En la tarde del 15 de abril de 1920 en el pueblo de South Braintree, fueron muertos a tiros y despojados de la suma de 15.000 dólares el pagador y el guardián de la fábrica Slater & Morrill Shoe Co. Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti fueron arrestados en la noche del 5 de Mayo de 1920 por un policía que buscaba a otro individuo. No se les acusó de ningún delito, sólo fueron interrogados por sus actividades políticas. En aquellos días en Estados Unidos se realizaba una campaña contra rojos, anarquistas y todo lo que el gobierno denominaba «subversivo».
Luego de 48 horas de interrogatorios por sus actividades políticas, los anarquistas Sacco y Vanzetti fueron acusados por el robo y asesinato en South Braintree, “identificados” por algunos testigos. El proceso de identificación primero contó con algunos policías vestidos de civil parados al lado de Sacco y Vanzetti, pero varios testigos identificaron a policías y no a los acusados. Para corregir el “error” hubo que poner a los acusados solos en un cuarto para que los testigos no tuvieran ninguna chance de errar.
Todo el juicio continuó con esta clase de procedimientos, con contradicciones entre los testigos en el juicio y presentación de pruebas falsas. No se tomaron en cuenta testigos de la comunidad italiana a los cuales Vanzetti había vendido pescado en la misma mañana del robo. En suma, todo el proceso estuvo minado de las irregularidades necesarias para poder acusar a Sacco y Vanzetti y mandarlos a la silla eléctrica.
A la par del juicio, se hizo presente la solidaridad de toda la clase obrera del mundo para con los acusados, realizando marchas, mítines, actividades propagandísticas y campañas de finanzas, pero todo esto chocó contra la férrea voluntad de la burguesía yanqui y mundial de enviar a los acusados a una muerte segura.
El jueves 14 de julio de 1920, luego de que la defensa terminara sus actuaciones, el jurado deliberó durante 5 horas, emitiendo un veredicto de culpabilidad por “subversión” que envió a la silla eléctrica a Sacco y Vanzetti el 27 de agosto de 1927.
En ningún momento los acusados, acusadores y el resto de la opinión pública tuvieron lugar a dudas del real motivo del juicio. En ningún momento se vio la independencia del poder jurídico del político, tal cual lo muestra la respuesta del fiscal acusador Katzmann a uno de los integrantes del tribunal: «no sé si el veredicto es justo o no, pero es recomendable».
Cualquier similitud con el presente no es mera coincidencia
Uruguay, 4 de noviembre de 2005. Se realiza una marcha anticapitalista con motivo de la visita de Bush a la Argentina. En ella se realizan destrozos en varios negocios, autos y bancos. La represión no se hace esperar, y la policía persigue y reprime durante varias cuadras a la redonda, tomando cuatro prisioneros a los cuales enjuicia bajo la carátula de “subversión”. Durante el proceso, las únicas preguntas que se realizan son sobre sus actividades políticas. No importa que existan testigos que indiquen que las pruebas presentadas por la policía, (cócteles, miguelitos, etc.), fuero puestas por los policías durante la represión. El juez de la causa decide encarcelarlos a pesar de la creciente solidaridad del pueblo que expresada en la calle. Luego de un mes, la presión al sistema político hace que el poder judicial libere a los compañeros.
Uruguay, diciembre de 2005. Se inicia proceso en contra de una compañera integrante de una organización de derechos humanos, en el cual se la acusa por una pintada frente a la sede del poder judicial, actuando éste de oficio. Lo único que importa durante el «juicio», es saber quiénes integran esta organización de derechos humanos y cuál es su sede. Al negarse esta compañera a proporcionar estos datos, queda con causa abierta, acusándola no importa de qué.
Uruguay, 2006. Los obreros de la imprenta Vanni, ante la soberbia de la patronal que los quiere dejar sin trabajo, decide tomar el control de la industria, forman una cooperativa y comienzan a producir. La patronal los deja remontar vuelo ya que piensa que durarán poco, por falta de clientes y de capacidad de gestión. Pero los compañeros no solo sacan adelante la nueva cooperativa «Coprograf”, sino que además logran mejorar sus condiciones de vida. La patronal se enfurece y les realiza una denuncia por apropiación indebida. Nuevamente la justicia de nuestro país llama a un juicio a la clase más desposeída, para culparla de usurpación al dios capital. Cosa inaudita en nuestro país: se procesa a más de sesenta compañeros a la vez. Los argumentos utilizados son exclusivamente de atentado contra el capital, no importa nada más.
Uruguay, diciembre de 2009. Cuatro militantes estudiantiles son procesados por “atentado”, cuando no hicieron más que defenderse de la agresión que estaban sufriendo en las barras del senado cuando se votaba la Ley de Educación. El proceso no fue el único castigo, ya que el mismo fue acompañado de la obligación de realizar tareas comunitarias durante varios meses. El dictamen fue aplaudido desde los grupos de poder y en particular desde los medios de comunicación.
Uruguay. 28 de marzo de 2012. Un operativo policial con un centenar de efectivos equipados para la guerra es utilizado para reprimir salvajemente a un centenar de padres, estudiantes y profesores del Liceo 70, que intentaban repartir volantes en los accesos a Montevideo, denunciando las graves carencias del centro educativo: agua potable, baños, cerco perimetral, acceso independiente, biblioteca, laboratorios, sala de informática, etc. El responsable del operativo dio la orden de disparar cuando la gran mayoría de los manifestantes se encontraban ya disgregados, abocados a atender a los compañeros más golpeados. Varios de los disparos realizados no tuvieron una intencionalidad disuasiva, pues fueron hechos tras apuntar a determinados manifestantes, y a media altura, como puede verse en las filmaciones realizadas por los medios allí presentes. Y no fueron balas de estruendo las utilizadas en el operativo, sino balas de goma, que generaron fuertes contusiones a más de un manifestante, y que sólo por razones de azar y mala puntería no acabaron con un saldo trágico. El Ministro del Interior nunca asumió su responsabilidad.
Uruguay, mayo de 2012. Por su condición de militantes clasistas, y no por las roturas a la propiedad privada de un burgués, dos compañeros del Sindicato del Taxi fueron primero secuestrados por el Departamento de Operaciones Especiales, luego víctimas de la prepotencia policial y finalmente procesados, uno de ellos con prisión en la cárcel de La Tablada, y otro con prisión domiciliaria. Contra ellos se habilitó la instancia del dedo acusador, más no las testificaciones en su defensa.
A esto se le llama “justicia” en este país: a hacer caer todo el peso de la ley sobre los de abajo. Una y otra vez, queda al desnudo la gran farsa de la separación de poderes. Una y otra vez, el poder judicial se pone al servicio del gobierno y las patronales. A través de su brazo leguleyo, la clase dominante envía un mensaje claro a los trabajadores: los que protestan no solo serán apaleados, sino que además serán enjuiciados y encarcelados. Menos mal que en Uruguay no existe la silla eléctrica…
El 17 de julio fue liberado el compañero del SUATT que estaba recluido en el establecimiento de La Tablada. Sin duda alguna, se trata de una pequeña victoria lograda gracias a la lucha organizada del pueblo. Gracias a los miles de compañeros que en el transcurso de estos dos meses han hecho llegar a través de diferentes medios el brazo solidario de los oprimidos. Gracias a los medios de comunicación alternativos, que no dudaron en abrir sus micrófonos para que los trabajadores expresáramos sin tapujos ni ediciones el ataque al que estamos siendo sometidos. Gracias a los cientos de militantes sindicales, estudiantiles, barriales y de derechos humanos, que a través de su empeño, lograron realizar movilizaciones y jornadas de propaganda. Gracias al grupo de abogados, que no abandonó al compañero en ningún momento. Gracias a los trabajadores de todos los sectores, que hicieron llegar comestibles en la campaña del kilo. Gracias a los compañeros y organizaciones fuera del país, que colaboraron en la campaña juntando firmas, enviando adhesiones y ayuda monetaria.
Estamos convencidos de que no será el último preso que tengan los sectores clasistas que actúan en el movimiento popular. Y estamos convencidos de que precisamente por ello debemos asumir la responsabilidad de no claudicar en nuestros métodos de pelea en pos de una sociedad sin explotados ni explotadores.
¡Arriba los que luchan!
¡Vivan los compañeros!
Pablo Siqueira
