No podemos decir que las declaraciones del presidente nos sorprenden, porque no lo hacen. Pero genera gran preocupación que la persona elegida para presidir la administración de los asuntos públicos muestre con total desparpajo tamaña desinformación.
El jueves 26 de marzo, al hacer su anuncio de rebaja salarial para una parte de los funcionarios públicos, el presidente Luis Lacalle Pou hizo referencia a los reclamos que su gobierno ha recibido los últimos días de los trabajadores informales. Al ser consultado en conferencia de prensa acerca de las medidas que se podrían tomar para atender a ese sector, señaló: «Primero una reflexión sobre aquellos trabajadores conocidos como en negro, informales, que no tienen leyes sociales, que no tienen aportes. Es increíble cómo en 26 días han aparecido una enorme cantidad de trabajadores que según la información oficial con la que se contaba, no existía esa cifra en el país. Es una situación de la que nos vamos a hacer cargo».
La informalidad laboral se mide de manera consistente en Uruguay a partir de 2001, a través de la Encuesta Continua de Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística. La informalidad ha sido definida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) como el no registro total o parcial de los trabajadores en la seguridad social. Es decir que abarca no sólo a las personas ocupadas que no tienen derecho a jubilación en el trabajo que desarrollan, sino también a aquellas personas por quienes realizan aportes que no contemplan aguinaldos, vacaciones anuales pagas, licencia por enfermedad y horas extras.
Hace pocos meses, más precisamente en octubre de 2019, el MTSS y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicaron la investigación “Informalidad y políticas para la formalización laboral en Uruguay 2005 / 2016. Aportes desde Uruguay en el centenario de la OIT”.
Allí se afirma que, en una década, la tasa de no registro a la seguridad social disminuyó cerca de 10 puntos porcentuales para el total de los ocupados, pasando de 35,0 % en 2006 a 25,3 % en 2016. Este descenso se verificó para todos los grupos poblacionales. Los puestos cotizantes a la seguridad social se incrementaron un 36,5% en la última década, pasando de poco más de 1 millón en el 2006 a casi 1 millón y medio en el 2016. En los asalariados privados el descenso ha sido aún mayor. Pasó de 28,8 % en 2006 a 15,4 % en 2016, lo que representa una caída de 13,4 puntos porcentuales. A pesar de ciertas mejoras, los mayores niveles de empleo informal se registran aún entre mujeres, jóvenes, personas afro y trabajadores del interior.
¿Cómo puede el presidente desconocer una realidad que comprende a la cuarta parte de la población económicamente activa? Parece un turista en su propio país. A un número importante de peones rurales, trabajadores forestales, cuentapropistas, empleados domésticos, prestadores de cuidados personales y trabajadoras sexuales que siguen en la informalidad, se suman muchísimas personas que podemos ver circulando por la calle de cualquier barrio: vendedores callejeros, feriantes, vendedores de productos comestibles (bebidas, helados, maní, garrapiñada, chorizos, panchos, churros, tortas fritas, etc.), artesanos, artistas callejeros, repartidores, cuida coches, limpia vidrios, cuidadores de animales, clasificadores de residuos, etc.
Entendemos que el problema radica, precisamente, en el hecho de que tanto el presidente como buena parte de su gabinete de ministros y demás asesores viven en una burbuja, alejados de la mayor parte de la sociedad.
Consideremos el caso del presidente. Ha vivido los últimos años en uno de los barrios privados del complejo La Tahona. Allí, el valor de un terreno sin edificación supera largamente los U$S 100.000. La mayoría de las casas a la venta van del medio millón al millón de dólares. Los alquileres fluctúan de 1.500 a 3,000 dólares mensuales. Hay servicio de seguridad las 24 horas, con circuito de cámaras perimetrales. Entre los servicios a los que sus habitantes pueden acceder sin necesidad de salir del complejo, se encuentran: Colegio Bunny’s Kinder (con niveles de educación inicial denominados yellow, green, red y upper, y actividades como “play time” y “summer camp”). Colegio Ivy Thomas Memorial School (con niveles de educación inicial denominados “little toddlers”, “toddlers”, “nursery” y “kinder”, y un departamento psicopedagógico integrado por dos psicomotricistas y tres psicólogas). Institución médica (BlueCross and Blue Shield, licenciataria de la casa matriz en Chicago). Consultorio odontológico (Sales, con equipamiento de última generación para tratamientos y diagnósticos). Farmacia (Tundisi Country, con servicio “free and fast delivery”). Centro estético (Revive, con tecnología para “combatir” celulitis y adiposidad localizada). Veterinaria (Pet House La Loma). Banco (HSBC, cuyo gerente general, Geoffrey Fichte, es licenciado en Economía egresado de Wharton School of Business, de la Universidad de Pensilvania). Un local de pagos (Abitab). Canchas de golf (La Tahona Golf Club, con piscinas abiertas y gimnasio equipado). Restoranes (Tahona Bar & Grill, que ofrece desayunos empresariales, y Sushi Goo, que entre otros platos ofrece ensalada kingslanding, frank underwood y michonne roll). Heladería (Las Delicias, con servicio de delivery a Zonamérica). Supermercado (El Almacén, donde se puede comprar mediante una app). Carnicería (Meat House, propiedad del nieto del fundador de Frigorífico Tacuarembó). Bodega (Familia Deicas, que ofrece un cru d’exception tannat a $u 6.150 la botella). Regalería (Ana’s, que ofrece almohadones bordados y artículos religiosos para ellas, y una “men section” con implementos para el asado). Lavandería (Ready Laundry Delivery, que ofrece limpieza de manteles, servilletas de tela y cubre sillas). Ferretería (Task, con servicio de reparación de artículos del hogar). Servicio de mecánica ligera para autos (El Taller). Servicio de delivery de comidas. Y, por supuesto, servicio de transporte hacia Carrasco, Pando y El Pinar, con distintas paradas y varias frecuencias todos los días, para que los empleados domésticos y de servicio puedan llegar hasta allí a ganarse el jornal.
Simultáneamente, en los barrios más pobres del Uruguay, las personas instaladas en la precariedad no pueden proyectarse mínimamente, y no por falta de visión, sino porque sus condiciones materiales de existencia no se lo permiten. Cuando se presenta una changa, dura poco y está muy mal retribuida. Así, se diluyen las fronteras entre lo legal y lo ilegal, pues de lo que se trata es de sobrevivir. Los niños y jóvenes que allí se forman, están completamente desprovistos de posibilidades reales de estudiar y salir adelante, por mayores que sean los esfuerzos que se desplieguen desde sus instituciones educativas.
Es cierto: Lacalle Pou ya no vive en La Tahona: se mudó a la residencia presidencial de Suárez y Reyes, en el Prado de Montevideo. En tan angustiante situación que atraviesa el país, con una pandemia que puede hacer estragos en una población envejecida y empobrecida, y con más de 70 mil trabajadores enviados al seguro de paro en menos de un mes, el presidente ha elegido vivir con su esposa y sus hijos en una suntuosa mansión acondicionada con los aportes de todas y todos los uruguayos. Decenas de trabajadores se encargan de que el presidente tenga todo lo que necesita en su hogar, mientras miles de uruguayas y uruguayos no tienen dónde vivir, ni qué comer.
Al anunciar los recortes de algunos salarios en la administración pública, Lacalle Pou señaló que no era una medida simpática, pero que se trataba de un necesario gesto de solidaridad. Señor presidente, la solidaridad de los trabajadores hacia quienes peor la están pasando, no empezó con sus autoritarios decretos. Las ollas populares están enteramente sostenidas por laburantes desde hace al menos dos semanas, cuando usted aún no había leído ninguna de las decenas de publicaciones que describen una sociedad en la que la precariedad alcanza a no menos de la cuarta parte de la población. Solidaridad real, no mediante proyectos de ley, de personas que honorariamente destinan jornadas completas a preparar un plato de comida para cientos de vecinos de su barrio, gracias al invaluable aporte de feriantes, almaceneros y pequeños locales comerciales. Solidaridad de gente que perdió el trabajo porque los propietarios de varias de las empresas que financiaron su campaña, señor presidente, los mandaron al seguro de paro para cuidar las rentabilidades de sus negocios.
Quizá deba pensar un poco en sus antiguos vecinos de La Tahona, y en qué están haciendo para colaborar con la salida de la crisis que atravesamos. ¿Están haciendo algo? También lo invitamos a pensar en cuál es la batería de medidas de solidaridad que han tomado los terratenientes de Un Solo Uruguay, que promovieron su llegada al gobierno. No hemos sabido nada de ellos las últimas semanas. Muchos se han visto favorecidos con la suba del dólar, pues son exportadores. ¿Piensa usted decretar un impuesto del 10% a las ganancias de estos sectores? Aportarían mucho a la financiación de muchas de las medidas que hoy son indispensables. Como usted mismo dijo, no se trata de que la medida sea simpática, se trata de solidaridad.
De no ser así, las nubes pasarán, y el azul quedará, pero sólo para los que sobrevivan no sólo al covid 19, sino a las políticas irresponsables de un gobierno que, al tiempo que convierte a la emergencia sanitaria en una oportunidad de lucro para ciertos sectores, improvisa medidas sin saber a dónde se dirige. ¿Qué proyecciones de contagio se hacen de aquí a una semana? ¿Y a un mes? ¿Podrá darse cobertura de salud a todos los afectados? De no ser así, ¿qué medidas se planifican? De ser necesaria una cuarentena obligatoria para toda la población, ¿cómo se organizará para que nadie se vea privado de los insumos necesarios para afrontarla? ¿Se está trabajando en ese sentido?
Cuando algunas de estas interrogantes le son realizadas, usted se limita a agradecer la pregunta y deslizar que la responsabilidad de la situación actual es del gobierno anterior. Parece indiscutible que hay responsabilidad del gobierno anterior sobre la situación actual, pero la prioridad ahora no es determinar quién es más responsable. De lo que se trata es de velar por la integridad de todos los habitantes del país, particularmente de los que no disponen de medios para cuidarse por sí mismos. Y, conferencia de prensa tras conferencia de prensa, las respuestas evasivas se repiten. Las medidas adoptadas hasta ahora por su gobierno permiten inferir una sola certeza: todos los costos de la crisis recaerán exclusivamente sobre el bolsillo de los trabajadores.
Agrupación Ferrer i Guardia
ADES Montevideo / FeNaPES / PIT-CNT
