli
Abril de 2013
