NUEVO Agravio del gobierno frenteamplista a la SOBERANÍA de los pueblos
Entre el 15 de mayo y el 15 de junio, un equipo de entrenamiento móvil integrado por 15 militares de la Navy Seals, la unidad de operaciones especiales más letal de Estados Unidos, entrenó a 11 miembros de la Sección de Reconocimiento (Secron) del Cuerpo de Fusileros Navales del Uruguay (Fusna).
La Navy Seals fue creada en 1962, bajo el gobierno de John Kennedy. Desde entonces ha intervenido clandestinamente en conflictos como los de Vietnam (dinamitando pozos de agua, volando fortines, destruyendo fábricas de armas y almacenes de alimentos, en 1964), Nicaragua (repeliendo el sandinismo mediante el entrenamiento de los contrarrevolucionarios y la destrucción del puerto de Corinto), Granada (accionando el sangriento golpe de estado militar que en 1983 derrocó a un gobierno revolucionario), Golfo Pérsico (en 1987 actuando contra las fuerzas navales iraníes que estaban en guerra con Irak, en 1991 entrenando a militares de Kuwait contra Irak), Panamá (destruyendo en 1989 el avión de Noriega para que no pudiese escapar), Somalia (provocando la muerte de más de mil civiles en una operación realizada en 1993), Irak (apoderándose en 2003 de un conjunto de plataformas petrolíferas) y Afganistán (son los que mataron a Bin Laden en 2011).
Fue la Armada la que solicitó el entrenamiento para el abordaje de naves ilícitas, es decir, para ver qué se hace cuando llegan buques que no son uruguayos a las costas uruguayas. La solicitud de la Armada fue aprobada por el Ministerio de Defensa y luego por ambas cámaras del Parlamento con los votos de todos los legisladores del Frente Amplio presentes.
El proyecto de ley, fechado el 27 de marzo, ingresó a la Comisión de Defensa de Diputados, remitido por el Poder Ejecutivo. En él, los firmantes Mujica, Huidobro, Bonomi y Almagro reconocen que su iniciativa da continuidad a una línea política que data ya de muchos años: “cabe destacar que la primera instrucción fue recibida de las fuerzas especiales de la Armada de los Estados Unidos de América a principios de la década de los 90.”
Cuando se hizo pública la llegada de los norteamericanos, el ministro Eleuterio Fernández Huidobro ordenó que la demostración que puso fin al entrenamiento, realizada el 18 de junio frente a las ruinas del ex Frigorífico Nacional, con la presencia de oficiales de la Armada y representantes militares de la embajada de Estados Unidos, fuese «cerrada» y no abierta a la prensa como se había previsto inicialmente. Tampoco se autorizaron entrevistas para profundizar sobre la instrucción. La orden fue «bajarle el perfil» a la presencia de los Navy Seals y no autorizar el contacto de los militares con la prensa, así como tampoco difundir las actividades que se llevaron a cabo.
La presencia de estos marines en Uruguay habilita, al menos, cuatro consideraciones. La primera tiene que ver con la manera en que el gobierno administró la información y manejó el asunto, en especial en el Parlamento, que autorizó el ingreso al país de tropas extranjeras casi sin información y a tapa cerrada.
La segunda consideración tiene que ver con la convalidación del gobierno frenteamplista a los crímenes cometidos por los militares norteamericanos en todo el mundo, sumando un nuevo eslabón a un proceso que comenzó con la participación en las maniobras navales Unitas y la intervención de tropas uruguayas en Haití.
La tercera consideración refiere a un nuevo distanciamiento del gobierno uruguayo respecto a sus pares de la región. Sin duda alguna, legalizar la actividad de los Navy Seals, establece una señal de permisividad ante la instalación de nuevas bases militares estadounidenses en América Latina (Colombia, Panamá, Aruba, Curazao, Guantánamo, Paraguay, Perú y Chile, más el reciente intento en el Chaco argentino) y ante la actividad golpista del gobierno norteamericano en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Honduras. De hecho, el acuerdo suscripto por el ejército uruguayo con una potencia militar extra regional no fue informado al Consejo de Defensa Sudamericano (CDS), tal como acordaron hacer los Ministros del área en la Cumbre de Quito de 2010, en un intento por armonizar las relaciones entre Fuerzas Armadas vecinas.
Por último, habría que preguntarse a qué se debe esta nueva ofensiva norteamericana en la región. Sabido es que, luego del 11 de setiembre de 2001, Estados Unidos reimpulsó su ya vieja política de establecer bases militares en América Latina, planificadas, negociadas, financiadas, construidas y administradas por el Comando Sur. A los efectos de evitar o al menos reducir la resistencia de los pueblos a esta política intervencionista, suelen disfrazar sus intenciones bajo el rótulo de “ayuda humanitaria”, como ocurre en el caso de la policlínica que funciona en el barrio de Santa Catalina, en la zona oeste de Montevideo. ¿Qué activó la ofensiva que despliega el Comando Sur? ¿El desarrollo de la CELAC y la UNASUR? ¿El abandono de su adhesión al TIAR por parte de los países del ALBA? ¿La toma brasileña del Amazonas como base defensiva nacional? ¿La intención de cerrar un cerco de vigilancia militar sobre el Acuífero Guaraní?
Sea cual sea la razón, es importante permanecer alertas ante esta nueva ofensiva, puesto que responde a un plan sistemático del Comando Sur por seguir extendiendo la militarización a toda América.
Julio Moreira
