Liceos Populares: Espacios de resistencia, autonomía y cogobierno

«… este liceo lo dirigimos nosotros y somos los respon­sables de que las clases marchen bien». (Una estudiante de trece años del Liceo Popular de Maroñas).

 

«… nosotros venimos a estudiar, porque nos damos cuenta que la exoneración de los cursos este año es una men­tira». (Un estudiante de trece años del Liceo Popular de Maroñas).

 

«… nos gusta porque nos ha hecho ante todo conocer otro tipo de enseñanza, porque nos ha dado otra relación con el profesor». (Un estudiante de catorce años del Liceo Popular de Pocitos y Punta Carretas).[1]

 

Los liceos populares constituyeron veinticinco ex­periencias de gestión democrática y participativa de la enseñanza media básica y preparatoria – como así se la dividía entonces- que funcionaron en Montevideo entre la primera quincena de setiembre y fines de octubre del año 1970.

Cada liceo popular se creó a partir de iniciativas surgidas en asambleas de padres, estudiantes y docentes de cada uno de los institutos públicos en donde se impartía enseñanza media y que habían sido clausura­dos en agosto de 1970 por parte de la COMIN (Comisión Interventora de la Enseñanza, presidida por Armando Acosta y Lara).

Fueron veinticinco y adoptaran el número o el nombre de cada uno de los liceos clausurados, pero con el calificativo de «popular», que lejos de ser tan solo una forma de adjetivación de la experiencia, materializaba la tan reclamada autonomía de la enseñanza – agredida por el pachequismo tanto como al resto de los derechos y libertades ciudadanas- y el cogobierno.

Surgieron del compromiso y la participación de todos los sujetos involucrados con el quehacer educati­vo que, con profundo fundamento democrático, se re­sistían a una medida tan autoritaria y antipedagógica como el organismo desde donde ésta partió el día 28 de agosto de 1970, cuando la comisión interventora decre­tó la suspensión de las clases en institutos públicos y privados de Montevideo. La clausura del año lectivo y la orden de realizar inmediatamente las reuniones finales de evaluación docente fueron el corolario del autorita­rismo y de la persecución.

Los liceos populares funcionaron en locales sindi­cales, religiosos, deportivos y hasta incluso en casas par­ticulares por el período de un mes y medio, desafiando las amenazas y las agresiones a los que fueron sometidos y ensayando modalidades de gestión y de enseñanza diversas pero con un denominador común: la defensa de la autonomía y de la democracia.

Ni la intervención, ni las medidas autoritarias, ni los permanentes ataques declarativos de los medios de comunicación, ni los atentados de grupos fascistas como la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) pudieron impedir el funcionamiento de los liceos populares.

 

Un poco de historia…

 

Las medidas de suspensión temporal de las clases, el cierre de centros educativos, la destitución y deten­ción de docentes y estudiantes, habían sido transfor­madas en fenómenos usuales durante el pachequismo. Como medidas represivas, éstas se enmarcaban dentro de una política gubernamental de «mano dura» movida por la ilusión de acallar las reivindicaciones populares y «poner orden».

En el año 1968 se produjeron algunos aconteci­mientos que pueden considerarse hitos represivos que se sucederían en años siguientes hasta desembocar en la dictadura cívico militar, y que fueron señales inequí­vocas de un gradual avance autoritario del Estado; ob­viamente el sistema educativo nacional no escapó a las medidas represivas y al autoritarismo. Como aconteci­miento relevante se destacó la intervención de la ense­ñanza, decretada en el año 1970.

A principios del año 1968 se instaló el reciente­mente electo Consejo de Educación Secundaria que, por mayoría de sus integrantes, eligió al profesor Inspector Arturo Rodríguez Zorrilla para ocupar el cargo de Director General. El Poder Ejecutivo debía designar al Director General a propuesta del Consejo con venia pre­via del Senado. El Senado, haciendo uso inusual de una política interventora en la enseñanza, había pretendido que el Director electo acudiera a «rendir cuentas» sobre la conducción que pensaba dar a la enseñanza secunda­ria.

Dando muestras de dignidad y de respeto por la autonomía, Rodríguez Zorrilla se negó a asistir y el 7 de junio escribió una nota a la Comisión de Asuntos Administrativos de la Cámara alta en la que finalizó ex­presando «… ruego al señor senador que me perdone por añadir a la nota anterior la siguiente reflexión: no sería digno de ejercer esta función pública quien para allanar su acceso a ella, estuviera dispuesto a someterse al trata­miento insólito que la invitación motivadora de esta res­puesta configura…».[2] El no otorgamiento de la venia y la no designación del Director General electo fue un noto­rio atentado a la autonomía y a las normas vigentes, por parte de quienes alegaban defender las mismas.

Durante el año 1968 otros acontecimientos repre­sivos se fueron sucediendo; en agosto se produjo el alla­namiento de locales universitarios y fuertes represiones a las movilizaciones estudiantiles que dieron como re­sultado el asesinato de los estudiantes Líber Arce, ese mismo mes, y Hugo de los Santos y Susana Pintos en setiembre. Fueron los tres primeros «mártires estudian­tiles», asesinados por la represión policial en tiempos del autoritarismo civil que antecedió a la dictadura cívico-militar.

La clausura de cursos fue otra de las medidas utilizadas por el gobierno de la época para promover el «orden». Entre el 22 de octubre y el 15 de noviembre se suspendieron las clases en Enseñanza Secundaria y la Universidad. Lo mismo ocurrió en junio de 1969, cuan­do las clases fueron clausuradas alegando epidemia de gripe.

En el año 1970 el Poder Ejecutivo arremetió con medidas aún más severas. El 12 de febrero intervino la enseñanza secundaria, creando la Comisión Interventora (COMIN) presidida por Armando Acosta y Lara. La COMIN -así fue como se la denominó- funcionó duran­te todo el Año Internacional de la Educación convocado por la UNESCO, con el ñrme propósito de «defender la educación pública uruguaya y las instituciones respon­sables de garantizar el acceso a ella».[3]

Simultáneamente a la instalación de la COMIN, la FNP decretó seis días de paro y convocó a concentrarse los días 12 y 13 de febrero en la puerta del Consejo de Educación Secundaria para manifestar el rechazo a la intervención, repudiar a los interventores y solidarizarse con los Consejeros destituidos. Como producto de esta movilización resultaron detenidos un profesor y tres es­tudiantes.

Las primeras medidas de la COMIN fueron tan ilegítimas como su conformación. La primera medida fue suspender la autorización para realizar las Salas Docentes liceales convocadas por las Asambleas Técnico Docentes. La medida se enmarcaba en la política anti­democrática de la interventora, que se adelantó a una reprobación y repudio de su existencia por parte del pro­fesorado nacional. Como respuesta a esa medida auto­ritaria, la III sesión extraordinaria de la VIII Asamblea Técnico Docente se realizó el día 27 de febrero.

Ese fue el motivo por el que los interventores des­tituyeron de sus funciones en el cargo de dirección a los profesores José Sanguinetti del Liceo de La Paz, Uruguay Yarcé del Liceo de San Ramón y Ángela Roca Saldaña del liceo N° 17. Asimismo fueron destituidos los docentes Luis Guidotti, Ruiz Pereira, Adolfo Caravia, Carlos Mato y Victoria Perelló.

Las primeras destituciones docentes se vivieron con el asombro y el estupor provocados por el caso, y con la inmediata reacción del sindicato docente. La inten­cionalidad del gobierno fue clara: por un lado, demos­trar los límites a los que estaba dispuesto a llegar con quienes no obedecieran; por otro lado, realizar una es­pecie de limpieza ideológica entre los cuadros docentes, valiéndose incluso del apoyo de organizaciones armadas de derecha.

A modo de ejemplo, puede citarse el caso de la sustitución del profesor director del liceo de La Paz, José Sanguinetti, por integrar la Comisión Permanente de la ATD Art. 40 por Livio Marziali (director interventor); el hecho transcurrió bajo la atenta mirada de un grupo de «estudiantes», quizás los mismos que agraviaron al pro­fesor Sanguinetti el 26 de agosto cuando fue reintegrado al cargo, y que el 7 de setiembre impidieron el acceso al local al director legítimo de la institución, lo que motivó al COMIN a separarlo «preventivamente» del cargo.

También el COMIN ordenó a los directores liceales prohibir el proselitismo y retirar la propaganda polí­tica de los centros de estudio. Todos los directores que se negaran a dar cumplimiento a las acciones represivas eran pasibles de rigurosa destitución y sustitución por adeptos al gobierno y a su ideología. En este escenario la COMIN era el instrumento oficial que debía preparar el ambiente educativo para que se impusieran el Consejo Interino y la posterior ley de educación, que remataría definitivamente la autonomía en la enseñanza y la suje­taría formalmente al poder político de turno.

En marzo los interventores fueron aún más lejos. Al inicio de los cursos, su presidente, Armando Acosta y Lara exhortó en un discurso público al profesorado na­cional a que «… tengan presente que están cumpliendo un verdadero apostolado y que deben defender las institucio­nes…».[4] Ese mismo día, el 19 de marzo, luego de hacer públicas las declaraciones de repudio a la COMIN, fueron detenidos los dirigentes sindicales Ares Pons, Geza Stary, Daniel Buquet y Carlos Arsuaga.

La FNP denunció ante la opinión pública en co­municado de prensa del día 25 de marzo:

 

–    «… que se pretende impedir toda posibilidad de pronunciamiento democrático del profesorado prohi­biendo las salas de profesores y la asamblea nacional.

–    Que se ha desatado la más cruda represión con­tra el profesorado y sus organizaciones gremiales (12 profesores sumariados y 3 presos).

–    Que se aprovecha la vacancia de algunas direcciones de institutos e inspecciones para designar como encargados a reconocidos elementos provocadores, alguno de los cuáles con antecedentes penales y carentes de la mínima idoneidad técnica y moral… «.[5]

 

Desde el inicio del año lectivo hasta agosto, el COMIN continuó con la política persecutoria, autorita­ria y arbitraria en la gestión del sistema educativo, en donde claramente se veían la autonomía y los principios democráticos cada vez más erosionados. Tal como expre­saba el profesor Enrique Rubio «(…) es indudable que las perturbaciones más serías de la enseñanza comenzaron el 12 de febrero y sus principales adalides no fueron otros que los propios interventores y el pequeño círculo que los apoyó en todas las circunstancias, dedicándose desde las aulas a la propaganda más vulgar de las supuestas virtudes del nuevo régimen. (…) Una minoría quiso apropiarse de los centros educativos en base al terrorismo y la delación, el favoritismo y la discriminación más absolutos».[6]

Los cursos durante el año Internacional de la Educación transcurrieron en un clima de permanente tensión. Las medidas adoptadas por los integrantes de la COMIN y defendidas por los adeptos a la interventora y a la política del gobierno pachequista provocaban día a día violentos atentados a las garantías, derechos y liber­tades ciudadanas. Destitución de docentes por «hacer proselitismo», traslados intempestivos del personal de docencia indirecta y funcionarios, amenazas a los direc­tores, cuando no grupos armados de derecha entrando a los institutos de enseñanza para intentar intimidar a estudiantes en asambleas, represión policial, encarcela­miento y violencia física fueron las medidas «educativas» más frecuentes con que los interventores conducían la enseñanza. Obviamente las respuestas del orden estu­diantil y docente eran inmediatas. Por ejemplo, en julio la COMIN suspendió por más de tres semanas las clases en el Liceo de Las Piedras, cuando los estudiantes recha­zaron la destitución del director y la designación de uno nombrado en su lugar por la interventora. La conflictividad era trasladada fuera de los límites del «caótico» Montevideo.

El centro del país tampoco escapó a la política persecutoria. El Director efectivo del liceo de Durazno, profesor Scaffo, fue separado del cargo y en su lugar se impuso un nuevo director, adepto al régimen. Inmediatamente los docentes y estudiantes manifes­taron el rechazo a tal hecho y el presidente de la filial de la FNP de Durazno, el profesor Reyes fue víctima de agresiones físicas y finalmente detenido en el momento de radicar la denuncia. La FNP expresó, mediante comu­nicado público, su repudio ante estos acontecimientos, exigió la inmediata libertad del docente apresado y de­nunció la violación, por parte de quienes decían ser sus defensores, de los derechos y libertades garantizadas en la Constitución de la República.

Las expresiones de algunas salas docentes montevideanas reflejan el preámbulo a la clausura de los cursos durante el año lectivo 1970.

Los profesores del liceo N° 18 se manifestaron en comunicado público destacando que la gestión de la in­terventora sumía en el más profundo caos la enseñanza a través de una serie de ataques, provocaciones y arbitra­riedades impulsadas por la COMIN. Destacaban como los hechos más aberrantes desde el punto de vista edu­cativo las separaciones de los cargos y los sumarios, las sanciones económicas, el cierre de institutos, el traslado masivo del personal en pleno año lectivo. Asimismo til­daron a esta política como prepotente y desinteresada por los problemas educativos y acusaban a los interven­tores de provocar el caos y el enfrentamiento.

El 28 de agosto, una semana después del reinicio de los cursos que habían sido clausurados por diez días (el 10 de agosto) la COMIN resolvió la finalización del año lectivo en los liceos públicos de Montevideo y ase­guró la recuperación de las clases perdidas en febrero del año siguiente. Pocas horas después el Poder Ejecutivo extendió la resolución a todos los liceos habilitados. En comunicado público el gobierno informó las causas de la suspensión de clases, acusando al sindicato docente de fomentar acciones subversivas y de haber convertido las casas de estudio en centros de agitación que conspi­raban con la República y sus instituciones jurídicas. Los integrantes de la interventora hacían pasar al lobo como cordero; una interventora ilegítima e inconstitucional acusaba a los docentes, estudiantes y padres de ser los responsables del caos.

Nada más insólito que las siguientes declaracio­nes del director interventor Armando Acosta y Lara quien afirmaba a la prensa «el Consejo agotó todos los recursos a su alcance y usó con moderación y ecuanimidad las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley».[7] Y el ministro de Educación Carlos Fleitas asegu­raba a los padres que los estudiantes de Montevideo no perderían el año ya que la COMIN iba a tomar las medi­das necesarias para evitar que ello sucediera.

La interventora no hizo esperar las medidas «ecuá­nimes y pedagógicas» para dar respuesta a la situación en la que se encontraban 80.000 estudiantes del nivel secundario y preparatorio. Para los primeros se propo­nía el adelanto de las reuniones de evaluación y para los segundos los exámenes finales. Nuevas medidas auto­ritarias para resolver una situación caótica. A través de la circular No 17078 se ordenó a los señores directores sustituir en las reuniones de profesores no solo a los do­centes que no concurrieran, sino también a aquellos que haciéndolo, manifestaran por escrito su imposibilidad de evaluar la actuación cumplida por los estudiantes.

En comunicación directa con los señores directo­res de los liceos montevideanos el director interventor Armando Acosta y Lara les «solicitó» que organizaran el calendario de reuniones y que favorecieran el desarro­llo de las mismas con total normalidad; incluso que se elaborara listado con los docentes que no asistieran (al­gunos no fueron comunicados en fecha y forma, como mecanismo de persecución por parte de algunos direc­tores) y los subrogaran. Estas acciones demostraron una vez más la violación al sistema legal vigente, las preten­siones discrecionales de los interventores, la delación y persecución del régimen.

El sindicato docente no demoró en responder pú­blicamente a la interventora la ilegitimidad de la medida y sus efectos antipedagógicos; fue así que la Gremial de Profesores de Montevideo (GPM) emitió un comunicado de prensa denunciando la situación y sus consecuencias sobre la calidad de la enseñanza y alertó a los padres y a la opinión pública en general sobre lo inoportuno de la clausura de los cursos y la realización de las evaluaciones finales a mitad de un curso. Se acusaba a la interventora de estar más preocupada por las promociones que por la enseñanza.

Un día después, el miércoles 30, la GPM emitió un nuevo comunicado de prensa en el que convocaba a todo el pueblo uruguayo a reclamar la anulación de las reuniones de evaluación como elemento de pasaje de cursos y exigir la inmediata reapertura de los cursos sin sanciones y sin intervención.

Asimismo en los liceos en los que los docentes estaban más organizados se produjo la inasistencia mayoritaria a las reuniones de evaluación final. Se nega­ban a ser cómplices de la interventora. Obviamente las listas delatoras comenzaron a llegar a la interventora y las sanciones a aparecer sin dilaciones. Solo del liceo 14, quince docentes fueron sumariados; este hecho les fue anunciado por el propio director del establecimiento. Igual suerte corrió para profesores de los liceos 11, 13, 19, 20 y 22, instituciones en las que las reuniones finales de evaluación habían sido suspendidas, aún bajo amena­za de separación del cargo y sumarios.

La separación del cargo, los sumarios y la clausura de los cursos fueron los motivos que impulsaron a los padres de los estudiantes afectados a agruparse y parti­cipar de movilizaciones, hito fundamental en el proceso de intervención de la enseñanza y que derivaría en la conformación de los llamados «liceos populares».

El mes de setiembre fue crucial para la organiza­ción de los movimientos de padres: convocatorias, reco­nocimiento de los pares, planteo de la situación conflictiva, denuncias, reivindicaciones fueron consolidando las Asociaciones de Padres de Liceales (APAL) desde una arista diferente, ya no colaborativa o recaudativa, sino más bien reivindicativa y solidaria.

Así es que se llegó a octubre con APAL constituida en casi todos los liceos de enseñanza secundaria básica. En los liceos preparatorios el alumnado asumía un rol protagonice.

En la primera semana de octubre se sucedieron comunicados públicos emitidos a la prensa por las dife­rentes asociaciones de padres cuyo contenido esencial giraba en torno a los siguientes temas: el rechazo a la interventora y todas sus resoluciones ilegítimas, tales como la clausura de cursos, el adelanto de las reuniones de evaluación y la denuncia de las consecuencias de la separación del cargo y sumario a los docentes de sus hi­jos.

Un acontecimiento de relevancia se desarrolló el 9 de octubre en el Palacio Sudamérica: la primera asam­blea departamental de padres. Esta fecha no fue casual, pues se había convocado al parecer para evaluar la mar­cha de los acontecimientos del día anterior. El 8 de oc­tubre estaba prevista una interpelación al Ministro de Educación y Cultura Carlos Fleitas en el Senado de la República. Nunca pudo llevarse a cabo la misma por fal­ta de quórum.

Al finalizar la asamblea de padres, se emitió un co­municado de prensa en el que se establecía que «(…) Es imposible el diálogo cuando se les pretende someter en vez de enseñar. (…) los padres comprendemos -porque la vida nos lo ha enseñado- quiénes están en contra de la cultura y nos alegramos de un reencuentro con nuestros hijos y con los profesores, en una causa en la que cada sector cuenta con buenos ejemplos de solidaridad…».[8]

También convocaban a un festival folclórico en solidaridad con los profesores destituidos y sancionados que se llevó a cabo el domingo 18 de octubre en el Cilindro Municipal.

El 16 de octubre nuevamente se emitió una de­claración pública en la que los padres comunicaban la formalización -determinada por las circunstancias- de la red de APAL y convocaban a integrar activamente el esfuerzo colectivo de afirmación de la enseñanza laica y obligatoria y a luchar contra la COMIN, que de hecho lesionaba seriamente el desarrollo de la autonomía y la calidad de la enseñanza pública. Asimismo exigían la anulación de las reuniones de evaluación, el reinicio de los cursos y la restitución inmediata de los docentes des­tituidos.

El tejido solidario entre docentes, estudiantes y padres quedó bien expresado a través de múltiples con­vocatorias a movilizaciones, festivales de apoyo, asam­bleas. Y obviamente en el impulso y concreción de los liceos populares.

Un capítulo aparte merecería el estudio del comportamiento de los integrantes de la oficialista Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay (APESU) que habían realizado un Congreso Federal a fines del mes de setiembre. De acuerdo a sus estatutos, esa instancia constituía el máximo encuentro deliberativo de esta organización. Por declaraciones del Profesor Clemente Ruggia[9], perteneciente a la agrupa­ción Autonomía -el ala más «progresista» de APESU-, se conoció que durante todo el evento, ni siquiera se ha­bía mencionado el cierre de los cursos, a pesar de que la agrupación mencionada había solicitado a la Comisión Directiva un pronunciamiento al respecto, ya que sus in­tegrantes entendían que era el peor hecho que afectaba la enseñanza pública uruguaya en su historia. Una vez más en su larga historia, APESU dio muestras institu­cionales de complacencia y complicidad con el gobierno de turno, y de su postura oficialista, poco comprome­tida y de sordera ante los reclamos de sus agremiados. Finalizado el Congreso, oficialmente APESU no realizó ninguna mención a la clausura de los cursos y mucho menos a la intervención de la enseñanza.

La FEUU hizo pública su visión ante los hechos que ocurrían en la enseñanza secundaria a través de un comunicado de prensa en el que se acusaba a los inter­ventores de ocultar el deterioro en la calidad de la ense­ñanza pública a través del cierre de cursos, bajo el pre­texto de poner «orden» y de evitar conflictos. Afirmaban que el supuesto orden interventor era una secuencia de acontecimientos arbitrarios e ilegítimos ante los cuales se había alzado la lógica movilización de docen­tes, padres y estudiantes. Denunciaban que la COMIN era la antesala a un «nuevo régimen» para la enseñan­za secundaria sustentada en la pérdida de autonomía. Finalizaban convocando a un gran acto el día 30 de oc­tubre en la explanada de la Universidad bajo la consigna POR UNA EDUCACIÓN POPULAR.

La lucha de docentes, padres y estudiantes en de­fensa de la autonomía de la enseñanza pública y la firme oposición a la intervención político-partidaria en el sis­tema educativo tuvo sus ecos internacionales. Así es que la FNP recibió el 30 de octubre un telegrama procedente de París, a través del cual, el Secretario de la Federación Nacional de los Sindicatos de la Educación de Francia, Paul Castel, reconocía y apreciaba la lucha de los docen­tes sindicalizados por la autonomía y la democratización de la enseñanza pública y por la defensa de las condi­ciones de vida y de trabajo, solidarizándose y deseando éxitos en las acciones de lucha emprendidas.

También desde Moscú la FNP recibió el salu­do solidario. Con fecha 6 de noviembre, el Presidium del Comité Central del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la URSS expresó vía telegrama la solida­ridad y el reconocimiento a la lucha del sindicato por el respeto a las libertades sindicales y la democratización de la educación pública uruguaya.

Esta fue una breve recreación del escenario histó­rico y político en el que se desarrollaron los liceos popu­lares. En esos momentos se consolidó la FNP como sin­dicato de trabajadores de la enseñanza media pública del Uruguay, en el marco de reivindicaciones que incluían salario y condiciones de trabajo, pero que eran mucho más abarcativas, ya que incluían la autonomía de la en­señanza respecto de los partidos políticos y una educa­ción popular.

El sindicato docente supo agrupar fuerzas y tejer redes solidarias con el movimiento sindical en su con­junto, participando activamente en la CNT y también conjugando sus reivindicaciones con el movimiento estudiantil y de padres. Prueba de ello quizás sea la de­claración del 16 de setiembre, realizada por el Consejo Parroquial de Punta Carretas que decía «… la parroquia, al servicio de la comunidad, y ante el pedido de grupos de padres de la zona, abre sus puertas a todos los que de­seen usar el local para que funcionen cursos dictados por el personal idóneo que ellos elijan y que estarán abiertos a todos los estudiantes que deseen asistir, sujetos a co­ordinación general, en cuanto a días y horarios…».[10]

Los liceos populares tuvieron las siguientes finali­dades: organizar espacios de enseñanza para continuar los cursos clausurados; evitar la deserción estudiantil; involucrar a los padres en la enseñanza de sus hijos; es­trechar vínculos entre padres, docentes y estudiantes que permitieran hacer frente a la intervención y prepa­rar el escenario para futuras movilizaciones en contra del proyecto de ley de educación que se estaba gestando y que sometía a la enseñanza secundaria al poder polí­tico.

Quizás una síntesis de objetivos de los estudiantes con respecto a los liceos populares puede ser la formula­da por los estudiantes del IAVA: acabar con la jerarquía profesor-estudiante y establecer una nueva relación en la enseñanza; acabar con la clase disertada y lograr la real participación de todos los estudiantes; que los con­tenidos de los programas respondan a las necesidades del momento.

Los liceos populares constituyeron un ejemplo de respuesta militante, solidaria y comprometida en los difíciles momentos del inicio de la década de 1970. Fueron experiencias concretas de gestión participativa y co-gestionada que es necesario mantener en la memoria colectiva, sobre todo en estos momentos en que se co­mienza a discutir acerca de las bases para una nueva ley de educación.